(Nueva York) – Un informe publicado por la misión de la Unión Europea que observó las elecciones de noviembre de 2021 en Venezuela indica que los venezolanos enfrentaron serios obstáculos para votar y postularse a cargos públicos, señaló hoy Human Rights Watch. El informe del 22 de febrero de 2022 provee una hoja de ruta sobre las reformas estructurales necesarias para que haya elecciones libres y justas en el país.
Los observadores electorales de la UE señalaron problemas como la inhabilitación arbitraria de opositores políticos que intentaban postularse a cargos públicos, el uso partidario de recursos estatales en la campaña, el acceso desigual a los medios de comunicación y a las redes sociales durante la campaña, el bloqueo selectivo de sitios web por parte de las autoridades y la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho. Enfatizaron que estas condiciones comprometieron la imparcialidad y transparencia de las elecciones.
“El informe de la UE confirma el diagnóstico de que los venezolanos no han podido ejercer de manera libre sus derechos a votar y a postularse a cargos públicos”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Es fundamental que se mantenga una fuerte presión internacional para que las autoridades venezolanas se comprometan a implementar las reformas estructurales que precisa el país para que elecciones futuras puedan ser libres y justas”.
La jefa de misión, Isabel Santos, presentó el informe de manera remota desde Bruselas. Había solicitado presentarlo en Venezuela, pero no recibió respuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El informe formula 23 recomendaciones a Venezuela. Las recomendaciones incluyen reforzar la separación de poderes y la independencia del poder judicial, lo cual incluye que la selección de los jueces sea transparente y apolítica y esté basada en el mérito, y suprimir la prerrogativa de la Contraloría General para despojar a los ciudadanos de sus derechos políticos mediante un procedimiento administrativo que ha sido usado de manera arbitraria contra opositores. Recomendó reforzar las facultades sancionadoras del CNE, especialmente en lo que refiere al uso de recursos estatales y la cobertura por parte de medios de comunicación estatales durante las campañas electorales.
El informe también recomendó promover la libertad de expresión y acabar con la autocensura, derogando la Ley contra el Odio. Asimismo, señaló que el CNE debía aumentar la precisión del registro electoral y la capacidad de medir las tasas de participación electoral, proporcionando más opciones para que los votantes actualizaran su información, incluyendo a los venezolanos que viven fuera del país.
La UE anunció su misión de observación, integrada por 134 observadores, en septiembre, tras llegar a un acuerdo con el CNE. A principios de octubre llegó a Caracas un equipo de 11 expertos, y los demás integrantes —observadores europeos y locales trabajando a corto y largo plazo— se unieron poco después.
En una conferencia de prensa realizada el 23 de noviembre —dos días después de la elección— la misión presentó un informe preliminar en el cual destacó que la mayoría de los partidos opositores había vuelto a participar en elecciones y que había una administración electoral más equilibrada, ya que dos de los cinco rectores del nuevo CNE estaban vinculados a la oposición. Estos logros, junto con una actualización más amplia del registro electoral, volvieron a destacarse en el informe final.
Sin embargo, los expertos informaron falencias como decisiones judiciales que afectaron la igualdad de condiciones, la “inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso [proselitista] de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación” y las redes sociales, así como el bloqueo selectivo de sitios web y la autocensura por temor al organismo estatal que regula a los medios de comunicación.
Las deficiencias electorales incluyeron “importantes retrasos en la apertura y el cierre de las mesas electorales”, destacó la misión, “y acusaciones de coacción a los votantes”, además de “violaciones del secreto del voto... por parte de los miembros de mesa”. Los observadores presenciaron cómo el partido de Nicolás Maduro instaló “puntos rojos” donde los ciudadanos mostraban sus cédulas de identidad y voluntarios oficialistas monitoreaban la participación en las elecciones. En mucha menor escala, observaron a partidos opositores que instalaron sistemas similares para monitorear la asistencia de los votantes. Tanto el informe preliminar como el definitivo señalaron, además, que un hombre fue asesinado y dos personas fueron heridas por grupos armados partidarios del gobierno (llamados colectivos en Venezuela) frente a un centro de votación en el estado Zulia.
La nueva composición del CNE en 2021, con mayor participación opositora, fue insuficiente para que hubiera una elección en la cual se respetaran plenamente los derechos de los votantes y los candidatos, apuntó Human Rights Watch.
Si bien la fecha convenida para el fin de la misión era el 13 de diciembre, las autoridades venezolanas obligaron a los observadores irse del país el 5 de diciembre. Maduro calificó a los miembros de la misión como “enemigos” y “espías” y los acusó de intentar “manchar” el proceso electoral sin “elementos”.
El acuerdo firmado entre la UE y el CNE otorgaba a los observadores pleno acceso a los partidos políticos, los candidatos, las autoridades electorales y otros actores, así como a los centros de votación. Esa parte del acuerdo se cumplió. Los observadores europeos visitaron 638 centros de votación. Sin embargo, la misión informó que, en al menos tres estados, a algunos observadores locales no se les permitió acceder a los centros de votación. La misión concluyó que el reglamento del CNE sobre la observación electoral nacional e internacional restringe las actividades de los observadores y debe reformarse.
El día de las elecciones, Human Rights Watch recibió denuncias sobre presuntas amenazas, actos de intimidación, ataques y disparos por parte de grupos armados partidarios del gobierno. Los votantes informaron sobre la apertura y el cierre tardíos de centros de votación, así como cambios de último momento a la ubicación de las sedes. Periodistas informaron sobre restricciones y ataques a medios de comunicación que daban cobertura a las elecciones.
El Centro Carter, que también monitoreó las elecciones, y periodistas venezolanos que cubrían los comicios advirtieron acerca de problemas similares.
El informe definitivo de la misión de la UE ratifica las preocupaciones planteadas en el informe preliminar y provee información adicional sobre los problemas que se presentaron después de la jornada electoral, como la falta de acceso a procedimientos efectivos para cuestionar los resultados. La misión concluyó que la tramitación de las apelaciones administrativas no garantiza una respuesta oportuna a las mismas y que los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil no consideran que estas constituyan procedimientos imparciales. Esto impidió que dichos grupos presentaran denuncias.
El informe se refirió a la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de las elecciones para la gobernación de Barinas, estado natal del expresidente Hugo Chávez, luego de que triunfara un candidato opositor. El 29 de noviembre, el tribunal anuló la elección y dispuso que el CNE organizara un nuevo proceso electoral, alegando que el candidato ganador debería haber sido inhabilitado para postularse al cargo.
La elección se celebró nuevamente el 9 de enero, y ganó otro candidato opositor. El informe indica que tres candidatos a la segunda elección fueron inhabilitados sin que les fuera debidamente informado. Santos señaló en la conferencia de prensa que “lo que ocurrió en Barinas no debió haber ocurrido”.
