El ciclón Mocha tocó tierra el domingo en el estado de Rakhine, en Myanmar, y sus vientos de 250 kilómetros por hora arrasaron los refugios de las zonas bajas del golfo de Bengala. Mocha, uno de los ciclones más fuertes que han azotado la región, provocó inundaciones y daños a millones de personas a su paso.
La capital del estado, Sittwe, se llevó la peor parte de la destrucción, y casi ninguna casa quedó intacta. El recuento de muertos y desaparecidos se calculado por el momento en cientos y se ha visto dificultada por los persistentes cortes en las comunicaciones. Los trabajadores humanitarios informan de grandes daños causados por el ciclón en la zona central de Rakhine, donde unos 140.000 de los 600.000 musulmanes rohingya de Myanmar llevan más de 10 años confinados en campamentos, algunos de los cuales están casi totalmente destruidos.
Lo que conocemos sobre estos campamentos nos permite afirmar que los daños y la pérdida de vidas sufridos eran previsibles y evitables.
Durante décadas, las autoridades de Myanmar han privado a los rohingya de sus derechos y libertades y han mermado su capacidad de supervivencia. Los campamentos del estado de Rakhine se crearon en 2012, aparentemente para los desplazados por la violencia comunal, pero en realidad estaban al servicio del régimen opresivo de apartheid, persecución y encarcelamiento del gobierno. Las familias fueron confinadas en casas largas de bambú, diseñadas para durar sólo dos años. Las autoridades denegaron las peticiones de las agencias de ayuda que pedían que se les proporcionara terrenos habitables y recursos adecuados para hacer más seguros los antiguos arrozales, propensos a las inundaciones, y las zonas costeras bajas donde se asientan los campamentos.
Las condiciones de vida resultantes son, de por sí, miserables, y contribuyen a aumentar el número de muertes evitables y las amenazas anuales de fenómenos meteorológicos extremos. Con los nuevos bloqueos a la ayuda impuestos desde el golpe militar de 2021, menos de la mitad de los refugios de los campos han recibido alguna reparación en los últimos dos años.
Según los primeros informes, la junta militar de Myanmar ha impedido esta semana la respuesta a la catástrofe en todas las zonas afectadas, con trabas burocráticas que obstaculizan las autorizaciones de viaje y los trámites de aduana de las agencias de ayuda.
"Ningún gobierno, ninguna organización ha venido a nuestra aldea", dijo a la AFP un hombre rohingya. "Llevamos dos días sin comer.... Nadie ha venido siquiera a preguntar".
Brad Hazlett, de la organización de ayuda Partners, informó de que estaban presenciando "una pérdida de vidas a gran escala en los campos."
En los días críticos que se avecinan, mientras los rohingya y otras personas retiran los escombros y buscan a sus familiares desaparecidos, los gobiernos extranjeros deben exigir a la Junta que levante todos los bloqueos a la entrega de ayuda vital. A más largo plazo, deberían trazar un camino para que los militares de Myanmar rindan cuentas por las condiciones de opresión que dejaron a los rohingya atrapados y expuestos al ojo del huracán.
