France: Immigrant Children Being Denied Protection

Unaccompanied children arriving in France’s Alpine region undergo flawed age assessment procedures that deny many access to needed protection.

(París) – Los niños no acompañados que llegan a la región alpina de Francia se ven sometidos a procedimientos defectuosos de verificación de la edad que les deniegan el acceso a cuidados y medidas de protección que necesitan, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 80 páginas, “Subject to Whim: The Treatment of Unaccompanied Migrant Children in the French Hautes-Alpes” (“Sujetos al capricho: el trato que reciben los niños migrantes no acompañados en los Altos Alpes franceses”), reveló que los examinadores encargados de certificar la condición de un niño como menor de edad, es decir, menor de 18 años, no cumplen con los estándares internacionales. Human Rights Watch descubrió que los examinadores recurren a varias justificaciones para denegar la protección a los niños. Entre ellas se destacan: pequeños errores que comenten los menores con las fechas, su desconfianza para  abordar en detalle las experiencias traumáticas que vivieron o el trabajo que llevaban a cabo en sus países de origen o durante el tránsito, y lo que los examinadores consideran como objetivos de vida poco realistas.

“La protección de los niños no debería ser una cuestión de capricho”, dijo Bénédicte Jeannerod, directora de Francia para Human Rights Watch. “Las certificaciones de edad deberían darles a los niños la oportunidad de recibir un proceso justo, en lugar de ser una excusa para denegarles protección”.

Human Rights Watch ha encontrado deficiencias similares en los procedimientos de evaluación de la edad en París y ha escuchado testimonios sobre la toma de decisiones arbitrarias por parte de las autoridades en otros lugares de Francia. Esto sugiere que los procedimientos defectuosos son un problema generalizado en toda Francia.

Human Rights Watch entrevistó a 59 niños, una niña y un joven de 18 años en el departamento francés de Altos Alpes y revisó 36 archivos de casos adicionales para el informe. Human Rights Watch también habló con abogados, proveedores de atención médica, personal y voluntarios de agencias humanitarias y asociaciones informales, así como con funcionarios.

Según la legislación francesa, los niños no acompañados deben ser atendidos por el sistema de protección infantil, el Service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Como primer paso, las autoridades de bienestar infantil requieren que los niños no acompañados se sometan a evaluaciones de edad antes de ser reconocidos formalmente como menores.

Las normas internacionales exigen que la evaluación de la edad se use como último recurso y solo cuando haya serias dudas sobre la edad declarada de una persona y falten pruebas documentales. Las regulaciones francesas estipulan que las evaluaciones de edad deben realizarse de una manera “caracterizada por la neutralidad y la compasión”. Siguiendo los estándares internacionales, las evaluaciones de edad deben otorgar el beneficio de la duda cuando existe una posibilidad razonable de que la edad declarada sea correcta.

Muchos niños que llegan solos a Francia, ya sea a la región de los Altos Alpes u otros lugares, han sufrido graves abusos en sus países de origen; han sido torturados, realizado trabajos forzados o han recibido otros malos tratos en Libia; por no mencionar los aterradores cruces marítimos en barcos hacinados que han tenido que soportar en su travesía a Europa. Muchos muestran síntomas de trastorno de estrés postraumático, señalaron los médicos a Human Rights Watch. Pero el proceso de examen de la edad no parece tener en cuenta estas circunstancias ni los efectos bien documentados del TEPT sobre la memoria, la concentración y la expresión emocional, descubrió Human Rights Watch.

Una consecuencia inmediata de una evaluación negativa de la edad es el desalojo del refugio de emergencia para niños no acompañados, incluso para aquellos que solicitan una revisión ante un juez. Algunos niños encontraron refugio con familias o en “ocupaciones” dirigidas por redes de voluntarios. Otros se quedan en refugios para adultos o viven en las calles. El proceso de revisión puede tardar meses, lo que puede socavar su elegibilidad para la situación migratoria regular cuando cumplan 18 años.

La mayoría de los niños entrevistados dijeron que pasaron entre seis meses y un año o más en Italia antes de decidirse ir a Francia. Muchos mencionaron la falta de acceso a la educación y la atención médica como las principales razones para abandonar Italia. Algunos citaron actitudes discriminatorias por parte de los funcionarios del gobierno y la población en general.

Las evaluaciones de edad defectuosas no son el único obstáculo que enfrentan los niños no acompañados.

La policía fronteriza en el departamento francés de Altos Alpes ha devuelto sumariamente a numerosos niños migrantes no acompañados que intentan cruzar la frontera entre Italia y Francia, en lugar de remitirlos a los servicios de protección, descubrió Human Rights Watch. Estos testimonios son consistentes con los informes del Defensor de los Derechos de Francia, organizaciones no gubernamentales, abogados y grupos de voluntarios.

Amadin N., de Benín, de 17 años, dijo: “Mostré mis papeles que decían que era menor de edad, pero la policía no me quiso escuchar”.

La ley francesa ha habilitado un proceso acelerado de “denegación de entrada” para niños y adultos detenidos a menos de 10 kilómetros de la frontera. En estos casos, la policía notifica por escrito los motivos por los que se le deniegan la entrada y los derechos de solicitar asilo y apelación. En su lugar, deberían asignarse tutores a estos niños. Parece que la policía no respetó estas protecciones procesales limitadas en los nueve casos descritos a Human Rights Watch.

Para evitar la detención y la devolución sumaria, los niños no acompañados dijeron haber caminado hacia los alto de las montañas, fuera de los senderos establecidos, por lo que experimentaron riesgos significativos. Muchos menores llegan a Briançon, una de las principales ciudades de la región, con síntomas de congelación y agotamiento, además de otras lesiones.

La policía francesa acosa y a veces busca el enjuiciamiento de personas que ayudan a los inmigrantes en apuros en las montañas. Las autoridades han seguido interponiendo cargos penales a pesar de un fallo judicial de julio de 2018 que establece que ayudar a otras personas necesitadas, entre ellas inmigrantes indocumentados, está protegido constitucionalmente.

Los trabajadores humanitarios, voluntarios y activistas que participan en operaciones de búsqueda y rescate en las montañas aseguran que las autoridades recurrentemente verifican sus papeles, inspeccionan sus vehículos y les citan por infracciones menores en las carreteras en circunstancias que sugieren que la policía no las está empleando con miras a la seguridad pública u otros fines policiales, sino como herramienta para crear un ambiente hostil hacia los trabajadores humanitarios.

Estas formas de acoso no son exclusivas de los Altos Alpes: los trabajadores humanitarios, voluntarios y activistas que operan en Calais y sus alrededores han descrito prácticas similares a Amnistía Internacional, el Defensor de los Derechos de Francia, Human Rights Watch y relatores especiales de la ONU.

Francia comparte las mismas obligaciones que todos los demás países de la Unión Europea de conceder a los niños no acompañados que llegan a sus fronteras salvaguardas especiales que protegen sus derechos humanos, tal como se establece en el derecho internacional y de la UE. Como ponen en evidencia otras investigaciones de Human Rights Watch, Francia no es el único país de la UE que no cumple con estas obligaciones de derechos humanos de manera consistente. El hecho de que otros países hayan violado los derechos de los niños no acompañados no mitiga el deber de Francia de cumplir con las normas internacionales y regionales así como el derecho de la UE, señaló Human Rights Watch.

Las autoridades francesas deberían reformar los procedimientos y las prácticas de evaluación de la edad para cumplir con los estándares internacionales y garantizar que no se deniegue arbitrariamente el reconocimiento formal a los menores. Entre otros pasos, la detección del trastorno de estrés postraumático por parte de psiquiatras calificados, con asesoramiento previo a la evaluación de aquellos que muestran síntomas, resultaría en un proceso más justo. Los protocolos deberían desarrollarse con el asesoramiento de expertos para determinar cuándo, cómo y quién debe evaluar a estos menores.

Las autoridades deberían poner fin a las expulsiones sumarias de niños migrantes no acompañados a Italia y, en su lugar, transferirlos inmediatamente al sistema de bienestar infantil para una protección y atención adecuadas.

Las autoridades francesas también deberían prevenir y garantizar la rendición de cuentas por el acoso policial de los trabajadores humanitarios.

“Ayudar a niños y adultos necesitados, cualquiera que sea su situación migratoria, nunca debería ser tratado como un delito”, dijo Jeannerod. “Los niños migrantes deben ser justamente evaluados para recibir la protección a la que tienen derecho”.