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Have you ever ordered food or groceries on an app? Did you know that many workers hired by apps are being exploited?
These workers are known as gig workers because they work on-demand and are paid for each task they complete.
A 2016 Pew Research survey found that nearly 1 in 10 people in the US have taken on gig work.
Gig companies classify workers as independent contractors instead of employees. That allows them to circumvent federal and state labor protections since independent contractors don’t get minimum wage protections, guaranteed sick pay, or the ability to join a union.
The gig companies also don't pay into Social Security or Medicare on behalf of the workers they classify as independent contractors.
Grocery shopping and delivery services is the latest boom area for the gig economy. During the Covid-19 pandemic shopping platforms have seen demand skyrocket.
Instacart, one of the biggest service providers, increased sales by 500% in the last year.
But that success isn’t shared with its shoppers.
The platform uses an opaque algorithm to calculate how much each gig will pay, and workers say pay fluctuates dramatically, and is now less than what it was before the algorithm.
A 2019 study by Working Washington found that, the average base pay is $7.66 an hour.
Ginger Anne Farr, Instacart shopper: While I was working full-time for Instacart I had to go on financial assistance and receive food stamps just to survive to feed myself.
Karyn Johnson-Dorsey, Instacart shopper: I'm not suggesting that they pay us enormous salaries. I'm just suggesting that they pay a guaranteed minimum wage. I also would like to know how I am being paid.
One of Instacart’s rivals is Target-owned Shipt, which also has its own opaque algorithm to calculate pay.
Philippa Mayall, Shipt shopper: They are really underestimating the shop times, so then we are not getting paid a fair amount. And it's really potentially $15 an hour, but then once you minus all the expenses on top of that, then you are being paid less the minimum wage, unless somebody tips.
Workers told us that tips make up as much as 50% of their pay. But companies have not made it easy for workers to get tips.
Willy Solis, Gig Workers Collective: There's a tremendous amount of glitches that we keep running into. Glitches in the app and other problems are making tips even more unreliable, it is causing a huge fluctuation in our pay.
We’d like to report that the issues have been resolved, but they have not. It is really, really hurting the shopper community.
Shipt told us that its “updated pay model accounts for the effort it takes to complete and deliver orders.”
Adding, “throughout this change we’ve been transparent with shoppers”.
But Shipt didn't discuss whether it complies with minimum wage standards.
Instacart did not respond to our request for comment.
California has a new law, Assembly Bill 5, that addresses some of these problems in that state.
AB5 prevents gig companies from misclassifying workers under state law.
Under the law, gig workers will have
minimum wage
paid sick leave
Overtime
Necessary expenditures reimbursed and some basic rights protected.
But some gig companies are trying to take away these worker protections by using Proposition 22.
Venna Dubal, Professor, UC Hastings College of Law: It says that all of these workers, all of these low-income workers don't get access to the minimum wage, they don't get access to overtime compensation. They don't get Workers Compensation. I know that this proposition is incredibly dangerous. It creates a lower standard of worker protections for the most vulnerable workers in our economy.
Labor rights protect us from exploitation at work. Say no to exploitation. Vote no on Proposition 22.
(Los Ángeles, 15 de octubre de 2020) – El electorado de California debería votar NO a la Propuesta 22, una medida impulsada por consulta popular que anularía el salario mínimo y otras protecciones del derecho laboral para quienes trabajan con aplicaciones de compra de alimentos en el estado, señaló Human Rights Watch en un video difundido hoy. Al rechazar la Propuesta 22, los votantes pueden contribuir a que las aplicaciones de compra y entrega de alimentos —un segmento de la economía del trabajo en plataformas (gig economy) que está teniendo un rápido crecimiento— cumplan con una ley de 2019 que protege los derechos de los trabajadores a una vida digna y a condiciones laborales seguras y salubres.
A las personas que trabajan para Instacart y Shipt les resulta sumamente difícil llegar a fin de mes sin las protecciones laborales básicas, concluyó Human Rights Watch. Ambas compañías utilizan algoritmos de pago poco transparentes que, según los trabajadores, hacen que sus ingresos se encuentren por debajo del salario mínimo local y que les sea muy difícil comprar alimentos y pagar la renta. La falta de otras protecciones, como licencia remunerada por enfermedad e indemnización para el supuesto de lesiones o enfermedades laborales, también pone en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores.
“La Propuesta 22 dejaría a los trabajadores de las aplicaciones digitales para la compra de alimentos a merced de misteriosos algoritmos de pago que les niegan un salario mínimo”, señaló Amos Toh, investigador sénior sobre inteligencia artificial y derechos humanos de Human Rights Watch. “Votar No a la Propuesta 22 es un paso fundamental para revertir la explotación de los trabajadores de plataformas, que tienen derecho a una vida digna como el resto de nosotros”.
Entre mayo y agosto de 2020, Human Rights Watch entrevistó a 19 trabajadores de Instacart y Shipt en California y en otros lugares. Human Rights Watch también habló con expertos en derecho laboral y tecnología, representantes sindicales y economistas, y consultó estudios sobre ingresos de los trabajadores, políticas y prácticas de las empresas y presentaciones judiciales.
La Propuesta 22 quitaría a los trabajadores de entrega a domicilio mediante aplicaciones las protecciones laborales que existen en el estado, incluido el salario mínimo. Si bien exigiría que las empresas paguen a los trabajadores el 120% del salario mínimo aplicable mientras cumplen con los pedidos, esta fórmula no prevé una remuneración para los trabajadores por el tiempo en que esperan que se hagan pedidos.
No hay información pública sobre los tiempos de espera promedio de los trabajadores de Instacart y Shipt, pero un estudio de aplicaciones de viajes compartidos indica que los conductores pasan aproximadamente el 33 % del tiempo esperando. Philippa Mayall, una persona que realiza compras para otros a través de Shipt, indicó a Human Rights Watch que algunos días eran “tan lentos” que solo tenía “un pedido cada dos horas”.
La Propuesta 22 establecería un pago para los trabajadores que no es suficiente para cubrir los gastos relacionados con el trabajo, al reembolsarles apenas 30 centavos por cada milla recorrida para completar una entrega. Según el Proyecto para una Legislación Laboral Nacional (National Employment Law Project), esta tarifa de reembolso dista de ser suficiente para cubrir los gastos, que incluyen desde gasolina y datos móviles hasta artículos de limpieza.
La propuesta se diferencia radicalmente del Proyecto de la Asamblea Legislativa 5, una ley que California promulgó en septiembre de 2019 por la cual se exige que las empresas del sector de la economía del trabajo en plataformas reclasifiquen a sus trabajadores como empleados en lugar de contratistas independientes. Además de proporcionarles el salario mínimo local, esta reclasificación les da derecho a otras protecciones laborales como el seguro de desempleo del estado, pago de horas extras, indemnización por accidentes de trabajo y licencia remunerada por enfermedad. La Propuesta 22 revertiría esta reclasificación y, de este modo, eliminaría estas protecciones para los trabajadores de las aplicaciones de compra de alimentos.
La falta de protecciones en cuanto al salario mínimo ha hecho posible que Instacart y Shipt introduzcan algoritmos inescrutables que cambian constantemente y generan una inmensa volatilidad en los pagos e inseguridad financiera. “Sin aviso alguno, Instacart puede cambiar nuestra paga”, dijo Ginger Anne Farr, que reparte pedidos a través de Instacart. “En un momento tomaron nuestra paga y la recortaron, al punto en que tuve que recurrir a asistencia financiera y pedir ayuda para conseguir comida mientras trabajaba a tiempo completo para ellos”.
Los problemas con las propinas también reducen los ingresos de los trabajadores. Instacart no ha cedido a los reclamos de los repartidores para que se cambie la opción de propina predeterminada del 5 % al 10 %, a pesar de que estas personas dependen en gran medida de las propinas. Shipt ha reconocido errores en su sistema de propinas y manifestó que se ocuparía de resolverlos.
“Las fallas técnicas en la aplicación [Shipt] y otros problemas hacen que las propinas sean incluso menos confiables”, comentó Willy Solis, un repartidor de Shipt y uno de los dirigentes de Gig Workers Collective. “Está provocando una enorme fluctuación en nuestra paga”.
Según los registros de la Secretaría de Estado de California, Instacart y otras cuatro empresas del sector de la economía del trabajo en plataformas han gastado más de USD 185 millones en acciones para que se apruebe la Propuesta 22. Se trata de la campaña de consulta popular más costosa de la historia del estado. Instacart no respondió a una solicitud de comentarios.
Shipt no ha hecho comentarios sobre la Propuesta 22. Un portavoz de Shipt dijo a Human Rights Watch que su modelo de pago actualizado tiene en cuenta el “esfuerzo” de los repartidores y negaban “rotundamente” que este modelo careciera de transparencia. Sin embargo, Shipt indicó que el modelo de pago es “de propiedad exclusiva” y que no divulgaría de qué manera aprueba factores tales como el tiempo de entrega, la cantidad o el peso de los artículos pedidos y la distancia recorrida.
Shipt también afirma que en septiembre de 2020 pagó en promedio “USD 21.97 por compra” a nivel nacional. No obstante, sin información adicional, es imposible determinar si esta cifra cumple con el estándar de salario mínimo por hora. Shipt no especifica el tiempo de compra promedio, que puede variar ampliamente en función de la cantidad de artículos pedidos, el tránsito y la distancia. La cifra que Shipt cita incluye bonificaciones por única vez conocidas como “paga promocional” que quedan a criterio de la empresa, así como propinas, que no son parte del cálculo del salario mínimo en California. La cifra de Shipt no tiene en cuenta los gastos ni los impuestos sobre la nómina adicionales que pagan los contratistas independientes.
“La campaña a favor de la Propuesta 22 que están financiando estas grandes empresas del sector amenaza con crear una clase de trabajadores que luchan por sobrevivir”, señaló Lena Simet, investigadora sénior sobre pobreza y desigualdad de Human Rights Watch. “Para impedir que se prive a los trabajadores de sus derechos más básicos, los votantes de California deben votar No a la Propuesta 22”.
