(Washington, DC) - Una nueva resolución del gobierno de Argentina que amplía el alcance del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad contraviene estándares básicos de derechos humanos y permite abusos policiales, señaló hoy Human Rights Watch.
El 14 de marzo de 2024 fue publicada la resolución, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La ministra explicó su decisión mencionando el aumento de la violencia en Rosario, provincia de Santa Fe, ciudad que Human Rights Watch visitó a fines de febrero. La resolución presenta vacíos legales y ambigüedades que podrían permitir que los agentes de seguridad usen las armas de fuego en un rango inaceptablemente amplio de circunstancias. El nuevo reglamento aplica a todas las fuerzas de seguridad federales, incluida la policía federal y el servicio penitenciario federal.
“Las autoridades se deben asegurar de que quienes viven en Rosario y en otros lugares de Argentina puedan desarrollar su vida diaria sin miedo a la inseguridad”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Para alcanzar ese objetivo, el gobierno debería fortalecer la capacidad de la justicia y prevenir el reclutamiento de bandas criminales, no abrir la puerta al uso excesivo de la fuerza”.
La resolución es una versión ampliada de otra resolución que la ministra Bullrich, entonces también a cargo del Ministerio de Seguridad, firmó en 2018. En ese momento, Human Rights Watch abogó por su modificación por tratarse de una norma contraria a estándares internacionales de derechos humanos.
Rosario es el centro urbano con la tasa de homicidios más alta de Argentina, cinco veces superior a la media nacional. Su ubicación sobre la vera de una vía fluvial clave para el comercio regional y conectada por tierra con Paraguay y Bolivia la hace estratégica para el tráfico de droga. Durante más de una década, distintas bandas locales se han disputado el territorio para la venta de droga. En las dos primeras semanas de marzo de 2024, dos taxistas, un conductor de colectivo y un empleado de una estación de servicio fueron asesinados. Algunos analistas afirman que los asesinatos fueron posiblemente una respuesta de las bandas contra las medidas que las autoridades han tomado para ejercer un mayor control en las prisiones.
Cuando Human Rights Watch visitó Rosario, las autoridades provinciales y municipales, así como jueces, fiscales y expertos en violencia criminal hicieron hincapié en la importancia de fortalecer las capacidades de la justicia y de la fiscalía para investigar los crímenes cometidos por las bandas locales, su financiamiento y sus conexiones con políticos corruptos. También mencionaron la necesidad de prevenir el reclutamiento de las bandas mejorando las oportunidades educativas y laborales para los jóvenes.
Debido a su lenguaje amplio y vago la resolución es incompatible con los estándares de derechos humanos que limitan el uso de armas de fuego, señaló Human Rights Watch.
La resolución no distingue entre el uso de armas de fuego y el uso letal intencional, es decir, entre disparar y disparar con la intención de matar. Se trata de una diferencia clave porque, incluso en los pocos casos en los que está justificado el uso de armas de fuego, los agentes no deben, por lo general, disparar a matar. Según los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que la resolución cita pero con los cuales no cumple, el uso de armas con intención letal se permite únicamente cuando “sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
Por otra parte, la resolución permite que los agentes de las fuerzas de seguridad federales usen armas de fuego cuando “resulten ineficaces otros medios no violentos”, pero no especifica que existen otros medios para el uso de la fuerza que deberían emplearse antes de recurrir a las armas de fuego.
Según los Principios Básicos de la ONU, los agentes de seguridad sólo pueden emplear armas de fuego cuando “medidas menos extremas”, incluidas las no violentas y las violentas, resulten insuficientes. Esta disposición reconoce que las armas de fuego tienen más probabilidades de causar la muerte o lesiones que otros usos de la fuerza. Por ello, las fuerzas de seguridad únicamente pueden utilizar armas de fuego cuando los modos de fuerza menos letales y los medios no violentos resulten insuficientes o no sean viables para lograr el resultado buscado.
La resolución debilita la rendición de cuentas tanto administrativa como judicial de las fuerzas de seguridad por el uso de armas de fuego, señaló Human Rights Watch.
Según la resolución, las autoridades de las fuerzas no pueden adoptar “ninguna medida cautelar ni disciplinaria” contra un agente que se considere “verosímilmente” que cumplió con la resolución a menos que la justicia haya dictado una resolución judicial firme en contra de ese agente. Esto tornaría imposible que las autoridades apliquen medidas disciplinarias a los agentes hasta tanto no exista una condena penal firme. La resolución también elimina el requisito, establecido en la resolución de 2018, que ordenaba a las fuerzas de seguridad la “rápida realización de un informe” administrativo luego de que un agente utilice un arma de fuego causando lesiones o la muerte.
El Ministerio de Justicia, por su parte, decidió implementar a partir de mayo el sistema acusatorio en los procesos penales de la justicia federal de Rosario, como parte de una progresiva implementación de este sistema en todo el país. De ponerse efectivamente en práctica, este cambio puede acelerar los casos penales y permitir distinguir con más claridad las funciones de jueces y fiscales. Sin embargo, autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Justicia dijeron a Human Rights Watch que hay pocos recursos adicionales disponibles para implementar el nuevo sistema.
El gobierno del presidente Milei debería garantizar la financiación, los recursos y la capacitación adecuada para asegurar investigaciones eficaces y respetuosas de los derechos en el marco del nuevo sistema acusatorio, señaló Human Rights Watch.
