Resumen de la visita reciente a Ciudad de Guatemala
El 25 de junio de 2023, Guatemala celebrará elecciones generales para presidencia, alcaldías y poder legislativo, en un contexto de deterioro de los derechos humanos, civiles y electorales. Como parte de nuestros esfuerzos para evaluar las condiciones preelectorales en los meses que anteceden al día de las elecciones, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) y Human Rights Watch (HRW) visitaron la Ciudad de Guatemala del 17 al 21 de abril de 2023. La delegación se reunió con la sociedad civil, funcionarios públicos, prensa independiente, cuerpos diplomáticos y las Naciones Unidas para recopilar información y discutir las principales problemáticas y desafíos de cara a las próximas elecciones. El siguiente documento explica nuestros principales hallazgos.
1. Candidatos presidenciales inhabilitados y falta de credibilidad del Tribunal Supremo Electoral
La Misión de Observación Electoral – Guatemala (MOE-Gt), un consorcio de organizaciones de la sociedad civil, ha denunciado la insistencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en aplicar criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes en la inscripción y revocación de candidaturas. Varios casos ejemplifican lo anterior. Mientras algunos candidatos investigados por corrupción y narcotráfico han podido inscribirse, otros candidatos que desafían el status quo han sido inhabilitados.
En febrero, se impidió arbitrariamente la participación de dos candidatos presidenciales situados en extremos opuestos del espectro político. Aunque se presentaron diferentes recursos ante la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, el TSE y los tribunales rechazaron la candidatura de la líder indígena de izquierda Telma Cabrera (quien obtuvo 10 por ciento de los votos en las elecciones de 2019), y de su compañero de fórmula, Jordán Rodas, exprocurador de derechos humanos del país. La decisión se basó en una denuncia penal que hasta ahora no ha sido precisada por parte del actual procurador de derechos humanos —quien fue nombrado en un proceso que careció de transparencia—. El TSE también excluyó al candidato Roberto Arzú de la carrera presidencial por infringir una reglamentación cuyo desacato suele ser sancionado con una multa.
El 19 de mayo, un tribunal suspendió la candidatura presidencial de Carlos Pineda, alegando supuestas irregularidades en la forma en que fue designado como candidato por su partido político en noviembre. Pineda estaba liderando la intención de voto, según algunas encuestas recientes.
Mientras tanto, a Zury Ríos, hija del exdictador Efrain Ríos Montt, se le ha permitido participar en las elecciones como candidata presidencial, a pesar del artículo 186 de la constitución, que prohíbe a los parientes cercanos de antiguos jefes de Estado que llegaron al poder mediante un golpe de Estado presentarse como candidatos a la presidencia. Muchas personas en Guatemala creen que su candidatura socava el Estado de derecho.
Durante nuestra reunión con magistradas y magistrados del TSE expresamos nuestras preocupaciones y discutimos sobre si las autoridades guatemaltecas realmente habían tomado medidas para implementar las recomendaciones presentadas por la OEA tras las elecciones de 2019. Entre estas se destacan la necesidad de fortalecer la fiscalización del financiamiento electoral ilícito, de restringir las leyes excesivamente amplias que se utilizan para inhabilitar a candidatos, así como los problemas relacionados con la tecnología electoral.
Según el TSE:
- Las autoridades guatemaltecas no han reformado las leyes excesivamente amplias utilizadas para excluir candidatos. Algunos integrantes del TSE calificaron los criterios de las leyes como “subjetivos”.
- De 2,7 millones de personas en edades comprendidas entre los 18 y 25 años, que son considerados aptas para votar, casi 1,8 millones no se registraron ante el TSE y, por lo tanto, no podrán votar. Hay quienes atribuyen esto a la falta de esfuerzo del TSE para movilizar a los votantes jóvenes, pero los magistrados dijeron que estas personas simplemente no quieren votar.
- 3,8 millones de guatemaltecos y guatemaltecas viven en el exterior y sólo 88.000 se han registrado para votar.
- Tienen planes de abrir 1.213 centros de votación en áreas rurales.
- Las “mesas de ayuda” en los centros de votación se encargarán de resolver cualquier problema que surja, incluso con la transmisión de los resultados.
Es imperativo que los observadores electorales monitoreen si efectivamente se establecen los centros de votación previstos en áreas rurales, y si la calidad de las “mesas de ayuda” para resolver los problemas que surjan es adecuada.
2. Récord de agresiones contra la sociedad civil en los últimos 22 años
A partir de las reuniones con grupos de la sociedad civil, representantes del sector privado, medios de comunicación independientes y la comunidad internacional, quedó claro que existe un miedo generalizado a las represalias entre quienes se atreven a hablar en contra del status quo. Esto ha socavado el apoyo público a los grupos locales de la sociedad civil y ha aumentado su vulnerabilidad a la hora de denunciar la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) afirmó que “se agudizó la estrategia dirigida a capturar todas las instituciones públicas” por parte de las “élites de poder” y que las autoridades del sector de la justicia habían redoblado sus esfuerzos para “criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, operadoras y operadores de justicia, periodistas y toda aquella persona opositora del régimen establecido.” En 2022, el grupo documentó 3.574 agresiones contra individuos, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos, incluyendo criminalización, acoso, intimidación, amenazas y violencia contra las mujeres. Esta es la cifra más alta de agresiones registrada por UDEFEGUA en 22 años.
Asimismo, grupos de la sociedad civil señalaron que los fatigantes requisitos administrativos impuestos a las organizaciones no gubernamentales (ONG) dificultan su funcionamiento y algunos temen que el gobierno pueda cerrarlas empleando una ley de 2021. Además, algunos denunciaron que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha utilizado las leyes contra el lavado de dinero para solicitar cantidades excesivas de información a las organizaciones de la sociedad civil y a sus financiadores, lo que que les obliga a dedicar personal y recursos significativos solo para cumplir con los requisitos de la IVE. Esta no es una táctica novedosa, por el contrario hace parte de una tendencia en los regímenes autoritarios.
3. Arremetida contra la libertad de expresión y de prensa: ataques y exilio
La persecución política de las voces críticas, sumada al rápido deterioro del Estado de derecho en Guatemala, es motivo de grave preocupación. El poder judicial se está convirtiendo en un arma a favor de los intereses políticos y el sistema de pesos y contrapesos se ha deteriorado. El sistema judicial se ha convertido en uno de los principales brazos del ejecutivo para la persecución y criminalización de funcionarios y funcionarias de justicia independientes, periodistas y medios de comunicación, en represalia por su trabajo sobre corrupción, derechos humanos y temas que afectan los intereses de los gobernantes. Esto ha dado lugar a acusaciones penales arbitrarias y actos de agresión contra los críticos del gobierno y también tienen un efecto disuasorio para quienes se oponen al status quo.
En 2022, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) registró 117 casos en que la libertad de prensa fue restringida o violada, destacando 12 casos de acoso judicial y 36 de obstrucción a la labor periodística. Solo durante la presidencia de Giammattei, la APG ha registrado 404 agresiones a la prensa. Según el Índice Mundial de la Libertad de Prensa 2023 de Reporteros sin Fronteras, Guatemala ocupa el puesto 127 de 180 países.
De 2016 a octubre de 2022, al menos 86 periodistas, funcionarios de justicia, activistas, estudiantes y ciudadanos se han enfrentado a acciones penales, han sido destituidos de sus cargos o han tenido que abandonar Guatemala por amenazas*. El 29 de julio de 2022, el periodista José Rubén Zamora, fundador y presidente del diario El Periódico, fue detenido en su domicilio y permanece arbitrariamente encarcelado. El Periódico se ha visto obligado a cerrar.
Los intentos del Estado de limitar la libertad de expresión no se dirigen únicamente contra periodistas, sino también contra funcionarios de justicia que, desde sus diversos ámbitos de competencia, defienden y contribuyen a las investigaciones sobre corrupción en el sector público y privado. Estas arbitrariedades han sido llevadas a cabo por miembros del sistema de justicia y otros actores, a través de procesos judiciales y administrativos irregulares.
En Guatemala, la persecución de las voces críticas y el deterioro del Estado de derecho han generado una cultura de miedo y autocensura entre periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil. El miedo a las represalias del gobierno mediante detenciones arbitrarias, acoso y violencia física, ha llevado a muchos a limitar su labor informativa y de defensa. Esta autocensura es especialmente frecuente cuando se trata de temas como corrupción y violaciones de los derechos humanos, que, a menudo, se encuentran con la hostilidad de los gobernantes.
4. Criminalización y falta de garantías al debido proceso para Virginia Laparra, José Rubén Zamora y otras personas
RFK Human Rights, WOLA y HRW recibieron preocupantes denuncias de violaciones al debido proceso contra la exfiscal Virginia Laparra y el periodista José Rubén Zamora. Durante nuestra visita, tuvimos la oportunidad de conocer a Virginia Laparra, una valiente fiscal que ha sido declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. Detenida arbitrariamente desde hace un año y medio, la exfiscal cuenta con una respetada carrera en el sistema de justicia de Guatemala, que en los últimos años se ha centrado en la investigación de casos de corrupción de alto nivel en el gobierno y el sector privado. Laparra fue condenada a cuatro años de prisión por cargos de “abuso de poder”, sustentados en que habría presentado un informe disciplinario contra un juez al que acusó de filtrar documentos judiciales.
Actualmente, Laparra se enfrenta a un segundo caso presentado por el Ministerio Público por la presunta divulgación de información confidencial que obtuvo en el ejercicio de sus funciones, y el tribunal ha decidido tramitar el caso bajo reserva. Además de limitar las visitas de su familia, incluidas sus dos hijas, se le ha negado el acceso a atención médica según sus necesidades, agravando las ya extremadamente precarias condiciones de detención a las que ha sido sometida, y que han comprometido aún más su salud.
José Rubén Zamora, periodista y presidente de El Periódico, uno de los medios independientes más importantes de Guatemala, ha sido objeto de una causa penal por motivos aparentemente políticos y lleva detenido desde agosto de 2022. Zamora encabezó la investigación periodística de al menos 200 casos de corrupción, lo que dio lugar a una investigación en su contra. El periodista se enfrenta actualmente a cargos de lavado de activos y obstrucción a la justicia. Su caso ha estado plagado de irregularidades que constituyen violaciones al debido proceso, incluyendo que ni él ni sus abogados fueron notificados de la acusación de obstrucción a la justicia. Además, se le ha negado la atención médica adecuada de su preferencia. Aparte del proceso penal contra Zamora, ha habido investigaciones y acciones legales contra otros miembros del personal del periódico. El 12 de mayo, el medio anunció que se vería obligado a cerrar debido al creciente acoso y persecución.
Durante nuestra visita, las autoridades guatemaltecas detuvieron al abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien anteriormente había representado a José Rubén Zamora. A Foppa se le prohibió presentarse a la alcaldía de Ciudad de Guatemala como candidato por una coalición de la oposición.
Además, el 11 de mayo de 2023, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó una acción legal contra el candidato presidencial Edmond Mulet por el presunto delito de obstrucción a la justicia. En marzo, la misma unidad intentó retirar la inmunidad a Mulet por haber criticado públicamente una investigación penal en contra de nueve periodistas. Anteriormente, Mulet trabajó en Naciones Unidas y fue embajador en Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
5. Parte del sector empresarial se esfuerza por promover la “seguridad jurídica” y el Estado de Derecho
La delegación se reunió con miembros del sector privado en Guatemala. Muchos de estos actores jugaron un papel importante en 2015 tras las protestas masivas contra la corrupción. Algunos reconocen ahora la necesidad de promover el Estado de Derecho así como iniciativas anticorrupción que permitan un clima de “certeza jurídica”, para proteger sus negocios y la reputación internacional del país, particularmente porque esto fortalecería la economía y atraería inversiones.
Algunos de estos actores del sector privado que se han pronunciado sobre el declive democrático en Guatemala se han enfrentado a investigaciones penales, en apariencia motivadas políticamente, y a la resistencia de otros actores del sector privado.
6. Necesidad de una observación electoral exhaustiva
La observación internacional es esencial para promover el derecho a unas elecciones libres y transparentes y para proteger los derechos civiles y políticos de los guatemaltecos y las guatemaltecas, dados los riesgos existentes para la integridad del proceso electoral y la falta de credibilidad de las instituciones guatemaltecas.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la UE han confirmado que enviarán observadores a Guatemala antes de las elecciones de junio. Estos deben examinar a fondo las condiciones electorales, incluida la exclusión de candidatos y candidatas y el uso de cargos penales espurios contra estas personas, así como presionar a las autoridades guatemaltecas para que respeten los valores democráticos. Tanto la OEA como la UE deben asegurarse de que su observación vaya mucho más allá de los acontecimientos del día de las elecciones, y deben analizar si las autoridades guatemaltecas han tomado medidas para cumplir con las recomendaciones de las misiones de observación electoral previas.
Los gobiernos extranjeros deben apoyar a las ONG guatemaltecas que realizan procesos de observación electoral, así como a las misiones de observación electoral de la OEA y la UE, y asegurarse de que sus conclusiones sean tomadas en cuenta.
7. Escenario poselectoral
La comunidad internacional debe monitorear de cerca el proceso electoral en Guatemala y, después de las elecciones, debe trabajar con las funcionarias y funcionarios electos para asegurar su compromiso con la restauración de los valores democráticos, la protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Así mismo, deben emprender acciones coordinadas y cohesionadas y utilizar las herramientas a su disposición para impedir la plena consolidación de las prácticas autoritarias orquestadas por las redes ilícitas responsables del deterioro de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala.
El futuro de la democracia del país dependerá en gran medida del compromiso de las personas que resulten elegidas en el Congreso, en el ámbito municipal y en el poder ejecutivo, con respetar las voces de las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas independientes. Pueden aprenderse lecciones de circunstancias similares, aunque a distinta escala, en países como Venezuela y Nicaragua. La eliminación de la separación de poderes, el cierre del espacio cívico y la represión de la disidencia política son rasgos distintivos de la crisis democrática y de la perdurable cultura de impunidad ante abusos de poder y graves violaciones de derechos humanos en Guatemala.
*El 31 de mayo de 2023 se actualizó este texto, ya que en una versión anterior se afirmaba erróneamente que 96 periodistas guatemaltecos se habían visto obligados a exiliarse debido a amenazas.
