Manifestantes sostienen pañuelos verdes, que simbolizan el movimiento de derechos a favor del aborto, durante una manifestación a favor de la legalización del aborto en las afueras del Congreso en Buenos Aires, Argentina, 31 de mayo de 2018.

© 2018 Reuters
(Washington, DC) – El Senado argentino, en una votación prevista para el 8 de agosto, debería aprobar una propuesta legislativa que limitaría la penalización del aborto, la cual menoscaba los derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio.

“El Senado argentino tiene una oportunidad histórica para proteger los derechos de las mujeres al poner fin a este estatus quo injusto y cruel que pone sus vidas y salud en riesgo”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Argentina debería sumarse a la tendencia global hacia ampliar el acceso al aborto legal y proteger los derechos y la dignidad de las mujeres y niñas.”

En Argentina el aborto es ilegal, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo. La nueva propuesta legislativa despenalizaría completamente el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y permitiría que mujeres y niñas interrumpan su embarazo después de ese período si el embarazo es consecuencia de una violación, si existe un riesgo para la vida o la salud de las mujeres y niñas, o si el feto presenta enfermedades graves incompatibles con la vida extrauterina.

En su testimonio ante el Congreso, el 31 de mayo de 2018, Vivanco afirmó que la despenalización del aborto sería un avance fundamental para Argentina en materia de salud pública y derechos humanos. Vivanco explicó que existe una tendencia global hacia ampliar el acceso al aborto seguro y legal, que se manifestó recientemente en Irlanda a través de una votación histórica para dejar sin efecto la prohibición del aborto—establecida en la Constitución del país desde hace 35 años—y permitir que el Congreso regule sobre el acceso al aborto. 

Según el derecho internacional de los derechos humanos, Argentina debería despenalizar el aborto y asegurar el acceso seguro y legal a esta práctica, como mínimo, cuando existe un riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, cuando el feto presenta una enfermedad grave incompatible con la vida extrauterina o cuando el embarazo es resultado de violencia sexual. Las interpretaciones de expertos sobre tratados internacionales ratificados por Argentina establecen desde hace tiempo que las leyes sumamente restrictivas o que penalizan el aborto violan los derechos humanos de mujeres y niñas, incluido su derecho a la vida, a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Los abortos inseguros en situaciones en las cuales mujeres y niñas no tienen acceso al aborto legal plantean una grave amenaza para la salud de mujeres y niñas. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2010 y 2014 se practicaron 25 millones de abortos inseguros por año a nivel global. En Argentina, según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, más del 17 % de las 245 muertes de embarazadas registradas en 2016 fueron causadas por abortos. Así, el aborto ocupa el primer lugar entre las causas de mortalidad materna en el país.

Despenalizar el aborto no implica que más mujeres vayan a abortar. De hecho, las tasas de abortos son levemente inferiores en países donde esta práctica es lícita que en países con leyes sobre aborto sumamente restrictivas. Un estudio reciente llevado a cabo por el Guttmacher Institute señaló que, en países donde se prohíbe el aborto o solo se permite para salvar la vida de la mujer embarazada, la tasa de abortos es de 37 por cada 1.000 mujeres, mientras que en países donde no existen tales restricciones, es de 34 por cada 1.000 mujeres.

A nivel global, los países han extendido gradualmente los supuestos en los cuales se permite el aborto legal. El Guttmacher Institute encontró que, desde el año 2000, 28 países han reformado su legislación sobre aborto. Todos ellos, excepto Nicaragua, ampliaron las disposiciones legales para permitir abortos destinados a proteger la salud de la mujer o por motivos socioeconómicos o para autorizar abortos sin condiciones durante un período específico.