(Washington D.C.) – Un acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala hace que, en la práctica, los solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños se vean obligados a desistir de sus pretensiones, señalaron hoy Refugees International y Human Rights Watch.
En el informe elaborado por Refugees International y Human Rights Watch en forma conjunta, “Deportation with a Layover: Failure of Protection under the US-Guatemala Asylum Cooperative Agreement” (Deportación con escala: Desprotección bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo entre EE. UU. y Guatemala), se muestra que el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) entre EE. UU. y Guatemala no cumple con los criterios establecidos en las leyes estadounidenses respecto de acuerdos con terceros países seguros que permitirían a salvadoreños y hondureños solicitar asilo en un país seguro distinto de EE. UU.
En el marco del acuerdo, Estados Unidos ha trasladado rápidamente a solicitantes de asilo no guatemaltecos a Guatemala, sin permitirles presentar solicitudes de asilo en EE. UU. Según el informe, dado que Guatemala no se encuentra en situación de poder brindar protección efectiva y debido al riesgo que enfrentan algunas de las personas trasladadas de sufrir daños graves en Guatemala o tras regresar a sus países de origen, al aplicar el acuerdo, EE. UU. viola su obligación de examinar las solicitudes de asilo.
Refugees International y Human Rights Watch entrevistaron a 30 hondureños y salvadoreños que habían sido trasladados a Guatemala, quienes describieron que las condiciones en la frontera de EE. UU. antes de su traslado eran abusivas y que, a su llegada a Guatemala, se encontraron con peligros, inseguridad y sin ayuda, por lo que se sintieron presionados a regresar a sus países de origen a pesar del temor a lo que tendrían que enfrentar allí.
“Todas las personas trasladadas que entrevistamos dijeron que EE. UU. nunca les dio la oportunidad de solicitar asilo en ese país ni de explicar por qué habían abandonado sus países de origen”, explicó Ariana Sawyer, investigadora de la situación en la frontera de EE. UU., de Human Rights Watch, y una de las autoras del informe.
Un ciudadano salvadoreño manifestó que un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. le había dicho que “no hay asilo” y que “no se permite el ingreso de centroamericanos en Estados Unidos”. Dos mujeres mostraron a Refugees International pruebas de que sus parejas abusaban de ellas —fotografías de lesiones físicas causadas por feroces golpizas y una copia de una orden de protección dictada por un tribunal de El Salvador— que, según relataron, los funcionarios estadounidenses en la frontera no les permitieron presentar para respaldar su afirmación de que temían regresar a su país.
Las personas entrevistadas contaron que mientras estuvieron detenidas en la frontera estadounidense antes de su traslado, se les negó un acceso genuino a un abogado y solo se les permitió realizar entre una y tres llamadas telefónicas apresuradas, ninguna de ellas en forma privada.
Dijeron que, cuando llegaron a Guatemala, tuvieron que esperar durante horas en la pista de aterrizaje, sin comida, agua ni atención médica adecuada, ni siquiera para quienes tenían niños pequeños. En sí, el proceso de registro fue apenas una formalidad que tomó dos o tres minutos, durante los cuales las autoridades guatemaltecas no les brindaron información sobre lo que ocurriría con ellos en Guatemala. Una vez registrados en el aeropuerto, tenían 72 horas para decidir si permanecerían en Guatemala, regresarían a los países que habían abandonado o intentarían buscar refugio en otro lado.
“Quienes fueron trasladados a Guatemala se encontraron en una situación de mucha presión, sin tiempo ni recursos suficientes para tomar decisiones voluntarias verdaderamente informadas sobre qué hacer”, señaló Rachel Schmidtke, defensora para América Latina de Refugees International y otra de las autoras del informe.
Las personas entrevistadas dijeron que en Guatemala no contaban con familiares ni redes de apoyo y que temían por su seguridad, ya que algunas de las pandillas que las amenazaban tenían presencia o contactos en Guatemala. Muchos indicaron que regresarían a El Salvador y a Honduras a pesar del temor a ser perseguidos en esos países.
“Entrevistamos a personas con temores debidamente fundados de ser perseguidas, a quienes no se les permitió solicitar asilo en Estados Unidos, y que creían que en Guatemala no se las podría proteger”, manifestó Yael Schacher, defensora sénior para EE. UU. de Refugees International y otra de las autoras del informe. “Estados Unidos ha incumplido su responsabilidad y ha violado sus obligaciones internacionales al trasladar a personas en virtud del ACA”.
Los traslados de personas no guatemaltecas a Guatemala en virtud del acuerdo se suspendieron el 16 de marzo de 2020 en respuesta a la pandemia de Covid-19. Antes de esa fecha, EE. UU. había trasladado a 939 personas a Guatemala. Si bien socios no gubernamentales locales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) concluyeron que la gran mayoría de las personas trasladadas que habían entrevistado tenían inquietudes relativas a protección internacional, solo 20 de ellas, alrededor del 2 %, habían solicitado asilo en Guatemala.
Los gobiernos de EE. UU. y de Guatemala deberían rescindir el acuerdo guatemalteco en lugar de planificar que se reanude su aplicación, señalaron Refugees International y Human Rights Watch. Estados Unidos también debería suspender sus planes de comenzar a trasladar a El Salvador y Honduras a solicitantes de asilo que no tengan esas nacionalidades en el marco de acuerdos similares.
