México: Lecciones de un sexenio perdido

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha heredado una catastrófica situación de derechos humanos que combina violencia extrema por parte de la delincuencia organizada, abusos generalizados por militares, policías y agentes del ministerio público, y una impunidad casi absoluta para todos ellos.
 
Su antecesor, el presidente Enrique Peña Nieto, intentó en un primer momento ignorar estos problemas. Pero las atrocidades que aún ocurren en el país generaron indignación pública y lo obligaron a apoyar reformas que podrían ayudar a detener los abusos, si alguna vez son implementadas adecuadamente.
 
Los artículos de esta serie analizan la situación de derechos humanos durante la presidencia de Peña Nieto: cuáles fueron sus fracasos, en qué aspectos se consiguieron avances limitados y qué debería hacer el actual gobierno para contener la violencia y fortalecer el Estado de derecho en México.

1. La militarización de la seguridad pública
2. Violencia y opacidad
3. Tortura y verdad histórica
4. Desaparición forzada, delito permanente
5. Los otros desaparecidos

Los otros desaparecidos

Este 15 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador instalará la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa para asistir a las familias de los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, Guerrero, en 2014. Fue apropiado —y encomiable— que el decreto que creó esta importante iniciativa fuera uno de los primeros actos oficiales realizados por su presidencia en diciembre. Fue apropiado asimismo que los familiares de otras personas desaparecidas se hicieran presentes afuera de la ceremonia de firma para exigir que también atendiera sus casos. 

Con la ayuda de excavadores, miembros del Colectivo Solecito —un grupo de madres de hijos desaparecidos— han exhumado más de 250 cráneos durante un lapso de ocho meses en este lugar, cerca de la ciudad de Veracruz, México, 23 de marzo de 2018.

© 2018 Daniel Berehulak/The New York Times/Redux

La desaparición de los estudiantes en Iguala conmovió la conciencia de México —y del mundo entero— como pocas atrocidades en el país lo habían hecho. Esto se debió al gran número de víctimas, a que éstas eran estudiantes, a que en su desaparición estuvieron implicadas las autoridades y a que el Ministerio Público no tuvo la capacidad o la voluntad para encontrarlos. Pero la indignación pública fue también consecuencia del hecho que este crimen atroz no era un incidente aislado, cuestión que se hizo patente casi de inmediato.

En efecto, en medio de la intensa presión por encontrar a los estudiantes, la Procuraduría General de la República (PGR) siguió indicios que llevaron a los investigadores hasta fosas clandestinas cerca de Iguala y, en unas cuantas semanas, de ellas fueron exhumados 39 cuerpos. Ninguno correspondía a los estudiantes. El interés público que suscitaron las desapariciones en Guerrero animó a otras personas en este estado a hablar sobre sus propios seres queridos desaparecidos. Las familias exigieron investigaciones o empezaron su propia búsqueda. Algunas se agruparon para formar el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala. Hasta ahora sus esfuerzos han dado como resultado la exhumación de más de 160 cuerpos. LEER MÁS:

Desaparación forzada, delito permanente

 
Como abogados especializados en derechos humanos, generalmente no hacemos ránkings sobre los abusos que documentamos. Sin embargo, después de haber entrevistado a familiares de incontables víctimas a lo largo de los años, estoy convencido de que no hay crimen más cruel que la “desaparición” de un ser humano. 
 

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto (derecha) gesticula durante un evento conmemorativo del Día de la Bandera Mexicana en Iguala, estado de Guerrero, México, el 24 de febrero de 2016. Iguala es donde 43 estudiantes de una escuela rural de formación docente desaparecieron tras ser atacados por policías locales el 26 de septiembre de 2014.

© ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images
En 2003, durante uno de mis primeros viajes de investigación a México, entrevisté a mujeres en el estado de Guerrero que habían perdido a familiares en los setentas, durante la “guerra sucia”. Se presumía que sus familiares estaban entre los cientos de personas que los militares ejecutaron y arrojaron al mar. Sin embargo, las familias no tenían certeza de que hubiera sido así, y era por esta incertidumbre que lloraban desconsoladamente al contar sobre la pérdida de sus seres queridos, como si hubiera ocurrido ayer y no hace varias décadas.
 
Para muchos familiares de desaparecidos, tal vez la mayoría, la pérdida del ser querido se sigue viviendo como algo reciente, aun cuando lo lógico sería suponer que, muy probablemente, la persona esté muerta hace tiempo. Mientras exista incertidumbre, habrá esperanza. Mientras haya esperanza, seguirán atrapadas en una tortuosa indefinición, sin poder hacer el duelo ni seguir adelante con sus vidas. Para los padres en particular, renunciar a la esperanza se siente como una traición, como si estuvieran matando a su propio hijo. 
 
Cuando presentamos nuestro informe sobre los casos de la “guerra sucia” al presidente Vicente Fox durante una reunión privada en Los Pinos en 2003, le dimos dos motivos por los cuales México debía investigar y juzgar estas atrocidades. Uno era la obligación del Gobierno ante estas familias. El otro era la obligación de impedir que estos delitos volvieran a ocurrir. La justicia por abusos cometidos en el pasado puede ser uno de los medios disuasorios más eficaces para que estos hechos no se repitan en el futuro, le dijimos. LEER MÁS:

Tortura y verdad histórica

 

En marzo de 2015, a dos años de iniciada la presidencia de Enrique Peña Nieto, el experto en derechos humanos de la ONU, Juan Méndez, observó que la tortura era “generalizada” en México. El gobierno respondió atacando a Méndez. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, lo calificó de “irresponsable y poco ético” por haber formulado una acusación “que no pudo justificar”. Lo sorprendente de este ataque ad hominem fue que la afirmación del experto de la ONU, aunque profundamente preocupante, no tuvo nada de extraordinaria. Muy pocos mexicanos debieron haberse sorprendido en lo más mínimo ante su observación sobre la tortura en el país.

El gobierno intentó justificar su feroz ataque a Méndez alegando que su informe citaba únicamente 14 casos específicos de presuntas torturas. Es posible que si se hubieran agregado más casos concretos para complementar los datos cuantitativos y la valiosa información que incluía el informe, los hallazgos habrían sido aún más convincentes, si es que alguien todavía necesitaba algún convencimiento. Lo cierto es que, como lo sabía perfectamente el gobierno de Peña Nieto, sí había pruebas abundantes que avalaban la conclusión del experto de la ONU.

Agentes especiales de la Procuraduría General de la República suben a un vehículo blindado a algunos de los 27 policías municipales presuntamente implicados en un ataque perpetrado contra estudiantes en Iguala hace un mes. 

© 2014 YURI CORTEZ/AFP/Getty Images

En 2011, un año antes que asumiera Peña Nieto, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que analizaba en profundidad abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad mexicanas. El documento recibió amplia difusión en los medios, e incluso ocupó los titulares de los periódicos de mayor circulación del país. Documentamos el uso sistemático de la tortura en más de 170 casos. Las técnicas documentadas eran diversas, e incluían golpizas, descargas eléctricas, asfixia, amenazas de muerte y agresiones sexuales. Los torturadores también eran actores diversos: policías federales, estatales y municipales; soldados y marinos; y agentes del Ministerio Público federal y de los estados.

Estos fueron sólo los casos que un investigador de nuestra organización pudo documentar haciendo trabajo de campo en apenas cinco estados. Sólo en 2013 y 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió casi 2 mil reportes de tortura, mientras que comisiones de derechos humanos estatales recibieron más de 6 mil denuncias sobre tortura o tratos inhumanos. Es imposible saber cuántas de esas denuncias eran fundadas, pues la mayoría nunca se investigó adecuadamente. Con independencia de la cantidad de casos concretos, las denuncias sobre tortura que habían trascendido en los meses previos a que Méndez presentara su informe eran más que suficientes para dejar en claro que la respuesta del gobierno era absurda. LEER MÁS:

 

Violencia y opacidad

 

El dato más notable de la “guerra contra el narcotráfico” es la aterradora cantidad de homicidios en el país. En efecto, más de 240 mil personas han sido asesinadas, según estadísticas oficiales, desde que esta “guerra” comenzó en 2006. 

Algo que se nota menos —pero también es impactante— es lo poco que se sabe sobre estas muertes. A más de una década de que el presidente Felipe Calderón iniciara esta desventurada “guerra”, en la amplia mayoría de los casos subsisten preguntas básicas que no han sido resueltas: ¿Quiénes cometieron estos crímenes? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué? 

Un policía observa un cadaver cubierto luego de una presunta ejecución vinculada con narcotráfico, el 2 de marzo de 2012 en Acapulco, México.

© 2012 John Moore/Getty Images

Durante los primeros cinco años de su presidencia, Calderón ofreció una respuesta sencilla: 90% de los asesinatos vinculados con la “guerra contra el narcotráfico” eran casos de delincuentes que se mataban entre sí. El entonces presidente siguió repitiendo esta cifra a medida que aumentaban los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, llegando a un acumulado de 34 mil entre 2007 y 2011. En 2011, una delegación de Human Rights Watch se reunió con él en Los Pinos para presentarle un informe sobre abusos sistemáticos cometidos por las policías y Fuerzas Armadas durante su presidencia. Una de nuestras conclusiones fue que Calderón no tenía ningún fundamento creíble para sustentar su aseveración sobre el 90% de los casos.

Durante esos años, la Procuraduría General de la República (PGR) había iniciado investigaciones en menos de mil casos de asesinatos, presentado cargos contra 343 presuntos responsables y conseguido condenas contra apenas 22 personas. Es posible que las procuradurías estatales también hayan procesado una pequeña porción de los 34 mil casos. Pero la gran mayoría de ellos no habían sido resueltos; ni siquiera fueron investigados. LEER MÁS:

La militarización de la seguridad pública

 

Una de las preguntas más espinosas que enfrentará Andrés Manuel López Obrador como presidente de México es qué hacer con las Fuerzas Armadas. Por más de una década, las fuerzas militares mexicanas han estado abocadas a una “guerra contra las drogas” que ha tenido resultados desastrosos, no sólo en términos de derechos humanos y seguridad pública, sino además por su impacto corrosivo para el estado de derecho. El problema, en pocas palabras, es que hay elementos de las fuerzas militares que están operando en gran parte de México sin mayor control efectivo de las autoridades civiles. La Ley de Seguridad Interior que fue aprobada el año pasado, si es implementada según su actual texto, sólo empeorará esta situación.

El presidente Enrique Peña Nieto heredó este desastre de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que a pocas semanas de asumir en 2006, envió de forma masiva a soldados mexicanos a enfrentarse con la delincuencia organizada en distintas regiones del país. En un primer momento, el despliegue de tropas se anunció como una medida temporaria para complementar la actuación de las fuerzas policiales civiles, que se veían superadas por poderosas y despiadadas organizaciones delictivas. Pero al término de ese sexenio, la presencia militar se había vuelto permanente en muchos sitios y las Fuerzas Armadas, en los hechos, reemplazaron a la policía, en vez de tan sólo darle apoyo.  

Un convoy militar custodia el vehículo del Servicio Forense que presuntamente transporta el cuerpo de Ignacio “Nacho” Coronel, en Guadalajara, el 30 de julio de 2010.

© 2010 Javier Hoyos/AFP/Getty Images

El fundamento jurídico de la política de Calderón fue dudoso. El artículo 129 de la Constitución establece que “[e]n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. El gobierno de Calderón Hinojosa justificó el uso de las fuerzas militares citando una tesis de la Suprema Corte de 1996, que indicaba que los militares podían apoyar las actividades de seguridad pública cuando lo solicitaran las autoridades civiles. Pero esa tesis establecía un requisito clave: las Fuerzas Armadas debían desempeñar un papel “auxiliar”, de apoyo a las fuerzas civiles, y en ningún caso podían reemplazarlas. Eso no fue lo que ocurrió. LEER MÁS: