La represión se intensificó en toda China en 2022. Xi Jinping consiguió un tercer mandato sin precedentes como secretario general del Partido Comunista Chino, lo que lo convirtió en el dirigente más poderoso del país desde Mao Zedong. En octubre, un hombre colgó dos pancartas sobre un puente de Beijing, en las que pedía la destitución del “traidor dictatorial” Xi, así como libertades y el sufragio universal para el pueblo chino. Este único manifestante inspiró protestas de solidaridad en todo el mundo.
El gobierno chino endureció sus restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19, imponiendo repetidos e impredecibles confinamientos a cientos de millones de personas. En algunos casos, los funcionarios utilizaron alambre de espino, barras de metal y grandes barreras para impedir que la gente saliera de sus casas. En la provincia de Sichuan, los residentes no pudieron salir de los edificios ni siquiera durante un terremoto. Durante estos cierres –de una duración de días a semanas—, la gente denunció dificultades para acceder a alimentos y atención médica, lo que en algunos casos causó muertes. Otros denunciaron violaciones de la intimidad, censura, interrupción de sus medios de subsistencia y brutalidad por parte del gobierno, ya que en ocasiones la policía y los funcionarios de sanidad patearon y empujaron a personas que se resistían a las restricciones impuestas por el Covid. En Tíbet y Xinjiang, los residentes denunciaron controles Covid-19 aún más draconianos impuestos por las autoridades locales, que ya habían limitado gravemente sus derechos.
China sufrió la ola de calor más grave jamás registrada, lo que provocó una escasez generalizada de electricidad que llevó a las autoridades a volver a utilizar carbón, y subrayó la urgencia de una transición hacia energías limpias.
Las autoridades de Beijing y Hong Kong continuaron su asalto a los derechos humanos en el territorio, una trayectoria descendente que se espera que continúe, ya que Beijing nombró jefe ejecutivo de la ciudad a un ex funcionario de la policía que cometió abusos, John Lee.
Aumentó la atención internacional sobre las violaciones de derechos humanos del gobierno chino. Ocho gobiernos iniciaron un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en señal de protesta. En junio, la entrada en vigor de la Ley estadounidense de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures estableció la presunción de que los productos procedentes de Xinjiang se fabrican con trabajo forzoso y no pueden importarse. En agosto, la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe sobre Xinjiang, en el que concluía que los abusos en la región “pueden constituir crímenes contra la humanidad”.
Hong Kong
Las autoridades de Hong Kong atacaron la libertad de prensa. El 29 de diciembre de 2021, la policía de seguridad nacional llevó a cabo una redada en la oficina del influyente medio de comunicación Stand News, acusó a sus redactores de sedición y obligó a su cierre. En abril, la policía detuvo al ex columnista de Stand News y veterano periodista, Allen Au, por cargos infundados de sedición. Ese mismo mes, el Club de Corresponsales Extranjeros de Hong Kong canceló la entrega de los Premios de Derechos Humanos de la Prensa, alegando temor a ser detenidos. En septiembre, la policía acusó al presidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, Ronson Chan, de “obstrucción a los agentes de policía” durante un reportaje.
En agosto, el Tribunal Superior dictaminó que el material periodístico no está legalmente protegido por la draconiana Ley de Seguridad Nacional (NSL, por sus siglas en inglés). La decisión confirmó la legalidad de los registros policiales de los teléfonos del magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, que se enfrenta a tres cargos bajo la NSL y uno de sedición, junto con otros seis ejecutivos del antiguo periódico prodemocrático Apple Daily.
Al menos 231 personas han sido detenidas por presunta violación de la NSL desde que se impuso el 30 de junio de 2020, y por “sedición”, una ley de la época colonial que las autoridades han revivido para aplastar la disidencia. La NSL impone una presunción contra la libertad bajo fianza, norma incompatible con la presunción de inocencia. De las 138 personas acusadas, la mayoría llevaban casi un año o más en prisión preventiva.
En mayo, la policía acusó al cardenal Joseph Zen, un defensor de la democracia de 90 años, y a otras cinco personas por no registrar debidamente el grupo de asistencia jurídica 612 Humanitarian Relief Fund. Bajo presión policial, en julio, el Colegio de Abogados abrió una investigación sobre la conducta profesional de al menos 35 abogados que representaban a beneficiarios del fondo.
Después de que la policía detuviera a sindicalistas y obligara a muchos sindicatos a disolverse, en septiembre el gobierno restringió aún más las actividades sindicales al exigir a los fundadores de nuevos sindicatos que se comprometieran a no amenazar la “seguridad nacional”.
La censura es ya habitual en Hong Kong. En mayo, una feria del libro organizada por el gobierno prohibió participar a varios editores de libros políticos. Las bibliotecas públicas, las cadenas de librerías comerciales y algunas bibliotecas escolares siguen retirando de sus estanterías títulos políticamente “sensibles”.
Varias películas que retratan cuestiones políticas de Hong Kong fueron prohibidas en virtud del nuevo régimen de censura, que prohíbe aquellas que puedan “poner en peligro la seguridad nacional”. En agosto, un festival de cine retiró una película premiada después de que su director se negara a ceder a la exigencia de las autoridades de eliminar una escena en la que aparecía la Revolución de los Paraguas de 2014 en favor de la democracia.
Las universidades fueron cómplices de la represión de las autoridades contra los estudiantes, que han sido fundamentales en el movimiento prodemocrático de la ciudad. Después de que cuatro universidades retiraran obras de arte sobre la matanza de Tiananmen de 1989 a finales de 2021, en enero de 2022, la Universidad de Hong Kong volvió a tapar lemas relacionados con Tiananmen pintados en el pavimento de la universidad. Las ocho universidades públicas han obstaculizado el funcionamiento de sus sindicatos estudiantiles, incluso dejando de reconocerlos y negándose a ayudarles a recaudar las cuotas de sus miembros. Las universidades introdujeron cursos obligatorios sobre la ley de seguridad nacional, mientras que la Universidad China de Hong Kong comenzó a celebrar ceremonias semanales de izado de la bandera china.
La policía intensificó la vigilancia de la sociedad civil en Hong Kong. En junio, la policía creó una línea telefónica directa “antiterrorista”, además de la ya existente “antiviolencia”, para denunciar violaciones de la seguridad nacional. En agosto, la policía declaró que “disiparía la desinformación” sobre las fuerzas de seguridad mediante un “sistema de seguimiento de la opinión pública las 24 horas del día”.
Los habitantes de Hong Kong siguen arriesgándose a ser detenidos por protestar. El 4 de junio, muchas personas conmemoraron en público la matanza de Tiananmen de 1989; la policía practicó seis detenciones ese día. En septiembre, mientras cientos de personas se congregaban frente al consulado británico para lamentar el fallecimiento de la reina británica Isabel II, algunos cantaron la canción de protesta prohibida “Glory to Hong Kong”. La policía detuvo a un hombre por sedición por tocar la melodía de protesta con una armónica. Más de 150.000 personas han abandonado Hong Kong desde que se impuso la NSL; muchas han continuado su activismo en el extranjero.
Xinjiang
En diciembre de 2021, las autoridades sustituyeron al secretario del partido de Xinjiang, Chen Quanguo, que supervisaba la represiva “Campaña de mano dura contra el terrorismo violento” (Strike Hard Campaign) de la región, por Ma Xingrui, un tecnócrata con experiencia en el gobierno de regiones costeras más ricas. En julio, el presidente Xi visitó Xinjiang y afirmó que, aunque la región debe “mantener un firme control de la estabilidad”, también debe “avanzar hacia la prosperidad”.
A pesar de que la propaganda gubernamental presentaba sus políticas en la región como un éxito de la lucha contra el terrorismo, creció el escrutinio internacional sobre los crímenes contra la humanidad en la región. En mayo, una fuente anónima hizo públicos archivos policiales pirateados de la región, que incluían casi 3.000 fotografías de uigures detenidos, junto con documentos políticos clave en los que se describían las duras políticas de los máximos dirigentes chinos. Hasta un millón de personas fueron detenidas injustamente en campos de educación política, centros de detención preventiva y prisiones en el momento álgido de la campaña Strike Hard. Aunque algunas han sido puestas en libertad, las autoridades chinas también han condenado a medio millón de personas, muchas de las cuales siguen encarceladas, según un informe de Human Rights Watch publicado en septiembre.
El Tíbet
Las autoridades de las zonas tibetanas siguen imponiendo severas restricciones a las libertades de religión, expresión, circulación y reunión. Las preocupaciones populares sobre cuestiones como la reubicación masiva, la degradación medioambiental o la eliminación progresiva de la lengua tibetana en la educación primaria se enfrentan a la represión. Se exige a los funcionarios locales que eduquen al público en la “obediencia a la ley”, y se ofrecen recompensas en metálico a los ciudadanos dispuestos a delatar a otros.
Bajo una intensa censura, se sigue deteniendo a tibetanos por delitos en Internet, como tener contenidos prohibidos en sus teléfonos o “difundir rumores”. Las autoridades introdujeron la prohibición de publicar en Internet enseñanzas religiosas y otros contenidos, con la intención de imponer un férreo control oficial sobre las instituciones religiosas y los profesores. En una zona tibetana de la provincia de Sichuan, las autoridades regionales ordenaron la demolición de estatuas y templos al aire libre, cuya construcción se había aprobado inicialmente.
Aparecieron informes sobre la detención y condena de personalidades religiosas y culturales tibetanas sospechosas de disidencia, y sobre los malos tratos que recibieron durante su reclusión, especialmente los escritores Go Sherab Gyatso, Rongwo Gendun Lhundrup y Tubten Lodro (alias Sabuchey). En marzo, el joven y popular cantante pop Tsewang Norbu se inmoló frente al palacio de Potala, la primera protesta de un tibetano de origen urbano.
Libertad de religión
El control estatal sobre la religión ha aumentado desde 2016, cuando Xi hizo un llamamiento a la “sinicización” de las religiones. Más allá de controlar la religión dictando lo que constituye una actividad religiosa “normal” y, por lo tanto, legal, las autoridades tratan ahora de remodelar globalmente las religiones para que sean coherentes con la ideología del partido y ayuden a promover la lealtad al partido y a Xi.
La policía sigue acosando, deteniendo y encarcelando a líderes y miembros de “iglesias caseras”, congregaciones que se niegan a unirse a las iglesias católicas y protestantes oficiales. Las autoridades también interrumpen sus actividades pacíficas y las prohíben rotundamente. En septiembre, decenas de miembros de una iglesia de Shenzhen huyeron a Tailandia en busca de refugio tras haber abandonado China hace tres años debido a la escalada del acoso policial y después de no haber conseguido el reconocimiento como refugiados en Corea del Sur. El grupo denunció haber sido vigilado por agentes del gobierno chino en Tailandia.
En marzo entraron en vigor las nuevas medidas sobre la Administración de los Servicios de Información Religiosa en Internet, que prohíben a personas o grupos enseñar o propagar de otro modo la religión en Internet sin aprobación oficial. Una aplicación católica muy utilizada, CathAssist, cerró en agosto por no poder obtener una licencia. Al parecer, la normativa ha perturbado gravemente la vida religiosa de las personas, ya que muchas han recurrido cada vez más a las reuniones religiosas y a la información en línea, especialmente durante la pandemia.
En octubre de 2022, el Vaticano y el gobierno chino renovaron un acuerdo firmado en 2018. Se renovó a pesar de la detención por parte del gobierno chino del cardenal Joseph Zen y las continuas detenciones de los obispos Zhang Weizhu y Cui Tai, entre otros.
Covid-19
Las autoridades mantuvieron una estricta política de “Cero Covid”, considerando inaceptable incluso una sola infección, a pesar de la amplia disponibilidad de vacunas y medicamentos.
En Ruili, una ciudad fronteriza de la provincia de Yunnan, los residentes soportaron siete cuarentenas distintas desde marzo de 2021 hasta abril de 2022, pasando 119 días confinados en sus casas excepto para las pruebas obligatorias de Covid. En Shanghái, un núcleo comercial de 25 millones de habitantes, los residentes sufrieron un cierre igualmente estricto de marzo a mayo. Chengdu, ciudad de 21 millones de habitantes, permaneció cerrada durante dos semanas en septiembre.
Aunque estas medidas draconianas evitaron muertes y enfermedades relacionadas con el Covid, impidieron en gran medida el acceso de la población a la atención sanitaria, la alimentación y otras necesidades. Un número indeterminado de personas murieron tras negárseles tratamiento médico para sus enfermedades no relacionadas con el Covid. En algunos casos, los residentes tuvieron que recurrir a amenazas de autolesión o violencia para que sus familiares fueran admitidos en los hospitales. En Shanghái, las autoridades separaron a niños y niñas pequeños de sus padres tras dar positivo en las pruebas de Covid, lo que obligó a aislar en un hospital o centro designado a quienes daban positivo, y solo revirtieron la política tras una protesta pública. Numerosas personas informaron de que se enfrentaban a una grave escasez de alimentos, medicamentos, productos de higiene menstrual y otros artículos de primera necesidad. Las personas que se encontraban en centros de cuarentena obligatoria también acudieron a las redes sociales para denunciar las condiciones de hacinamiento e insalubridad.
Aunque las autoridades se disculparon por las “carencias y deficiencias” de sus respuestas a la pandemia de Covid-19, siguieron controlando el flujo de información sobre la enfermedad. Los censores eliminaron numerosas publicaciones en las redes sociales en las que se criticaba al gobierno, como un vídeo viral en el que se protestaba por el bloqueo de Shanghái y los airados comentarios tras el accidente de un autobús que transportaba a decenas de personas a un centro de cuarentena y en el que murieron 27 en plena noche, mientras que la policía detenía en todo el país a internautas que se quejaban de la respuesta del gobierno ante el Covid.
Los cierres preventivos y otras medidas de control del Covid también obligaron a fábricas, restaurantes y empresas a recortar puestos de trabajo y salarios, o a cerrar por completo. Los vídeos publicados en las redes sociales mostraban a personas suplicando a las autoridades que las liberaran para poder ir a trabajar y alimentar a sus familias.
Defensores de los derechos humanos
Las autoridades continuaron hostigando, deteniendo y procesando a personas defensoras de los derechos humanos. En diciembre de 2021, las autoridades de la provincia de Jilin hicieron desaparecer por la fuerza al abogado de derechos humanos Tang Jitian. Antes de su desaparición, las autoridades impidieron a Tang viajar a Japón para visitar a su hija, que estaba en coma por enfermedad.
En junio, un tribunal de la provincia de Shandong celebró juicios secretos por “subversión” contra el destacado jurista Xu Zhiyong y el abogado de derechos humanos Ding Jiaxi. En el momento de redactar este informe se desconocían sus veredictos. Los hombres fueron detenidos en 2020 y 2019, respectivamente, tras organizar un pequeño encuentro para debatir cuestiones de derechos humanos y democracia. Li Qiaochu, activista por los derechos de las mujeres y pareja de Xu, también está detenida desde febrero de 2021.
En septiembre, Dong Jianbiao, padre de Dong Yaoqiong, a quien las autoridades hicieron desaparecer por salpicar con tinta un cartel del presidente Xi Jinping en 2018, murió en una prisión de la provincia de Hunan. Familiares dijeron que su cuerpo mostraba signos de lesiones. Dong había protestado por la desaparición de su hija y fue encarcelado por una disputa doméstica. También en septiembre, la policía de Shanghái detuvo a Ji Xiaolong, un activista que había pedido al secretario del Partido de Shanghái, Li Qiang, que dimitiera por la mala gestión de la pandemia de Covid-19.
Al parecer, Huang Xueqin, periodista y voz destacada del movimiento #MeToo de China que desapareció a manos de las autoridades de Guangdong en septiembre de 2021, estaba delicada de salud. Las autoridades destituyeron al abogado designado por la familia de Huang y, en su lugar, la obligaron a recurrir a un abogado designado por el gobierno.
Li Yuhan, abogada de derechos humanos residente en Shenyang y detenida desde 2017, al parecer fue maltratada por las autoridades del centro de detención y se encontraba gravemente enferma. Li fue juzgada en 2021, pero en el momento de redactar este informe no se había emitido ningún veredicto. Seguía sin conocerse el paradero del abogado de derechos humanos Gao Zhisheng, desaparecido en agosto de 2017. La familia de Gao siguió pidiendo al gobierno chino que revelara si seguía con vida.
Libertad de expresión
Las autoridades siguen acosando, deteniendo y procesando a personas por sus publicaciones en Internet y sus mensajes de chat privados críticos con el gobierno, presentando cargos inventados por “difundir rumores”, “provocar disputas y problemas” e “insultar a los líderes del país”. En mayo, un tribunal de la provincia de Hainan condenó al ex periodista Luo Changping a siete meses de prisión por un post en Weibo en el que cuestionaba la justificación de la participación de China en la guerra de Corea.
Las autoridades continuaron reprimiendo los contenidos en línea considerados políticamente sensibles. A principios de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, los censores eliminaron de las redes sociales los mensajes críticos con el gobierno ruso o los que abogaban por la paz. En junio, Li Jiaqi, un destacado streamer en directo, estuvo fuera de línea durante tres meses tras mostrar una tarta con forma de tanque en vísperas del 33 aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen, aunque probablemente desconocía el simbolismo del tanque. En agosto, la Administración del Ciberespacio anunció que se había “ocupado” de 1.340 millones de cuentas de redes sociales, había “limpiado” 22 millones de mensajes ilegales y había cerrado 3.200 sitios web.
A pesar del sofisticado aparato de censura de Beijing, los internautas siguieron desarrollando formas creativas de eludir el control. En Guangzhou, los residentes utilizaron términos cantoneses vernáculos, en lugar del mandarín estándar, para expresar su frustración por la draconiana política de Covid del gobierno.
Derechos de las mujeres y las niñas
El movimiento chino #MeToo siguió ganando fuerza, a pesar de la censura en línea y la represión de las activistas por los derechos de las mujeres. En noviembre de 2021, la estrella del tenis chino Peng Shuai publicó en Weibo una denuncia de agresión sexual por parte de un alto cargo jubilado del partido, lo que llevó las acusaciones del movimiento #MeToo a las altas esferas del PCCh. Aunque su publicación en Weibo, junto con los debates en torno a ella, fue rápidamente censurada dentro del país, generó un enorme interés fuera de él, mientras el gobierno chino se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero. No se vio a Peng en público durante semanas después de su publicación. Se cree que sus apariciones consiguientes en vídeos y fotos fueron manipuladas por las autoridades.
En agosto, un tribunal de Beijing rechazó el recurso de Zhou Xiaoxuan, que presentó una demanda por acoso sexual contra un destacado presentador de televisión de la cadena estatal CCTV, por considerar que las pruebas presentadas eran “insuficientes”. El histórico caso de acoso inspiró a muchas otras personas a compartir sus experiencias de agresión sexual.
En septiembre, la policía china detuvo a Du Yingzhe, destacado director de cine chino, por abusos sexuales. Veintiún mujeres y niñas lo acusaron de coaccionar a estudiantes y miembros del personal para que mantuvieran relaciones sexuales con él durante un periodo de 15 años. En octubre, Richard Liu, un multimillonario tecnológico chino, llegó a un acuerdo civil en un caso de violación en Minnesota, después de que Jingyao Liu, una antigua estudiante de la Universidad de Minnesota, lo demandara en 2018.
Dos casos de violencia sexual generaron indignación en todo el país en 2022. En enero, se hizo viral un vídeo que mostraba a una mujer encadenada por el cuello en una cabaña de la provincia rural de Jiangsu. Una investigación gubernamental descubrió que la mujer había sido víctima de trata y vendida como novia en dos ocasiones a finales de la década de 1990. Las autoridades censuraron el vídeo y los debates, detuvieron a activistas que intentaron visitar la aldea de la mujer, amenazaron a quienes investigaron por su cuenta en Internet y cuestionaron las conclusiones oficiales.
En junio, unas imágenes de circuito cerrado de televisión difundidas por Internet mostraban cómo cuatro mujeres eran agredidas con saña después de que una de ellas rechazara la proposición sexual de un hombre en un restaurante de la ciudad nororiental de Tangshan. El vídeo suscitó acalorados debates sobre la violencia de género. Posteriormente se presentaron cargos contra 28 personas en relación con el incidente.
Orientación sexual e identidad de género
China despenalizó las conductas homosexuales en 1997. No tiene leyes que protejan a las personas de la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y las parejas del mismo sexo no están reconocidas.
Las autoridades siguen prohibiendo las representaciones de relaciones homosexuales en el cine y la televisión. En febrero, la popular sitcom estadounidense “Friends” volvió a varios sitios chinos de streaming, pero se cortaron las escenas en las que aparecían personajes lésbicos. En abril, se eliminaron las referencias a una relación homosexual en la película de Warner Brothers “Fantastic Beasts 3”. En junio, las autoridades prohibieron la película de animación de Disney “Lightyear” después de que la empresa se negara a cortar una escena en la que aparecía una pareja del mismo sexo besándose.
Derechos de las personas con discapacidad
En China, las personas con discapacidad psicosocial real o percibida pueden ser encadenadas o encerradas en espacios reducidos debido a la falta de apoyo y servicios de salud mental adecuados, así como a creencias generalizadas que estigmatizan a las personas con discapacidad psicosocial.
En septiembre, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó al gobierno chino “derogar las disposiciones y prácticas que permiten la privación de libertad de adultos y niños con discapacidad sobre la base de una deficiencia real o percibida”.
La Iniciativa de la Franja y la Ruta
La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), anunciada en 2013, es un programa gubernamental de infraestructuras e inversiones por valor de un billón de dólares que se extiende por un centenar de países. Desde entonces, algunos proyectos de la BRI han sido criticados por su falta de transparencia, por no tener en cuenta las preocupaciones de las comunidades y por su impacto medioambiental negativo, lo que ha provocado protestas generalizadas.
En agosto, las autoridades chinas anunciaron que renunciarían a 23 préstamos sin intereses para 17 países africanos, lo que supondría alrededor del 1 % del total de préstamos, según un estudio de la Universidad de Boston. Un estudio de Institute for Security Studies, con sede en Pretoria, sobre las prácticas laborales de las empresas chinas en seis países africanos reveló violaciones generalizadas de los derechos laborales, como impago de salarios, violencia física, despido instantáneo en caso de lesión o enfermedad y falta de seguridad en el lugar de trabajo.
En agosto, los manifestantes de la ciudad portuaria paquistaní de Gwadar, proyecto emblemático del Corredor Económico China-Pakistán, salieron a la calle exigiendo agua y electricidad y que se pusiera fin a la pesca ilegal de los arrastreros chinos en la zona. Los pescadores locales habían expresado su preocupación por la falta de transparencia y de consultas, y por las posibles repercusiones en sus medios de vida. Se consideró parte de una creciente reacción contra la BRI en Pakistán.
Políticas y acciones contra el cambio climático
China sigue siendo el mayor emisor de gases de efecto invernadero, aunque sus emisiones per cápita la sitúan solo entre los 40 primeros países. Gran parte de la considerable energía que ha alimentado el crecimiento económico procede del carbón, lo que impulsa estas emisiones. Produce la mitad del carbón del mundo y es también el mayor importador de petróleo, gas y carbón.
El gobierno chino anunció en 2021 que alcanzaría la neutralidad de carbono antes de 2060 y llegaría al pico de emisiones de carbono antes de 2030. A pesar de estos objetivos mejorados, el Climate Action Tracker califica el objetivo nacional de “demasiado insuficiente” para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.
China también lidera la producción mundial de energías renovables y es el mayor financiador de proyectos de energías renovables en el extranjero, algunos de los cuales, sin embargo, han estado relacionados con abusos de los derechos humanos. Gran parte de la capacidad mundial de producción de minerales y materiales necesarios para las tecnologías de energías renovables, como turbinas eólicas, paneles solares y baterías de coches eléctricos, se encuentra en China. Algunos de estos minerales se producen en Xinjiang, lo que suscita preocupación por el uso de mano de obra forzada.
Las operaciones de empresas chinas en el extranjero a menudo causan o contribuyen a abusos de los derechos humanos y daños medioambientales. En Guinea, Human Rights Watch documentó la participación de una empresa china en una empresa conjunta de minería de bauxita (aluminio) que ha explotado las tierras de los agricultores sin compensación adecuada y ha destruido las fuentes de agua locales.
Las importaciones chinas de productos agrícolas básicos provocan más deforestación en el mundo que las de cualquier otro mercado. Esta deforestación es en gran parte ilegal. En noviembre, Estados Unidos y China se comprometieron conjuntamente a eliminar la deforestación ilegal mundial aplicando sus respectivas leyes que prohíben las importaciones ilegales de madera. China todavía tiene que hacer cumplir una restricción a las importaciones ilegales de madera que adoptó en 2019.
Actores internacionales clave
En mayo, Michelle Bachelet realizó la primera visita a China de un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 17 años; las autoridades controlaron estrechamente sus actividades. En agosto, Bachelet hizo público un informe que corroboraba las violaciones generalizadas de derechos humanos en Xinjiang y concluía que los abusos “pueden equivaler a crímenes contra la humanidad”.
El gobierno chino intentó en repetidas ocasiones impedir la publicación del informe. Tras la publicación del informe, más de 40 expertos independientes de la ONU emitieron una declaración conjunta apoyando sus conclusiones. En septiembre, Estados Unidos, Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Lituania, Noruega, Suecia y Reino Unido lanzaron una iniciativa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para celebrar un debate sobre el informe durante su periodo de sesiones de marzo de 2023. La iniciativa se quedó corta por una ajustada votación de 17 a 19, con el apoyo de todos los grupos regionales de la ONU: Ucrania expresó posteriormente su apoyo, estrechando el margen a un solo voto. Sin embargo, el número de delegaciones de la ONU dispuestas a condenar públicamente los abusos del gobierno en Xinjiang sigue creciendo. En octubre, una cifra récord de 50 países miembros de la ONU se sumaron a una declaración conjunta liderada por Canadá en la que se pedía a Beijing que pusiera fin a las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y aplicara las recomendaciones del informe de Bachelet.
Los gobiernos adoptaron cada vez más medidas para garantizar que la actividad comercial no alimente la represión en toda China. Además de la entrada en vigor de la Ley estadounidense de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures, se informó de que la Unión Europea estaba deliberando sobre una prohibición de la importación y exportación de todos los productos de trabajo forzoso, impulsada en parte por la preocupación por los abusos de Xinjiang. La UE presentó un proyecto de ley para establecer normas globales de diligencia debida en materia de derechos humanos para las empresas. El Comité Olímpico Internacional y sus principales patrocinadores no publicaron sus evaluaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos antes de los Juegos de Invierno de 2022 en China.
En marzo, el Departamento de Justicia estadounidense anunció la apertura de casos contra cinco personas por acosar a quienes criticaban al gobierno chino en Estados Unidos, lo que reflejaba la creciente preocupación por las amenazas a las comunidades de la diáspora. En Australia, el campus de la Universidad Tecnológica de Sídney dio un paso importante para proteger mejor la libertad académica de los estudiantes que desean expresar opiniones críticas con el gobierno chino, añadiendo a los materiales de orientación una nueva advertencia en la que se informa a los estudiantes de su derecho a estar libres de cualquier forma de acoso o intimidación política respaldada por el Estado.
Política exterior
En febrero, el presidente ruso Vladimir Putin visitó China, donde él y Xi publicaron una declaración en la que ambos gobiernos prometían una “amistad sin límites”. El gobierno chino no ha condenado la invasión rusa de Ucrania ni las numerosas violaciones de las leyes de la guerra cometidas por las fuerzas rusas durante el conflicto.
El gobierno chino sigue proporcionando asistencia directa y ayuda militar a varios gobiernos que cometen graves abusos, como los talibanes de Afganistán y la junta militar de Myanmar.
En octubre, el cónsul general chino en Manchester (Inglaterra) y otros miembros del personal del consulado arrastraron al interior del recinto a un manifestante pro democracia de Hong Kong y lo golpearon; el cónsul general justificó su conducta como su “deber”.
Los diplomáticos chinos también atacaron los mandatos de los organismos de derechos humanos de la ONU en respuesta a su preocupación, cada vez más evidente, por las violaciones dentro de China. Beijing tachó de “farsa” el informe de la alta comisionada sobre Xinjiang, y de “ilegales e inválidos” los esfuerzos por impulsar un debate sobre la situación.