El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha logrado pocos avances en el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Honduras sufre problemas estructurales, incluyendo corrupción sistémica, interferencia política en el sistema judicial, altos niveles de violencia y ataques letales contra defensores del medioambiente.
Independencia judicial y corrupción
En septiembre, la presidenta Castro presentó al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, un segundo borrador de acuerdo para establecer una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en honduras (CICIH). La propuesta revisada aseguraría la independencia y autonomía de la CICIH, permitiéndole procesar casos de forma independiente. La comisión investigaría casos de alto perfil, propondría cambios legislativos y capacitaría a funcionarios hondureños para reforzar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el progreso en el establecimiento de la CICIH sigue siendo lento.
Hasta septiembre, expertos de la ONU habían visitado Honduras cuatro veces para proporcionar asistencia técnica y evaluar el sistema legal y las capacidades anticorrupción. En su análisis, identificaron diversas leyes que obstaculizan las investigaciones sobre corrupción. Si bien el Congreso derogó algunas de esas leyes, al momento de redactar este informe seguía vigente una ley que prohíbe cualquier tipo de sanción contra los diputados por acciones realizadas “en el ejercicio de sus funciones”.
En septiembre, Carlos Zelaya, cuñado de Castro y diputado, renunció tras admitir haberse reunido con narcotraficantes en 2013. El hijo de Zelaya, que era ministro de Defensa, también renunció.
Pocos días antes de la renuncia de Zelaya, Castro anuló un tratado de extradición con Estados Unidos, que había permitido la extradición de hondureños acusados de narcotráfico, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado a 45 años de prisión por un tribunal federal estadounidense en marzo.
Defensores de derechos humanos
Los ataques contra defensores de derechos humanos se intensificaron en 2023. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras documentó 453 casos de defensores de derechos humanos y periodistas que sufrieron acoso, amenazas o intimidación en 2023, y reportó el asesinato de 17 de ellos.
De acuerdo con la OACNUDH, al menos cuatro defensores de derechos humanos fueron asesinados entre enero y septiembre, entre ellos Juan López, un defensor del medioambiente que fue asesinado en septiembre en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Tres activistas que trabajaban para la misma organización ambiental que López fueron asesinados en 2023.
El mecanismo nacional de protección de Honduras, creado en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia presenta graves falencias. El mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores.
Derecho a la tierra
Las disputas por derechos territoriales y recursos naturales siguen siendo un problema apremiante en Honduras, con pueblos indígenas, comunidades afrohondureñas y campesinos desproporcionadamente afectados por violencia, apropiación ilegal de tierras y desplazamiento forzado.
En septiembre, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucionales las leyes que permitían la creación de las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), áreas geográficas en las que se otorgaban a empresas privadas amplia autonomía operativa, que incluía la facultad de establecer sus propios tribunales. Human Rights Watch criticó las ZEDE y pidió su derogación. La Corte Suprema dictaminó que la ley que establecía la creación de las ZEDE violaba la Constitución.
El grupo Honduras Próspera Inc., propietario de una ZEDE en Honduras, presentó una demanda contra Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) tras la derogación del marco legal para las zonas económicas especiales. Próspera solicitó una indemnización por daños de US$10.775 millones, aproximadamente el 30 % del PIB de Honduras en 2023. En febrero, Honduras denunció el Convenio del CIADI.
Derechos económicos, sociales y culturales
Según datos oficiales, en 2023, el 64 % de la población vivía por debajo de la línea de la pobreza (frente al 73,6 % en 2021), y el 41,5 % en pobreza extrema (una disminución desde el 53,7 % en 2021). Honduras enfrenta uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos en América Latina, con un índice de Gini de 0,51 en 2023.
El analfabetismo constituye un problema significativo. Más del 31 % de las personas mayores de 60 años y más del 13 % de las personas mayores de 15 años no sabían leer ni escribir en 2023. Sólo el 56 % de los niños de entre 12 y 14 años, y el 28 % de entre 15 y 17, asistía a la escuela. Las tasas de asistencia escolar son considerablemente más bajas en las zonas rurales.
En julio, Honduras copatrocinó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establece un grupo de trabajo para redactar un nuevo protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre los derechos a la educación preescolar, primaria y secundaria gratuitas.
Seguridad pública
Honduras se encuentra entre los países más violentos del mundo desde hace años. La policía reportó 3.035 homicidios en 2023, una tasa de 31 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre enero y septiembre de 2024, datos preliminares de la policía registraban 1.854 homicidios, un descenso del 26 % en comparación con el mismo periodo de 2023.
Según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras tiene la tasa de femicidios más alta de América Latina y el Caribe, con aproximadamente 7 femicidios por cada 100.000 mujeres.
El estado de excepción, adoptado en diciembre de 2022 para luchar contra la extorsión y otros delitos, se prorrogó 15 veces y sigue vigente. Este suspende los derechos a la libertad de asociación y reunión y a ser informado del motivo de una detención, entre otros. La OACNUDH y el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresaron su preocupación por el uso prolongado del estado de excepción sin una política integral de seguridad pública basada en los derechos humanos, señalando que ha resultado en abusos.
Persisten deficiencias estructurales en el sistema penitenciario, incluyendo el hacinamiento y la falta de infraestructura adecuada. En septiembre, las prisiones albergaban a más de 19.000 personas, superando en un 21 % su capacidad. Casi la mitad se encontraba en prisión preventiva, según estadísticas oficiales. En junio, Castro anunció la construcción de una nueva "megaprisión" con capacidad para 20.000 personas.
Migración, asilo y desplazamiento interno
Más de 216.000 hondureños solicitaron asilo en otros países durante 2023, la mayoría en Estados Unidos y México. Otros 84.000 habían sido reconocidos como refugiados.
El crimen organizado, el cambio climático, y otros factores provocaron el desplazamiento interno de unas 247.000 personas entre 2019 y 2024, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Acceso al aborto y a la anticoncepción de emergencia
El aborto es ilegal en Honduras en todas las circunstancias, incluso cuando la vida de una mujer, niña o persona gestante está en peligro. Las mujeres, niñas y personas gestantes que se someten a abortos, y quienes brindan esta práctica, enfrentan hasta seis años de prisión.
En diciembre de 2022, el gobierno de Castro aprobó un protocolo que permitió el uso de anticonceptivos de emergencia para las sobrevivientes de violencia sexual. En marzo de 2023, la presidenta Castro firmó un decreto que puso fin a la prohibición del uso y la venta de la anticoncepción de emergencia. No obstante, el Grupo Estratégico por las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (GEPAE), un grupo de derechos reproductivos, informó que los anticonceptivos de emergencia siguen sin estar disponible en el sistema de salud pública, el acceso no es gratuito y el protocolo para las supervivientes aún no se ha aplicado.
En abril, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres, dos organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, presentaron un caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en nombre de Fausia, una mujer indígena hondureña que fue violada sexualmente como represalia por su trabajo como defensora de derechos humanos y resultó embarazada. Bajo la prohibición total del aborto en Honduras y, en aquel momento, de anticoncepción de emergencia, se vio forzada a seguir adelante con su embarazo y se enfrentó a amenazas mientras buscaba atención médica.
Orientación sexual e identidad de género
Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en Honduras continúan enfrentando altos niveles de violencia y discriminación en todos los aspectos de su vida, lo que empuja a algunas a abandonar el país. Honduras ha incumplido medidas clave que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en un fallo de 2021, como la creación de un procedimiento legal de reconocimiento de género para las personas transgénero. Honduras no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y carece de una legislación integral contra la discriminación LGBT.