(Londres) – Cientos de personas con problemas de salud mental reales o percibidos permanecen encadenados o encerrados en campamentos de oración en Ghana, a pesar de algunos avances, un año después de que el gobierno se comprometió a imponer una prohibición a los grilletes, dijo hoy Human Rights Watch en el Día Mundial de la Salud Mental.

El gobierno de Ghana debería tomar medidas inmediatas para poner fin al encadenamiento de personas, estableciendo un sistema de monitoreo para garantizar el cumplimiento de la prohibición y desarrollando más los servicios comunitarios de salud mental. Como parte de la primera Cumbre Mundial de Salud Mental, organizada por el Reino Unido del 9 al 10 de octubre de 2018, Ghana debería reafirmar su compromiso con un enfoque a la salud mental basado en los derechos y una consulta significativa con personas con discapacidades psicosociales (enfermedades de salud mental ).

“Cientos de personas con discapacidades psicosociales siguen encadenadas como si fueran ganado”, dijo Shantha Rau Barriga, directora de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch. “No sólo es importante que desaparezcan las cadenas, sino que el gobierno debe sensibilizar a las comunidades e invertir en los servicios locales de salud mental. De no llevarse a cabo estas medidas, las personas con discapacidades psicosociales podrían. otra vez, verse sometidas a la cruel y abominable práctica del encadenamiento y la prohibición del gobierno no será más que una amenaza vacía”.

El jefe de la Autoridad de Salud Mental de Ghana, Akwasi Osei, anunció en el Día Mundial de la Salud Mental en 2017 que el gobierno aplicaría la disposición de la Ley de Salud Mental de 2012 de que las personas con discapacidades psicosociales “no serán sometidas a tortura, crueldad, trabajo forzado ni cualquier otro tratamiento inhumano”, incluyendo los grilletes. Dijo que era “ilegal encadenar a una persona”.

Sin embargo, en una visita reciente con la Autoridad de Salud Mental al campamento de oración Mount Horeb en Mamfi, Human Rights Watch descubrió que docenas de personas con discapacidades psicosociales siguen encadenadas y detenidas en condiciones precarias y de hacinamiento.

Durante esa visita, Human Rights Watch descubrió a más de 140 personas con problemas de salud mental reales o percibidos detenidas en habitaciones insalubres y oscuras, con poca ventilación u oportunidades para salir. El hedor de la orina era sobrecogedor. Una habitación albergaba a 60 hombres, algunos de los cuales llevaban allí más de cinco años. A día 10 de octubre, 42 hombres permanecen confinados en esa habitación con la puerta cerrada con llave. Actualmente el campamento alberga a 113 personas con problemas de salud mental reales o percibidos.

Un hombre de 63 años que lleva allí desde 2012 dijo: “Cuando salgo, me siento bien. Pero no podemos salir”.

Ante la creencia de que estas discapacidades son causadas por una maldición o espíritus malignos, las familias llevan a personas con problemas de salud mental reales o percibidos a campos de oración como este.

Osei expresó su preocupación por el encadenamiento y el hacinamiento en el campamento de Mount Horeb: “Nosotros podríamos estar en su lugar. Y la pregunta es, si estuviese en su lugar ... ¿me gustaría que me tratasen de esta manera? La respuesta es ‘no’”. Continuó diciendo que “las personas [con] enfermedades mentales son seres humanos como nosotros, y debemos respetar completamente sus derechos humanos”. Bajo la presión de la Autoridad de Salud Mental, la dirección del campamento se ha comprometido a eliminar la práctica del encadenamiento.

En junio de 2017, en un esfuerzo por hacer cumplir la ley, la Autoridad de Salud Mental liberó a 16 personas, incluidas dos niñas, en el Campo de Oración Nyankumasi en el centro de Ghana. Los liberados, algunos de los cuales tienen problemas de salud mental, fueron trasladados al Hospital Psiquiátrico Ankaful. Desde entonces, el campamento ha dejado de utilizar cadenas.

En una visita al campamento en septiembre, Human Rights Watch habló con Félix, un hombre culto de 46 años que se encontraba entre los liberados en el campamento. Permaneció encadenado a un árbol durante cinco años y sigue viviendo allí, libre de cadenas, en una habitación propia. Dijo: “Cuando estaba debajo del árbol, [era] muy difícil, muy difícil, y ... no podíamos hacer nada al respecto”. Ante la pregunta de cómo se sintió cuando les retiraron las cadenas, él simplemente dijo: “Estábamos muy muy felices”.

Siguen existiendo importantes brechas en las iniciativas para poner fin a la práctica de los grilletes en todo el país, en parte porque aún no se ha establecido el sistema de monitoreo establecido por la Ley de Salud Mental de 2012. Se ha estancado por la falta de voluntad política en los niveles más altos, dijeron a Human Rights Watch funcionarios gubernamentales y aliados de grupos no gubernamentales. El antiguo experto en tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, instó al establecimiento y la financiación adecuada de dicho sistema de supervisión tras sus visitas a Ghana en 2013 y 2015.

No hay cifras oficiales sobre cuántos campamentos de oración existen en Ghana, cuántos de ellos encadenan a las personas con discapacidades psicosociales o el número de personas que están encadenadas. Sin un sistema de monitoreo, los campamentos operan prácticamente sin supervisión gubernamental.

El gobierno de Ghana debe establecer de inmediato el sistema de monitoreo, descrito en la ley como Comités de Visita, señaló Human Rights Watch. El gobierno debe proporcionar recursos adecuados para llevar a cabo investigaciones para garantizar que las personas con discapacidades psicosociales no sean sometidas a tratos inhumanos o degradantes u otros abusos.

Paralelamente, el gobierno debería desarrollar servicios de salud mental comunitarios basados ​​en los principios de derechos humanos de consentimiento informado, dignidad y libertad frente a la tortura, que permitan a las personas con discapacidades psicosociales vivir en la comunidad. El gobierno también debe crear campañas de concientización pública para cambiar las actitudes discriminatorias hacia las personas con discapacidades psicosociales.

“Hay demasiados estigmas e incomprensión en torno a la salud mental, lo que lleva a abusos contra personas con discapacidades psicosociales, y ningún organismo gubernamental está prestando atención”, aseguró Barriga. “La supervisión es más importante que nunca para garantizar que las personas que han sido liberadas de las cadenas recuperen sus derechos y su dignidad”.