El gobierno siguió socavando el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos a lo largo del año.

Frenar la independencia judicial siguió siendo una prioridad, a pesar de la crecientes críticas internacionales. En julio, entró en vigencia una ley que reduce la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo, lo que obligó a 27 jueces a retirarse, más de un tercio de todos los jueces del Tribunal Supremo. La primera presidenta del Tribunal Supremo se negó a renunciar y, en el momento de redactar este informe, continuaba con su trabajo. En agosto, el Tribunal Supremo suspendió la aplicación de la ley, solicitando que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminara si violaba el derecho de la UE, después de solicitudes similares en agosto y septiembre en dos casos de tribunales comunes. En octubre, el Tribunal de Justicia de la UE ordenó a Polonia suspender la aplicación de la Ley del Tribunal Supremo, a raíz de una solicitud de la Comisión Europea de medidas provisionales.

Los ataques del gobierno contra el Estado de derecho comenzaron a afectar la cooperación judicial de Polonia con otros Estados de la UE. En julio, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los tribunales irlandeses tenían derecho a rechazar la extradición de un ciudadano polaco a Polonia en caso de concluir que existe un riesgo real de que esa persona reciba un juicio injusto, citando los procedimientos del artículo 7. En septiembre, la Red Europea de Consejos de Justicia suspendió a Polonia por preocupaciones sobre la independencia de su órgano de nombramientos judiciales.

Además de las remisiones y resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE, otras instituciones de la UE emprendieron varias acciones contra Polonia durante el año (véase la sección de Estado de Derecho).

En junio, el gobierno logró imponer una ley que convierte en delito atribuir cualquier responsabilidad o corresponsabilidad a Polonia por los atroces crímenes cometidos en territorio polaco durante el periodo nazi.

Tras la condena internacional, las autoridades eliminaron la sentencia máxima de tres años del delito pero mantuvieron las multas.

A mediados de enero, el Parlamento polaco promulgó una legislación gubernamental que obstaculizaba los derechos de los activistas ambientales a protestar durante las conversaciones sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en diciembre de 2018, y permitía a las autoridades someterlos a vigilancia gubernamental.

Las ONG dedicadas a temas relacionados con el asilo y la inmigración, los derechos de las mujeres o los derechos de las personas LGBT denunciaron continuas dificultades para acceder a fondos públicos anteriormente disponibles y algunas fueron blanco de campañas de desprestigio en los medios de comunicación progubernamentales.

Las devoluciones sumarias a Belarús de solicitantes de asilo continuaron, la mayoría provenientes de la república rusa de Chechenia y Asia Central. En mayo, el principal tribunal administrativo determinó que los guardias fronterizos no habían realizado una evaluación adecuada de la intención de un solicitante de asilo de pedir asilo.

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