Carta de Human Rights Watch a la vicepresidenta Harris

Vicepresidenta Kamala Harris
La Casa Blanca
Oficina de la Vicepresidencia
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D.C. 20050

Vicepresidenta Harris      

De nuestra mayor consideración:

Nos comunicamos usted para instarla a que, en las reuniones sobre gestión migratoria que mantendrá en México y Guatemala próximamente, asigne una importancia central a los derechos humanos[1]. Los lugares donde se respetan los derechos son lugares donde las personas no se ven obligadas a desplazarse ni son castigadas por hacerlo. Human Rights Watch desea instarla a que concentre sus esfuerzos en asegurar el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la independencia judicial en la región, así como el acceso de los migrantes a medidas de protección, incluyendo en Estados Unidos. Una estrategia de gestión de las migraciones que facilite que se violen derechos o que no responda a estos abusos en los países de origen frustraría el objetivo a largo plazo de reducir la necesidad de que las personas inicien viajes forzosos, irregulares y peligrosos.

Guatemala

Esperamos que su visita a Guatemala y las acciones que la administración Biden-Harris adopte con posterioridad hagan hincapié en la necesidad de que se respete la independencia judicial, el papel fundamental que tienen los medios de comunicación independientes y los defensores de derechos humanos en las sociedades democráticas y la importancia de abordar la violencia y la discriminación contra grupos marginados.

El presidente Alejandro Giammattei y su coalición en el Congreso guatemalteco están trabajando para destituir a los últimos jueces independientes que quedan y reemplazarlos con aliados, en una maniobra aparentemente orientada a frenar los esfuerzos anticorrupción en los que han sido implicados muchos políticos en funciones de alto rango. En 2020, congresistas oficialistas intentaron infructuosamente que se presentaran cargos penales contra miembros de la Corte de Constitucionalidad debido a que les disgustaban sus pronunciamientos[2]. En abril, cuando se eligieron nuevos miembros de la corte, los congresistas se negaron a confirmar la elección de la respetada activista contra la corrupción Gloria Porras[3]. También están intentando bloquear el financiamiento a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, a cuyo titular han intentado destituir en varias oportunidades[4]. A su vez, los nuevos miembros de la corte pronto se pronunciarán sobre si se disolverá por completo la Fiscalía Especial que investiga casos de corrupción y que ha sido blanco de críticas por parte de Giammattei[5]. La invitamos a que plantee estas cuestiones directamente al presidente Giammattei durante su encuentro y a que transmita un mensaje claro de que estos ataques al Estado de derecho causan gran consternación a la administración Biden-Harris.

Al no garantizar los derechos ni la seguridad de grupos vulnerables, incluyendo de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, Guatemala contribuye a que sufran daños y a que muchas se vean obligadas a irse del país por causa de delitos de odio y otras formas de persecución[6]. Guatemala debe dar pasos significativos orientados a incrementar las protecciones para las personas LGBT; entre otras cosas, aprobando la Iniciativa 5674, que abordaría los delitos de odio y exigiría que el gobierno establezca un plan nacional integral para proteger los derechos de las personas LGBT e intersexuales.

También la alentamos a que exhorte al presidente Giammattei a respetar la libertad de expresión y asociación. Es importante que lo inste a que su gobierno cese el alarmante hostigamiento a los medios de comunicación independientes[7] y que le pida que derogue una ley reciente que le permite al gobierno limitar el financiamiento que reciben las organizaciones no gubernamentales y disolver a aquellas a las que acuse de “alteración del orden público”[8]. La nueva composición de la Corte de Constitucionalidad ha dado luz verde a dicha ley.

Aunque el presente viaje no incluye otros países centroamericanos, tenemos preocupaciones similares respecto a ataques al Estado de derecho y los derechos fundamentales en El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele[9], en Honduras bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández[10] y en Nicaragua bajo el presidente Daniel Ortega[11], las cuales deberían estar al centro de cualquier estrategia política estadounidense relacionada con migración.

México

Con respecto a su visita a México, el diálogo no debería enfocarse exclusivamente en aspectos relacionados con la gestión o el control migratorio. La agenda debería enfocarse en abordar los numerosos aspectos preocupantes en materia de derechos humanos en el país, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia de género, ataques contra ONGs y periodistas independientes, corrupción, impunidad por graves violaciones de derechos humanos y ataques contra el Estado de derecho.[12]

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado un desprecio absoluto por la independencia judicial e intenta eliminar los frenos y contrapesos al ejercicio de su poder, asumiendo el control de los tribunales y otras instituciones independientes de derechos humanos[13] que han procurado bloquear[14] algunas de sus políticas más abusivas[15]. Ha llevado a cabo una embestida contra los medios independientes y las organizaciones de la sociedad civil que critican a su gobierno y no ha hecho prácticamente nada para proteger a periodistas independientes y defensores de derechos humanos que son asesinados habitualmente con total impunidad[16]. La instamos a que, durante su visita, condene los graves ataques del presidente López Obrador a la independencia judicial y a que lo aliente a respetar la valiosísima contribución que realizan los periodistas independientes y las organizaciones de la sociedad civil en una sociedad democrática.

Acceso a protección y gestión de la migración

El apoyo de EE. UU. a medidas severas de control migratorio en la región ha expuesto a los migrantes a un mayor riesgo de violaciones de derechos humanos. Los migrantes que viajan por México o que son expulsados a ese país[17] por Estados Unidos a menudo sufren hechos de violencia[18], secuestros y extorsiones por parte de grupos delictivos y de policías y agentes migratorios mexicanos. El gobierno mexicano prácticamente nunca investiga estos delitos. En respuesta a la presión de EE. UU., el gobierno de México ha movilizado a decenas de miles de soldados mexicanos para que detengan a migrantes indocumentados. En marzo, soldados que patrullaban la frontera sur mataron a un hombre guatemalteco en un incidente que el gobierno calificó de “reacción errónea”[19]. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha detectado numerosos abusos flagrantes ocurridos en los establecimientos de detención migratoria de México. Encontró a hombres, mujeres y niños juntos en espacios abarrotados sin agua corriente, electricidad ni luz natural[20]. La comisión también encontró que personas detenidas que habían contraído Covid-19 y descubrió que al menos una de ellas había muerto por esa enfermedad, en un momento en el cual el gobierno mexicano sostenía que no había casos en los centros de detención[21].

Un elemento central de la respuesta debería ser fortalecer el sistema de asilo y de protección infantil de México para promover el interés superior de los niños y niñas migrantes en México[22]. La instamos a que exprese que EE. UU. está dispuesto a ayudar a los gobiernos de la región a que estos mejoren su capacidad para recibir a los solicitantes de asilo en condiciones humanas y a que amplíen la protección complementaria, de modo que las familias y los niños puedan solicitar protección en un lugar más cercano a su lugar de origen o en países donde se sientan seguros[23]. Sin embargo, tal apoyo no debe sustituir al acceso a la protección en la frontera entre EE. UU. y México a través de un sistema de recepción humanitario y compasivo en los Estados Unidos, sino más bien complementar ese sistema[24].

La instamos a que, a lo largo de su visita, mantenga un debate franco y abierto respecto a las causas fundamentales que llevan a las personas a irse de sus países de origen, incluyendo las amenazas constantes al Estado de derecho y los derechos fundamentales en México y en América Central, así como a alentar a los gobiernos de la región a implementar respuestas humanitarias que reconozcan los derechos de las personas a solicitar protección internacional y contribuyan a garantizar su seguridad mientras estén en tránsito.

Confiamos en que esta carta pueda servir de base para un diálogo constructivo sobre estos asuntos de suma importancia. Estamos a su disposición para analizar nuestros hallazgos con respecto a las condiciones en México y América Central y la política inmigratoria de EE. UU.

José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo para las Américas
Human Rights Watch

Nicole M. Austin-Hillery
Directora Ejecutiva, Programa de Estados Unidos
Human Rights Watch