(Washington, D.C.) —El presidente de Argentina, Javier Milei, debería reconsiderar sus nominaciones a la Corte Suprema teniendo en cuenta las calificaciones, experiencia, diversidad e integridad de las candidaturas, señaló hoy Human Rights Watch.
El 15 de abril de 2024, el presidente Milei nominó al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema. Numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos han expresado formalmente su preocupación por las nominaciones, en particular por el historial de Lijo como juez federal. Si se confirman las nominaciones, no habría ninguna mujer en el tribunal, que está compuesto de cinco miembros. Las nominaciones a la Corte Suprema deben ser aprobadas por el voto de dos tercios del Senado.
“Argentina necesita fortalecer la independencia judicial, el estado de derecho y los esfuerzos para combatir la corrupción”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Para ello, el Gobierno debe considerar seriamente las serias preocupaciones planteadas sobre el juez Lijo y garantizar que todos los nominados a la Corte Suprema tengan la máxima integridad y calificaciones”.
La Corte Suprema ha funcionado con sólo cuatro miembros desde 2021, cuando renunció la ministra Elena Highton de Nolasco. Los miembros actuales de la Corte se enfrentan a un juicio político infudado en el Congreso, que fue iniciado en 2023 por el entonces presidente Alberto Fernández (2019-2023). Según la Constitución, los jueces de la Corte Suprema necesitan ser nombrados de nuevo para continuar en sus puestos una vez que cumplen 75 años, aunque algunos jueces han cuestionado la constitucionalidad de esta disposición. El magistrado Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años en diciembre y ha dicho que se jubilará. El gobierno de Milei ha dejado claro que el presidente no tiene intención de volver a nombrarlo.
Lijo tiene actualmente tres investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de investigar y destituir a los jueces federales. Se ha enfrentado a otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 in limine, es decir, sin ningún análisis, según un estudio de la organización de derechos humanos Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones sobre corrupción. Un informe de 2016 de una asociación de abogados identificó retrasos aparentemente “anómalos”, en ocasiones de más de una década, en al menos 28 investigaciones sobre corrupción tramitadas por el juzgado de Lijo.
Lijo y su hermano Alfredo, quien se describe como un “operador judicial”, también fueron investigados penalmente por “lavado de dinero” y “cohecho”, entre otros delitos. En 2021, un juez federal cerró la investigación contra ellos, en una decisión que expertos jurídicos argentinos han calificado de “controvertida”. Según los medios de comunicación, el juez no analizó un informe de la unidad de investigación financiera de Argentina, en el que se detallaban posibles pruebas de transacciones financieras sospechosas.
Varias organizaciones argentinas de derechos humanos, asociaciones de abogados y grupos empresariales han expresado su preocupación por la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Algunos temen que senadores de todo el espectro político voten a favor de Lijo a cambio de que éste utilice su posición en la Corte Suprema y su influencia en el sistema judicial federal para cerrar investigaciones de corrupción contra ex funcionarios del gobierno.
La designación de dos hombres para las vacantes en la Corte Suprema también es contraria a un decreto presidencial de 2003 que llama a las autoridades a tener en cuenta la “diversidad de género” en el proceso de selección.
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que Argentina ha ratificado, los gobiernos deben “tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en... la vida política y pública.”
Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con datos de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Argentina es el único alto tribunal de América Latina, el Caribe y la Península Ibérica sin ninguna mujer.
“Tener una Corte Suprema compuesta exclusivamente por hombres envía un mensaje preocupante a las muchas mujeres abogadas y académicas altamente calificadas de Argentina sobre su capacidad de acceder a posiciones destacadas en el poder judicial”, dijo Goebertus.
