México: Lecciones de un sexenio perdido

Mexico: Lessons from a Human Rights Catastrophe

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha heredado una catastrófica situación de derechos humanos que combina violencia extrema por parte de la delincuencia organizada, abusos generalizados por militares, policías y agentes del ministerio público, y una impunidad casi absoluta para todos ellos.
 
Su antecesor, el presidente Enrique Peña Nieto, intentó en un primer momento ignorar estos problemas. Pero las atrocidades que aún ocurren en el país generaron indignación pública y lo obligaron a apoyar reformas que podrían ayudar a detener los abusos, si alguna vez son implementadas adecuadamente.
 
Los artículos de esta serie analizan la situación de derechos humanos durante la presidencia de Peña Nieto: cuáles fueron sus fracasos, en qué aspectos se consiguieron avances limitados y qué debería hacer el actual gobierno para contener la violencia y fortalecer el Estado de derecho en México.

1. La militarización de la seguridad pública
2. Violencia y opacidad
3. Tortura y verdad histórica
4. Desaparición forzada, delito permanente
5. Los otros desaparecidos

The Other Disappeared

On January 15, President Andrés Manuel López Obrador will install a “Truth and Justice Commission” to assist the families of the 43 students from the Ayotzinapa teachers college who were disappeared in Iguala, Guerrero, in 2014.  It was fitting—and commendable—that the decree establishing this important initiative was one of the official acts of his presidency in December.  It was also fitting that the parents of other disappeared people stood outside the ceremony demanding that his administration address their cases as well. 

Along with the help of diggers, members from the Colectivo Solecito, a group of women whose children are missing, have excavated more than 250 skulls from the site over a period of 8 months near Veracruz City, Mexico, March 23, 2018. © 2018 Daniel Berehulak/The New York Times/Redux

The disappearance of students in Iguala shocked the conscience of Mexico—and the world—in a way few atrocities in the country have before it. The impact was due to the large number of victims, the fact they were students, the police participation in their abduction, and the authorities’ inability or unwillingness to find them. But also fueling the public outrage was the fact—which became abundantly clear almost immediately—that this horrific crime was not an isolated incident. 

Far from it. Under intense pressure to find the students, the federal prosecutors’ office followed leads to clandestine graves near Iguala and, within a few weeks, exhumed 39 bodies. None were the students. The public attention to the disappearances prompted other people in Guerrero to speak out about their own missing loved ones. Families demanded investigations or began their own searches. Some banded together to form a collective called “The Other Disappeared of Iguala.” Their efforts have led to the exhumation of 168 bodies. READ MORE:

Los otros desaparecidos

Este 15 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador instalará la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa para asistir a las familias de los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, Guerrero, en 2014. Fue apropiado —y encomiable— que el decreto que creó esta importante iniciativa fuera uno de los primeros actos oficiales realizados por su presidencia en diciembre. Fue apropiado asimismo que los familiares de otras personas desaparecidas se hicieran presentes afuera de la ceremonia de firma para exigir que también atendiera sus casos. 

Con la ayuda de excavadores, miembros del Colectivo Solecito —un grupo de madres de hijos desaparecidos— han exhumado más de 250 cráneos durante un lapso de ocho meses en este lugar, cerca de la ciudad de Veracruz, México, 23 de marzo de 2018. © 2018 Daniel Berehulak/The New York Times/Redux

La desaparición de los estudiantes en Iguala conmovió la conciencia de México —y del mundo entero— como pocas atrocidades en el país lo habían hecho. Esto se debió al gran número de víctimas, a que éstas eran estudiantes, a que en su desaparición estuvieron implicadas las autoridades y a que el Ministerio Público no tuvo la capacidad o la voluntad para encontrarlos. Pero la indignación pública fue también consecuencia del hecho que este crimen atroz no era un incidente aislado, cuestión que se hizo patente casi de inmediato.

En efecto, en medio de la intensa presión por encontrar a los estudiantes, la Procuraduría General de la República (PGR) siguió indicios que llevaron a los investigadores hasta fosas clandestinas cerca de Iguala y, en unas cuantas semanas, de ellas fueron exhumados 39 cuerpos. Ninguno correspondía a los estudiantes. El interés público que suscitaron las desapariciones en Guerrero animó a otras personas en este estado a hablar sobre sus propios seres queridos desaparecidos. Las familias exigieron investigaciones o empezaron su propia búsqueda. Algunas se agruparon para formar el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala. Hasta ahora sus esfuerzos han dado como resultado la exhumación de más de 160 cuerpos. LEER MÁS:

Desaparación forzada, delito permanente

 
Como abogados especializados en derechos humanos, generalmente no hacemos ránkings sobre los abusos que documentamos. Sin embargo, después de haber entrevistado a familiares de incontables víctimas a lo largo de los años, estoy convencido de que no hay crimen más cruel que la “desaparición” de un ser humano. 
 
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto (derecha) gesticula durante un evento conmemorativo del Día de la Bandera Mexicana en Iguala, estado de Guerrero, México, el 24 de febrero de 2016. Iguala es donde 43 estudiantes de una escuela rural de formación docente desaparecieron tras ser atacados por policías locales el 26 de septiembre de 2014. © ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images
En 2003, durante uno de mis primeros viajes de investigación a México, entrevisté a mujeres en el estado de Guerrero que habían perdido a familiares en los setentas, durante la “guerra sucia”. Se presumía que sus familiares estaban entre los cientos de personas que los militares ejecutaron y arrojaron al mar. Sin embargo, las familias no tenían certeza de que hubiera sido así, y era por esta incertidumbre que lloraban desconsoladamente al contar sobre la pérdida de sus seres queridos, como si hubiera ocurrido ayer y no hace varias décadas.
 
Para muchos familiares de desaparecidos, tal vez la mayoría, la pérdida del ser querido se sigue viviendo como algo reciente, aun cuando lo lógico sería suponer que, muy probablemente, la persona esté muerta hace tiempo. Mientras exista incertidumbre, habrá esperanza. Mientras haya esperanza, seguirán atrapadas en una tortuosa indefinición, sin poder hacer el duelo ni seguir adelante con sus vidas. Para los padres en particular, renunciar a la esperanza se siente como una traición, como si estuvieran matando a su propio hijo. 
 
Cuando presentamos nuestro informe sobre los casos de la “guerra sucia” al presidente Vicente Fox durante una reunión privada en Los Pinos en 2003, le dimos dos motivos por los cuales México debía investigar y juzgar estas atrocidades. Uno era la obligación del Gobierno ante estas familias. El otro era la obligación de impedir que estos delitos volvieran a ocurrir. La justicia por abusos cometidos en el pasado puede ser uno de los medios disuasorios más eficaces para que estos hechos no se repitan en el futuro, le dijimos. LEER MÁS:

Forced Disappearance, an Ongoing Crime

 
As human rights lawyers, we generally don’t rank the crimes we document. But after interviewing the families of countless victims over the years, I’m convinced there’s no crime more cruel than the “disappearance” of a human being.
 
In 2003, during one of my first research trips to Mexico, I interviewed women in Guerrero state who had lost family members during the country’s “dirty war” in the early 1970s. Their missing loved ones were presumed to be among the hundreds of people the military executed and tossed from planes into the sea. But the families weren’t sure—and this uncertainty was why they wept with anguish while recounting their loss, as if it had occurred just days before rather than decades.
 
Mexican President Enrique Pena Nieto (R) gestures during an event for the National Flag Day in Iguala, Guerrero State, Mexico on February 24, 2016. Iguala was where 43 students from a rural teachers school disappeared after they were attacked by local police on September 26, 2014.   © ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images
For many, perhaps most, relatives of the disappeared, the loss of the loved one continues to feel recent, even when logic tells them that the person is most likely dead. So long as there’s uncertainty, there will be hope. So long as there’s hope, they remain trapped in a torturous limbo, unable to mourn or move on with their lives. For parents in particular, abandoning hope feels like a betrayal, like they are killing their own child.
 
When we presented our report on the “dirty war” cases to President Vicente Fox during a private meeting in Los Pinos in 2003, we gave two reasons why Mexico needed to investigate and prosecute these atrocities. One was the government’s obligation to these families. The second was to prevent the repetition of these crimes. Justice for past abuses can be the most effect deterrent against future ones, we told him. We did not stress this second argument, however. After all, at the time, none of us thought the problem of disappearances would be returning to Mexico. READ MORE:

Torture and Historical Truth

 

In March 2015, two years into Enrique Peña Nieto’s presidency, the UN human rights expert Juan Méndez reported that torture was “generalized” in Mexico. The government responded by attacking Méndez. The then-foreign minister, José Antonio Meade, called him “irresponsible and unethical” for publishing findings “he could not back up.” What made this ad hominem attack so remarkable was that the UN expert’s findings—while deeply troubling—were in fact so very unremarkable. Few Mexicans would have been surprised by his conclusion regarding the prevalence of torture in their country.

Attorney's General office's special agents embark into an armoured car some of the 27 municipal policemen involved in an attack against students in Iguala and presented to the press in Mexico City on October 17, 2014.  © 2014 YURI CORTEZ/AFP/Getty Images

The government sought to justify its attack on Méndez by claiming that his report cited only 14 specific cases of alleged torture. It’s possible that adding more concrete cases to complement the quantitative data and other information already included in the report could have made the findings even more convincing—if, indeed, anyone actually needed convincing. But, as the Peña Nieto administration knew perfectly well, there was ample evidence to back the UN expert’s conclusion.

In 2011, a year before Peña Nieto took office, Human Rights Watch (HRW) issued a comprehensive report on abuses by Mexican security forces that received extensive media coverage, including on the front pages of the country’s leading papers. We documented the systematic use of torture in more than 170 cases. Tactics varied: there were beatings, electric shocks, asphyxiation, death threats, sexual assault. So did the torturers: they were federal, state, and municipal police; soldiers and sailors; federal and state prosecutors. READ MORE:

Tortura y verdad histórica

 

En marzo de 2015, a dos años de iniciada la presidencia de Enrique Peña Nieto, el experto en derechos humanos de la ONU, Juan Méndez, observó que la tortura era “generalizada” en México. El gobierno respondió atacando a Méndez. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, lo calificó de “irresponsable y poco ético” por haber formulado una acusación “que no pudo justificar”. Lo sorprendente de este ataque ad hominem fue que la afirmación del experto de la ONU, aunque profundamente preocupante, no tuvo nada de extraordinaria. Muy pocos mexicanos debieron haberse sorprendido en lo más mínimo ante su observación sobre la tortura en el país.

El gobierno intentó justificar su feroz ataque a Méndez alegando que su informe citaba únicamente 14 casos específicos de presuntas torturas. Es posible que si se hubieran agregado más casos concretos para complementar los datos cuantitativos y la valiosa información que incluía el informe, los hallazgos habrían sido aún más convincentes, si es que alguien todavía necesitaba algún convencimiento. Lo cierto es que, como lo sabía perfectamente el gobierno de Peña Nieto, sí había pruebas abundantes que avalaban la conclusión del experto de la ONU.

Agentes especiales de la Procuraduría General de la República suben a un vehículo blindado a algunos de los 27 policías municipales presuntamente implicados en un ataque perpetrado contra estudiantes en Iguala hace un mes.  © 2014 YURI CORTEZ/AFP/Getty Images

En 2011, un año antes que asumiera Peña Nieto, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que analizaba en profundidad abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad mexicanas. El documento recibió amplia difusión en los medios, e incluso ocupó los titulares de los periódicos de mayor circulación del país. Documentamos el uso sistemático de la tortura en más de 170 casos. Las técnicas documentadas eran diversas, e incluían golpizas, descargas eléctricas, asfixia, amenazas de muerte y agresiones sexuales. Los torturadores también eran actores diversos: policías federales, estatales y municipales; soldados y marinos; y agentes del Ministerio Público federal y de los estados.

Estos fueron sólo los casos que un investigador de nuestra organización pudo documentar haciendo trabajo de campo en apenas cinco estados. Sólo en 2013 y 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió casi 2 mil reportes de tortura, mientras que comisiones de derechos humanos estatales recibieron más de 6 mil denuncias sobre tortura o tratos inhumanos. Es imposible saber cuántas de esas denuncias eran fundadas, pues la mayoría nunca se investigó adecuadamente. Con independencia de la cantidad de casos concretos, las denuncias sobre tortura que habían trascendido en los meses previos a que Méndez presentara su informe eran más que suficientes para dejar en claro que la respuesta del gobierno era absurda. LEER MÁS:

 

Violencia y opacidad

 

El dato más notable de la “guerra contra el narcotráfico” es la aterradora cantidad de homicidios en el país. En efecto, más de 240 mil personas han sido asesinadas, según estadísticas oficiales, desde que esta “guerra” comenzó en 2006. 

Algo que se nota menos —pero también es impactante— es lo poco que se sabe sobre estas muertes. A más de una década de que el presidente Felipe Calderón iniciara esta desventurada “guerra”, en la amplia mayoría de los casos subsisten preguntas básicas que no han sido resueltas: ¿Quiénes cometieron estos crímenes? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué? 

Un policía observa un cadaver cubierto luego de una presunta ejecución vinculada con narcotráfico, el 2 de marzo de 2012 en Acapulco, México. © 2012 John Moore/Getty Images

Durante los primeros cinco años de su presidencia, Calderón ofreció una respuesta sencilla: 90% de los asesinatos vinculados con la “guerra contra el narcotráfico” eran casos de delincuentes que se mataban entre sí. El entonces presidente siguió repitiendo esta cifra a medida que aumentaban los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, llegando a un acumulado de 34 mil entre 2007 y 2011. En 2011, una delegación de Human Rights Watch se reunió con él en Los Pinos para presentarle un informe sobre abusos sistemáticos cometidos por las policías y Fuerzas Armadas durante su presidencia. Una de nuestras conclusiones fue que Calderón no tenía ningún fundamento creíble para sustentar su aseveración sobre el 90% de los casos.

Durante esos años, la Procuraduría General de la República (PGR) había iniciado investigaciones en menos de mil casos de asesinatos, presentado cargos contra 343 presuntos responsables y conseguido condenas contra apenas 22 personas. Es posible que las procuradurías estatales también hayan procesado una pequeña porción de los 34 mil casos. Pero la gran mayoría de ellos no habían sido resueltos; ni siquiera fueron investigados. LEER MÁS:

Violence and Opacity

 

The most remarkable—and remarked upon—fact about Mexico’s “drug war” is the staggering number of homicides in the country. Indeed, according to official figures, more than 240,000 people have been killed since this “war” began in 2006. 

A policeman watches a covered body at a suspected drug-related execution on March 2, 2012 in Acapulco, Mexico.  © 2012 John Moore/Getty Images

Less frequently remarked upon—but also staggering—is how little is known about these killings. More than a decade after President Felipe Calderón began this ill-fated “war,” basic questions remain unresolved for the vast majority of the cases: Who committed them? Under what circumstances? Why?   

Through the first five years of his presidency, Calderón offered a simple answer: 90 percent of the killings related to the “drug war” were criminals killing each other. He repeated this claim as the number of organized crime-related homicides grew to a cumulative 34,000 by 2011. A Human Rights Watch delegation met with him that year in Los Pinos to present a report about systematic abuses committed by police and armed forces during his presidency. Among our findings: he had no credible basis for his 90 percent claim. READ MORE:

The Militarization of Public Security

 
One of the most vexing questions Andrés Manuel López Obrador will face as president of Mexico is what to do about the country’s armed forces. For more than a decade, they have engaged in a “drug war,” with disastrous results for human rights and public security, and a corrosive impact on the rule of law. The problem, in a nutshell, is that the military is operating throughout much of Mexico with little or no effective control by civilian authorities. The Interior Security Law passed last year, if implemented in its current form, will only make matters worse.
 
A military convoy protects the vehicle of the Forensic Service which allegedly carries the remains of Ignacio 'Nacho' Coronel in Guadalajara on July 30, 2010.  © 2010 Javier Hoyos/AFP/Getty Images
 
President Enrique Peña Nieto inherited this catastrophe from his predecessor, Felipe Calderón, who within weeks of taking office in 2006 deployed Mexican troops en masse to confront organized crime in several parts of the country. The deployments were initially presented as temporary to support civilian police forces that found themselves outgunned by powerful and ruthless criminal organizations. But by the end of the Calderón’s presidency, they had become permanent in many places, with the armed forces effectively substituting for—rather than merely supporting—the police.
 
The legal basis for Calderón’s policy was dubious. Article 129 of the Constitution establishes that “in times of peace, no military authority will perform functions other than those that are strictly related to military discipline.” READ MORE:
 

La militarización de la seguridad pública

 

Una de las preguntas más espinosas que enfrentará Andrés Manuel López Obrador como presidente de México es qué hacer con las Fuerzas Armadas. Por más de una década, las fuerzas militares mexicanas han estado abocadas a una “guerra contra las drogas” que ha tenido resultados desastrosos, no sólo en términos de derechos humanos y seguridad pública, sino además por su impacto corrosivo para el estado de derecho. El problema, en pocas palabras, es que hay elementos de las fuerzas militares que están operando en gran parte de México sin mayor control efectivo de las autoridades civiles. La Ley de Seguridad Interior que fue aprobada el año pasado, si es implementada según su actual texto, sólo empeorará esta situación.

El presidente Enrique Peña Nieto heredó este desastre de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que a pocas semanas de asumir en 2006, envió de forma masiva a soldados mexicanos a enfrentarse con la delincuencia organizada en distintas regiones del país. En un primer momento, el despliegue de tropas se anunció como una medida temporaria para complementar la actuación de las fuerzas policiales civiles, que se veían superadas por poderosas y despiadadas organizaciones delictivas. Pero al término de ese sexenio, la presencia militar se había vuelto permanente en muchos sitios y las Fuerzas Armadas, en los hechos, reemplazaron a la policía, en vez de tan sólo darle apoyo.  

Un convoy militar custodia el vehículo del Servicio Forense que presuntamente transporta el cuerpo de Ignacio “Nacho” Coronel, en Guadalajara, el 30 de julio de 2010. © 2010 Javier Hoyos/AFP/Getty Images

El fundamento jurídico de la política de Calderón fue dudoso. El artículo 129 de la Constitución establece que “[e]n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. El gobierno de Calderón Hinojosa justificó el uso de las fuerzas militares citando una tesis de la Suprema Corte de 1996, que indicaba que los militares podían apoyar las actividades de seguridad pública cuando lo solicitaran las autoridades civiles. Pero esa tesis establecía un requisito clave: las Fuerzas Armadas debían desempeñar un papel “auxiliar”, de apoyo a las fuerzas civiles, y en ningún caso podían reemplazarlas. Eso no fue lo que ocurrió. LEER MÁS: