(León) – Las personas trans en el estado mexicano de Guanajuato sufren discriminación en los ámbitos laboral y educativo, así como importantes impedimentos legales debido a que en el estado no se permite el reconocimiento legal de la identidad del género, señalaron hoy Human Rights Watch y Amicus DH. Guanajuato debería cumplir con lo establecido por el derecho mexicano e internacional y crear un procedimiento administrativo que permita que las personas trans puedan reflejar con exactitud en los documentos oficiales su identidad de género autopercibida.
De acuerdo con la constitución mexicana, cada uno de los 32 estados que conforman el país tiene autoridad para determinar sus leyes y políticas en cuestiones civiles, de familia y de registro. Por lo tanto, cada congreso o gobierno estatal tiene la facultad de promulgar una ley o dictar un decreto administrativo que habilite el reconocimiento legal de la identidad de género mediante un procedimiento administrativo sencillo frente a la autoridad registral local. En 20 estados mexicanos ya existe un procedimiento de ese tipo. Pero no en Guanajuato.
“Las personas trans en Guanajuato se encuentran en situación de desventaja en el ámbito laboral y educativo y sobrecargadas de procedimientos legales debido a la indebida demora de las autoridades estatales en reconocer el derecho a la identidad de género”, manifestó Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) de Human Rights Watch. “Guanajuato debería adaptar sus leyes a la jurisprudencia nacional y regional y establecer un procedimiento de reconocimiento legal del género, lo cual reduciría la discriminación que las personas trans sufren en el ámbito laboral, educativo y en otros aspectos de sus vidas”.
En octubre de 2021, la legisladora estatal Dessire Ángel Rocha presentó un proyecto de ley sobre reconocimiento legal del género, pero este aún no se ha tratado en la actual legislatura. En el pasado, el congreso estatal no ha estado dispuesto a considerar proyectos de ley relacionados con derechos de personas LGBT, incluidos proyectos de ley anteriores sobre reconocimiento legal del género, que se presentaron en febrero de 2019, octubre de 2019 y abril de 2021.
Human Rights Watch y Amicus DH, en conjunto con la Red de Juventudes Trans y Colmena 41, entrevistaron a 31 personas trans del estado de Guanajuato en abril de 2022 en León, Irapuato y en ciudad de Guanajuato, así como a distancia, para comprender y documentar los daños relacionados con la falta de reconocimiento legal del género en el estado. Descubrieron violaciones de derechos humanos en varios sectores.
En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en la cual concluyó que, a fin de evitar esas violaciones, los estados deben establecer procedimientos de reconocimiento legal de la identidad de género eficientes que se basen en la autoidentificación, sin requisitos invasivos ni patologizantes. México es parte tanto de la Corte como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En 2019, la Suprema Corte de Justicia de México dictó un pronunciamiento histórico en el cual estableció pautas claras sobre reconocimiento legal de la identidad de género. Señaló que debía ser un procedimiento administrativo que “cumpliera con los estándares de privacidad, simplicidad, agilidad y protección adecuada de la identidad de género” establecidos por la Corte Interamericana.
Este pronunciamiento de 2019 fue resultado, en parte, de casos que Amicus DH – una organización que promueve los derechos de las personas LGBT con sede en Guanajuato y parte del consorcio Identitrans con Red de Juventudes Trans y Colmena 41 – litigó entre 2016 y 2018, a partir de los cuales los tribunales de circuito federales de Guanajuato objetaron los estándares sobre reconocimiento legal del género de la Corte Interamericana de 2017. A su vez, el pleno de circuito en el estado de Chihuahua falló en sentido contrario, lo cual provocó una contradicción de tesis y obligó a la Suprema Corte a aclarar qué estándar debía mantenerse como jurisprudencia nacional.
El fallo es vinculante para todos los tribunales federales inferiores. En 2022, la Suprema Corte amplió el derecho al reconocimiento legal del género, que pasó a incluir a niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la Constitución, los estados deben armonizar sus leyes y políticas internas en consecuencia, pero Guanajuato todavía no ha adaptado sus leyes a estos fallos de la Suprema Corte.
A partir de entrevistas con personas trans, Human Rights Watch y Amicus DH concluyeron que la ausencia de un procedimiento de reconocimiento legal de la identidad de género en Guanajuato tiene graves implicaciones económicas, legales, sanitarias y de otro tipo para las personas trans.
Diecinueve personas entrevistadas manifestaron que, en tanto sus documentos no coincidían con su identidad de género, fueron discriminadas o humilladas durante procesos de contratación o fueron víctimas de acoso laboral, en los casos en que “tuvieron suerte” de conseguir un trabajo. Seis dijeron que eligieron trabajar de manera no formal o independiente, o que no exploraron algunas oportunidades, para evitar enfrentarse a las dificultades relacionadas con la falta de documentos de identidad precisos en el mercado laboral formal.
En el ámbito educativo, 13 personas trans manifestaron que habían experimentado situaciones de humillación debido a la discrepancia entre sus documentos y su identidad de género. Doce personas también tuvieron problemas para obtener sus títulos académicos con su género correcto. Para algunas, esto retrasó su ingreso al mercado laboral.
Quince personas trans también informaron dificultades en el ámbito de la atención de la salud: once optaron por conseguir atención privada a un costo elevado para evitar posibles humillaciones en el sector público ante la falta de coincidencia de sus documentos con su identidad de género. Las tramitaciones cotidianas, como operaciones bancarias de rutina, también resultaron problemáticas para al menos seis personas trans, dada la dificultad de demostrar su identidad con documentos inexactos.
En los 12 estados mexicanos que aún no cuentan con procedimientos para el reconocimiento legal del género, incluido Guanajuato, las personas trans deben agotar un arduo juicio de amparo para que el estado reconozca su identidad de género con arreglo a los fallos de la Suprema Corte y el derecho internacional. Las personas juezas federales por lo general otorgan el amparo, salvo que haya complicaciones en el caso, pero puede ser un proceso largo y costoso para el cual es preciso contratar un abogado experimentado.
En un caso de amparo cuyo resultado sea favorable, la persona jueza le ordena al registro civil disponer el resguardo permanente del acta de nacimiento original de esa persona (lo que significa que ya no se podrá acceder fácilmente a ese documento desde los sistemas de información) y que se rectifique el acta. El acta de nacimiento es necesaria para solicitar la rectificación de otros documentos de identidad que sean válidos a nivel nacional, como la credencial para votar (INE), un número de identificación fiscal (RFC) o un pasaporte.
Prácticamente todas las personas entrevistadas habían considerado que estos procedimientos eran costosos y desgastantes desde el punto de vista emocional, y algunas estuvieron a punto de abandonarlos debido a complicaciones legales.
“Exigir a las personas trans de Guanajuato que litiguen por su derecho a la identidad es una pérdida de tiempo, energía y recursos de todas las partes”, explicó Juan Pablo Delgado, director ejecutivo de Amicus DH. “Una solución sencilla y garante de los derechos humanos sería crear un procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género en el estado”.
A continuación, pueden consultarse testimonios y hallazgos.
Empleo
Once personas trans entrevistadas manifestaron que se sintieron discriminadas al solicitar un empleo porque el género que figuraba en sus documentos no coincidía con su apariencia física. Algunas veces esto causó preguntas incómodas o situaciones de humillación por parte de las posibles empleadoras.
Once personas manifestaron que, cuando se les contrató, sus superiores o colegas les faltaron el respeto o se burlaron de ellas utilizando sus nombres o géneros legales, en lugar de los que correspondían a su identidad de género.
Seis dijeron que preferían obtener empleos no formales o independientes, o directamente dejar ir algunas oportunidades, para no tener que exponerse a posibles situaciones de humillación debido a la discrepancia entre su identidad de género y sus documentos de identificación oficiales.
- Alejandra R., una mujer trans de León, de 22 años de edad, fue contratada por un fabricante del sector automotriz a principios de 2021. Comentó que, desde el proceso de contratación, hubo varios incidentes de discriminación por parte de sus supervisores, debido a la discrepancia entre su nombre legal y el elegido. En octubre de 2021, Alejandra se reunió con la directora de Recursos Humanos para abordar la discriminación. Se presentó como “Alejandra”, pero la directora la interrumpió y le dijo, señalando su expediente laboral, “¿Qué dice aquí? Contratamos un hombre, ¿ya entendiste?”. Luego de que Alejandra le explicó que era una persona trans, esta persona le contestó que mientras no se cambiara legalmente su nombre, no podría tratarla como “Alejandra”. Alejandra enfrentó otros actos de discriminación y fue despedida semanas más tarde.
- Diego P., un hombre trans de 29 años de León, Guanajuato, dijo que en los últimos tres años ha elegido trabajar de manera independiente como fotógrafo, pues así no tendrá que lidiar con empleadores que le pregunten sobre su identidad de género cuando revisen sus documentos de identificación. Sus trabajos independientes no le exigen presentar su actual identificación con su nombre legal. “Decidí por miedo, no tener un trabajo formal para evitar exponerme a tener que decir que soy una persona trans”, explicó. En 2019, Diego trabajó en un periódico, pero cuando comenzó su transición de género, sus colegas realizaron comentarios humillantes, y esto lo llevó a renunciar.
- Renato R., un hombre trans originario de Celaya, de 23 años de edad, contó que en 2021 solicitó trabajo en un restaurante de tacos en Celaya. Después de ver el nombre legal que aparecía en su documento, la persona que había recibido su solicitud, le dijo frente a otras cuatro solicitantes: “Si eres una mujer, vístete como una”. “Me sentí muy mal por lo que dijo, también porque, a pesar de explicar mi situación [que soy una persona trans], supe que me negarían el empleo”, contó Renato.
- Isabel A., una mujer trans de 28 años originaria de Irapuato, trabaja como especialista en desarrollo para un fabricante de automóviles. Sus supervisores la aceptaron cuando realizó su transición en el año 2020. Sin embargo, si bien nada de lo establecido en la ley mexicana impide que la empresa adapte las comunicaciones internas de la compañía para que utilicen su nombre preferido, la empresa se ha negado a cambiar su nombre en su identificación de trabajo, su dirección de correo electrónico y las plataformas en línea que la compañía utiliza hasta que su acta de nacimiento original de Guanajuato quede bajo resguardo. Isabel ha obtenido un acta de nacimiento con su nombre elegido en otro estado y está llevando adelante el agotador proceso de amparo para que su acta de nacimiento original quede en resguardo. Mientras tanto, sus colegas en la empresa siguen llamándola por su nombre legal en persona y por correo electrónico, a pesar de que sus supervisores han ordenado que hagan referencia a ella con el nombre que eligió. También ha recibido comentarios hostiles y silbidos cuando visita los talleres de automóviles. Isabel considera que tener los documentos oficiales que reflejen exactamente su identidad podría mejorar la situación, pero no sabe cuánto tardará el proceso.
Educación
Trece personas trans contaron que docentes, profesores o compañeros de clase no las llamaban por el nombre que habían elegido ni utilizaban su pronombre preferido porque esa información no se reflejaba en su documento de identidad. Esto les resultaba humillante.
Doce comentaron que, a pesar de haberle solicitado a la institución educativa que emitiera sus títulos académicos con su nombre y género preferido, no resultó sencillo. Esto puede causar —y ha causado— problemas con posibles empleadores que no comprenden por qué el género en sus expedientes académicos no coincide con su apariencia física, lo que limita sus oportunidades post-educativas.
Tres personas trans dijeron que habían postergado sus estudios universitarios o su fecha de graduación hasta que su nombre y género legal pudieran reconocerse en sus diplomas. Tomaron esta medida para evitar discriminaciones en el mercado laboral, aunque eso demorara su ingreso en ese mercado.
- Rubí S., una mujer trans de Guanajuato capital, de 35 años de edad, contó que la administración de su universidad le pidió que se fuera después de dos semestres porque no había podido obtener el resguardo de su acta de nacimiento original de Guanajuato, después de que le emitieran uno nuevo que refleja su identidad de género en Ciudad de México en 2017. “Para la universidad, era como si yo tuviera una doble identidad”, explicó Rubí. Desde entonces, e incluso en 2021, intentó inscribirse en otras 10 universidades, sin poder conseguirlo. Rubí desea estudiar derecho y explicó su frustración en estos términos: “Si yo quiero superarme, no se puede. Te cortan las alas”.
- Oscar I., un hombre trans de León, de 21 años, estudiaba ingeniería química en una universidad de Guanajuato cuando empezó su en 2020. Preguntó en la universidad qué implicaría esto para sus estudios y una persona del cuerpo administrativo le aconsejó conseguir un abogado. Óscar sintió que no tenía apoyo de la facultad, y esto lo llevó a interrumpir los estudios hasta que pudiera rectificar su identidad legal, lo que finalmente logró hacer mediante un juicio de amparo en 2021. Actualmente está inscrito en una nueva universidad, pero no consiguió que tomaran en cuenta para sus estudios los tres semestres cursados en la otra universidad.
- Ana L., una mujer trans originaria de León, de 23 años, estudia comunicación en otro estado. Contó que debido a que su identificación y la inscripción en la universidad no reflejan su identidad de género, cada semestre debe hablar con sus profesores y compañeros de clase para explicar que es una mujer trans y pedir que la llamen “Ana”. Aunque la mayoría usa el nombre que eligió, le han resultado humillantes las varias ocasiones en las cuales tomaron lista y leyeron en voz alta su nombre legal. En 2022, Ana tomo una clase con alumnos y alumnas de ingeniería, y contó que le “atemorizaba” explicar que es una mujer trans porque sentía que era un “ambiente hostil” para la diversidad de género.
- André E., un hombre trans oriundo de Irapuato, de 25 años, terminó todas las materias y otros requisitos necesarios para graduarse de la Universidad de León con un título en comunicaciones en 2021. Sin embargo, en vez de buscar trabajo, André decidió hacer una pasantía para prolongar los estudios mientras espera que se resuelva el amparo que presentó ante la justicia federal para que se rectifiquen sus documentos legales, a fin de que su diploma no refleje su nombre legal actual. Afirma sentirse “retrasado profesionalmente” debido a esta situación.
Actas de nacimiento
Human Rights Watch y Amicus DH entrevistaron a 15 personas que habían obtenido una segunda acta de nacimiento en otro estado, en general en la Ciudad de México o en Jalisco.
Comprobaron que conseguir un amparo para rectificar el nombre y género de una persona en el acta de nacimiento original en Guanajuato es más difícil cuando una persona transgénero proveniente de Guanajuato obtuvo el reconocimiento legal del género en otro estado. Debido a que cada estado tiene su propio sistema de registro civil, cuando una persona trans obtiene el reconocimiento legal del género en otro estado, ese estado les genera una nueva acta de nacimiento. Pero eso no resguarda de manera permanente su acta de nacimiento original en Guanajuato, lo que implica que hasta que esa persona pida y obtenga una orden de un juez federal en Guanajuato para resguardar el acta original, tendrá dos actas de nacimiento.
Esto puede suponer un obstáculo administrativo al momento de pedir documentos nacionales de identidad válidos y otros documentos oficiales. Si la persona se fue de Guanajuato y vive en otro lado, tiene que volver a Guanajuato, a menudo varias veces, para participar en el proceso legal, lo cual resulta costo y requiere de mucho tiempo.
- Ivanna T., una mujer trans de Celaya, de 28 años de edad, fue a Ciudad de México en 2018 para obtener un acta de nacimiento rectificado, pero debió enfrentar cinco años de procesos legales en Guanajuato para obtener el resguardo de su acta de nacimiento, debido a complicaciones en su caso. Contó cómo se sintió en uno de los momentos más difíciles del trámite: “Empecé a llorar. Fue muy pesado, fue agotador. Fueron años de incertidumbre total. Solo quería saber si reconocerían mi identidad o no. Solo quería que terminara”. Finalmente, Ivanna consiguió que su acta de nacimiento original quedara bajo resguardo en 2022.
- Samantha A., una mujer trans oriunda de Guanajuato capital, de 22 años, recibió un acta de nacimiento rectificado en 2021 en el estado de Baja California Sur, donde vive actualmente. En enero de 2022, inició el proceso para que se hiciera el resguardo de su acta de nacimiento de Guanajuato, pero en junio de 2022 todavía esperaba una respuesta de la justicia federal. Contó el efecto que el procedimiento había tenido para ella y su familia: “Solo porque vivo en otro estado no deja de impactar mi vida la falta de reconocimiento legal en Guanajuato, pues no he podido resguardar mi acta hasta hoy. Los trámites quitan mucho tiempo. Yo no vivo en Guanajuato y tengo que trabajar, así que ellos son los que llevan todos los documentos por mí al registro civil. Esto los ha afectado también a ellos, pues constantemente tienen que dejar de trabajar para ir a averiguar al registro en varias ocasiones si ya hay una respuesta a mi solicitud”.
- Andrew M., un hombre trans de León, de 22 años de edad, recibió una nueva acta de nacimiento de la Ciudad de México en 2019, pero no pudo conseguir un nuevo pasaporte en 2020 porque, debido a lo engorroso del trámite legal, tenía dos actas de nacimiento. En junio de 2021, presentó un amparo para que se resguardara su acta de nacimiento primigenia en Guanajuato, un paso que logró en septiembre de 2021. Si bien Andrew está satisfecho de haber podido completar ese procedimiento, dijo que el proceso fue frustrante: “Yo veo muchos chavos y chavas que ya están invirtiendo todo en su futuro y yo también, pero de alguna manera estoy más rezagado, porque he tenido que hacer estas cosas que ellos no han tenido que hacer … para mi tener estos documentos que reconocen mi identidad es poder dejar de invertir toda esta energía, tiempo y dinero que he tenido que invertir en esto y empezar a invertirla de lleno en mis proyectos y mi futuro”.
Entre 2015 y 2022, Amicus DH ha litigado cerca de 50 amparos en forma ad honorem ante la justicia federal de Guanajuato y ha brindado asesoramiento legal a un número incluso mayor de personas trans interesadas en obtener el reconocimiento legal del género. En general, litigar cada caso a la organización le genera un costo estimado de 9,000 pesos mexicanos (450 dólares estadounidenses) y, en la actualidad, su tramitación demora entre 3 y 14 meses. Aproximadamente el 45 % de los casos son de personas que obtuvieron una nueva acta de nacimiento en otro estado y necesitan que se disponga el resguardo de sus actas originales en Guanajuato.
La organización tiene capacidad limitada para ocuparse de estos casos de forma inmediata. Se desconoce cuántas personas en el estado llevan su caso a la justicia con abogados particulares, ni cuánto pagan o cuánto demora, si bien algunas han indicado a la organización haber gastado más de 30,000 pesos mexicanos (1,500 dólares estadounidenses) en estos trámites.
Atención de la salud
Quince personas trans indicaron que integrantes del personal de hospitales públicos expusieron su identidad de género frente a otros trabajadores o pacientes al llamarles por su nombre legal, en vez del nombre elegido. Once personas dijeron que preferían obtener atención médica privada a un costo elevado, porque sufren menos discriminación en esos ámbitos.
- Mayra P., una mujer trans de Salvatierra, de 40 años de edad, indicó que en aproximadamente 15 ocasiones distintas se había expuesto su identidad de género frente a otros pacientes cuando la llamaron por su nombre legal en la sala de espera de una clínica, un hecho que consideró humillante. Dijo que prefiere acudir a clínicas privadas, donde afirma que hay menos discriminación. En marzo de 2020, Mayra sufrió un accidente en motocicleta. Contó que en la ambulancia y en el hospital el personal que la atendió se negó a llamarla “Mayra” porque no es su nombre legal y se burló de ella. “Fue muy difícil”, contó. “No solo acababa de tener un accidente y me encontraba bastante asustada, sino que tuve que defenderme todo el tiempo de los malos tratos [verbales]”.
- Mateo B., un hombre trans que vive en León, de 40 años, contó que no va nunca a centros de salud públicos y solo acude a clínicas privadas porque: “me da temor estar en sala de espera y ser llamado por mi nombre legal frente a otras personas”. Señaló que le “da miedo de ver[se] así de expuesto y no saber cómo van a reaccionar todos”.
Operaciones bancarias
Seis personas trans indicaron tener dificultades para realizar operaciones bancarias por la inexactitud en sus documentos de identidad, como hacer extracciones o depósitos de dinero en bancos, abrir o cerrar cuentas bancarias, recibir remesas u obtener préstamos.
- Keyra Q., una mujer trans de Irapuato, de 19 años de edad, contó que aproximadamente en noviembre de 2021 se presentó en el banco para desbloquear su tarjeta de débito. Al mostrar su documento de identidad, relató Keyra, una empleada le dijo que no era suyo y que el titular de la cuenta debía estar presente allí para realizar la transacción. Keyra explicó que es una mujer trans pero solo pudo demostrar que la cuenta era suya al ofrecer proporcionar su huella dactilar. La experiencia le resultó humillante. También dijo que no intenta obtener crédito para compras más importantes “por temor a críticas o actos de discriminación y para evitar problemas”.
- Alex M., un hombre trans de la ciudad de Guanajuato capital, de 23 años, dijo que actualmente no tiene cuentas bancarias porque prefiere esperar a que un juez federal disponga el resguardo de su acta de nacimiento original y tener así todos sus documentos legales en regla.
- Mayra P., una mujer trans de Salvatierra, de 40 años, contó que en marzo de 2022 intentó retirar una remesa que le habían enviado familiares en Estados Unidos. La persona que recibió su documento de identidad no creía que este fuera suyo y le preguntó a un colega si le parecía que la fotografía se asemejaba a Mayra. Si bien finalmente pudo retirar la remesa, Mayra dijo que en varias ocasiones han cuestionado su identificación en contextos como este, y que siente “impotencia por no saber si esta vez me van a negar el servicio o no”.
