Isidro Baldenegro López, agricultor y líder de los indígenas tarahumaras en la región montañosa de la Sierra Madre, en el norte de México, sabía que era un hombre marcado. A sus 50 años, había dedicado su vida a defender el bosque de la Sierra Tarahumara y la tierra que su pueblo había habitado durante siglos, tierra que los madereros ilegales, apoyados por funcionarios corruptos y terratenientes, habían perseguido durante mucho tiempo. Con los años, su presión había obligado a los tarahumaras a dirigirse progresivamente a zonas más pequeñas y aisladas. Recientemente, las amenazas de muerte habían obligado a Baldenegro y su familia a abandonar su comunidad. En enero de 2017 regresó al bosque para visitar a un familiar que vivía en el pueblo de Coloradas de la Virgen; unas horas más tarde, atacantes no identificados lo mataron a tiros.

Varios meses antes, en marzo de 2016, intrusos armados tiraron abajo la puerta de la casa donde estaba la activista ambiental hondureña Berta Cáceres, de 44 años, y la mataron. Para entonces, Cáceres, cofundadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había soportado años de amenazas de muerte por actividades que incluían emprender una exitosa campaña popular contra el proyecto de represa de Agua Zarca, un vasto complejo seleccionado para ser construido en tierras habitadas por los lencas por la empresa de propiedad estatal china Sinohydro.

Estos no son casos aislados. Personas en todo el mundo se están movilizando para proteger el medio ambiente contra una crisis ecológica cada vez más profunda: la contaminación tóxica desenfrenada, el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, la escasez de agua dulce. A medida que los recursos naturales del mundo enfrentan una mayor presión y explotación, aquellos que los defienden de la minería, las presas, la explotación maderera y los agronegocios perjudiciales están sufriendo violaciones directas de sus derechos civiles y políticos.

Cada vez hay más activistas asesinados en 2016, según Global Witness, se documentaron al menos 200 asesinatos de activistas medioambientales y de derechos a la tierra en 24 países, la mayoría en Sudamérica, el año más mortífero jamás registrado para activistas medioambientales a nivel mundial. Casi el 40 por ciento de los asesinados eran indígenas. Los activistas creen que empresas o fuerzas estatales están detrás de muchos de los atacantes; pocos son arrestados o identificados.

Los asesinatos de Baldenegro y Cáceres, y muchos otros en todo el mundo que luchan pública y enérgicamente para proteger sus entornos del daño, junto con el impacto nocivo de una crisis ecológica cada vez más profunda, han impulsado el debate sobre la necesidad de establecer un reconocimiento global por el derecho a un ambiente saludable. También han dejado clara la necesidad de rendición de cuentas y reparación para quienes más sufren como resultado de los daños ambientales, a menudo mujeres, las personas pobres, las minorías étnicas, raciales y marginadas, y los jóvenes.

En 2017, Human Rights Watch estableció su Programa de Medio Ambiente y Derechos Humanos como parte de este esfuerzo, con el objetivo de documentar, exponer y presionar a los gobiernos para cambiar las políticas que dan como resultado la degradación ambiental y menoscaban la capacidad de las personas para disfrutar de sus derechos fundamentales, así como resaltar, a través de nuestra investigación, las implicaciones en el mundo real del derecho a un medio ambiente saludable.

Como indicios de progreso internacional, John Knox, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, después de cinco años de intenso trabajo, ha ayudado a aclarar qué requiere de los gobiernos el derecho internacional de derechos humanos en relación con las cuestiones ambientales, estableciendo las bases para un nuevo debate sobre el reconocimiento global del derecho. El Comité de los Derechos del Niño está considerando la preparación de una Observación General sobre cuestiones ambientales que podría reconocer el derecho del niño a un medio ambiente saludable, tal como está implícito en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en septiembre de 2017, durante la Asamblea General de la ONU, el gobierno francés lanzó su iniciativa “Pacto Global por el Medio Ambiente”, que establece el derecho a un medio ambiente saludable como uno de sus pilares.

Ahora, después de décadas de incubación a nivel nacional y regional, aumentar la conciencia global sobre las interacciones entre los derechos humanos y el medio ambiente, y después de varias medidas positivas adoptadas en los últimos años, la comunidad internacional debe aprovechar estos avances e impulsar el reconocimiento mundial del derecho a un medio ambiente saludable.

La hora del cambio

El derecho humano a un medio ambiente saludable comprende las dimensiones ambientales de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y protege los elementos centrales del entorno natural que permiten una vida digna. El agua, el aire y los suelos limpios, así como ecosistemas diversos, son indispensables para que las personas lleven una vida en la que puedan disfrutar de niveles adecuados de salud y seguridad. El derecho también protege el espacio cívico para que las personas entablen un diálogo sobre política ambiental. Sin ese espacio, las políticas gubernamentales a menudo atienden los intereses comerciales de los poderosos, no del público, y con certeza no de aquellos marginados políticamente.

Reconocer e implementar el derecho a un medio ambiente saludable podría empoderar a personas y comunidades para defender su medio ambiente al exhortar el derecho a la rendición de cuentas y al darles la posibilidad de que cuenten con nuevos argumentos legales y recursos.

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 1972, más de 100 países han incorporado el derecho a un medio ambiente saludable en sus constituciones nacionales, en diversas formulaciones.

La Convención de los Derechos del Niño de 1989 contiene dos referencias explícitas al medio ambiente. Vincula el derecho del niño al más alto nivel posible de salud, incluyendo el derecho a alimentos nutritivos y agua potable, a cuestiones de contaminación ambiental. También define la educación ambiental como uno de los objetivos de la educación. El Convenio de Minamata sobre Mercurio de 2013 incorpora elementos que reconocen que existe un derecho a la protección contra el daño ambiental, así como medidas especiales para proteger a los niños y las mujeres en edad de procrear de la exposición. El Acuerdo de París sobre Cambio Climático de 2015 supone el primer acuerdo ambiental multilateral para introducir explícitamente el lenguaje de los derechos humanos.

Ciertos instrumentos regionales de derechos humanos mencionan explícitamente el derecho a un medio ambiente saludable. Por ejemplo, el Protocolo de San Salvador de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos
básicos”. Y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos reconoce el derecho de los pueblos a “un medio ambiente general satisfactorio favorable para su desarrollo”.

Desde la década de los 70, por ejemplo, el pueblo Ogoni en el delta del Níger en Nigeria se ha concentrado en torno al derecho a un medio ambiente saludable en su incidencia nacional e internacional contra los impactos nocivos de la explotación petrolera en sus tierras, así como los abusos perpetrados por el ejército nigeriano. La incidencia de los Ogoni atrajo la atención internacional a su causa, fortaleció su movimiento y anunció cambios en la conducta del consorcio petrolero y del gobierno nigeriano. Su iniciativa también permitió que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos explicara qué deben hacer los gobiernos para cumplir con la Carta Africana, incluido el deber de brindar “oportunidades significativas para que las personas sean escuchadas y participen en las decisiones de desarrollo que afectan a sus comunidades”.

Más recientemente, en 2004, Beatriz Mendoza, una trabajadora sanitaria en Argentina, junto con otras 16 se enfrentaron a gobiernos nacionales, provinciales y municipales y los acusaron de mala gestión ecológica de la cuenca del río Matanza Riachuelo, un sitio de vertido incontrolado de material peligroso por parte de varios industrias. La contaminación afectó a millones de personas en la provincia de Buenos Aires, y durante años se consideró un problema ambiental y de derechos humanos intratable. En julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de Argentina falló a favor de Mendoza en base al derecho a un medio ambiente saludable, que había sido agregado a la Constitución argentina en 1994. La Corte ordenó al gobierno que elaborara e implementara un plan para la restauración ambiental de la cuenca, incluyendo medidas para prevenir la contaminación y un rol de monitoreo por parte de organizaciones no gubernamentales.

Un derecho globalmente reconocido a un medio ambiente saludable, por supuesto, no debería ser necesario para proteger de manera efectiva a los activistas medioambientales individuales; los ataques contra ellos violan una serie de derechos humanos universalmente reconocidos, como la libertad de asociación y expresión.

Pero un derecho, reconocido a nivel mundial, a un medio ambiente saludable también podría anclar el trabajo de los defensores del medio ambiente, a menudo perseguidos y demasiado estigmatizados como personas que se oponen al desarrollo, directamente en la legitimidad del marco de los derechos humanos. Ese fue sin duda el mensaje central de los defensores del medio ambiente de todo el mundo que se reunieron con el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente en Ginebra en 2013 para reflexionar sobre su mandato.

Por ejemplo, en 2009 Phyllis Omido en Mombasa, Kenia, encabezó una lucha contra una fundición que estaba envenenando a su comunidad con plomo. Los políticos y los intereses corporativos la vilipendiaron y la tildaron de antiempleo y antidesarrollo, en un esfuerzo por deslegitimar su lucha. Sin embargo, Omido movilizó a su comunidad en torno al derecho a un medio ambiente saludable. Desactivó la campaña de desprestigio contra ella y fortaleció sus demandas legales ante los tribunales.

Forjando el vínculo entre los derechos humanos y los abusos medioambientales

Human Rights Watch ha establecido un vínculo entre los derechos humanos y los abusos medioambientales durante más de 20 años.

Por ejemplo, ya en 1992, Human Rights Watch, en su informe “Defending the Earth” encontró un vínculo entre los derechos humanos y los abusos ambientales de alcance mundial. Casi una década más tarde, en 2011, nuestra investigación descubrió que varios miles de niños en China sufrían discapacidades mentales y físicas permanentes como resultado del envenenamiento por plomo. El mismo año, informamos sobre cómo la mina Porgera en Papúa Nueva Guinea, de la empresa minera canadiense Barrick Gold, vertió 14.000 toneladas diarias de residuos mineros líquidos en un río cercano.

En 2012, documentamos cómo el envenenamiento por plomo mató al menos a 400 niños en dos años en Bagega y lanzamos un video, “Un precio elevado: envenenamiento por plomo y minería en el estado nigeriano de Zamfara”. Y en 2009 y 2013 documentamos cómo la tala ilegal y las fallas de gobernanza en Indonesia socavaron los derechos humanos fundamentales y pusieron en peligro la sostenibilidad del uso de los bosques y los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático.

Recientemente, en 2015, informamos sobre cómo el cambio climático exacerbó los impactos de los proyectos de desarrollo en Etiopía sobre los pueblos indígenas en la región de Turkana, en el noroeste de Kenia, amenazando su salud y sus medios de subsistencia. En 2015, también documentamos la contaminación generalizada por mercurio en las minas de oro de pequeña escala en Filipinas.

Y en 2017, documentamos cómo el hecho de que las Naciones Unidas no compensara a las víctimas del envenenamiento generalizado por plomo en los campamentos administrados por la ONU en Kosovo dejó a las familias afectadas luchando por cuidar de sus parientes enfermos expuestos a la contaminación. Muchos de los afectados, niños incluidos, experimentaron una infinidad de problemas de salud, que incluyen convulsiones, enfermedad renal y pérdida de memoria, todos estos efectos comunes a largo plazo debidos al envenenamiento por plomo.

Aprovechando las oportunidades

El trabajo de John Knox, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, ha sentado las bases para un debate renovado sobre el derecho a un medio ambiente saludable que debería llevar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a proclamar formalmente el derecho.

Como su mandato finaliza a principios de 2018, el Relator Especial está preparando una síntesis de las obligaciones de derechos humanos con respecto a un medio ambiente saludable y sostenible que, según sugiere, se puede describir con precisión bajo la rúbrica del derecho a un medio ambiente saludable.

Un nuevo debate sobre el derecho a un medio ambiente saludable enfatizaría la necesidad urgente de nuevas y sólidas herramientas legales para empoderar a las comunidades y grupos de la sociedad civil para enfrentar las manifestaciones locales y globales de la crisis medioambiental mundial. Ello subrayaría la necesidad de abordar las amenazas y los ataques contra los defensores de los derechos humanos ambientales. Aumentaría la apreciación de cómo los humanos no están aislados del medio ambiente, sino que dependen de él. Ampliaría la conciencia humana sobre la interrelación de la red de la vida. Y destacaría el potencial del derecho para abordar y corregir las graves desigualdades que sufren las personas y las comunidades expuestas a la degradación medioambiental y la extracción insostenible de los recursos naturales.

Otra ventana de oportunidad es el “Pacto Global para el Medio Ambiente”, lanzado en la Asamblea General por el gobierno francés. Con el apoyo de Estados con ideas afines que atraviesan las divisiones Este-Oeste y Norte-Sur, el presidente Emmanuel Macron ha alentado al mundo a construir sobre el éxito del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y, con el Pacto Global, transformar las sociedades manteniendo a los Estados responsables de incumplir los derechos ambientales de un grupo o individuo.

Al igual que los dos convenios internacionales de derechos humanos de 1966 codificaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Global es un intento de codificar los derechos y principios medioambientales establecidos en las trascendentales Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. El Pacto Global se convertiría así en un tercer pacto internacional centrado en los derechos ambientales.

Un borrador preliminar del pacto publicado por Francia proclama el derecho a un medio ambiente ecológicamente adecuado, en el que “cada persona tiene derecho a vivir en un ambiente ecológicamente adecuado y apropiado para su salud, bienestar, dignidad, cultura y cumplimiento”. Francia espera que la Asamblea General comience las negociaciones sobre el Pacto Global a principios de 2018, con miras a concluirlas en 2020.

La continua viabilidad ecológica de nuestro planeta ha sido cuestionada por científicos de todo el mundo. Las organizaciones de la sociedad civil han expresado constantemente la necesidad de un cambio en el paradigma para preservar la capacidad de la tierra de mantener la vida, restaurar ecosistemas degradados y fomentar una interacción equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza.

El derecho a un medio ambiente saludable reúne todo lo que la humanidad ha aprendido sobre cómo interactúan los derechos humanos y el medio ambiente. Abarca las dimensiones ambientales de los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, el saneamiento, la propiedad, la vida privada, la cultura y la no discriminación, entre otros. Dará herramientas y poder político para defender sus derechos a quienes están expuestos al mercurio de las minas de oro de pequeña escala en Filipinas, a las personas envenenadas con hollín en Piquiá de Baixo en el noreste de Brasil, a los contaminados con plomo en Kosovo, así como a los activistas atacados por defender su medio ambiente y tierras.

A medida que nuestra generación enfrenta una grave crisis ambiental y social, no se puede subestimar el potencial del derecho a un medio ambiente saludable para un desarrollo y una rendición de cuentas progresivos. El reconocimiento global de este derecho está muy retrasado.