El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha fallado en cumplir con su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas en el país.
Honduras sufre problemas estructurales desde hace años, incluyendo corrupción sistémica, interferencia política en el sistema judicial, inseguridad, un porcentaje muy elevado de su población en condiciones de pobreza y ataques letales contra defensores del medioambiente.
En febrero, el Congreso nombró una nueva composición de la Corte Suprema. Los 15 magistrados fueron elegidos a partir de una lista preparada por una junta en base al mérito. Sin embargo, como en el pasado, los partidos políticos se dividieron las vacantes entre ellos. A octubre, la elección de un nuevo fiscal general se encontraba retrasada en el Congreso mientras los partidos luchaban por nombrar a una persona afín a sus intereses.
A octubre, el gobierno continuaba negociando con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la creación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras respaldada por la ONU.
Independencia judicial y lucha contra la corrupción
En febrero, el Congreso nombró a los 15 magistrados de la Corte Suprema que ejercerán sus funciones por un periodo de siete años. Aunque los congresistas mantuvieron la práctica de repartir las vacantes proporcionalmente entre los partidos políticos, esta vez seleccionaron de una lista preparada por una junta nominadora en base al mérito, lo que supuso un avance en comparación con procesos anteriores. El Congreso también cumplió con el requisito legal de paridad de género y seleccionó al primer magistrado afrohondureño en la historia del tribunal.
El gobierno y el secretario general de la ONU se encontraban negociando la creación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, en el marco de un memorando firmado en diciembre de 2022. Entre julio y octubre, un grupo de expertos de las Naciones Unidas visitó Honduras en tres ocasiones para evaluar la viabilidad y el marco jurídico de una comisión.
En julio, el Congreso derogó el decreto 57-2020, que obstaculizaba la obtención de documentos clave por parte de fiscales en investigaciones por corrupción, y modificó el decreto 93-2021, que dificultaba la persecución por lavado de activos. En agosto, el Congreso derogó el decreto 116-2019, que impedía al Ministerio Público investigar el uso indebido de fondos públicos por parte de congresistas por hasta siete años, a la espera de una auditoría administrativa.
Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, una organización independiente creada por ley en 2005 para luchar contra la corrupción, salió de Honduras en junio tras recibir amenazas luego de publicar un informe sobre nepotismo en el gobierno. Castellanos regresó al cabo de un mes y continuó denunciando prácticas corruptas.
En 2018, Óscar Chinchilla fue elegido fiscal general a pesar de no encontrarse incluido en la lista preparada por una junta proponente, lo que constituyó una violación de la Constitución. El mandato de Chinchilla finalizó el 31 de agosto de 2023. Una junta proponente seleccionó a cinco candidatos para sustituir a Chinchilla en un proceso que, según algunas organizaciones de la sociedad civil, estuvo influido por intereses políticos. La disputa política continuó en el Congreso, que a octubre no había podido seleccionar a un nuevo fiscal general.
Defensores de derechos humanos
Entre enero y agosto, 236 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamientos, amenazas o ataques. Al menos 13 fueron asesinados en ese período—mientras que 11 fueron asesinados en todo el 2022—, informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras. El 75 % de los defensores que sufrieron ataques y más del 90 % de los defensores asesinados eran defensores del medioambiente y de la tierra.
En enero, los defensores del medioambiente Jairo Bonilla y Aly Domínguez fueron asesinados en Guapinol, departamento de Colón. Habían recibido amenazas por sus actividades en defensa de los ríos Guapinol y San Pedro. En junio, Oquelí Domínguez, hermano de Aly y quien también era defensor del medioambiente, fue asesinado en Guapinol.
El mecanismo creado por Honduras en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia tiene graves falencias. El mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores, quienes temen dar información personal que pueda acabar en manos de quienes los atacan.
Derechos económicos y sociales
Según los últimos datos oficiales de 2021, cerca del 80 % de los hondureños de las zonas rurales vivían en condiciones de pobreza, con ingresos inferiores a 7 dólares diarios, y casi todos ellos en la pobreza extrema, con ingresos inferiores a 4 dólares diarios.
En marzo de 2023, datos oficiales mostraban que el 14 % de los hondureños no sabía leer ni escribir. Esta tasa alcanzaba al 31 % entre los mayores de 60 años. Sólo el 56 % de los niños y niñas de entre 12 y 14 años, y el 29 % de entre 15 y 17, asistía a la escuela.
Las remesas representaron casi el 8 % de la fuente total de ingresos de los hondureños, según datos oficiales de marzo de 2023, y el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, la tasa más alta de América Latina y el Caribe, según datos de 2022 del Banco Mundial.
Seguridad pública y condiciones en centros de detención
Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con 3.661 homicidios reportados por la policía en 2022, una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según Insight Crime, un centro de estudios y medio de comunicación especializado en crimen y seguridad, Honduras tiene la segunda tasa de homicidios más alta de América Latina y el Caribe, tras Jamaica. Datos preliminares de la policía reportan 2.341 homicidios entre enero y septiembre de 2023, un descenso del 16 % en comparación con el mismo periodo de 2022.
Desde diciembre de 2022, la presidenta Castro decretó el estado de excepción en distintas áreas del país, incluyendo el distrito central, lo que permite la suspensión de los derechos a la libertad de asociación y reunión, y a ser informado del motivo de una detención, entre otros. La OACNUDH en Honduras expresó su preocupación por el uso recurrente del estado de excepción sin una política integral de seguridad pública basada en los derechos humanos. El gobierno justificó el estado de excepción sobre la base de un aumento del crimen organizado.
En junio, se desataron hechos de violencia entre pandillas en una cárcel de mujeres, con el resultado de al menos 46 muertas. En respuesta, el gobierno de Castro puso las prisiones bajo control militar, una medida habitual en Honduras sin resultados claros y que puede incrementar las violaciones de derechos humanos.
En septiembre, las prisiones albergaban a casi 19.000 reclusos, un 72 % más que su capacidad. Casi la mitad de las personas detenidas se encontraban en prisión preventiva, según estadísticas oficiales.
Derechos de mujeres y niñas
Según datos de 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras tiene la tasa más alta de femicidios—definido como “el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”—de América Latina. El Centro de Derechos de Mujeres, una organización no gubernamental hondureña que monitorea informes de medios, contabilizó 317 femicidios entre enero y septiembre de 2023.
El aborto es ilegal en Honduras en todas las circunstancias, y se prevén penas de hasta seis años de prisión para quienes se sometan a abortos y para quienes los practiquen. En marzo, los recién nombrados magistrados de la Corte Suprema confirmaron una sentencia anterior que rechazaba el argumento de que la prohibición era inconstitucional.
En marzo, el Congreso aprobó una ley que promovía y garantizaba la educación sexual integral para prevenir los embarazos adolescentes. Tras una fuerte reacción de grupos conservadores, la presidenta Castro anunció en julio que había vetado la ley.
En marzo, la presidenta Castro firmó un decreto ejecutivo que puso fin a la prohibición en el país del uso y la venta de anticoncepción de emergencia.
Migración, asilo y desplazamiento interno
Entre enero y septiembre, el gobierno mexicano reportó que 31.055 hondureños solicitaron asilo en México, sólo superados por los haitianos. Muchas más personas continúan el trayecto hacia los Estados Unidos. Los migrantes enfrentan serios riesgos durante el viaje, incluyendo secuestros, robos y discriminación.
Según el gobierno de Honduras, entre enero y julio 32.727 hondureños, de los cuales un 12 % eran niños y niñas, fueron repatriados de forma forzosa, más de la mitad de ellos desde los Estados Unidos y más de un tercio desde México.
Entre enero y septiembre, 340.611 migrantes ingresaron a Honduras sin la documentación adecuada o sin seguir los procedimientos establecidos, más que en todo 2022. Más del 45 % de ellos eran venezolanos, seguidos de cubanos, ecuatorianos y haitianos, cada uno representando más del 10 % del total.
En marzo, la presidenta Castro promulgó una ley para reforzar la ayuda gubernamental a las comunidades e individuos víctimas de desplazamiento interno. La violencia de pandillas y las violaciones de derechos humanos causaron el desplazamiento interno de unas 191.000 personas entre 2004 y 2018, según los últimos datos más completos del gobierno.
Orientación sexual e identidad de género
Las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en Honduras continúan sufriendo un alto grado de violencia y discriminación en todos los aspectos de su vida, lo que empuja a algunas a abandonar el país. Cattrachas, una organización hondureña que monitorea información publicada por medios de comunicación, contabilizó 40 asesinatos por orientación sexual e identidad de género entre enero y octubre de 2023.
Honduras ha incumplido medidas clave que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en un fallo de 2021 por el asesinato durante el golpe militar de 2009 de Vicky Hernández, una mujer transgénero. Las medidas incluían la creación de un protocolo de investigación penal para casos motivados por prejuicios anti-LGBT y de un procedimiento mediante el cual las personas trans pudieran cambiar su nombre y género en documentos oficiales para reflejar su identidad de género. A octubre de 2023, ni el protocolo ni el procedimiento se habían creado.
Derechos de personas con discapacidad
Las deficiencias en la infraestructura pública, las dificultades para acceder a un puesto de trabajo, el maltrato en los servicios de transporte público y el escaso acceso a información forman parte de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en Honduras, según un informe de la Defensoría del Pueblo de 2022, que estima que el 14 % de los hondureños tiene algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial.
Actores internacionales clave
En marzo, Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y apoyó la política de “una sola China”, que sostiene que Taiwán es una parte inalienable de la República Popular China. Honduras y China acordaron que Honduras participaría en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto de un billón de dólares para impulsar la inversión china y promover sus intereses en materia de política exterior.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Honduras mantuvo una postura vacilante con respecto a los derechos humanos en 2023. Se abstuvo de votar una resolución para prorrogar el mandato de un grupo de expertos de la ONU que investiga violaciones sistemáticas de los derechos en Nicaragua, así como también para renovar los mandatos de los relatores especiales sobre la situación de derechos humanos en Rusia y en Bielorrusia. Por otro lado, votó a favor de renovar los mandatos de un grupo de expertos de la ONU que investiga abusos en Siria y del relator especial sobre la situación de derechos humanos en Irán.