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China: Niegan tratamiento a miles de niños envenenados por plomo

Las autoridades restringen el acceso a atención médica e intimidan y detienen a los padres

(Hong Kong) - Funcionarios del Gobierno chino en las provincias con altos índices de contaminación industrial están restringiendo el acceso a pruebas por envenenamiento por plomo, reteniendo y falsificando los resultados de las pruebas y denegando tratamiento médico a los niños, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Los familiares y periodistas que buscan información sobre el problema son intimidados y acosados, añadió Human Rights Watch. Estas acciones violan la legislación china y condenan a cientos de miles de niños a sufrir discapacidades mentales y físicas permanentes.                                                                       

El informe de 75 páginas, "‘My Children Have Been Poisoned': A Public Health Crisis in Four Chinese Provinces" ("‘Mis hijos han sido envenenados': Una crisis de salud pública en cuatro provincias de China"), se basa en la investigación llevada a cabo en pueblos altamente contaminados con plomo en las provincias de Henan, Yunnan, Shaanxi y Hunan. El informe documenta cómo, a pesar de la creciente regulación y la supervisión esporádica de fábricas contaminantes, las autoridades locales están ignorando las consecuencias sanitarias urgentes y de largo plazo para una generación de niños que continúan expuestos a niveles de plomo que amenazan sus vidas.

"A los niños con niveles peligrosamente altos de plomo en la sangre se les está denegando tratamiento y son devueltos a sus casas en aldeas contaminadas", señaló Joe Amon, director de salud y derechos humanos de Human Rights Watch. "Los padres, periodistas y activistas de la comunidad que se atreven a hablar sobre el plomo son detenidos, acosados ​​y, en última instancia, silenciados".

En los últimos 10 años, se han reportado en todo el país numerosos incidentes de envenenamientos masivos por plomo. Como consecuencia, los representantes del Ministerio de Protección del Medio Ambiente se han vuelto más abiertos, instando a los funcionarios locales a aumentar la supervisión de las fábricas y garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental vigente. El ministerio también ha asegurado que impondrá sanciones penales para las empresas y los funcionarios locales que violen las restricciones medioambientales.

Sin embargo, estas promesas son insuficientes y no abordan las consecuencias para la salud del envenenamiento por plomo ni el cumplimiento del derecho a la salud de los niños expuestos al plomo, indicó Human Rights Watch. Las autoridades deben asegurarse de que las necesidades del cuidado de la salud a corto y largo plazo de la gente que vive en los pueblos afectados sean atendidas, y que las zonas contaminadas sean limpiadas.

"No basta con sancionar a los propietarios de las fábricas y los funcionarios locales una vez que un pueblo está severamente contaminado", dijo Amon. "El Gobierno debe proporcionar tratamiento médico y asegurarse de que los niños no sean inmediatamente re-expuestos a niveles tóxicos de plomo".

El informe documenta cómo las autoridades en las zonas contaminadas han impuesto límites arbitrarios al acceso a las pruebas que miden el nivel de plomo en la sangre, por ejemplo permitiendo que sólo las personas que viven en un radio pequeño de una fábrica puedan hacerse las pruebas. Cuando las pruebas son llevadas a cabo, los resultados a menudo son contradictorios e incluso a muchas víctimas y sus familias se les ha denegado el acceso a ellos. Además, numerosos niños con niveles elevados de plomo en la sangre, que requieren tratamiento de acuerdo con las directrices nacionales, fueron negados la atención médica necesaria o simplemente se les recomendó que comieran ciertos alimentos, como manzanas, ajo, leche y huevos.

El plomo es altamente tóxico y puede interrumpir las funciones neurológicas, biológicas y cognitivas del cuerpo. La ingestión de altos niveles de plomo puede causar daños al cerebro, hígado, riñones, nervios y estómago, así como anemia, coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños son particularmente susceptibles y los altos niveles de exposición al plomo pueden causarles discapacidades intelectuales y de desarrollo permanentes, incluyendo dificultades para la lectura y el aprendizaje, problemas de comportamiento, pérdida auditiva, problemas de atención y trastornos en el desarrollo de las funciones visuales y psicomotrices.

El informe detalla las experiencias de docenas de padres cuyos hijos están sufriendo los efectos agudos y crónicos de la intoxicación por plomo. Este es el testimonio de una madre de la provincia de Yunnan:

El doctor nos dijo que todos los niños de este pueblo tenían envenenamiento por plomo. Unos meses después nos dijeron que todos los niños estaban sanos. Pero no nos dejaron ver los resultados de las pruebas.

Una abuela en la provincia de Shaanxi, que aparece citada en el informe, describe sus intentos para que su nieto recibiera tratamiento:

El Gobierno nos dio un poco de ajo y nos dijo que le diéramos a nuestro nieto más. Le preguntamos acerca de medicamentos, algo que lo mejorara. Pero nos dijeron que no nos darían ninguna medicina porque no hay ninguna que sirva para el envenenamiento por plomo.

En los últimos años, el Gobierno chino ha promovido una serie de regulaciones  medioambientales para frenar la contaminación industrial generalizada y proteger el medio ambiente y la salud pública. Sin embargo, la aplicación de estas leyes ha sido desigual y no se ha hecho mucho para reducir los niveles de plomo en los pueblos que ya están altamente contaminados. El fracaso de China a la hora de abordar los derechos de las personas en estos pueblos a recibir atención médica y a un entorno saludable la coloca en una posición delicada y de incumplimiento en lo referente a sus obligaciones tanto bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como la Convención sobre los Derechos del Niño.

Human Rights Watch identificó una serie de recomendaciones para hacer frente a la crisis de la intoxicación por plomo. El Ministerio de Salud debería garantizar que se utilizan métodos científicamente comprobados para designar las zonas de riesgo de exposición al plomo y asegurarse de que todo el mundo en esa área tenga acceso a pruebas gratuitas de medición del nivel de plomo en la sangre, aconsejó Human Rights Watch. Las autoridades sanitarias también deberían proporcionar tratamientos médicos basados en las evidencias y directrices de gestión para los casos de envenenamiento por plomo. El Ministerio de Protección del Medio Ambiente debería medir inmediatamente los niveles de contaminación alrededor de las fábricas y cerca de las áreas residenciales, así como revisar las leyes medioambientales para asegurarse de que las fábricas que constituyen un peligro inmediato para la salud pública se cierren hasta que cumplan con las normas de emisiones nacionales. El Gobierno debe cumplir con su compromiso de enjuiciar a los funcionarios y propietarios de fábricas que no respeten las regulaciones ambientales, señaló Human Rights Watch.

"El Gobierno chino ha comenzado a darse cuenta de que el costo ambiental de la contaminación tóxica masiva es inaceptable", dijo Amon. "Desafortunadamente, todavía tiene que abordar las consecuencias de salud para los cientos de miles, si no millones, de niños que sufren las graves secuelas de la negligencia del Gobierno".

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