El 25 de junio, entra en vigor el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el trabajo. Se trata de un paso fundamental para acabar con la violencia de género en el trabajo, que ha quedado abiertamente expuesta a través del movimiento mundial #MeToo.
Este tratado pionero, adoptado en 2019 por los gobiernos, empleadores y trabajadores miembros de la OIT, establece normas legales internacionales para prevenir y responder a la violencia y el acoso en el trabajo.
Seis países han ratificado el tratado hasta ahora: Argentina, Ecuador, Fiyi, Namibia, Somalia y Uruguay. Otros están en la fase final de su proceso de ratificación, como Francia, Italia y España. Hay más países que deben ratificar el tratado y modificar sus leyes y políticas nacionales para que reflejen las normas del mismo.
En el último mes, más de 650.000 personas alrededor del mundo firmaron una petición del movimiento cívico mundial Avaaz, que insta a sus gobiernos a ratificar el tratado, poner fin a la violencia en el lugar de trabajo y aplicar reformas internas.
Un informe de Human Rights Watch de 2020 destaca las principales obligaciones del tratado para los gobiernos, así como ejemplos de prácticas prometedoras en la legislación nacional. Los gobiernos deberían llevar a cabo campañas de información, comprometerse a velar por el cumplimiento del tratado y proporcionar recursos accesibles a las víctimas, como inspecciones, mecanismos de denuncia, protección contra las represalias e indemnizaciones.
Los gobiernos que han apostado por la lucha contra la violencia de género deberían predicar con el ejemplo. En demasiados casos, su progreso ha sido lento.
Por ejemplo, la semana que viene Francia reunirá a gobiernos, empresas, donantes y sociedad civil en el Foro Generación de la Igualdad, convocado por ONU Mujeres. En el Foro se dará a conocer una agenda global de 10 años sobre la igualdad de género. Aunque Francia ha dado pasos hacia la ratificación del tratado, no ha respondido a una coalición de grupos feministas y sindicatos que piden reformas nacionales asociadas.
El Reino Unido es uno de los cuatro gobiernos que dan forma a los compromisos mundiales de lucha contra la violencia de género para el Foro de Igualdad de Género, pero aún no ha ratificado el tratado.
Uganda, que desempeñó un papel de liderazgo en el bloque de votación de los países africanos durante las negociaciones del tratado y apoyó disposiciones clave, como las que protegen a las personas trabajadoras del sector informal, tampoco lo ha ratificado. También ha perdido la oportunidad de realizar reformas nacionales clave.
Esta semana celebramos una victoria histórica para todas aquellas personas que han exigido el fin de la lacra de la violencia y el acoso en el trabajo.
Ha llegado el momento de que los gobiernos cumplan su parte mediante una rápida ratificación y conviertan estas normas en un cambio sobre el terreno.
