(Bruselas) – La nueva directiva de la UE adoptada el 24 de mayo de 2024, que exige que las grandes empresas aseguren el respeto de los derechos humanos en sus cadenas de valor, marca una nueva era en materia de rendición de cuentas corporativa, señaló Human Rights Watch hoy. Human Rights Watch publicó un documento de preguntas y respuestas en el que se abordan las disposiciones, los aspectos positivos y las falencias de la nueva ley.
El documento describe cómo la Directiva de la UE sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) exigirá que las empresas lleven a cabo controles de diligencia debida. Conforme a esta nueva norma, las grandes empresas deberán identificar, prevenir, mitigar y subsanar los efectos adversos para los derechos humanos y el medioambiente en sus operaciones y sus cadenas de valor; es decir, los socios comerciales de una empresa que están involucrados en las tareas de fabricación, distribución, transporte y almacenamiento de productos de la empresa. Prevé medidas de fiscalización regulatoria y la posibilidad de iniciar demandas civiles contra empresas en tribunales europeos.
“La Directiva sobre diligencia debida de la UE representa un cambio histórico, que implica pasar de una responsabilidad empresarial voluntaria a requisitos obligatorios para las empresas que les exigen prevenir y abordar abusos de derechos humanos”, explicó Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch. “Esta norma innovadora representa una gran victoria para las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos y las redes de la sociedad civil que están en la primera línea de la lucha para que haya rendición de cuentas corporativa. A pesar de la oposición feroz por parte de poderosos lobistas empresariales que pretendían frustrar o posponer indefinidamente esta ley, la directiva es testimonio de la fortaleza y perseverancia de quienes abogan por que haya justicia y rendición de cuentas en el sector corporativo”.
Las catástrofes industriales que provocan muertes y lesiones de trabajadores en la industria textil y de la confección, como el colapso del edificio Rana Plaza en Bangladés, y los abusos empresariales de derechos humanos, derechos laborales y normas ambientales en las cadenas de valor mundiales, así como su contribución a la crisis climática, han impulsado un amplio apoyo a la adopción de normas vinculantes para que las empresas rindan cuentas.
Organizaciones de derechos humanos, sindicatos, líderes políticos, e incluso empresas han ejercido presión a favor de la norma, que exige que las empresas lleven a cabo controles de diligencia debida en sus propias operaciones y en sus cadenas de valor, tanto en Europa como en el resto del mundo. Pero el proceso legislativo, que comenzó en 2020, ha sido arduo, se topó con resistencia férrea y hubo esfuerzos encabezados por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania para diluir sustancialmente las disposiciones de la ley. La injerencia de empresas en la adopción de normas es un fenómeno que debe ser seguido de cerca y coartado para posibilitar una firme protección de los derechos humanos y el medioambiente, apuntó Human Rights Watch.
Los próximos años serán cruciales para asegurar una aplicación y un cumplimiento rigurosos de la ley. La Comisión Europea debería supervisar la forma en que los Estados Miembros de la UE incorporan la directiva en sus leyes y sistemas jurídicos nacionales, y formular orientaciones claras sobre cómo debe aplicarse y cumplirse la directiva.
“Esta nueva ley es un paso crucial para que las empresas respeten sus responsabilidades en relación con las comunidades y el medioambiente”, señaló Hassan. “El voto de la UE abre un nuevo capítulo para las víctimas de daños causados por empresas”.
