(Nueva York, 5 de agosto de 2021) – El gobierno afgano no ha asegurado medidas de justicia por actos de violencia contra mujeres y niñas y esto perjudica el progreso en pos de la protección de los derechos de la mujer, señaló Human Rights Watch en un informe que se dio a conocer hoy. Los avances de las fuerzas talibanes a medida que Estados Unidos finaliza el retiro de sus tropas deja al actual estado afgano, y a los derechos de las mujeres en particular, en una situación de incertidumbre.
El informe de 32 páginas, “‘I Thought Our Life Might Get Better’: Implementing Afghanistan’s Elimination of Violence against Women Law” (“Pensé que nuestra vida podía mejorar”: Implementar la ley de la eliminación de la violencia contra las mujeres de Afganistán), se enfoca en las experiencias de las mujeres afganas al intentar que se imparta justicia contra familiares y otras personas responsables por hechos de violencia. Human Rights Watch determinó que la aplicación limitada de la ley emblemática de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (Elimination of Violence against Women, EVAW) ha dejado a muchas mujeres y niñas sin una vía que les permita acceder a protecciones fundamentales y a la justicia. Los talibanes han logrado amplios avances territoriales y, por tanto, la perspectiva de un gobierno dominado por ellos también constituye una amenaza para las protecciones de los derechos fundamentales de las mujeres afganas que se establecen en la Constitución y en las normas del derecho internacional.
“Los donantes internacionales deben afianzar su compromiso para proteger a las mujeres afganas que se encuentran atrapadas entre la inacción del gobierno y la expansión del control talibán”, manifestó Patricia Gossman, directora asociada para Asia en Human Rights Watch. “Los gobiernos que, desde hace muchos años, brindan apoyo a los derechos de las mujeres en Afganistán deben ejercer una fuerte defensa de la ley EVAW, que ha dado lugar a un cambio lento, pero genuino”.
La reducción de los fondos aportados por donantes y el decreciente interés global por Afganistán, sumados al retiro de las tropas extranjeras de ese país, han hecho que las organizaciones que impulsan los derechos de las mujeres y otras agrupaciones de la sociedad civil planteen su preocupación por la posibilidad de que haya un menor apoyo internacional a las iniciativas de incidencia y capacitación necesarias para proteger y afianzar la implementación de la ley. Ese apoyo ha tenido una importancia fundamental en lo que hace a la protección de las mujeres y las niñas, señaló Human Rights Watch.
El informe se basa en 61 entrevistas con mujeres y niñas que habían denunciado delitos, fiscales, jueces, abogados, proveedores de asistencia legal y organizaciones de incidencia.
Desde 2001, las reformas legales en Afganistán, junto con la ampliación de las oportunidades de educación y empleo, han sido consideradas avances significativos para las mujeres y niñas. Las mejoras en las protecciones legales se materializaron a través de la capacitación de un grupo de mujeres abogadas, fiscales y juezas, y mediante la adopción de nuevas leyes. Entre estas normas, una de las más importantes es la ley EVAW.
La ley EVAW, promulgada por un decreto presidencial en 2009 y ratificada en 2018, tipifica como delitos penales 22 actos de abuso contra mujeres. Estos incluyen la violación, la agresión física, el matrimonio forzado, impedir que las mujeres adquieran bienes y prohibir que una mujer o niña asista a una institución educativa o trabaje. Pese a la considerable resistencia que opusieron las facciones conservadoras del poder judicial y el parlamento, la ley ha contribuido a lograr algunos avances genuinos, y promueve un incremento en las denuncias y las investigaciones de los delitos violentos contra mujeres y niñas.
No obstante, la implementación plena de la ley sigue resultando errática. Policías, fiscales y jueces suelen disuadir a las mujeres de la posibilidad de presentar denuncias y las presionan para que intenten mediar con sus familias. En el caso de las mujeres que sufren abusos, la presión familiar, la dependencia económica, la estigmatización si presentan una denuncia y el temor a las represalias, que incluye la posibilidad de perder a sus hijos, también plantean grandes dificultades al momento de registrar casos.
Desde que una mujer o una niña afgana decide presentar una denuncia amparándose en la ley EVAW, enfrenta resistencia. En muchos casos relacionados con violencia por parte de un familiar varón —a menudo, el esposo—, la policía desalienta a las mujeres de la posibilidad de impulsar una acción legal y las presiona para que vuelvan a sus hogares y se reconcilien con sus agresores. Una mujer de Herat cuyo esposo la golpeaba con frecuencia dijo que, cuando ella se quejaba por la situación, sus padres le decían que “esos son derechos que tienen los maridos”.
Aun cuando una mujer logra iniciar una acción legal, la presión de los familiares con frecuencia la empuja a retirar la denuncia presentada. Una mujer que, en reiteradas oportunidades, había sufrido golpizas por parte de su padre y su esposo dijo que el fiscal del caso y su propio abogado le habían recomendado regresar al hogar y “sacrificarse por sus hijos”. En la mayoría de los casos, las mujeres no tienen acceso a abogados.
Las mujeres también son objeto de presiones para que acepten la mediación como recurso para resolver denuncias, y quedan expuestas a riesgos al ser obligadas a reconciliarse con la persona que abusa de ellas. Si bien la ley prohíbe la mediación en casos de daños particularmente graves, algunos funcionarios derivan a mujeres y a sus familiares a recursos de mediación incluso cuando se trata de delitos violentos. Así, se elude completamente al sistema de justicia y se afianza la impunidad por los delitos más graves.
Uno de los motivos más comunes por los cuales los casos no muestran avances es que la policía no detenga a los presuntos agresores. Los policías son particularmente reacios a detener a los esposos que son acusados de cometer actos de violencia contra sus parejas. Si bien el código penal reformado de 2018 establece que las cuestiones de “honor” no pueden plantearse como un argumento de defensa en casos de homicidio, siguen produciéndose “crímenes de honor” de manera generalizada. Particularmente en las áreas rurales, las autoridades judiciales a menudo toleran estos hechos.
Muchas mujeres y niñas que denuncian haber sufrido delitos violentos —entre los cuales se incluyen, a modo de ejemplo, la agresión sexual— manifiestan haber sido sometidas a exámenes vaginales invasivos y abusivos, o “pruebas de virginidad”, que son prácticas ampliamente desacreditadas que carecen de fundamento científico. Los presuntos “hallazgos” suelen aceptarse como pruebas en los procesos judiciales; lo cual, en algunas situaciones, contribuye a que se impongan largas penas de prisión a mujeres y niñas. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció pautas en 2014 en las cuales dispuso que tales pruebas no tenían validez científica, siguen constituyendo una práctica generalizada.
Pese a sus limitaciones y a las falencias en su aplicación, la ley EVAW es una herramienta legislativa de importancia clave para combatir los delitos de discriminación y violencia contra mujeres y niñas en Afganistán. Entre algunos juristas, la ley ha dado lugar a otras leyes que reconocen derechos, como la ley contra el acoso, que representa un importante primer paso, y ha comenzado a cambiar las percepciones en lo que hace a abordar la violencia en los hogares y en la sociedad afgana en general.
La influencia y el control cada vez mayor de los talibanes, y la posibilidad de que, en el futuro, se constituya un gobierno de coalición con políticos conservadores, aumenta los temores de que se pongan en riesgo normas como la ley EVAW, entre quienes defienden los derechos de las mujeres afganas.
“Es fundamental que los socios internacionales de Afganistán sigan brindando apoyo financiero y político sustancial a fin de preservar las reformas legales que aseguran la protección de las mujeres que enfrentan violencia dentro y fuera de sus hogares”, manifestó Gossman.
