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España: debe respetar los derechos de las personas que llegan por mar a las islas Canarias

Se deben garantizar las condiciones adecuadas de acogida, acceso a la información y asilo

Hombres desembarcan de un barco de madera en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, una de las Islas Canarias de España, después de una peligrosa travesía por el Océano Atlántico. Noviembre de 2020. © 2020 Javier Bauluz

(Milán) – Las autoridades españolas deberían aliviar de inmediato las condiciones de hacinamiento e insalubridad en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria, una de las islas Canarias de España, dijo hoy Human Rights Watch. Desde el 7 de noviembre de 2020, cuando Human Rights Watch visitó el muelle, el número de migrantes y refugiados detenidos allí se ha más que duplicado a más de 2.000.

La creciente crisis humanitaria se produce después de un fuerte incremento en los últimos meses en el número de personas que intentan llegar a Europa vía las Islas Canarias, en el Océano Atlántico frente a la costa occidental de África.

“Lo que vi hace unos días fue una hilera de carpas abarrotadas donde las personas permanecen retenidas durante días, durmiendo en el suelo, 30 o 40 personas compartiendo un baño portátil”, dijo Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “No puedo imaginar la situación ahora con más del doble de personas. Incluso asumiendo las mejores intenciones de quienes trabajan allí, estas condiciones no respetan la dignidad de las personas ni sus derechos fundamentales, ni dan una buena imagen de España”.

Human Rights Watch es uno de los pocos observadores independientes que ha visitado el muelle. El gobierno ha bloqueado el acceso a periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión, citando cuestiones de privacidad. En el momento de la visita, había 835 personas allí, según la Cruz Roja Española, que dirige el campamento, incluidas aproximadamente 300 que habían sido rescatadas durante la noche. El 10 de noviembre, más de 2.000 personas abarrotaban el muelle.

El campamento de emergencia, cuya capacidad formal es de alrededor de 400 personas, se instaló en agosto para exámenes médicos, incluidas las pruebas de Covid-19 y los procedimientos de identificación y registro policial. El día de la visita de Human Rights Watch, había 14 carpas, cada una con un baño portátil, con capacidad para 30 o 40 personas, además de una carpa para ducharse y cambiarse de ropa. Una carpa está reservada para mujeres que viajan solas y niños no acompañados, a pesar de las directrices internacionales que exigen que los niños no acompañados se alojen separados de las mujeres y las niñas no acompañadas.

Las carpas carecen de piso, camas y colchones. Las personas entrevistadas que habían pasado días detenidas en el muelle dijeron que les dieron dos mantas, una para poner en el suelo y otra para taparse. También hay una carpa médica y una carpa de hospital móvil, así como ambulancias de la Cruz Roja.

La investigación de Human Rights Watch en Arguineguín, basada en entrevistas a migrantes, refugiados y actores de la sociedad civil, así como en la observación directa, indica que las condiciones en el muelle son totalmente inadecuadas incluso cuando no superan su capacidad. Además de las malas condiciones, los procedimientos aplicados en el muelle plantean serias preocupaciones sobre el acceso a la información y el respeto del derecho a solicitar asilo.

Un investigador de Human Rights Watch habla con mujeres detenidas en el muelle de Arguineguín, 7 de noviembre de 2020. © 2020 Javier Bauluz

Según entrevistas al personal de la Cruz Roja en el muelle, los protocolos de Covid-19 incluyen pruebas de PCR de rutina para todos, una carpa de aislamiento para personas que presentan síntomas consistentes con el Covid-19 o que han dado positivo por coronavirus y la distribución de mascarillas quirúrgicas.

A pesar de estos protocolos, Human Rights Watch se reunió con dos mujeres que, según la Cruz Roja, habían dado positivo en la prueba, pero seguían albergadas en una carpa con otras mujeres y menores. A veces colocan juntas a personas que han viajado por separado en carpas donde el distanciamiento social es prácticamente imposible. En el momento de la visita, un funcionario de la Cruz Roja dijo que había 55 personas que habían dado positivo por Covid-19 esperando ser transferidas a una instalación reservada para aislamiento, monitoreo y tratamiento. Sin embargo, la compañía de autobuses se negaba a aceptarlas, alegando preocupaciones sanitarias.

Parece que muchas personas permanecen detenidas en el muelle más de las 72 horas permitidas por la ley española. Dos mujeres de Mali entrevistadas en el muelle mostraron pruebas de que llevaban allí desde el 22 de octubre, más de dos semanas. Unos hombres y dos adolescentes, de 15 y 17 años, entrevistados después de ser trasladados a hoteles, dijeron que habían pasado entre tres y diez días en el muelle. Todos los que llegan a un hotel desde el muelle deben hacer una cuarentena de 14 días antes de poder moverse libremente dentro y fuera del hotel. En el hotel que visitó Human Rights Watch, administrado por la Cruz Roja, todos llevaban mascarillas en todos los espacios comunes.

Todas las personas entrevistadas habían recibido un orden de expulsión independientemente de sus circunstancias personales y, a menudo, sin información clara en un idioma que pudieran entender o sin acceso a un abogado. La mayoría de las personas entrevistadas no entendía el significado de este documento, no recordaba haber recibido una explicación de su contenido o significado en un idioma que pudieran entender y no recordaba haber hablado con un abogado antes de que se le pidiera firmarlo. La policía ni ninguna otra persona les informó mientras estuvieron detenidos en el muelle sobre su derecho a solicitar asilo.

Human Rights Watch ha documentado obstáculos y desincentivos para solicitar asilo en Ceuta y Melilla, enclaves españoles en Marruecos, así como en los puertos andaluces.

El número de personas que intentan llegar a Europa a través de las Islas Canarias aumentó significativamente durante 2020. En lo que va de año, más de 13.800 personas han llegado a las Islas Canarias en embarcaciones, de las cuales 2.188 lo hicieron el pasado fin de semana. Las medidas de control fronterizo en colaboración con Senegal y Mauritania, adoptadas después de la ola de llegadas en 2006-2007, habían cerrado la ruta.

Después de la llegada de aproximadamente 2.000 migrantes en los últimos tres meses de 2019, Juan Carlos Lorenzo, jefe de la organización española de refugiados CEAR en Canarias, instó a las autoridades a identificar estructuras que pudieran ser utilizadas en caso de una crisis humanitaria.

La mayoría de las embarcaciones son rescatados por la agencia española Salvamento Marítimo. A pesar de sus incansables esfuerzos, el Océano Atlántico entre la costa occidental de África y las Islas Canarias se está convirtiendo rápidamente en la ruta marítima más peligrosa del mundo. La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, estima que más de 600 personas han muerto o han sido reportadas como desaparecidas en el mar en lo que va de año.

El gobierno español no proporciona un desglose por nacionalidad, pero la mayoría parece provenir de Senegal, Malí, Marruecos, Costa de Marfil y Guinea. Según ACNUR, un estudio de perfil de agosto reveló que el 30 por ciento dijo que abandonó su país debido al conflicto y la violencia generalizada, mientras que el 32 por ciento citó persecución “debido a la violencia sexual y de género, etnia, religión, razones políticas o matrimonio y reclutamiento forzado”.

El 6 de noviembre, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, anunció que España cerraría el campamento en los muelles de Arguineguín y crearía una nueva zona de acogida en un antiguo polvorín en Las Palmas, la capital de la isla, con el apoyo de la Unión Europea. Los detalles sobre la instalación, sus condiciones o capacidad, o cuándo entrará en funcionamiento, aún no están disponibles.

Las autoridades españolas deberían establecer rápidamente alternativas al muelle y garantizar que las personas que han llegado a las islas tengan acceso a un procedimiento de asilo justo, dijo Human Rights Watch. El aumento de los traslados a la península española podría liberar espacios en los hoteles locales, que de otro modo estarían vacíos debido a la crisis del turismo, donde los migrantes y los solicitantes de asilo son alojados tras ser liberados de la custodia policial.

“Improvisar un campamento de recepción e identificación en un muelle nunca fue una buena idea y ahora el caos que hay allí representa una amenaza real para los derechos, la salud y la seguridad de las personas”, señaló Sunderland. “Los tiempos son difíciles, pero España puede y debe dar una respuesta humana a las personas que llegan a sus costas”.

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