(Bruselas) – La Unión Europea y sus estados miembros deberían asegurar que todas las medidas de cooperación inmigratoria con Libia y otros países de África Meridional tengan como eje central las vidas, los derechos y la dignidad de los inmigrantes, señaló hoy Human Rights Watch.

Los líderes de la UE se reunirán en Malta el 3 de febrero de 2017, y debatirán acciones adicionales para detener la inmigración de personas que llegan en embarcaciones en el Mediterráneo central. Analizarán la posibilidad de incrementar el financiamiento y la capacitación brindados al Gobierno Libio de Concertación Nacional respaldado por las Naciones Unidas —una de las tres autoridades que se disputan el poder en el país— y reforzar así la vigilancia y el control fronterizo tanto en la costa como en los confines del sur de Libia. También se analizarán en Malta las medidas de cooperación en materia inmigratoria con Argelia, Túnez y Egipto, centradas en la readmisión, el control fronterizo y la prevención de nuevas rutas migratorias.

“Independientemente de si se plantean estrictamente como medidas políticas o como una disposición compasiva para salvar vidas, las acciones de la UE orientadas a frenar las embarcaciones procedentes de Libia, se reducen a desviar la responsabilidad y a subcontratar a un segmento de un país asolado por el conflicto y donde los migrantes enfrentan gravísimos abusos”, apuntó Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Lo que la UE pretende denominar ‘línea de protección’, en realidad podría ser una línea de crueldad aún más profunda tanto en tierra como en mar”.

Migrants, detained after trying to reach Europe, sit on the ground of a detention camp in Gheryan, Western Libya, on December 1, 2016.

© 2016 Reuters

El encuentro de Malta se produce en un momento político decisivo, y en un contexto en el que diversos políticos de la UE proponen políticas alarmantes para reducir al mínimo las embarcaciones con inmigrantes procedentes de África Meridional, indicó Human Rights Watch. El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, propuso un acuerdo con Libia similar al suscripto con Turquía, que permite a la UE enviar de regreso a solicitantes de asilo. Austria promueve activamente el modelo australiano de centros de procesamiento extraterritorial, a pesar de las evidencias de que en estos centros se cometen abusos. Por último, pareciera existir consenso en cuanto a aceptar progresivamente los “conceptos de tercer país seguro” para aprobar la devolución de personas extranjeras al primer país de llegada fuera de la UE.

La posibilidad de que la UE considere seriamente enviar a inmigrantes de regreso a Libia es muy preocupante, manifestó Human Rights Watch. En un documento interno al cual tuvo acceso Human Rights Watch, se indicaba que Malta, que actualmente ejerce la presidencia rotativa de la UE, propuso que la UE intentara reinterpretar la obligación de no devolución en “situaciones de crisis”. El periódico Malta Today sugirió que el documento final de la cumbre abonaría la idea de que la UE examine “la posibilidad de enviar a inmigrantes de regreso a Libia, y los posibles obstáculos a esta medida, y a la vez observar el derecho internacional”.

“La insinuación de que la UE podría considerar cómo esquivar el derecho internacional y enviar a personas de regreso a Libia, donde enfrentan abusos, muestra el pobrísimo nivel al que ha llegado el diálogo político”, opinó Sunderland. “Enviar a personas de regreso sería contrario a derecho, además de una medida indigna, y traicionaría los valores sobre los cuales se han construido la UE y sus estados miembros”.

Hay evidencias abrumadoras de abusos gravísimos contra inmigrantes en Libia, destacó Human Rights Watch. El alarmante informe de diciembre de 2016 producido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la misión de la ONU en Libia documentó una situación generalizada de desnutrición, trabajo forzado, enfermedades, golpizas, abusos sexuales, torturas y otros abusos en centros de detención inmigratoria en Libia. Un memorando del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania que se filtró a la prensa esta semana indicaba que en Libia se ejecuta, tortura y viola sexualmente a inmigrantes “a diario”, y que también es común que se les exijan sobornos o que los desaparezcan en el desierto. Human Rights Watch ha documentado abusos contra migrantes en Libia durante años, incluso algunos perpetrados por miembros de la guardia costera de ese país.

El derecho internacional y las normas de la Unión Europea prohíben a los países de la UE enviar a personas de regreso a cualquier lugar donde exista un riesgo real de que sufran un daño grave, como en Libia, y esto se conoce como obligación de no devolución. En octubre de 2015, la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) instó a todos los países a permitir que ingresaran en sus territorios civiles que huyen de Libia, incluidas personas extranjeras. Sin duda, este pedido es ahora más relevante que nunca, destacó Human Rights Watch. ACNUR también ha exhortado a todos los estados a que suspendan todas las devoluciones forzadas a Libia hasta que mejore sustancialmente la situación de seguridad y derechos humanos allí. Las autoridades y los tribunales italianos que resuelven pedidos de asilo han autorizado la permanencia humanitaria de inmigrantes que no eran de nacionalidad libia, debido a la violencia experimentada en Libia. Cabe destacar que Libia no es parte en la Convención sobre Refugiados de 1951 y no ha adoptado leyes ni procedimientos internos para atender las solicitudes de asilo.

Se espera que, el 3 de febrero, los líderes reunidos en Malta se manifiesten a favor de intensificar la cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, a fin de mejorar las condiciones y el trato de los migrantes en Libia, incluidos solicitantes de asilo y refugiados. Se necesitan con premura mejoras concretas y más protecciones para los inmigrantes, pero también es igualmente vital que haya opciones para que las personas puedan viajar en forma segura y lícita desde Libia, incluso a través del mecanismo de reasentamiento, señaló Human Rights Watch. Las realidades que se observan en el terreno hacen que sea muy difícil lograr mejoras en el corto plazo. Vincent Cochetel, director de ACNUR para Europa, ha advertido sobre los límites a lo que su agencia y otras organizaciones humanitarias pueden hacer en Libia.

En 2016 desembarcaron en Italia más de 180.000 inmigrantes; de estos, cerca del 15 por ciento eran menores, que en su gran mayoría no viajaban acompañados. Entre los llegados en 2016 hubo aproximadamente 24.000 mujeres, y casi la mitad procedían de Nigeria. La OIM estima que el 80 por ciento de las mujeres nigerianas en Italia son víctimas de trata de personas. Al menos 4.579 personas murieron en el Mediterráneo central en 2016, y 227 ya han fallecido o han sido informadas como extraviadas durante el primer mes de 2017.

Aumentar la capacidad de las autoridades de Libia y de países vecinos para salvar vidas en el mar y también en tierra, y apoyar la creación de regímenes que aseguren una protección genuina en los países de primera llegada, son objetivos a largo plazo importantes. Sin embargo, no son un sustituto para el acceso a garantías en la UE por quienes hoy las necesitan.

La UE debería garantizar la continuidad de misiones persistentes de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, incluso por parte de organizaciones no gubernamentales que realizan una labor vital; intentar obtener autorización para que los buques con bandera de la UE brinden asistencia en rescates en aguas de Libia; y llevar a todas las persona rescatadas a Europa para que allí se evalúen de manera justa sus necesidades de protección.

Los líderes de la UE deberían promover un mecanismo que les permita monitorear —de manera independiente, imparcial y transparente— la situación en los centros de detención inmigratoria en Libia, evaluar si los esfuerzos para mitigar el sufrimiento de los inmigrantes están dando resultados y estar dispuestos a suspender la capacitación y la cooperación en Libia si persisten los graves abusos.

Los estados miembros deberían repartir la responsabilidad por los solicitantes de asilo de manera más equitativa e intensificar la reubicación de un número mayor de solicitantes de asilo dese Italia hacia otros sitios en la UE. Y la UE debería ampliar las formas seguras y lícitas por medio de las cuales pueden llegar a Europa los inmigrantes, incluidos solicitantes de asilo y refugiados. Esto incluye aumentar sustancialmente el reasentamiento de personas a quienes se les ha reconocido la condición de refugiados, el uso de visas humanitarias para permitir que los solicitantes de asilo se trasladen a la UE para solicitar protección y facilitar la reunificación familiar.

“Los líderes de la UE pueden aspirar a que Libia se convierta en un país estable y seguro donde prevalezca el estado de derecho y que pueda controlar sus fronteras respetando los derechos de las personas; sin embargo, por ahora no existe la posibilidad de asilo y la situación de los inmigrantes que están allí es una afrenta a los valores humanitarios más fundamentales”, expresó Sunderland. “La UE no puede lavarse las manos y desentender esa realidad aportando únicamente dinero o programas de capacitación”.