El Presidente Nicolás Maduro de Venezuela finalmente pidió ayuda a las Naciones Unidas para comprar equipos médicos a mediados de noviembre y alegó que “el gobierno imperialista de Estados Unidos nos tiene perseguidos y bloqueados”. Sin embargo, algunos días antes, el principal hospital público de Caracas rechazó medicamentos e insumos donados por la organización no gubernamental humanitaria Médicos sin Fronteras.
A primera vista, esto podría parecer contradictorio. Sin embargo, es más probable que refleje un cambio incipiente en la negación absoluta, por parte del gobierno de Maduro, de la crisis humanitaria en el país.
El gobierno de Maduro sigue siendo igual de opaco y represivo que antes. En enero, el Presidente se refirió a quienes hablan abiertamente de la crisis como “traidores a la patria”. Esta amenaza no debería minimizarse en un país sin independencia judicial, donde se ha encarcelado arbitrariamente y torturado a críticos y se ha usado el hambre como un mecanismo de control social y político.
Hace ya años que el gobierno dejó de publicar información nutricional y boletines epidemiológicos sobre decenas de enfermedades. Diversos médicos nos dijeron que las autoridades hospitalarias les prohibían proporcionar estadísticas, referirse públicamente a la crisis de salud o incluir la desnutrición como diagnóstico en las historias clínicas de los pacientes. Varios profesionales de la salud han sido despedidos o detenidos por hablar abiertamente del tema. Algunos muy valientes siguen documentando la crisis con un perfil muy bajo, pese al temor a sufrir represalias.
Sin embargo, aunque el gobierno se esmere en ocultar la verdad, las cifras hablan por sí solas.
En 2018, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) indicó que, entre 2015 y 2017, el 11,7 % de la población venezolana —3,7 millones de personas— estaba subalimentada, comparado con menos del 5 % entre 2008 y 2013. Según estadísticas no oficiales, el 80 % de los hogares venezolanos está en situación de inseguridad alimentaria y, en algunos lugares, el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda severa y moderada supera el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como indicador de crisis.
Venezuela es el único país de ingresos medios del mundo donde numerosas personas con VIH se han visto obligados a discontinuar su tratamiento antirretroviral. De los 79.000 personas con VIH que están inscriptos para recibir tratamiento a través del sistema público de salud, el 87 % no lo están obteniendo. El colapso del sistema médico es tan grave que han aumentado enfermedades infecciosas fácilmente prevenibles con vacunas. Según la Organización Panamericana de la Salud, se han informado más de 7.300 presuntos casos de sarampión desde que empezó el brote de esa enfermedad a mediados de 2017, tras ocho años en los cuales sólo se había informado un caso. Luego de nueve años sin que se informaran casos de difteria, en los dos últimos dos años se registraron más de 2.000 casos, incluidas más de 200 muertes.
La OMS informó que la malaria es una epidemia en nueve de los 23 estados de Venezuela y la tasa de aumento que presenta es la mayor del mundo. En 2017, hubo más de 406.000 casos de malaria, lo cual representa un aumento del 69 % respecto del año anterior.
Los casos informados de tuberculosis aumentaron de 6.000 en 2014 a más de 10.000 en 2017; esta es la tasa de incidencia más alta en Venezuela en 40 años.
El éxodo masivo de venezolanos ha dejado en evidencia ante el mundo el colapso del sistema de salud de Venezuela. Más de 3 millones de personas han huido desde 2014, según las Naciones Unidas. Muchos cruzan las fronteras hacia Brasil o Colombia en busca de atención médica o comida. Uno esperaría que el gobierno de Maduro reconozca la gravedad de la situación y pida toda la ayuda que necesita. En vez de ello, ha pasado de negar lo que ocurría a afirmar que los problemas se deben exclusivamente a una crisis económica provocada por “sanciones económicas” extranjeras.
Sin embargo, la mayoría de las sanciones —impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea— se limitan a cancelar las visas y congelar los bienes de funcionarios clave implicados en abusos y corrupción. No tienen impacto alguno en la economía venezolana.
En 2017, Estados Unidos también impuso sanciones financieras, incluida la prohibición de operar con acciones y bonos emitidos por el gobierno y la empresa petrolera estatal. Pero incluso en estas medidas se prevén como excepción las transacciones para comprar alimentos y medicamentos. De hecho, el gobierno ha comprado alimentos en el exterior, pero estas compras han estado plagadas de señalamientos de corrupción.
Recientemente, ha empezado a llegar a Venezuela más ayuda de agencias de la ONU, pero parecería ser demasiado poco y haber llegado tarde. El lunes, las Naciones Unidas anunciaron el primer financiamiento de emergencia para Venezuela, por un total de USD 9,2 millones en concepto de asistencia nutricional y en salud, aunque algunos temen que el dinero podría desviarse debido a la corrupción.
El oportunista cambio de discurso de Maduro, que ahora se muestra como víctima, no le permitirá recobrar la legitimación internacional que ha perdido, a menos que haya cambios reales.
Para asegurar que se protejan los derechos a la alimentación y la salud en Venezuela, los gobiernos de la región deberían convocar a una reunión de alto nivel e invitar a expertos de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, organismos clave de la ONU y organizaciones no gubernamentales para diseñar un plan de asistencia. Los participantes deberían acordar estrategias inmediatas y a mediano y largo plazo que incluyan una evaluación independiente de la magnitud de la crisis.
Y luego —algo que podría resultar bastante más difícil— deberían ejercer considerable presión sobre Venezuela para que acepte toda la asistencia necesaria. Mientras tanto, deberían evaluar la posibilidad de trabajar en estrecha colaboración con organizaciones no gubernamentales y de la Iglesia para lograr que ingrese más ayuda humanitaria en el país. Aunque eso no solucionará el problema, podría contribuir a paliar la dramática situación del pueblo venezolano.
Tamara Taraciuk Broner es investigadora sénior de las Américas y cubre Venezuela para Human Rights Watch; Kathleen Page es profesora adjunta y médica en la Universidad Johns Hopkins.
