(Santo Domingo) – La prohibición total del
aborto en la
República Dominicana representa una amenaza para la vida y la
salud de las mujeres y vulnera sus derechos, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. En la República Dominicana, el aborto es ilegal en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo supone un riesgo para la vida, es inviable o el resultado de una violación.
El informe de 87 páginas, “‘Es tu decisión, es tu vida’: La criminalización total del aborto en la República Dominicana”, documenta evidencias de que mujeres y niñas que enfrentan embarazos no deseados se someten a abortos clandestinos, a menudo asumiendo un grave riesgo para su salud y su vida. Muchas experimentan complicaciones de salud a raíz de abortos practicados en condiciones inseguras, y algunas incluso mueren. Algunas mujeres y niñas sufren abusos, desatención o maltrato por parte de proveedores de la salud. La prohibición no impide que haya abortos, sin que hace que sean clandestinos y menos seguros. Como punto de partida para cumplir las obligaciones asumidas por el país en materia de derechos humanos, el Congreso debería despenalizar el aborto en tres circunstancias, sostuvo Human Rights Watch.
“Las mujeres y niñas en la República Dominicana siempre han desafiado la prohibición, pero se han visto obligadas a poner en riesgo su salud y su vida al interrumpir embarazos clandestinamente”, expresó
Margaret Wurth, investigadora sénior sobre Derechos de la Mujer de Human Rights Watch y autora del informe. “El Congreso debería despenalizar el aborto y asegurar que las mujeres y niñas tengan acceso a abortos seguros y legales, practicados por proveedores capacitados, en vez de dejar que tengan que recurrir a métodos clandestinos inseguros”.
Human Rights Watch entrevistó en cuatro provincias a 50 mujeres y niñas de entre 15 y 43 años, que en todos los casos habían estado embarazadas al menos una vez, así como a decenas de proveedores de la salud y de servicios sociales y otros expertos.
El Código Penal del país prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y niñas que induzcan abortos, y de hasta 20 años para los profesionales médicos que los practiquen. Aunque no es habitual que se procesen penalmente casos de aborto, las sanciones penales instalan un temor extendido y un estigma pernicioso. Debido a las sanciones, los proveedores de la salud no pueden interrumpir embarazos cuando sería aconsejable hacerlo según criterios médicos, sin poner en riesgo sus carreras ni exponerse a penas de prisión. La prohibición perjudica de manera desproporcionada a mujeres y niñas de zonas de bajos recursos y rurales, que tienen menores posibilidades de viajar a otro país donde el aborto sea legal o de encontrar proveedores de aborto clandestinos más seguros.
Las investigaciones indican que la existencia de leyes restrictivas y sanciones penales no disminuye la incidencia del aborto. Diversos órganos especializados que interpretan el derecho internacional de los derechos humanos han establecido que negar a las mujeres y niñas el acceso al aborto constituye una forma de discriminación que atenta contra una multiplicidad de derechos humanos.
Según datos del Ministerio de Salud Pública, casi la mitad de los embarazos en el país son no planificados o no deseados. Numerosos mujeres y niñas afirmaron sentirse “deprimidas”, “aterrorizadas”, “desesperadas” o “atrapadas y sin futuro” al enterarse de que estaban embarazadas. Algunas siguieron adelante con embarazos no deseados, debido a convicciones personales o al temor a un aborto inseguro.
Otras intentaron interrumpir el embarazo por métodos como tomar o introducirse pastillas; tratar de debilitar su estado de salud, como por ejemplo abstenerse de comer o beber agua; tomar medicamentos de venta con receta que están contraindicados en el embarazo; o intentar provocarse lesiones físicas. Una mujer mencionó haberse dado golpes en el abdomen con un bloque de cemento.
Al menos el 8 % de las muertes maternas en el país son provocadas por complicaciones debido a abortos ilegales o espontáneos, señala el Ministerio de Salud Pública. “Siempre hemos reconocido que el aborto inseguro es un grave problema de salud, pues las mujeres se ven obligadas a recurrir a métodos clandestinos para hallar una respuesta a su situación”, expresó el Dr. José Mordán, encargado del Departamento de Salud de la Familia del ministerio.
Las complicaciones pueden consistir en sangrado abundante e infecciones. El uso de misoprostol – un medicamento utilizado para inducir el trabajo de parto y para tratar úlceras estomacales – para el aborto médico ha reducido el riesgo de complicaciones en países donde el acceso al aborto legal se encuentra restringido. Sin embargo, cada año 25.000 mujeres y niñas siguen solicitando atención médica en el sistema de salud pública debido a complicaciones relacionadas con abortos inducidos o espontáneos.
Algunas mujeres y niñas manifestaron sufrir negligencia, maltrato o comportamiento abusivo por parte de personal de la salud cuando intentaron ser atendidas por cuestiones urgentes de salud sexual y reproductiva, como que se les negara atención, enfrentar demoras irrazonables y ser tratadas sin anestesia ni medios para el control del dolor. El temor a enfrentar acciones penales o ser objeto de abuso por parte de profesionales de la atención de la salud hizo que algunas postergaran o no buscaran atención tras complicaciones por abortos clandestinos o espontáneos.
Por más de dos décadas, los legisladores de la República Dominicana han debatido un nuevo Código Penal. El presidente Danilo Medina y organizaciones de defensa de los derechos de la mujer han instado a los legisladores a despenalizar el aborto cuando la vida de la mujer o la niña esté en riesgo, cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual o incesto, o cuando el feto presente condiciones severas incompatibles con la vida extrauterina. En dos oportunidades, el presidente Medina vetó versiones revisadas del Código Penal que mantenían la prohibición total del aborto, pero el Congreso Nacional se ha resistido a que haya reformas.
Las votaciones históricas en
Irlanda y
Argentina en 2018 y la decisión paradigmática de despenalizar parcialmente el aborto en
Chile en 2017 son apenas algunos ejemplos de los avances mundiales en la ampliación del acceso legal al aborto. Entre 2000 y 2017, en 27 países
se amplió el acceso al aborto. La República Dominicana debería sumarse a los países que ratifican el acceso al aborto como un derecho humano, señaló Human Rights Watch.
“El Congreso tiene una oportunidad de promulgar reformas largamente esperadas al Código Penal de la República Dominicana y despenalizar el aborto, o al menos liberalizar su acceso”, destacó Wurth. “Las mujeres y niñas no deberían tener que esperar más para que el gobierno garantice sus derechos sexuales y reproductivos”.
