(Nueva York) - Desde que tomaron el control de Afganistán hace un año, los talibanes han incumplido múltiples promesas de respetar los derechos humanos y los derechos de las mujeres, señaló hoy Human Rights Watch. Tras capturar Kabul el 15 de agosto de 2021, las autoridades talibanes han impuesto severas restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas, han suprimido los medios de comunicación y han detenido arbitrariamente, torturado y ejecutado sumariamente a críticos y supuestos detractores, entre otros abusos.
Los abusos de los derechos humanos por parte de los talibanes han provocado una condena generalizada y han puesto en peligro los esfuerzos internacionales para hacer frente a la grave situación humanitaria del país, según Human Rights Watch. La economía se ha hundido, en gran medida porque los gobiernos han recortado la ayuda exterior y han restringido las transacciones económicas internacionales. Más del 90 % de los afganos sufren inseguridad alimentaria desde hace casi un año, lo que hace que millones de niños sufran desnutrición aguda y la amenaza de problemas graves de salud a largo plazo.
“El pueblo afgano está viviendo una pesadilla en materia de derechos humanos, víctima tanto de la crueldad de los talibanes como de la apatía internacional”, afirmó Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán de Human Rights Watch. “El futuro de Afganistán seguirá siendo sombrío a menos que los gobiernos extranjeros se comprometan de forma más activa con las autoridades talibanes y les presionen enérgicamente sobre su historial de derechos”.
Desde que tomaron el poder, los talibanes han impuesto normas que impiden ampliamente a las mujeres y las niñas ejercer sus derechos más fundamentales de expresión, movimiento y educación, y que afectan a sus otros derechos fundamentales a la vida, los medios de subsistencia, la atención sanitaria, la alimentación y el agua. Han prohibido a las mujeres viajar o ir a su lugar de trabajo sin que las acompañe un miembro masculino de la familia –requisito imposible para casi todas las familias— y las han excluidos de muchos trabajos. Los talibanes han negado a casi todas las niñas el acceso a la escuela secundaria.
El desastroso historial de derechos humanos de los talibanes y su falta de voluntad para comprometerse de forma significativa con las instituciones financieras internacionales han fomentado su aislamiento, señaló Human Rights Watch. Los gobiernos extranjeros deberían suavizar las restricciones al sector bancario del país para facilitar la actividad económica legítima y la ayuda humanitaria, pero los talibanes también deberían reducir los abusos contra los derechos y hacer que los responsables de los mismos rindan cuentas.
“Los talibanes deben revocar urgentemente su terrible y misógina decisión de prohibir a las niñas y a las mujeres el acceso a la escuela secundaria”, afirmó Abbasi. “Esto enviaría un mensaje de que los talibanes están dispuestos a reconsiderar sus acciones más atroces”.
Muchos gobiernos han denunciado o criticado la decisión de los talibanes de restringir la educación de las niñas, incluido todo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y casi todos los miembros del G7 y el G20. Ningún gobierno ha defendido o tratado de justificar la posición de los talibanes.
A lo largo del último año, Human Rights Watch ha publicado numerosos comunicados de prensa e informes sobre los abusos de los derechos humanos cometidos por los talibanes, y recientemente ha publicado un documento actualizado de preguntas y respuestas sobre la crisis humanitaria y económica general de Afganistán, así como recomendaciones para mitigarla. Entre ellas se incluye el apoyo a Estados Unidos y a los talibanes para negociar un acuerdo que permita a los afganos de a pie participar de forma más eficaz en la actividad comercial legítima.
El ataque aéreo estadounidense del 30 de julio que mató al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahri, no parece haber desbaratado las negociaciones en curso entre Estados Unidos y los talibanes. Cada uno de ellos debería actuar con urgencia para alcanzar un acuerdo que resuelva la crisis económica del país.
El hambre aguda es generalizada en todo Afganistán, a pesar de que los alimentos y los suministros básicos están disponibles en los mercados de todo el país, dijo Human Rights Watch. Casi 20 millones de personas, la mitad de la población, sufren niveles de inseguridad alimentaria de nivel 3 de “crisis” o de nivel 4 de “emergencia”, según el sistema de evaluación del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Más de un millón de niños menores de 5 años –que corren un riesgo especial de morir cuando se les priva de alimentos— padecen desnutrición aguda prolongada. El PMA informó en junio de que decenas de miles de personas en la provincia de Ghor habían caído en el nivel 5 de inseguridad alimentaria aguda “catastrófica”, precursora de la hambruna.
En general, los afganos sufren algún tipo de inseguridad alimentaria desde el mes de agosto, saltándose comidas o pasando días enteros sin comer y recurriendo a medidas extremas para pagar por los alimentos, como enviar a los niños a trabajar.
El impacto de la crisis económica sobre las mujeres y las niñas es especialmente grave, ya que éstas tienen cada vez más dificultades para acceder a la asistencia y la atención sanitaria.
La situación humanitaria sería aún peor si la ONU y otros proveedores de ayuda no hubieran aumentado sustancialmente sus operaciones en 2022, señaló Human Rights Watch.
“Después de un año en el poder, los líderes talibanes deberían reconocer la catástrofe que han provocado y revertir el curso en materia de derechos, antes de que más afganos sufran y se pierdan más vidas”, dijo Abbasi.
