En 2023, las crisis de seguridad, justicia, política y humanitaria de Haití empeoraron. Los asesinatos, los secuestros y la violencia sexual por parte de grupos criminales aumentaron drásticamente. La respuesta estatal fue débil o inexistente y el sistema judicial apenas funcionaba.
Más del 40 % de la población de Haití experimentó inseguridad alimentaria aguda. El acceso a electricidad, agua potable, servicios de higiene, atención en salud y educación estaba gravemente limitado.
En octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, encabezada por Kenia, para mejorar la seguridad en Haití.
El primer ministro Ariel Henry no logró crear un consenso con fuerzas políticas haitianas y la sociedad civil para hacer posible una transición democrática.
A pesar de las terribles condiciones del país, gobiernos extranjeros repatriaron a Haití a más de 100.000 personas entre enero y agosto; República Dominicana fue responsable del 94 % de las repatriaciones.
Crisis política
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, el primer ministro Henry, que nunca recibió aprobación parlamentaria y, por lo tanto, carece de mandato constitucional, gobierna por decreto. El Parlamento no funciona desde 2019, cuando el presidente Moïse se negó a llevar adelante elecciones legislativas. Desde enero de 2023, el país carece de cargos electos en el ámbito nacional.
En junio de 2023, Henry y los líderes políticos y de la sociedad civil haitianos se reunieron en Jamaica, como parte de una iniciativa encabezada por el Grupo de Personas Eminentes de la Comunidad del Caribe (CARICOM), formado por tres ex primeros ministros de la región, para buscar una solución política a la crisis. Sin embargo, no alcanzaron un consenso. Algunos partidos políticos y grupos de la sociedad civil firmaron la Declaración Conjunta de Kingston, en la que pedían un gobierno de unidad nacional. Nueve importantes organizaciones haitianas de derechos humanos y un grupo de la diáspora en Estados Unidos pidieron a la comunidad internacional que dejara de respaldar a quienes crearon la crisis en Haití y que, en su lugar, apoyara el establecimiento de un gobierno de transición “dirigido por tecnócratas que se comprometerían a no participar en futuras elecciones y que trabajarían... con el fin de organizar elecciones libres, justas y creíbles”.
Sistema de justicia disfuncional
El sistema judicial de Haití sufre de inseguridad, corrupción, huelgas e interferencias políticas. Grupos criminales han tomado el control de algunos edificios judiciales, entre ellos el Tribunal de Paix en Cité Soleil en julio de 2020 y el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, el principal complejo judicial del país, en julio de 2022. Los grupos criminales supuestamente robaron o destruyeron pruebas y expedientes que puede ser imposibles de recuperar, ya que los tribunales haitianos no disponen de copias digitales de los mismos. Los tribunales no han sido reubicados.
A octubre no se había avanzado en las investigaciones sobre las masacres de La Saline en 2018, Bel Air en 2019, Plaine du Cul-de-Sac y Cité Soleil en 2022, y Carrefour-Feuilles en 2023.
El Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), órgano de supervisión del poder judicial, se negó a certificar a 28 jueces y fiscales en enero y a 12 en junio, alegando abuso de autoridad, credenciales inválidas y liberación ilegal de detenidos, entre otros motivos. No existe ningún mecanismo para recurrir las decisiones del CSPJ.
En febrero de 2023, el primer ministro Henry nombró a ocho magistrados del Tribunal de Casación, el tribunal supremo de Haití, para que pudiera funcionar tras más de un año en el que no contó con suficientes jueces para formar quórum. Grupos de la sociedad civil argumentaron que Henry no respetó el procedimiento constitucional para estos nombramientos.
En septiembre, las cárceles de Haití albergaban a más del triple de personas que su capacidad máxima. La mayoría de los 11.784 detenidos—el 84 % de los cuales estaban a la espera de juicio—vivían en condiciones inhumanas, sin acceso adecuado a alimentos, agua o atención sanitaria. Entre enero y septiembre murieron 128 detenidos, la mayoría por enfermedades relacionadas con la desnutrición.
Está previsto que los nuevos códigos penal y de procedimiento penal que ofrecen alternativas a la detención preventiva entren en vigor en junio de 2024.
Investigación del magnicidio del presidente Moïse
El presidente Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021. En mayo de 2023, 45 personas se encontraban en prisión preventiva en Haití en relación con el caso; entre ellas 18 exmilitares colombianos, cuyas familias se quejaron de que carecían de asistencia jurídica y de que estaban siendo maltratados y retenidos en condiciones inhumanas. En octubre, la policía detuvo a un sospechoso clave.
La fiscalía de Estados Unidos alega que los culpables del asesinato habían planeado inicialmente secuestrar a Moïse, pero después decidieron matarlo, con el objetiov de conseguir contratos gubernamentales durante el gobierno de su sucesor. Tribunales estadounidenses condenaron a cadena perpetua a un empresario haitiano-chileno y a un excoronel del ejército colombiano por su participación en el asesinato. Un exsenador haitiano se declaró culpable; su sentencia se fijó para el 19 de diciembre. Otros nueve acusados están a la espera de juicio en Estados Unidos.
Violencia de grupos criminales
Las agencias de la ONU estiman que más de 300 grupos criminales controlaban 80 % de la capital de Haití, Puerto Príncipe, en septiembre. Muchos de ellos supuestamente tienen vínculos con las élites políticas y económicas, así como con agentes de policía.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró el asesinato de 3.156 personas, incluyendo 36 policías, y 1.284 secuestros a manos de esos grupos entre enero y septiembre de 2023.
Los grupos criminales siguieron utilizando la violencia sexual para aterrorizar a la población y demostrar su control. Médicos Sin Fronteras (MSF) informó que había prestado atención a 1.005 supervivientes de violencia sexual en sus hospitales de Puerto Príncipe entre enero y mayo de 2023, casi el doble que en el mismo periodo de 2022.
Human Rights Watch documentó abusos cometidos por grupos criminales en cuatro comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe, incluyendo el asesinato de 67 personas—entre ellas 11 niños y 12 mujeres—y la violación de 23 niñas y mujeres. Supervivientes contaron a Human Rights Watch que fueron arrastradas por la calle, violadas en grupo y las obligaron a ver cómo mataban a otras personas a machetazos y disparos.
ACNUDH documentó docenas de agresiones sexuales a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) por parte de miembros de grupos criminales entre enero y junio de 2022. Mujeres víctimas dijeron que los grupos criminales las habían sometido a “violaciones correctivas” para “curarlas”.
El gobierno haitiano no ha sido capaz de proteger a la población de la violencia criminal, que se ha visto exacerbada por un flujo continuo de armas y municiones hacia Haití, en gran parte procedentes del estado estadounidense de Florida.
A menudo en connivencia con la policía, el movimiento de justicieros Bwa Kale supuestamente mató a más de 420 personas sospechosas de pertenecer a grupos criminales entre enero y septiembre, informó ACNUDH. Human Rights Watch verificó material publicado en redes sociales y medios de comunicación que confirmaba que hubo cuatro ataques en marzo y abril, tres de los cuales tuvieron lugar en las inmediaciones de comisarías de policía.
Los grupos criminales han formado su propio movimiento en represalia, Zam Pale. El secretario general de la ONU advirtió en julio de que los movimientos Bwa Kale y Zam Kale han “desencadenado un nuevo y alarmante ciclo de violencia” que podría llevar a un mayor reclutamiento de menores.
Ataques a periodistas
Entre enero y mayo de 2023, al menos tres periodistas fueron asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2023, al menos seis trabajadores de medios de comunicación fueron secuestrados y otros huyeron de sus hogares para escapar de la escalada de violencia, según declaró en septiembre el Comité para la Protección de los Periodistas.
Conducta policial
La policía mató de 407 personas entre enero y septiembre, según la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH). Según esa Oficina, fiscales de Les Cayes y Miragoâne supuestamente participaron en 7 ejecuciones extrajudiciales, e individuos vestidos con uniformes policiales ejecutaron al menos a 18 personas en Tabarre.
La oficina de asuntos internos de la policía abrió investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos contra 103 agentes entre enero y septiembre.
Abuso sexual en el deporte
En 2020, el Comité de Ética de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) suspendió de por vida al presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, Yves Jean-Bart, tras encontrar pruebas de sus abusos sexuales sistemáticos a jugadoras. En febrero de 2023, el Tribunal de Arbitraje Deportivo erróneamente anuló la suspensión emitida por la FIFA. Más de una docena de supervivientes y testigos, hombres y mujeres, declararon a Human Rights Watch que Jean-Bart coaccionaba a las jugadoras para que mantuvieran relaciones sexuales con él. Una causa penal contra Jean-Bart está pendiente en Haití.
En julio de 2022, Evans Lescouflair, exministro de deportes, fue detenido en Puerto Rico y enviado a Haití en relación con las denuncias de abusos sexuales a menores presentadas por supervivientes. En junio de 2023 fue puesto en libertad, a la espera de juicio.
Acceso al aborto
Haití prohíbe totalmente el aborto. Un código penal que entrará en vigor en 2024 lo legalizará en todas las circunstancias hasta la semana 12 de embarazo y en cualquier momento en caso de violación, incesto o cuando la salud mental o física de la persona embarazada esté en peligro.
Derechos de las personas con discapacidad
Aunque Haití ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sus leyes siguen incluyendo terminología ofensiva, y las personas con discapacidad sufren discriminación en el acceso a la sanidad, la educación y la justicia. Además, la estigmatización las expone a un mayor riesgo de violencia.
Los defensores locales afirman que las personas con discapacidad se enfrentan a importantes obstáculos para la participación cívica, como la dificultad para obtener los documentos nacionales de identidad necesarios para votar porque la Oficina Nacional de Identificación les resulta inaccesible.
Derechos económicos y sociales
Las crisis política y de seguridad agravaron una situación humanitaria calamitosa. Además, las fuertes inundaciones registradas en junio y julio en todo el país pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de Haití a las catástrofes naturales.
Según el Banco Mundial, cerca del 59 % de los 11,5 millones de habitantes de Haití vivían con menos de 3,65 dólares estadounidenses al día en 2023. Alrededor de 5,2 millones necesitaban asistencia alimentaria y alojamiento, un aumento del 20 % respecto a 2022; de ellos, 4,9 millones padecían inseguridad alimentaria aguda.
A principios de 2023, sólo un tercio de los haitianos tenía acceso a electricidad, y aun así de forma intermitente y a precios elevados. Sólo el 55 % de los hogares haitianos tenía acceso a agua potable y dos tercios de la población tenía poco o ningún acceso a servicios de saneamiento, lo que agravó la propagación del cólera. Hasta agosto, la Organización Panamericana de la Salud había informado de 58.230 casos sospechosos de cólera, 3.696 casos confirmados y 823 muertes desde el comienzo del brote actual, en octubre de 2022.
Las organizaciones internacionales estiman que el 75 % de las instalaciones sanitarias del país carecen de suministros médicos adecuados y de suficiente personal formado. La inseguridad ha provocado un éxodo de trabajadores sanitarios de Haití en los últimos años.
Casi la mitad de los haitianos mayores de 15 años son analfabetos; en 2020, sólo el 46 % de niños y niñas completaron la escuela primaria. La calidad y la disponibilidad de la educación pública son generalmente malas, y el 85 % de las escuelas primarias y aún más de las secundarias eran privadas en 2020. Los elevados costes, los ataques a las escuelas y a niños y niñas en su camino a las escuelas, así como la falta de infraestructura y personal han privado a 4,2 millones de niños de su derecho a la educación, informó UNICEF.
Desplazamiento interno y migración
Casi 195.000 haitianos fueron desplazados internamente por la violencia desde enero de 2022 hasta julio de 2023, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Muchos otros abandonaron el país, a menudo en viajes peligrosos.
La OIM informó que, desde enero hasta agosto de 2023, gobiernos extranjeros repatriaron a 103.706 personas, a pesar del riesgo que corrían sus vidas y su integridad física en Haití y de los llamamientos de la ONU para poner fin allí a los retornos forzosos. República Dominicana fue responsable del 94 % de las repatriaciones, y Estados Unidos, Bahamas, las Islas Turcas y Caicos y Cuba de la mayor parte del resto. En abril, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su grave preocupación por el aumento del discurso de odio y de la violencia racista o xenófoba contra los haitianos en el extranjero, así como por el uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas del orden en algunos países de América.
Algunos trabajadores humanitarios dijeron a Human Rights Watch que las autoridades dominicanas hacían redadas rutinarias de personas de las que sospechaban que eran nacionales haitianos únicamente por el color de su piel. Las autoridades las llevaban a la frontera y, antes de devolverlas a Haití, las mantenían en jaulas en camiones a la espera de ser procesadas, en medio de un calor sofocante y con poco o ningún acceso a alimentos o agua.
En septiembre, República Dominicana cerró su frontera terrestre con Haití, así como todas las conexiones por mar y aire, en una disputa sobre una vía fluvial. El experto designado por la ONU para los derechos humanos en Haití advirtió que esto intensificaría una crisis ya de por sí grave, pues el país importaba de su vecino al menos el 25 % de sus alimentos, así como suministros médicos.
Actores internacionales clave
A finales de 2022, el primer ministro Henry pidió a la comunidad internacional que desplegara una fuerza armada especializada, llamamiento del que se hizo eco el secretario general de la ONU. En julio, Kenia ofreció 1.000 policías para formar y apoyar a la policía haitiana. Grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por el historial de abusos contra los derechos humanos de la policía keniana.
En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad por un periodo inicial de 12 meses para ayudar a mejorar la seguridad y crear las condiciones propicias para unas elecciones libres y justas. En septiembre, Estados Unidos prometió 100 millones de dólares para dicha misión.
La sociedad civil haitiana pidió medidas robustas de rendición de cuentas para evitar que se repitan los daños causados en el pasado por las intervenciones extranjeras e instó a los gobiernos extranjeros a dejar de apoyar al primer ministro Henry, quien según muchos haitianos dirige un gobierno ilegítimo con vínculos con grupos criminales.
En octubre de 2022, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó sanciones, como la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, contra líderes de grupos criminales y otras personas implicadas en la violencia. En marzo de 2023, los gobiernos extranjeros habían sancionado a 25 individuos. En julio, la Unión Europea estableció su propio régimen de sanciones sobre Haití. En octubre, el Consejo de Seguridad renovó las sanciones por un año y amplió el embargo de armas, prohibiendo todas las ventas o transferencias de armas por parte de países extranjeros a cualquier persona o entidad en Haití, excepto las dirigidas a la misión autorizada por la ONU y las fuerzas del orden.
En abril de 2023, por iniciativa de Haití, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por consenso una resolución por la que se establecía un experto designado por la ONU para los derechos humanos en Haití. En octubre ese experto completó su segunda visita oficial al país.
La ONU pidió 720 millones de dólares estadounidenses de ayuda para Haití para 2023, casi el doble que en 2022. Hasta septiembre, sólo había recaudado el 26 % de esa cantidad.