El presidente de Colombia Álvaro Uribe.

© 2009 Reuters

(Washington, DC) - El presidente Barack Obama debería plantear preocupaciones por la grave situación de los derechos humanos en Colombia durante su primera reunión oficial con el Presidente de ese país, Álvaro Uribe, el 29 de junio de 2009, recomendó Human Rights Watch en una carta que se dio a conocer el día de hoy.

La carta de siete páginas, firmada por Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, y enviada a Obama el 24 de junio de 2009, ofrece una descripción detallada de los antecedentes del gobierno de Uribe en relación con los derechos humanos e insta a Obama a que abandone la política de apoyo incondicional al gobierno colombiano que mantenía el gobierno de Bush. En particular, Human Rights Watch pidió a Obama que aclare que la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, que actualmente se encuentra paralizado, y la continuidad del fuerte flujo de asistencia militar estadounidense dependerán del respeto que muestre el gobierno de Uribe por principios básicos de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

"Le pedimos que se mantenga firme en su postura adoptada durante la campaña presidencial y que deje en claro que ... el apoyo de su gobierno al TLC dependerá de si los trabajadores de Colombia pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados", manifestó Roth en la carta. "También lo instamos a que aclare que Estados Unidos exigirá el cumplimiento de las condiciones existentes de derechos humanos a las cuales está supeditada la ayuda militar".

La carta destaca varios problemas graves de derechos humanos y amenazas para la democracia en Colombia. Entre estos, se incluyen:

  • Los recientes escándalos sobre prácticas generalizadas de vigilancia e interceptaciones ilícitas por el servicio de inteligencia nacional (el Departamento Administrativo de Seguridad o DAS), que depende directamente de Uribe. La vigilancia se concentró casi totalmente en figuras políticas de oposición, como el ex presidente César Gaviria, en los jueces de la Corte Suprema que investigaban la infiltración de las mafias paramilitares en el Congreso colombiano, y en periodistas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos.
  • Las reiteradas agresiones verbales y actos de intimidación contra sus opositores por parte de Uribe y algunos altos funcionarios del gobierno, quienes a menudo intentan vincular el trabajo legítimo llevado a cabo por defensores de los derechos humanos, periodistas o sindicatos con las brutal guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
  • Los frecuentes asesinatos extrajudiciales de civiles atribuidos al Ejército colombiano, que hace poco fueron calificados por el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales como "sistemáticos". La Fiscalía General de la Nación aparentemente estaría investigando numerosos casos que afectaron a más de 1,700 víctimas durante los últimos años. Uribe se niega a reconocer la magnitud del problema.
  • La violencia continua contra sindicalistas, y la impunidad por estos delitos. Colombia registra el mayor número de asesinatos de sindicalistas de todo el mundo. Según datos obtenidos por la Escuela Nacional Sindical (ENS), más de 2,700 sindicalistas habrían sido asesinados desde 1986. La ENS registró 49 asesinatos de este tipo durante 2008, lo cual supone un incremento respecto de los 39 documentados en 2007. Hasta mediados de junio de este año, registró 20 asesinatos. El 96 por ciento de los asesinatos están impunes.
  • El incremento en la actividad de nuevos grupos armados vinculados con los paramilitares, a pesar de su supuesta desmovilización. Los nuevos grupos aplican métodos similares a los de los antiguos paramilitares, y recurren a amenazas, asesinatos selectivos y al desplazamiento forzado de civiles. En parte debido a esto, se ha registrado un incremento de ciertos abusos, como el desplazamiento forzado. El año pasado, más de 380,000 personas fueron desplazadas dentro del país. La violencia en la ciudad de Medellín también escaló abruptamente, en gran medida como resultado de las actividades de nuevos grupos.

La carta destacó que las instituciones de justicia desempeñan un rol fundamental en la investigación y desarticulación de los grupos paramilitares. Tal como ha sido documentado por Human Rights Watch en informes anteriores, Uribe ha tomado medidas en reiteradas oportunidades que podrían frustrar las investigaciones acerca de la influencia de los paramilitares en el sistema político.

"Esperamos que también aproveche esta oportunidad para expresar al Presidente Uribe la importancia de actuar de conformidad con los principios básicos democráticos y de derechos humanos, incluido el respeto por la separación de poderes y el papel de la sociedad civil", señaló Roth en la carta.