Skip to main content

California: La Propuesta 22 amenaza los derechos de los trabajadores de plataformas digitales y autónomos

Votar “No” a la propuesta para que las empresas asuman el salario mínimo y otros derechos laborales

(Los Ángeles, 15 de octubre de 2020) – El electorado de California debería votar NO a la Propuesta 22, una medida impulsada por consulta popular que anularía el salario mínimo y otras protecciones del derecho laboral para quienes trabajan con aplicaciones de compra de alimentos en el estado, señaló Human Rights Watch en un video difundido hoy. Al rechazar la Propuesta 22, los votantes pueden contribuir a que las aplicaciones de compra y entrega de alimentos —un segmento de la economía del trabajo en plataformas (gig economy) que está teniendo un rápido crecimiento— cumplan con una ley de 2019 que protege los derechos de los trabajadores a una vida digna y a condiciones laborales seguras y salubres.

Una trabajadora de Instacart carga alimentos en su automóvil para entregarlos a domicilio en San Leandro, California, 1 de julio de 2020. © 2020 Ben Margot/AP Photo

A las personas que trabajan para Instacart y Shipt les resulta sumamente difícil llegar a fin de mes sin las protecciones laborales básicas, concluyó Human Rights Watch. Ambas compañías utilizan algoritmos de pago poco transparentes que, según los trabajadores, hacen que sus ingresos se encuentren por debajo del salario mínimo local y que les sea muy difícil comprar alimentos y pagar la renta. La falta de otras protecciones, como licencia remunerada por enfermedad e indemnización para el supuesto de lesiones o enfermedades laborales, también pone en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores. 

“La Propuesta 22 dejaría a los trabajadores de las aplicaciones digitales para la compra de alimentos a merced de misteriosos algoritmos de pago que les niegan un salario mínimo”, señaló Amos Toh, investigador sénior sobre inteligencia artificial y derechos humanos de Human Rights Watch. “Votar No a la Propuesta 22 es un paso fundamental para revertir la explotación de los trabajadores de plataformas, que tienen derecho a una vida digna como el resto de nosotros”.

Entre mayo y agosto de 2020, Human Rights Watch entrevistó a 19 trabajadores de Instacart y Shipt en California y en otros lugares. Human Rights Watch también habló con expertos en derecho laboral y tecnología, representantes sindicales y economistas, y consultó estudios sobre ingresos de los trabajadores, políticas y prácticas de las empresas y presentaciones judiciales.

La Propuesta 22 quitaría a los trabajadores de entrega a domicilio mediante aplicaciones las protecciones laborales que existen en el estado, incluido el salario mínimo. Si bien exigiría que las empresas paguen a los trabajadores el 120% del salario mínimo aplicable mientras cumplen con los pedidos, esta fórmula no prevé una remuneración para los trabajadores por el tiempo en que esperan que se hagan pedidos.

No hay información pública sobre los tiempos de espera promedio de los trabajadores de Instacart y Shipt, pero un estudio de aplicaciones de viajes compartidos indica que los conductores pasan aproximadamente el 33 % del tiempo esperando. Philippa Mayall, una persona que realiza compras para otros a través de Shipt, indicó a Human Rights Watch que algunos días eran “tan lentos” que solo tenía “un pedido cada dos horas”.

La Propuesta 22 establecería un pago para los trabajadores que no es suficiente para cubrir los gastos relacionados con el trabajo, al reembolsarles apenas 30 centavos por cada milla recorrida para completar una entrega. Según el Proyecto para una Legislación Laboral Nacional (National Employment Law Project), esta tarifa de reembolso dista de ser suficiente para cubrir los gastos, que incluyen desde gasolina y datos móviles hasta artículos de limpieza.

La propuesta se diferencia radicalmente del Proyecto de la Asamblea Legislativa 5, una ley que California promulgó en septiembre de 2019 por la cual se exige que las empresas del sector de la economía del trabajo en plataformas reclasifiquen a sus trabajadores como empleados en lugar de contratistas independientes. Además de proporcionarles el salario mínimo local, esta reclasificación les da derecho a otras protecciones laborales como el seguro de desempleo del estado, pago de horas extras, indemnización por accidentes de trabajo y licencia remunerada por enfermedad. La Propuesta 22 revertiría esta reclasificación y, de este modo, eliminaría estas protecciones para los trabajadores de las aplicaciones de compra de alimentos.

La falta de protecciones en cuanto al salario mínimo ha hecho posible que Instacart y Shipt introduzcan algoritmos inescrutables que cambian constantemente y generan una inmensa volatilidad en los pagos e inseguridad financiera. “Sin aviso alguno, Instacart puede cambiar nuestra paga”, dijo Ginger Anne Farr, que reparte pedidos a través de Instacart. “En un momento tomaron nuestra paga y la recortaron, al punto en que tuve que recurrir a asistencia financiera y pedir ayuda para conseguir comida mientras trabajaba a tiempo completo para ellos”.
Los problemas con las propinas también reducen los ingresos de los trabajadores. Instacart no ha cedido a los reclamos de los repartidores para que se cambie la opción de propina predeterminada del 5 % al 10 %, a pesar de que estas personas dependen en gran medida de las propinas. Shipt ha reconocido errores en su sistema de propinas y manifestó que se ocuparía de resolverlos.

“Las fallas técnicas en la aplicación [Shipt] y otros problemas hacen que las propinas sean incluso menos confiables”, comentó Willy Solis, un repartidor de Shipt y uno de los dirigentes de Gig Workers Collective. “Está provocando una enorme fluctuación en nuestra paga”.

Según los registros de la Secretaría de Estado de California, Instacart y otras cuatro empresas del sector de la economía del trabajo en plataformas han gastado más de USD 185 millones en acciones para que se apruebe la Propuesta 22. Se trata de la campaña de consulta popular más costosa de la historia del estado. Instacart no respondió a una solicitud de comentarios.

Shipt no ha hecho comentarios sobre la Propuesta 22. Un portavoz de Shipt dijo a Human Rights Watch que su modelo de pago actualizado tiene en cuenta el “esfuerzo” de los repartidores y negaban “rotundamente” que este modelo careciera de transparencia. Sin embargo, Shipt indicó que el modelo de pago es “de propiedad exclusiva” y que no divulgaría de qué manera aprueba factores tales como el tiempo de entrega, la cantidad o el peso de los artículos pedidos y la distancia recorrida.

Shipt también afirma que en septiembre de 2020 pagó en promedio “USD 21.97 por compra” a nivel nacional. No obstante, sin información adicional, es imposible determinar si esta cifra cumple con el estándar de salario mínimo por hora. Shipt no especifica el tiempo de compra promedio, que puede variar ampliamente en función de la cantidad de artículos pedidos, el tránsito y la distancia. La cifra que Shipt cita incluye bonificaciones por única vez conocidas como “paga promocional” que quedan a criterio de la empresa, así como propinas, que no son parte del cálculo del salario mínimo en California. La cifra de Shipt no tiene en cuenta los gastos ni los impuestos sobre la nómina adicionales que pagan los contratistas independientes.

“La campaña a favor de la Propuesta 22 que están financiando estas grandes empresas del sector amenaza con crear una clase de trabajadores que luchan por sobrevivir”, señaló Lena Simet, investigadora sénior sobre pobreza y desigualdad de Human Rights Watch. “Para impedir que se prive a los trabajadores de sus derechos más básicos, los votantes de California deben votar No a la Propuesta 22”.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Región / País