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Brazil

Eventos de 2020

Una mujer abraza a su madre de 85 años a través de una cortina de plástico transparente en un hogar para ancianos en São Paulo, Brasil, en junio de 2020.

© 2020 Nelson Almeida/AFP via Getty Images

El Presidente Jair Bolsonaro intentó sabotear las medidas de salud pública destinadas a contener el contagio del Covid-19, pero el Supremo Tribunal Federal, el Congreso y los gobernadores implementaron políticas para proteger a los brasileños de la enfermedad.

El gobierno de Bolsonaro ha debilitado la aplicación de las leyes ambientales y ha dado luz verde, en la práctica, a las redes delictivas que se dedican a la deforestación ilegal del Amazonas y utilizan la intimidación y la violencia contra los defensores de la selva.

El Presidente Bolsonaro acusó a los indígenas y a organizaciones no gubernamentales (ONG), sin ofrecer prueba alguna, de ser responsables de la destrucción de la selva tropical. También hostigó a periodistas.

En 2019, la policía mató a 6.357 personas, una de las cifras más altas de muertes causadas por la policía en el mundo. Casi un 80 % de las víctimas eran personas negras. Las muertes causadas por la policía aumentaron un 6 % en la primera mitad de 2020.

Covid-19

El Presidente Bolsonaro restó importancia al Covid-19, al cual se refirió como “una gripecita”; se negó a adoptar medidas para protegerse a sí mismo y a quienes lo rodeaban; difundió información equivocada e intentó impedir que los estados impusieran normas de distanciamiento social. Su gobierno intentó restringir la publicación de información sobre el Covid-19. El Presidente Bolsonaro despidió a su ministro de salud por defender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el ministro que lo remplazó renunció por discrepar con el presidente en su apoyo a un medicamento no comprobado para tratar el Covid-19.

Hasta el 29 de octubre, Brasil registraba 5,4 millones de casos confirmados de Covid-19 y 158.969 muertes. Los brasileños negros tenían mayor probabilidad de sufrir síntomas indicativos de Covid-19 y de morir en un hospital que los miembros de otros grupos raciales. Los expertos atribuyeron la disparidad a mayores tasas de empleo informal entre las personas negras, lo cual impidió que muchos trabajaran desde sus casas, así como a una mayor prevalencia de afecciones preexistentes, entre otros factores.

El acceso deficiente a servicios sanitarios y la prevalencia de enfermedades respiratorias u otras dolencias crónicas hicieron a los indígenas particularmente vulnerables a las complicaciones derivadas del Covid-19. Hasta el 29 de octubre, la ONG Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil registró 38.124 casos y 866 muertes de indígenas por el Covid-19.

En junio, el Congreso aprobó un proyecto de ley que obligaba al gobierno a brindar servicios sanitarios de emergencia y otros tipos de asistencia para ayudar a que los pueblos indígenas hicieran frente a la pandemia. El Presidente Bolsonaro vetó parcialmente el proyecto, pero el Congreso anuló su veto. En julio, el Supremo Tribunal Federal le ordenó al gobierno de Bolsonaro que elaborara un plan para luchar contra la propagación del Covid-19 en territorios indígenas.

El hacinamiento, la mala ventilación y los servicios de salud inadecuados en las prisiones y los centros de detención juvenil de Brasil generan condiciones sumamente propicias para brotes de Covid-19.

Hasta diciembre de 2019, más de 755.000 adultos se encontraban encarcelados, cifra que supera la capacidad máxima de las cárceles y prisiones en aproximadamente un 70 %, según el Ministerio de Justicia. Las prisiones contaban con un médico general por cada 900 detenidos y un ginecólogo por cada 1.200 mujeres encarceladas.

Si bien el gobierno de Bolsonaro no abordó la situación de sobrepoblación carcelaria, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), órgano que regula el funcionamiento del sistema judicial, solicitó a los jueces que redujeran las medidas de prisión preventiva durante la pandemia y consideraran la posibilidad de disponer la liberación anticipada de ciertos detenidos. Hasta el 16 de septiembre, la justicia había ordenado el traslado de alrededor de 53.700 reclusos a detención domiciliaria en respuesta al Covid-19, según datos oficiales obtenidos por Human Rights Watch.

En julio, el Presidente Bolsonaro vetó un artículo de un proyecto de ley que exigía el uso de mascarillas en las cárceles y en los centros de detención juvenil, pero el Supremo Tribunal Federal determinó que el veto violó el proceso legal y ordenó la aplicación del artículo. El Tribunal también basó su decisión en la “precariedad estructural” de los servicios de salud en los centros de detención.

Hasta el 26 de octubre, alrededor de 46.210 reclusos y trabajadores de los centros de detención habían contraído Covid-19 y 205 habían fallecido.

El CNJ también pidió a los jueces que consideraran alternativas a la detención durante la pandemia para los niños y niñas en conflicto con la ley. Tras esa recomendación, el número de niños, niñas y adultos jóvenes detenidos se redujo a aproximadamente 14.600, según datos judiciales obtenidos por Human Rights Watch. No obstante, al menos 38 centros de detención juvenil seguían superando su capacidad máxima en hasta un 90 % durante la pandemia.

En agosto, el Supremo Tribunal Federal ordenó a los jueces que pusieran fin a la sobrepoblación de los centros de detención juvenil disponiendo medidas alternativas a la detención.

Las personas con discapacidad confinadas en instituciones corren un mayor riesgo de contraer Covid-19 debido al hacinamiento y, frecuentemente, falta de higiene, aunque la ausencia de datos centralizados imposibilita una evaluación del impacto del virus. En mayo, la Secretaría Nacional de Asistencia Social instó a las autoridades locales a que consideraran alterativas a la internación y adoptaran medidas contra el Covid-19 en las instituciones.

Seguridad pública y conducta policial

En Río de Janeiro, la policía mató a 744 personas entre enero y mayo de 2020 —la cifra más alta registrada para ese período desde, al menos, el año 2003—, a pesar de que los índices de delincuencia habían descendido, ya que las medidas de distanciamiento social por el Covid-19 habían reducido la cantidad de personas en las calles.

En mayo, un grupo de voluntarios repartía alimentos frente a una escuela en un barrio de bajos recursos de Río de Janeiro a familias que enfrentaban dificultades por el impacto económico del Covid-19 cuando la policía abrió fuego, provocando la muerte de un estudiante de 19 años. Los agentes alegaron que estaban respondiendo a disparos de sospechosos no identificados. Las tareas de distribución de alimentos ya se habían visto perturbadas en al menos cuatro ocasiones en un mismo mes por tiroteos en los que estuvo involucrada la policía.

En junio, el Supremo Tribunal Federal prohibió que la policía realizara operaciones en barrios de bajos recursos en Río de Janeiro durante la pandemia, salvo en “casos excepcionales”. Como consecuencia, las muertes causadas por la policía disminuyeron un 72 % entre junio y septiembre.

En São Paulo, las muertes a manos de policías en servicio aumentaron un 9 % entre enero y septiembre.

En agosto de 2020, la policía lanzó un operativo en Nova Olinda do Norte, en el estado de Amazonas, luego de que narcotraficantes presuntamente dispararan contra una embarcación que pescaba sin permiso, hiriendo levemente al secretario de desarrollo social del estado. Al menos siete personas murieron durante el operativo, incluidos dos policías, y hasta el 24 de septiembre se desconocía el paradero de tres personas, según informó el Ministerio de Justicia a Human Rights Watch. Los residentes denunciaron que policías cometieron ejecuciones extrajudiciales y otros abusos, incluyendo la tortura de un líder de la comunidad.

En todo el país, las muertes causadas por la policía aumentaron un 6 % en la primera mitad de 2020, según datos oficiales recopilados por la organización sin fines de lucro Foro Brasileño de Seguridad Pública. En 2019, la policía mató a 6.357 personas. Casi un 80 % de las víctimas eran personas negras.

Si bien algunas muertes por policías son en defensa propia, muchas otras son resultado del uso excesivo de la fuerza. Los abusos por parte de policías contribuyen a agravar un círculo de violencia que perjudica la seguridad pública y pone en riesgo la vida de policías y del resto de la población. Entre enero y junio de 2020, 110 policías fueron asesinados, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Los homicidios subieron un 7 % en la primera mitad de 2020, con lo cual se revirtió la tendencia descendiente de los dos años anteriores.

Derechos de niños y niñas

Hasta septiembre de 2020, alrededor de 150 proyectos de ley que prohibían abordar la orientación sexual, la identidad de género o las opiniones políticas en las escuelas habían sido aprobados o estaban en tramitación en el Congreso y en las legislaturas estatales y municipales, según un sitio web gestionado por profesores universitarios. Hasta octubre, el Supremo Tribunal Federal había anulado ocho leyes contra el “adoctrinamiento político” o la promoción de la “ideología de género”, por considerar que violaban la libertad académica y el derecho a la educación.

En septiembre, el ministro de educación afirmó que el género no debía discutirse en las escuelas y que las personas que “optaban” por el “homosexualismo” muchas veces provenían de “familias desestructuradas”.

Un estudio del Senado estimó que, hasta julio, fueron canceladas las clases de un 18 % de los estudiantes de escuelas primarias, secundarias y terciarias privadas, y de un 40 % de los estudiantes de escuelas públicas debido a la pandemia. El resto tuvo acceso a clases en línea, pero el 20 % de esos estudiantes no contaban con conexión a internet en sus hogares.

Orientación sexual e identidad de género

En mayo de 2020, el Supremo Tribunal Federal revocó una prohibición dictada por el gobierno federal que impedía donar sangre a los hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres.

Entre enero y junio de 2020, el Ministerio de Derechos Humanos recibió 1.134 denuncias de violencia, discriminación y otros abusos contra personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).

Derechos de mujeres y niñas

La adopción de la ley “Maria da Penha” en 2001 fue un paso importante en la lucha contra la violencia doméstica, pero aún está pendiente su implementación completa.

En 2019, la justicia estaba tramitando un millón de casos de violencia doméstica y 5.100 casos de femicidio, definido por la legislación brasileña como el asesinato de mujeres “por el hecho de ser personas de sexo femenino”.

Los registros policiales de violencia contra las mujeres disminuyeron significativamente durante la pandemia de Covid-19, mientras que las llamadas a una línea telefónica de ayuda para denunciar casos de violencia contra mujeres aumentaron un 27 % en marzo y abril de 2020, en comparación con el año anterior. Esto parece indicar que las mujeres enfrentaron dificultades a la hora de dirigirse a las comisarías para denunciar actos de violencia.

El aborto solamente es legal en Brasil en casos de violación, para salvar la vida de la mujer o cuando el feto presente anencefalia, una afección que reduce significativamente las posibilidades de supervivencia del feto.

En junio, el gobierno de Bolsonaro retiró de sus cargos a dos funcionarios públicos luego de que firmaran una nota técnica en la cual se recomendaba que las autoridades mantuvieran los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia de Covid-19, incluyendo el “aborto seguro en los casos permitidos por la ley ”.

En agosto, el gobierno de Bolsonaro instauró nuevas barreras al acceso al aborto legal, incluyendo una disposición que obliga a los profesionales de la salud a reportar a la policía los casos de sobrevivientes de violaciones que pretendieran poner fin a sus embarazos.

Únicamente 42 hospitales, en un país de 212 millones de personas, estaban practicando abortos legales durante la pandemia de Covid-19, según informaron la ONG Artículo 19 y los sitios de noticias AzMina y Gênero e Número, en comparación con 76 hospitales que lo hicieron durante 2019. En agosto, un hospital en el estado de Espírito Santo se negó a practicarle un aborto a una niña de 10 años que había sido violada durante años, alegando que no tenía la autoridad para llevarlo a cabo. Luego de la intervención de un juez, el aborto se realizó en otro estado.

Las mujeres y niñas que se someten a abortos inseguros e ilegales se exponen no sólo al riesgo de lesiones y de muerte, sino además a penas de hasta tres años de cárcel. Las personas condenadas por realizar abortos ilegales pueden recibir penas de hasta cuatro años.

En 2015 y 2016, un brote del virus del zika tuvo impactos nocivos especialmente en mujeres y niñas. Cuando infecta a una mujer embarazada, el zika puede causar complicaciones en el desarrollo fetal, incluso del cerebro. En abril de 2020, el Supremo Tribunal Federal rechazó por un tecnicismo una petición para legalizar el aborto en el caso de las personas infectadas con el zika durante el embarazo y para incrementar el apoyo estatal para las familias afectadas por ese virus.

En septiembre de 2020, la Confederación Brasileña de Fútbol anunció que pagaría los mismos salarios a las mujeres y los hombres de las selecciones de fútbol del país.

En 2018, varias sentencias del Supremo Tribunal Federal y una nueva ley establecieron detención domiciliaria en vez de prisión preventiva para mujeres embarazadas, madres de personas con discapacidad y madres con hijos menores de 12 años, salvo para aquellas acusadas de delitos violentos o delitos contra sus dependientes. Los datos oficiales indican que los jueces otorgaron detención domiciliaria a más de 3.380 mujeres en 2019, pero 5.111 mujeres que deberían haberse visto beneficiadas por las nuevas normas seguían aguardando el juicio tras las rejas, según informó el Ministerio de Justicia a Human Rights Watch. Entre enero y julio de 2020, la justicia otorgó detención domiciliaria a por lo menos 938 mujeres más, aunque el Ministerio no brindó información sobre cuántas otras estaban a la espera de una decisión.

En octubre de 2020, el Supremo Tribunal Federal decidió que las normas relativas a detención domiciliaria en vez de prisión preventiva también deben aplicarse a padres que tienen responsabilidad exclusiva respecto a hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, así como a cualquier otra persona que sea “indispensable” para el cuidado de niños menores de 6 años o personas con discapacidad.

Libertad de expresión

En marzo, el Presidente Bolsonaro suspendió los plazos previstos para que los organismos gubernamentales respondieran a pedidos de información pública durante la emergencia de Covid-19 e impidió que los ciudadanos apelaran los pedidos rechazados. El Supremo Tribunal Federal revocó estas disposiciones.

Desde su asunción, el Presidente Bolsonaro y funcionarios gubernamentales han arremetido contra periodistas en más de 400 ocasiones, según la ONG Artículo 19. En agosto de 2020, el presidente le dijo a un periodista que quería “reventarle la cara a puñetazos”. Sus partidarios hostigaron a periodistas en manifestaciones y fuera del palacio presidencial, lo cual hizo que varios medios suspendieran la cobertura en el palacio en mayo. El gobierno solicitó a la policía federal que investigara a dos periodistas y un caricaturista por presunta difamación después de que criticaran al presidente.

El Ministerio de Justicia preparó informes confidenciales sobre casi 600 policías y 3 académicos que identificó como “antifascistas”. El Supremo Tribunal Federal ordenó que el Ministerio dejara de recabar información sobre personas que expresaban opiniones en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y asociación.

El Senado brasileño sancionó un proyecto de ley sobre “noticias falsas” que amenaza el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Al momento de la preparación de este documento, se encontraba en trámite en la Cámara de Diputados.

Derechos de las personas con discapacidad

Miles de personas adultas, niños y niñas con discapacidad están internados innecesariamente en instituciones, donde pueden enfrentar desatención y abuso, a veces de por vida.

En septiembre de 2020, el gobierno adoptó una nueva política nacional que parecía estar destinada a establecer escuelas segregadas para determinadas personas con discapacidad, a pesar del derecho de todas las personas con discapacidad a una educación inclusiva.

Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

Miles de venezolanos, incluyendo cientos de niños y niñas no acompañados, han cruzado la frontera hacia Brasil en los últimos años, huyendo del hambre, la falta de atención médica básica o la persecución. Hasta agosto de 2020, más de 262.000 venezolanos vivían en Brasil.

La declaración legal realizada por Brasil en junio de 2019 de que existe una “violación grave y generalizada de los derechos humanos” en Venezuela agiliza el trámite de otorgamiento de asilo a los venezolanos. En agosto de 2020, la agencia federal de refugiados de Brasil prorrogó la política por un año más. Entre enero y agosto, Brasil otorgó la condición de refugiados a 38.000 venezolanos.

En marzo, en respuesta a la pandemia de Covid-19, el gobierno federal prohibió que los ciudadanos venezolanos ingresaran a Brasil por vía terrestre y, posteriormente, extendió la medida a otras nacionalidades. Para octubre, la mayoría de los ciudadanos extranjeros, con excepción de los que fueran residentes permanentes de Brasil, tenían prohibido ingresar al país por tierra o agua. Los residentes permanentes pueden regresar a Brasil a menos que ingresen al país desde Venezuela, en cuyo caso la prohibición sigue en pie. Además, el gobierno federal ordenó la repatriación o deportación de quienes lograran ingresar, incluso si se trataba de solicitantes de asilo.

Esas medidas violan las obligaciones internacionales asumidas por Brasil. Incluso en épocas de emergencia, los gobiernos siguen teniendo la obligación de no disponer el regreso de refugiados a lugares donde enfrentan amenazas de persecución, están expuestos a condiciones inhumanas o degradantes, o se encuentra en riesgo su vida o seguridad física. Asimismo, no deben imponer restricciones discriminatorias.

Derechos ambientales y de los pueblos indígenas

Las redes delictivas que son las principales responsables de la deforestación ilegal en el Amazonas continuaron amenazando, e incluso asesinando, a indígenas, residentes locales y funcionarios públicos que defienden la selva.

Entre 2015 y 2019, más de 200 personas fueron asesinadas en el marco de conflictos relativos al uso de tierras y recursos en el Amazonas, muchas de ellas por personas presuntamente involucradas en la deforestación ilegal, según la organización sin fines de lucro Comisión Pastoral de la Tierra. En la gran mayoría de estos casos, los autores no fueron llevados ante la justicia.

Desde su asunción en enero de 2019, el gobierno de Bolsonaro ha debilitado la aplicación de leyes ambientales. En abril de 2020, luego de un operativo exitoso contra la minería ilegal, el gobierno retiró de sus cargos a los tres funcionarios de máxima jerarquía encargados de las operaciones contra crímenes ambientales en la principal agencia ambiental del país.

En octubre de 2019, el Ministerio de Medioambiente implementó nuevos procedimientos que establecían que no era necesario abonar las multas ambientales hasta que fueran revisadas en “audiencias de conciliación”. Desde entonces, los agentes ambientales han impuesto miles de multas, pero, hasta agosto de 2020, el Ministerio solo había llevado a cabo cinco audiencias.

En mayo de 2020, el gobierno trasladó la responsabilidad de liderar operaciones contra la deforestación en el Amazonas de las agencias ambientales a las Fuerzas Armadas, a pesar de su falta de conocimientos y capacitación sobre el tema.

La deforestación en el Amazonas aumentó un 85 % en 2019, según datos preliminares. Entre enero y septiembre de 2020, la deforestación se redujo un 10 %, pero la cantidad de incendios alcanzó el nivel más alto en 10 años.

Hasta octubre de 2020, los incendios habían quemado más de un cuarto del Pantanal, la llanura aluvial más grande del mundo. Esto representa la mayor destrucción del Pantanal en más de dos décadas. La Policía Federal y los fiscales consideran que grandes terratenientes iniciaron incendios de forma ilegal para desmalezar los terrenos y destinarlos a la cría de ganado.

La contaminación del aire provocada por los incendios forestales tiene un grave impacto en la salud pública. Un estudio realizado por Human Rights Watch, el Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) y el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM) determinó que millones de personas estuvieron expuestas a niveles nocivos de contaminación del aire causados por los incendios en el Amazonas en 2019, lo cual resultó en aproximadamente 2.195 hospitalizaciones.

El Presidente Bolsonaro se refirió a las ONG que trabajan en el Amazonas como un “cáncer” que él no puede “matar” y las acusó, sin ofrecer pruebas, de ser responsables por la destrucción de la selva tropical. Asimismo, culpó a los pueblos indígenas y a los pequeños productores agropecuarios por los incendios en el Amazonas.

En septiembre de 2020, en una medida aparentemente intimidatoria, el ministro de medioambiente solicitó a un tribunal federal que le ordenara a un destacado ambientalista que explicara ciertos comentarios en los que este había criticado al ministro. En octubre, los medios informaron que el gobierno de Bolsonaro había movilizado a los servicios secretos del país para realizar actividades de espionaje contra la delegación brasileña, las ONG y otras personas que participaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Madrid en diciembre de 2019.

En 2019, las invasiones de territorios indígenas para acceder a sus recursos aumentaron un 135 %, según la organización sin fines de lucro Consejo Indigenista Misionero.

En febrero de 2020, el Presidente Bolsonaro envió un proyecto de ley al Congreso para abrir los territorios indígenas a la minería, las represas y otros proyectos con graves impactos ambientales. Al momento de la preparación de este informe, el proyecto de ley se encontraba en trámite.

Abusos del período militar

Los responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura del período 1964-1985 siguen eludiendo la justicia por efecto de una ley de amnistía de 1979, que fue ratificada por el Supremo Tribunal Federal en 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el fallo violaba las obligaciones de Brasil conforme al derecho internacional.

Desde 2010, los fiscales federales han presentado cargos contra cerca de 60 exagentes de la dictadura por asesinatos, secuestros y otros delitos graves. Los tribunales inferiores han desestimado la mayoría de las causas invocando la ley de amnistía o la prescripción de los delitos.

En mayo de 2020, un tribunal federal desestimó los cargos presentados contra personas acusadas de participar en la tortura y el asesinato del periodista Vladimir Herog en 1975. Los fiscales habían reabierto la investigación en cumplimiento de un fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018.

En septiembre, la compañía alemana Volkswagen admitió que representantes suyos habían cooperado con la dictadura de Brasil. En 2014, la Comisión Nacional de la Verdad descubrió que representantes de la compañía habían proporcionado información sobre sus trabajadores a las autoridades, lo cual pudo haber provocado arrestos ilegales, torturas y otros abusos. Como parte de un acuerdo conciliatorio con los fiscales brasileños, Volkswagen acordó pagar 36 millones de reales (aproximadamente USD 6,5 millones) para indemnizar a las víctimas y financiar la identificación de los restos de víctimas y educar al público sobre los abusos durante la dictadura.

El Presidente Bolsonaro ha elogiado la dictadura en repetidas oportunidades. En octubre, su vicepresidente, un general retirado, expresó su admiración por un coronel fallecido que ha sido identificado como responsable de un centro de tortura.

Actores internacionales clave

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por los ataques contra defensores de derechos humanos, las declaraciones de “líderes políticos” restando gravedad al Covid-19 y el aumento de la participación del ejército en los asuntos públicos y en la seguridad pública.

Cinco relatores de la ONU afirmaron que el Presidente Bolsonaro ha restado importancia a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura y ha difundido “información engañosa” sobre el régimen militar.

Algunos líderes europeos, el Parlamento Europeo y varios parlamentos nacionales de toda Europa expresaron fuertes reservas sobre la ratificación de un acuerdo comercial pendiente entre la Unión Europea y Mercosur. En este sentido, señalaron que las políticas ambientales de Bolsonaro ponen en duda que Brasil esté dispuesto a cumplir con los compromisos ambientales previstos en dicho acuerdo de combatir la deforestación y respetar el Acuerdo de París.

Brasil respaldó el Llamamiento a la Acción Solidaria de la OMS respecto al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19, una iniciativa para “lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra la COVID-19 mediante la mancomunación de conocimientos, propiedad intelectual y datos”.

Política exterior

En 2019, Brasil se postuló para uno de los dos puestos vacantes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU junto con Venezuela, mientras que Costa Rica presentó su candidatura poco antes de la elección. Es probable que la victoria de Venezuela por un escaso margen fuera facilitada por la presión ejercida por Brasil para que los países latinoamericanos no presentaran un tercer candidato.

En 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil presionó para la exclusión de referencias a la “salud sexual y reproductiva” en resoluciones de la ONU, con el argumento de que podían “dar una connotación positiva al aborto”. Por ejemplo, al resistirse a una resolución de la ONU —que, sin embargo, fue aprobada en julio—, Brasil se opuso a incluir un reconocimiento de los derechos al acceso universal a la “educación sexual”, “al aborto seguro cuando no sea contrario a la legislación nacional” y “ a la atención posterior al aborto”.