Estudiantes en un aula de una escuela secundaria en Sédhiou, en el sur de Senegal. © 2017 Elin Martínez/Human Rights Watch

 

(Dakar) – En escuelas secundarias de Senegal, docentes abusivos y otros integrantes del personal educativo cometen actos de explotación sexual, acoso y abuso contra niñas adolescentes, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Aunque Senegal ha tomado medidas importantes para ampliar el acceso de las niñas a una educación de calidad, debe intensificar los esfuerzos para protegerlas frente a estos abusos y asegurar que los docentes que transgreden las normas profesionales o el derecho senegalés respondan por sus actos.

El informe de 85 páginas, titulado “‘It’s Not Normal’: Sexual Exploitation, Harassment and Abuse in Secondary Schools” (No es normal: Explotación sexual, acoso y abusos en escuelas secundarias), documenta abusos contra alumnas en escuelas secundarias, perpetrados principalmente por docentes y funcionarios escolares. Human Rights Watch identificó casos de enseñantes que abusan de su autoridad manteniendo relaciones sexuales con alumnas a cambio de dinero, buenas calificaciones, comida o artículos como teléfonos celulares y ropa nueva.

“Es importante reconocer que Senegal ha aceptado el problema serio de la violencia sexual en las escuelas del país”, afirmó Elin Martínez, investigadora de Derechos del Niño de Human Rights Watch y autora del informe. “Sin embargo, numerosos docentes explotan sexualmente y acosan con impunidad a sus alumnas, que toleran las agresiones sexuales con tal de progresar en la escuela secundaria”.

Este comportamiento es una grave violación de las obligaciones profesionales y éticas de los docentes, y constituye un delito conforme al derecho senegalés cuando las víctimas tienen menos de 16 años. El acoso y la coerción de estudiantes con fines sexuales y el abuso del poder y la autoridad sobre niños y niñas por parte de los docentes conlleva penas de hasta diez años de prisión.

Human Rights Watch realizó entrevistas y organizó grupos focales con con más de 160 niñas y mujeres jóvenes, así como con más de 60 padres, especialistas en educación, psicólogos, activistas locales, socios de desarrollo y funcionarios gubernamentales nacionales y locales, en cuatro regiones de Senegal.

En Senegal, se desconoce cuál es la magnitud y la prevalencia de los abusos contra estudiantes. Los tabúes y estigmas sociales han conseguido silenciar a muchas niñas y mujeres jóvenes afectadas por estos abusos. Sin embargo, investigaciones realizadas por Human Rights Watch, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y académicos sugieren que la violencia sexual y de género asociada con las escuelas representa un problema muy serio en Senegal.

Algunos estudiantes, y en algunos casos docentes y funcionarios escolares, describieron algunos de los casos documentados como “relaciones” entre enseñantes y estudiantes. Esta descripción puede restar gravedad a los abusos, afectar la posibilidad de que estos hechos se informen y confundir la percepción de los funcionarios escolares sobre la gravedad de los abusos. Hubo casos de niñas que quedaron embarazadas como resultado de esta situación y abandonaron los estudios de manera permanente.

Aïssatou, de 16 años, cuyo nombre verdadero no se utiliza para preservar su seguridad, manifestó al respecto: “Un día, el maestro me pidió que fuera a su casa. Cuando llegué, me propuso darme dinero y recursos. Cuando le dije que no... se puso agresivo y dijo que no iba a ponerme buenas notas”.

Las alumnas también sufren acoso por parte de docentes y se ven afectadas por los estereotipos de género y las insinuaciones sexuales en las aulas. Algunas niñas afirmaron que sus docentes utilizan lenguaje o gestos inapropiados —refiriéndose al cuerpo o la vestimenta de las niñas con tono sexual— al hablar directamente con las alumnas o al referirse a otras estudiantes durante las clases.

El gobierno ha adoptado medidas para abordar la violencia sexual y la discriminación de género en las escuelas, como parte de iniciativas más generales para aumentar el acceso de las niñas a escuelas secundarias y su permanencia en estas. En 2013, estableció una estrategia de protección infantil. Con el apoyo de actores internacionales, el gobierno también se ha enfocado en reducir los embarazos de adolescentes, incluso a través de programas que ayudan a las niñas a no abandonar la escuela secundaria.

Algunas escuelas han asegurado que los alumnos estudien en un entorno seguro, y han adoptado políticas de tolerancia cero frente a abusos en las escuelas o facilitando condiciones para que las niñas se sientan cómodas denunciando abusos. Lalia Mané, docente de escuela media e integrante de la iniciativa gubernamental por la educación de las niñas, manifestó sobre esto: “Les digo a mis estudiantes que si un docente les pide favores... deben denunciarlo en la estación de policía”.

Sin embargo, estas medidas no se replican en todas las escuelas secundarias, debido a que no existe una política nacional que aborde la explotación sexual, el acoso y los abusos vinculados con el ámbito escolar.

Entre los principales factores que frustran la denuncia sistemática de explotación sexual, acoso y abusos puede mencionarse la percepción cultural de que las niñas y mujeres jóvenes son culpables de las insinuaciones de los docentes, el temor a perder docentes y la falta de claridad acerca de qué constituye explotación sexual. En general, en las escuelas no hay sistemas confidenciales para realizar denuncias, y numerosas niñas son renuentes a informar abusos por temor a que las autoridades la humillen o no les crean.

El gobierno debería adoptar una respuesta nacional más enérgica para erradicar la explotación sexual, el acoso y los abusos en las escuelas, lo que incluye una política nacional que aclare qué constituye un comportamiento ilegal o inapropiado. Debería aclarar que se prohíben expresamente, y serán objeto de sanciones profesionales, todas las “relaciones” de carácter sexual entre personal docente y estudiantes, así como la explotación y la coerción. Además, debería asegurar que los directores y otras autoridades escolares entiendan su obligación de investigar adecuadamente todos los señalamientos de abuso sexual y remitir los casos para que sean investigados por la policía o fiscales.

Human Rights Watch concluyó que las escuelas no brindan enseñanza adecuada a niños y niñas adolescentes sobre sexualidad, salud reproductiva y sus derechos sexuales y reproductivos. El gobierno debería adoptar un plan de estudios sobre educación sexual completa que cumpla con los estándares internacionales, y garantizar que los jóvenes tengan acceso a servicios de salud adolescente adecuados.

“El gobierno quiere que las niñas destaquen educativamente”, apuntó Martínez. “Pero, para eso, debe terminar con la cultura de silencio con respecto al abuso por parte de docentes, instar a las niñas a denunciar abusos y transmitir un mensaje inequívoco a todo el personal educativo de que no se tolerará la violencia sexual contra estudiantes”.