(Washington D.C.) – El gobierno cubano ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta.
El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.
“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”.
Human Rights Watch ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, que se considera un “municipio especial”. Entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas; y corroboró numerosos videos y fotos.
Los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias golpizas. Jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos.
Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió el 12 de julio durante una manifestación en La Güinera, un barrio de bajos recursos en las afueras de La Habana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, señaló que un policía le disparó por la espalda. Nadie ha sido juzgado por su muerte.
La investigación de Human Rights Watch indica que las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas. Muchos manifestantes gritaron “¡libertad!” o “patria y vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “patria o muerte”, y critica la represión en el país. En los 130 casos documentados en detalle por Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas. En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas.
En la mayoría de los casos que documentó Human Rights Watch, los detenidos estuvieron incomunicados varios días o incluso semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltratos durante la detención. Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural donde señalaron que perdieron noción del tiempo. A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar.
La mayoría de los detenidos fueron sometidos a interrogatorios abusivos y reiterados, a veces en medio de la noche, en los cuales a menudo se les preguntó por la “organización” y el “financiamiento” de las manifestaciones y se los amenazó con largas penas de prisión.
Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, contó que fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasó caminando por un lugar donde había una manifestación el 11 de julio. Dijo que, una vez detenida, dos agentes mujeres la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda mientras tosía y se presionaba a sí misma el estómago. Una agente le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con un dedo. Unos días después, un agente varón la amenazó con llevarla junto con dos hombres a la zona que se conoce como “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Varias veces, los agentes la despertaron durante la noche para interrogarla, contó Zequeira, y le preguntaron por qué había protestado y quien la “financiaba”.
El 22 de julio, Zequeira Hernández fue condenada a ocho meses de cárcel por “desorden público”. Solamente se le permitió ver a su abogado particular pocos minutos antes de la audiencia. Un tribunal superior le permitió cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria. Zequeira y su familia indicaron que no pudieron obtener copias de las sentencias.
Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus. Los casos positivos confirmados de Covid-19 alcanzaron algunos de los niveles más elevados en Cuba en julio y agosto. Varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención.
Muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Los manifestantes fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia de a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como “desorden público”, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo. Los agentes habitualmente tardaron varios días en comunicar a los detenidos cuáles eran los motivos del arresto. Los familiares y abogados de los detenidos rara vez tuvieron acceso a los expedientes penales o a copias de las sentencias, lo cual hace prácticamente imposible que ejerzan una defensa legal. En los pocos casos en los cuales los detenidos contaron con representación legal, los abogados solo pudieron hablar con ellos unos pocos minutos antes del juicio.
El 19 de agosto, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa, según comprobó Human Rights Watch.
Para ver una selección de casos por favor vea más abajo.
Todos los casos que documentó Human Rights Watch se basan en relatos directos que proporcionó la víctima, un familiar o su abogado. A menos que se indique algo distinto en el texto, los relatos expuestos a continuación se obtuvieron de estas entrevistas.
El 13 de julio, cerca de las 9 a.m., varios agentes de las “boinas negras” detuvieron a Yosney Román Rodríguez, de 25 años, sus hermanos Mackyani, de 23, y Emiyoslan, de 17, y su primo Odlanier Santiago Rodríguez, de 22. Los agentes irrumpieron en su vivienda en La Güinera, un barrio de bajos ingresos en las afueras de La Habana, los esposaron y los obligaron a subir a una patrulla policial. Los agentes no mostraron una orden ni expresaron un motivo para realizar las detenciones, indicaron Odlanier y dos familiares.
Los agentes los llevaron a la prisión de Cien y Aldabó. Odlanier manifestó que estuvo en una celda hacinada, sin ventilación ni luz. Refirió que una noche tuvo una crisis de asma pero que no recibió asistencia médica.
A lo largo de siete días, lo interrogaron en cinco oportunidades. Los agentes le dijeron que estaba siendo acusado de “desorden público” y de lanzar piedras, y le preguntaron por qué había participado en las protestas y quiénes las habían organizado. Odlanier dijo que estaba observando las manifestaciones y que no arrojó piedras.
El 17 de julio, un agente dijo a un familiar que Emiyoslan, Yosney y Mackyani estaban bajo investigación por “instigación a delinquir” debido a que gritaron “Patria y vida” durante una manifestación.
El 21 de julio, Odlanier fue transferido a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana.
Ninguno pudo llamar a familiares y las autoridades no permitieron que sus familias los visiten. Su abogado particular solo pudo verlos en una oportunidad.
El 4 de agosto, Odlanier pagó 2.000 pesos cubanos (cerca de USD 80) y fue puesto en libertad bajo fianza. Los agentes le indicaron que estaba siendo acusado de “atentado”, “daños”, “instigación a delinquir” y “desorden público”, según afirmó.
El 30 de agosto, un agente de seguridad indicó a Odlanier que debía pagar una multa de 2.000 pesos cubanos para que se cerrara su caso. El agente manifestó que debía “dejar de perder tiempo en actos contra la revolución”, según contó. Su familia pagó la multa. La documentación correspondiente a la multa, a la que tuvo acceso Human Rights Watch, no indica la causa de la sanción.
Hasta donde Human Rights Watch pudo determinar, sus primos siguen encarcelados y mayormente incomunicados.
Abel González Lescay, estudiante de música de 22 años, participó el 11 de julio en protestas en Bejucal, provincia de Mayabeque. Al día siguiente, a las 6 a.m., se presentaron en su vivienda más de 20 policías y agentes de inteligencia preguntando por él, según contó un familiar que presenció la detención. Cuando otro familiar pidió que le mostraran una orden de detención, los agentes reconocieron que no tenían una orden y se abrieron paso a empujones dentro de la casa. Esposaron a González en su dormitorio y lo subieron desnudo a una patrulla policial.
Horas después de que un familiar se presentara en una estación de policía para denunciar la detención arbitraria, un agente del Departamento Técnico de Investigaciones, un organismo del Ministerio del Interior que investiga delitos, llamó para pedir al familiar que llevara ropa para González Lescay. El oficial indicó que González Lescay se encontraba en las instalaciones del Departamento Técnico de Investigaciones en Bejucal. Allí, los agentes le dijeron que González Lescay estaba bajo investigación, pero no le dijeron por qué ni le permitieron verlo.
El 18 de julio, luego de que permaneciera incomunicado por seis días, González Lescay fue llevado hasta su domicilio por agentes que le indicaron que estaba bajo reclusión domiciliaria a la espera del juicio por “desorden público”, contó un familiar. La familia no tiene conocimiento de que se haya fijado una fecha para el juicio.
José Daniel Ferrer García, de 51 años, presidente de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, fueron detenidos mientras se dirigían a una manifestación frente al Teatro José Martí en Santiago de Cuba, aproximadamente a las 5 p.m. del 11 de julio.
El día siguiente, 12 de julio, la esposa de Ferrer García los buscó en distintas estaciones de policía. Cuando preguntó por su esposo e hijo en la Unidad Tercera de Santiago de Cuba, varios agentes procedieron a detenerla. La retuvieron por cinco horas, durante las cuales se vio obligada a quedarse parada en un patio bajo el sol. Al liberarla, sin presentar cargos, un agente le dijo que Ferrer García estaba en la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones (UPICO), un centro de detención en Santiago de Cuba, y que él pasaría “un largo tiempo en la cárcel”.
Ferrer García fue acusado de “desorden público”, se encuentra en prisión preventiva y se le ha negado la posibilidad de hacer llamadas telefónicas desde su detención. En el documento en el cual se dispone su detención preventiva, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, un fiscal sostiene que Ferrer García “decidió unirse” a las manifestaciones “contra el proceso revolucionario” y que vociferó “¡Abajo Díaz-Canel!” y “¡Abajo el hambre!” mientras lo detenían. El documento especifica que Ferrer García “se manifiesta en contra del proceso revolucionario”.
Varias veces, agentes de la UPICO se negaron a reconocer a la esposa de Ferrer García que él se encontraba allí, y el 21 de julio, cuando les pidió de manera pacífica que le permitieran verlo, la detuvieron durante dos horas, según afirmó.
El 22 de julio, la familia presentó un habeas corpus para solicitar su liberación. En la resolución judicial del 23 de julio por la cual se deniega el habeas corpus, y a la cual tuvo acceso Human Rights Watch, no se mencionan los cargos ni se especificaba dónde estaba detenido; solo se indica que esta Ferrer García “en trámite investigativo”. El 12 de agosto, un agente de la UPICO finalmente le confirmó a su esposa que Ferrer García estaba allí pero que no podía recibir visitas.
El 14 de agosto, la esposa de Ferrer García recibió un documento de un tribunal donde se indica que él cumpliría una pena de 4 años y 14 días de cárcel por un incidente anterior no relacionado con su actual detención. En octubre de 2019, agentes de la seguridad del Estado detuvieron a Ferrer García y lo acusaron de agredir a una persona en Santiago de Cuba. En febrero de 2020, un tribunal lo condenó a cuatro años y medio de “limitaciones a la libertad” por “lesiones”. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó en 2020 que la condena de García Ferrer en el caso anterior fue arbitraria, que los señalamientos de “lesiones” en su contra no eran “creíbles” y que la detención había constituido una “desaparición forzada”.
Sin embargo, en la sentencia de agosto de 2021 que se dictó tras la detención de Ferrer García en relación con protestas, el tribunal determinó que este había violado la legislación cubana que exige que las personas alcanzadas por “limitaciones a la libertad” tengan “una actitud honesta hacia el trabajo” y un “estricto cumplimiento de las leyes”.
Un agente indicó a su familia que Ferrer García se encuentra en la prisión de Mar Verde, en las afueras de Santiago de Cuba. Su hijo fue puesto en libertad el 17 de julio, pero sigue bajo investigación por “desorden público”.
María Cristina Garrido Rodríguez, una activista de 39 años del Partido Republicano de Cuba, y su hermana Angélica Garrido Rodríguez, una ama de casa de 41 años, participaron en protestas en la mañana del 11 de julio en Quivicán, provincia de Mayabeque. Las protestas se desarrollaron de manera pacífica, según testigos. Los manifestantes cantaron “Patria y Vida”.
Al día siguiente, mientras las hermanas se dirigían a pie a una estación de policía para visitar a amigos que habían sido detenidos durante las manifestaciones la noche anterior, policías y agentes de seguridad del Estado las interceptaron y las detuvieron, dijeron dos familiares. Los agentes las llevaron a la estación de policía, y luego las trasladaron a “el técnico”, un establecimiento que pertenece al departamento de investigaciones de la seguridad del Estado.
Angélica no pudo recibir visitas hasta el 26 de julio, cuando su esposo pudo verla. Un agente se quedó en la sala, así que no pudo contar mucho sobre su detención, dijo un familiar. Angélica le explicó al familiar que, si bien no la habían golpeado, sí había sufrido abusos psicológicos. Contó que, durante un tiempo, había compartido celda con un hombre.
El 19 de julio, María Cristina fue trasladada a la prisión de San José de las Lajas, destinada a personas detenidas que tienen VIH. No se le permitió realizar una llamada telefónica ni recibir visitas hasta el 31 de julio, cuando su esposo pudo verla por 15 minutos, contó un familiar. María Cristina le dijo que una agente le había dado golpes en las piernas y los brazos y la había levantado varias veces en la madrugada, obligándola a gritar “¡Viva Fidel!” y “¡Viva la revolución!”. Cuando María Cristina se negó, la enviaron por 24 horas a lo que describió como una “celda de castigo”, oscura y sin agua ni servicios sanitarios.
María Cristina está siendo investigada por “resistencia”, “atentado”, “instigación a delinquir”, “propagación de epidemia” y “desorden público”. Su abogado particular no ha podido consultar el expediente, pero pudo averiguar que se la acusa de liderar las manifestaciones en Quivicán.
Con respecto a su participación en protestas, Angélica está bajo investigación por “desorden público”, “propagación de epidemia” e “instigación a delinquir”. También se la acusa de “desacato”, “atentado” y “resistencia” por supuestamente haberse resistido a que la detuvieran, contaron familiares.
Ambas se encuentran ahora en prisión preventiva en la prisión de mujeres de occidente El Guatao.
Con respecto a su participación en protestas, Angélica está bajo investigación por “desorden público”, “propagación de epidemia” e “instigación a delinquir”. También se la acusa de “desacato”, “atentado” y “resistencia” por supuestamente haberse resistido a que la detuvieran, contaron familiares.
Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, fue detenida el 11 de julio en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana. Cerca de las 5 p.m., al pasar caminando junto a una manifestación, varias agentes mujeres de las “boinas negras” la sujetaron por el brazo, la esposaron y la obligaron a subir a una patrulla policial, según contó. Zequeira les preguntó por qué la detenían. “Eso pasa cuando protestas y eres contrarrevolucionaria”, contó que le dijo una de las agentes.
En la estación de policía, la acusaron de estar “contra la revolución” y de causar “desorden público”. La retuvieron en una celda con otras 16 mujeres, todas adultas. Dijo que la celda era oscura, tenía poca ventilación y estaba hacinada. Zequeira durmió en una cama de cemento y no le dieron comida. Al día siguiente, las autoridades la llevaron a la prisión de Cien y Aldabó.
Zequeira dijo a los agentes que tenía menos de 18 años, pero se negaron a permitirle que llamara a su madre. Dos agentes de sexo femenino la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda, toser y presionarse su estómago. Una le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con el dedo, afirmó Zequeira.
Los agentes la pusieron en una celda con otras cuatro detenidas mujeres, todas adultas. Nuevamente le negaron su petición de llamar a su madre. “Ahora eres adulta”, le dijo una agente. Varias veces, los agentes la despertaron durante la noche para interrogarla, contó Zequeira, y le preguntaron por qué había estado en las protestas y quién la “financiaba”. Algunas noches, los agentes reproducían música a un volumen fuerte. Le mostraban fotos de las manifestaciones a Zequeira y le decían que la liberarían si identificaba a los líderes. Un agente amenazó con llevarla junto con dos hombres a la zona que se conoce como “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales.
La madre de Zequeira inició una búsqueda para localizarla. En Villa Marista, un establecimiento de la seguridad del Estado, un funcionario le indicó que se dirigiera a la cárcel de Cien y Aldabó, según contó. El 13 de julio, la madre de Zequeira encontró allí el nombre de su hija en una lista de detenidos. Los funcionarios le permitieron que dejara artículos de higiene y una tarjeta telefónica, pero no que viera a su hija, contó.
El 22 de julio, Zequeira compareció a juicio. El abogado que le había contratado su madre solo pudo hablar con ella por unos pocos minutos antes de la audiencia, según contó. Otras 12 mujeres que no conocía fueron juzgadas con ella en un procedimiento que duró una hora. Solo pudo estar presente a una persona por familia, contaron Zequeria y su madre. El fiscal no presentó evidencias contra Zequeira, pero el juez la condenó a ocho meses de prisión, explicaron Zequeira y su madre.
El 25 de julio, Zequeira fue enviada a reclusión domiciliaria mientras se tramitaba su apelación. El 17 de agosto, un tribunal de apelación confirmó la condena de ocho meses, pero dispuso que, por ser menor, Zequeira podía cumplir su sentencia en su domicilio. Zequeira y su familia no pudieron obtener copias de las sentencias.
Michel Parra González, de 20 años, que trabaja en un hospital, y su hermana Ana Laura, de 22, fueron detenidos mientras se manifestaban en forma pacífica el 11 de julio en la ciudad de Matanzas, capital de la provincia homónima. Un agente de la seguridad del Estado y varios policías los detuvieron violentamente y los llevaron a “el técnico”, un establecimiento del departamento de investigaciones de la seguridad del Estado, según dijeron.
Las autoridades interrogaron a Ana Laura reiteradamente y le preguntaron si alguien le había “pagado” para protestar y si era una de las “líderes” de las manifestaciones. La mantuvieron encerrada en una celda oscura y poco ventilada con otras cuatro personas, contó Laura. No le permitieron hacer una llamada en ningún momento. Durante el último interrogatorio, los agentes le dijeron que firmara un papel donde manifestaba que no volvería a protestar y le revelaron que estaba siendo investigada por “desorden público”.
Michel estuvo en una celda insalubre con otras siete personas. Dijo que nunca le permitieron hacer una llamada. El día de su detención, fue llevado a una sala de interrogatorios donde ocho policías le dieron patadas y lo golpearon con puños y bastones por cerca de 15 minutos. Recibió golpes en la espalda, las manos, los pies, los testículos y los glúteos. “A gente como tu deberíamos darles un tiro”, contó que le dijo uno de los agentes. “Esto es para que sepas qué ocurre cuando te opones a la revolución”, le advirtió otro. Dijo que nunca recibió atención médica por los golpes.
El 18 de julio, Michel fue transferido a la prisión Combinado del Sur, donde los agentes no accedieron a su petición de denunciar las golpizas. Los agentes le tomaron las huellas dactilares y le dijeron que firmara documentos admitiendo haber cometido un delito, aseveró. Michel se negó a firmar. Los agentes lo acusaron varias veces de “gusano”, una expresión que se usa comúnmente contra críticos del gobierno en Cuba. Un fiscal le preguntó por qué había participado en las manifestaciones, si era “líder” de las protestas y si alguien lo había “financiado”.
El 24 de julio, un policía le mostró a la madre de Michel y Ana Laura un documento donde se indicaba que se los acusaba de “desorden público”. El agente le dijo que podía contratar a un abogado. Contó que ningún abogado de la ciudad aceptó tomar el caso, al parecer por temor a represalias.
Michel fue enviado a reclusión domiciliaria el 2 de agosto; y Laura, el 6 de agosto. Durante varias semanas, dos agentes de la seguridad del Estado patrullaron afuera de sus domicilios todos los días para asegurarse de que cumplieran la medida. A fines de septiembre, varios policías los citaron a una estación policial, donde les pidieron que pagaran 1.000 pesos cubanos (USD 40) para que se cerraran sus casos. Ambos pagaron.
Cuando Darío Quiñónez (seudónimo), de 19 años, escuchó sobre las protestas en La Habana decidió acercarse para mirar porque sentía que eran un acontecimiento “histórico”. No se sumó a las protestas ni a los cánticos, pero en un momento levantó las manos e hizo una señal de “paz y amor” con los dedos. En ese momento, cuatro hombres de civil lo arrojaron al piso. Pudo levantarse y se alejó corriendo por temor a que lo golpearan. Uno de los hombres gritó “atrápenlo” y otro, que llevaba un palo similar a un bate de béisbol, intentó golpearlo. Otros dos lo sujetaron y lo patearon en las piernas. Se acercó una patrulla policial y Quiñónez se subió al vehículo para evitar que lo golpearan.
Contó que los agentes lo llevaron a la estación de policía de Zanja, en La Habana, donde había tantos detenidos que lo dejaron en un pasillo. Los agentes no accedieron a su petición de hacer una llamada.
Algunas horas después, lo trasladaron al establecimiento “el técnico”, que pertenece al departamento de investigaciones de la seguridad del Estado, donde dos agentes le dijeron que se desnudara para inspeccionarlo. Luego, uno de los agentes le dijo que tenían un video de él arrojando piedras durante la protesta. Quiñones dijo a Human Rights Watch que no había arrojado piedras. Los agentes le preguntaron quién lo había “invitado” a manifestarse, si alguien le había “pagado” y si pertenecía a alguna organización opositora.
Las autoridades encerraron a Quiñonez en una celda y le dijeron que se quedara mirando el piso, según contó. En la celda no había ventilación ni luz natural, por lo que no sabía si era de día o de noche. Preguntó varias veces qué hora era, pero se negaron a contestarle. Contó que perdió la noción del tiempo.
Mientras los detenidos dormían, los agentes dejaban encendido el canal de televisión estatal cubano a alto volumen. Las autoridades interrogaron reiteradamente a Quiñonez con respecto a las protestas, según dijo, y lo amenazaron con que recibiría una pena de cinco años de prisión por vandalismo.
El 20 de julio, un agente lo sacó de su celda para que compareciera a juicio. Su familia nunca fue notificada, por lo que no pudieron conseguirle un abogado, contó Quiñonez. Refirió que fue juzgado con otras 11 personas. La única evidencia que presentó el fiscal, afirmó Quiñonez, fue la declaración de un policía que dijo que estaba arrojando piedras. Quiñonez negó la acusación. Un tribunal lo condenó a 10 meses de prisión por “desorden público”. Nunca le dieron una copia de la sentencia.
El 6 de agosto, un tribunal superior cambió su sentencia a ocho meses de trabajo correccional y una multa de 3.460 pesos cubanos (aproximadamente USD 145).
Juan Raúl del Río Noguez, de 75 años, se dirigía a pie a su domicilio con un familiar el 11 de julio cuando vio que estaba teniendo lugar una protesta en el centro de La Habana y decidió participar. Mientras gritaban “¡Patria y vida!” y “Larga vida a José Martí”, en referencia a un poeta cubano y prócer de la independencia, varios agentes de civil arrestaron a un familiar suyo, Yunior Villarejo Estévez, de 30 años. Del Río Noguez intentó intervenir, según contó, pero dos agentes lo sujetaron por los brazos, lo inmovilizaron y lo empujaron dentro de una patrulla policial.
Los agentes lo llevaron a una estación de policía en Zanja, La Habana, y le preguntaron por qué había participado en las protestas. Algunas horas después, lo trasladaron a la prisión Cien y Aldabó, donde dijo que le ordenaron que firmara un documento que no le permitieron leer.
Del Río Noguez fue detenido en una celda minúscula, hacinado con otros tres detenidos. No se le permitió recibir visitas ni llamar a su familia o a un abogado. Perdió la noción del tiempo, según contó, debido a que no podía ver la luz del día.
Los agentes lo interrogaron dos veces en Cien y Aldabó, le preguntaron quiénes habían “convocado” y “financiado” las protestas y si podía identificar al “líder” de las manifestaciones. En el segundo interrogatorio, los agentes le dijeron que estaba bajo investigación por “desorden público”.
El 20 de julio, un agente le informó que sería juzgado en un proceso “sumario”. El juicio empezó horas después. Nadie en su familia supo sobre el juicio, por lo que no pudieron contratar a un abogado, contó. Otros 11 detenidos fueron juzgados junto con él. Del Río Noguez le dijo a Human Rights Watch que no entendió lo que ocurría en el juicio ni cuáles eran los cargos en su contra. La única evidencia que presentó el fiscal, según dijo, fueron las declaraciones de dos policías. El tribunal condenó a Del Río Noguez a un año de reclusión domiciliaria por “desorden público”. No ha recibido una copia de la sentencia.
Su familiar, Yunior Villarejo Estévez, también fue sometido a un juicio ocurrido el 20 de julio y condenado a 10 meses de prisión. Hasta donde Human Rights Watch ha podido determinar, sigue encarcelado.
Varios oficiales detuvieron a Magdelys Curbelo, una estudiante de cocina de 22 años, alrededor de las 3:30 p.m. el 11 de julio, mientras participaba en una protesta pacífica en el centro de La Habana. Los policías le quitaron el teléfono, la agarraron del cabello, la arrojaron a la calle y la obligaron a subir a un carro policial, dijo un familiar.
La tuvieron en una comisaría durante horas sin darle agua ni comida, dijo un familiar a Human Rights Watch. Alrededor de la 1 a.m., la trasladaron a la prisión Cien y Aldabó, donde estuvo en una celda con otras 11 personas. Solo tenían agua dos veces al día, por unos minutos. La celda estaba hacinada, no tenía ventilación y hacía mucho calor, dijo un familiar.
La madre de Curbelo la buscó en varias estaciones de policía. El 15 de julio, algunos agentes le confirmaron que estaba en Cien y Aldabó, pero que no podía recibir visitas. Le dijeron a la madre de Curbelo que no denunciara el arresto en las redes sociales y que le podía llevar artículos de higiene personal.
Durante la detención, los oficiales despertaron a Curbelo en medio de la noche reiteradas veces para interrogarla, dijo un familiar. Un coronel le pidió que grabara un video diciendo que estaba detenida en condiciones adecuadas y que estaba recibiendo atención médica y buena comida, dijo un familiar. El oficial la amenazó con una larga pena de prisión. Curbelo se negó varias veces a filmar el video, pero finalmente accedió.
El 20 de julio, un agente de seguridad del Estado llamó a la madre de Curbelo diciendo que Curbelo sería juzgada por "desorden público" y que su madre debería contratarle un abogado.
La madre de Curbelo pudo contratar un abogado al día siguiente. Curbelo fue juzgada el 22 de julio, pero la falta de tiempo impidió que el abogado reuniera pruebas, dijo un familiar de Curbelo a Human Rights Watch. Curbelo fue juzgada, junto con otras 15 personas, y condenada a 10 meses de prisión por "desorden público". Su madre fue el único familiar autorizado a asistir al juicio.
Curbelo fue enviada nuevamente a Cien y Aldabó, y dos días después fue enviada a reclusión domiciliaria. El 10 de agosto, un tribunal de apelaciones confirmó la condena, pero le permitió cumplir la sentencia bajo "restricciones a la libertad", incluida la prohibición de salir de su provincia y el requisito de que llame a una estación de policía todos los meses. También tuvo que pagar una multa de 6.000 pesos cubanos (USD 247).
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