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El acoso y la violencia, realidades comunes en las escuelas de todo el mundo

Los gobiernos deberían tomar medidas urgentes para abordar los abusos en el ámbito educativo

Since Lebanon opened classes for Syrian refugee students, the number of children in public schools has more than doubled. But teachers need training in positive discipline. Syrian children said they were insulted and often banned from going to the bathroom at school. © 2019 Dadu Shin for Human Rights Watch

(Londres) – Gobiernos de todo el mundo deberían intensificar urgentemente sus esfuerzos por garantizar la seguridad de los estudiantes en las escuelas y en los espacios en línea, dijo Human Rights Watch hoy en el primer Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, Incluido el Ciberacoso. Muchos gobiernos todavía no prohíben el castigo corporal, y muchos están rezagados en la protección de los estudiantes contra la violencia sexual, el acoso escolar y la violencia en el ámbito educativo.

En la mayoría de los países los estudiantes sufren violencia, acoso escolar y discriminación. Según las agencias de las Naciones Unidas, más de 246 millones de niños sufren cada año violencia de género en las escuelas o sus alrededores, y uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso escolar y violencia física. La mitad de los adolescentes del mundo han reportado situaciones violencia por parte de sus compañeros de escuela.

“Es indignante que los estudiantes de muchos países sufran violencia grave en la escuela que puede marcarles para el resto de sus vidas”, dijo Elin Martínez, investigadora sénior de derechos del niño de Human Rights Watch. “Los abusos graves, como la violencia sexual y física, afectan gravemente la dignidad de los estudiantes, su autonomía corporal y su capacidad para aprender y sentirse seguros en la escuela”.

La investigación de Human Rights Watch sobre las barreras a la educación en más de 15 países encontró que los niños, niñas y los jóvenes experimentan muchas formas de violencia de género en el ámbito escolar. Los estudiantes a menudo reportan castigos corporales, explotación sexual, abuso y acoso, violencia física e intimidación. Los docentes y funcionarios escolares, así como otros estudiantes, son con frecuencia responsables de estos abusos.

Las niñas y niños con discapacidades, los menores refugiados y los estudiantes LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgénero) experimentan con frecuencia altos niveles de violencia y acoso escolar. La violencia contra estos menores a menudo recibe poca atención debido a las actitudes discriminatorias y perjudiciales prevalecientes que perpetúan el silencio y la impunidad.

A pesar de importantes avances, el castigo corporal en las escuelas sigue siendo legal en al menos 67 países, y muchos docentes todavía utilizan la fuerza física para controlar las aulas y ejercer su autoridad. En el Líbano, los niños, niñas y adolescentes son frecuentemente golpeados, abofeteados y humillados. En Sudáfrica, algunos niños y niñas con discapacidades, en particular con discapacidades sensoriales e intelectuales, y menores con autismo, son víctimas de violencia física, abuso verbal y negligencia por parte de maestros y asistentes en escuelas ordinarias y especiales.
La violencia sexual en las escuelas, que incluye violación, abuso sexual y explotación sexual, sigue siendo poco denunciada en muchos países. En Senegal y Tanzania, con frecuencia los docentes y los funcionarios escolares explotan sexualmente a las niñas a cambio de dinero para las tasas escolares, mejores calificaciones y artículos básicos como toallas sanitarias menstruales. Muchas niñas dijeron a Human Rights Watch que no denunciaron los casos de violencia sexual porque los funcionarios escolares no les creen, especialmente cuando los responsables son maestros.

Los estudiantes LGBT se enfrentan al acoso escolar, la discriminación y la violencia en muchos países, pero a menudo son excluidos de las políticas contra el acoso o de las medidas adoptadas para frenar la violencia en las escuelas. En Japón y Vietnam, la falta de formación y rendición de cuentas de los docentes significa que los maestros permiten y contribuyen al acoso de los estudiantes LGBT.

La violencia de género en línea vinculada a su experiencia escolar afecta cada vez más a muchos menores. Se ha convertido en una preocupación cada vez mayor como resultado del aumento en el tiempo que los estudiantes pasan en línea como resultado de los cierres de escuelas vinculados a la pandemia de COVID-19. El ciberacoso también afecta a los jóvenes LGBT, y los abusos pasan de las aulas a los espacios en línea. En Filipinas y Estados Unidos, estudiantes LGBT describieron comentarios e insultos anti-LGBT, así como la rápida difusión de rumores facilitados por las redes sociales. Esta exposición pública y el ridículo tienen consecuencias negativas para la salud mental y el rendimiento académico de los menores, ha concluido Human Rights Watch.

Los países que carecen de políticas claras y vinculantes para que las escuelas aborden todas las formas de violencia y acoso, incluso en línea, a menudo perpetúan malas prácticas similares, dijo Human Rights Watch. Muchas escuelas carecen de políticas para proteger a los menores, así como de medidas de protección específicas para garantizar la seguridad de los niños más vulnerables.

En muchos países, los niños y niñas no reciben una educación sexual de amplio espectro adecuada para su edad. Este tema fundamental proporciona un punto de entrada para que niños, niñas y maestros hablen sobre la violencia de género, permite a los docentes abordar conversaciones delicadas o difíciles de manera no estigmatizante y empodera a los niños y niñas para denunciar abusos o comportamientos dañinos.

Las escuelas también carecen a menudo de orientadores y maestros con la formación adecuada en protección infantil. En los peores casos, los funcionarios escolares no protegen la privacidad de los niños o niñas ni respetan la confidencialidad, lo que expone a los menores al estigma, la humillación y las represalias. Incluso cuando los menores denuncian abusos, los funcionarios escolares no siempre toman en serio las acusaciones, no inician investigaciones o no remiten los casos a las autoridades correspondientes.

Los gobiernos deben adoptar con urgencia políticas nacionales vinculantes que garanticen la protección de los estudiantes en las escuelas y los espacios en línea. Aquellos que ya cuentan con políticas deben asegurarse de que incluyan protecciones para los niños que son particularmente propensos a sufrir abusos, incluidas las niñas, los estudiantes LGBT y los menores con discapacidades. Las escuelas deben tener orientadores, maestros o funcionarios escolares accesibles y confidenciales que actúen como puntos focales de protección infantil y que estén disponibles para brindar apoyo inmediato a los estudiantes que están amenazados o han sido víctima de abuso.

Las escuelas deberían conectarse con los centros de salud y protección infantil locales para garantizar que los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos sean escuchados adecuadamente y remitidos a los servicios de salud y de salud sexual y reproductiva adecuados, entre ellos la anticoncepción de emergencia y el aborto cuando sea necesario. Deben proporcionar a los estudiantes acceso a servicios psicosociales (de salud mental) adecuados, como la terapia. Los gobiernos también deben garantizar que las escuelas proporcionen educación sexual obligatoria, científicamente precisa y apropiada para la edad.

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a aprender en un entorno físico o en línea seguro y deben poder confiar en los adultos que tienen el deber legal y moral de protegerlos”, señaló Martínez. “Este principio fundamental debe guiar los esfuerzos de todos los gobiernos para abordar y, en última instancia, erradicar el flagelo de la violencia y el acoso de las escuelas y los espacios en línea”.
 

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