Carta de HRW pidiendo medidas de la UE ante abusos en Venezuela

Federica Mogherini
Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad / 
Vicepresidenta de la Comisión Europea 

Bruselas, 11 de septiembre de 2017

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el honor de dirigirnos a Ud. en representación de Human Rights Watch con el propósito de instarla respetuosamente a liderar una iniciativa de la Unión Europea que ejerza presión sustancial sobre el gobierno venezolano para que aborde la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela.

Actualmente no quedan en Venezuela instituciones independientes que puedan poner freno al poder ejecutivo. El gobierno acalla el disenso a través de la represión violenta en las calles, el encarcelamiento de opositores y el procesamiento de civiles en la justicia militar. Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos, muchísimos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis humanitaria y de derechos humanos, cientos de miles venezolanos están huyendo del país[1].

Human Rights Watch considera positivas las declaraciones recientes de la Unión Europea, en las cuales manifiesta preocupación por los abusos que se cometen en Venezuela y los intentos del gobierno de Maduro de usurpar los poderes de la legislatura y debilitar el estado de derecho[2]. Estas declaraciones se expresan en un momento en que gobiernos clave han incluido a Venezuela entre sus principales prioridades regionales, más recientemente con la adopción, por 12 gobiernos —de 11 países latinoamericanos y Canadá— de la Declaración de Lima, un documento integral en el que se exponen las cuestiones más preocupantes de la situación en el país[3].

A medida que se profundiza la crisis, instamos a la Unión Europea y a sus estados miembros a acordar un plan estratégico de incentivos positivos y medidas punitivas dirigidas a personas específicas para acrecentar la presión colectiva de la UE sobre el gobierno venezolano. Una acción estratégica y colectiva de estas características por parte de la UE debería, en nuestra opinión, incluir la adopción urgente de Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, que sean contundentes y basadas en principios de derechos humanos, así como manifestaciones de consternación de la UE y de sus estados miembros expresadas en foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas. La UE debería expresar claramente que, ante las evasivas continuas del gobierno de Maduro, está preparada para aplicar medidas punitivas específicas dirigidas contra funcionarios y altos mandos venezolanos responsables por la persistencia de violaciones graves de derechos humanos. También instamos a la UE a identificar formas de aumentar la asistencia humanitaria que contribuyan a mitigar la devastadora crisis de alimentos y salud en Venezuela.  

Concentración de poder

La concentración absoluta de poder en Venezuela ha permitido que el régimen de Maduro incurra en una multiplicidad de graves abusos sin ningún tipo de freno a nivel interno. Desde el copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por el ex Presidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional en 2004, el poder judicial dejó de actuar como rama independiente del gobierno. A partir de que, en enero de 2016, asumió una mayoría opositora en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo ha despojado a la legislatura de sus poderes más fundamentales. El gobierno también controla al Consejo Nacional Electoral, que consiguió frenar un referéndum revocatorio sobre la presidencia de Maduro en 2016 y no llevó a cabo las elecciones de gobernadores, que según lo estipulado en la Constitución debían celebrarse en 2016.

En agosto de 2017, el gobierno venezolano avanzó en la implementación de una Asamblea Nacional Constituyente convocada en mayo de este año a través de un decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige la consulta popular previa. Está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que tuvo lugar el 30 de julio y que la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados determinó posteriormente que había sido fraudulenta.

La Asamblea Nacional Constituyente tiene poderes de una amplitud alarmante que van mucho más allá de redactar la constitución. De hecho, la primera medida de la Asamblea Nacional Constituyente fue destituir a la fiscal general, que anteriormente había sido leal al gobierno y, a fines de marzo, empezó a criticarlo abiertamente. Luego designó en el cargo a un partidario del gobierno y, a continuación, se arrogó las facultades legislativas de la Asamblea Nacional. Actualmente, la Asamblea Constituyente está debatiendo la adopción de una “ley contra la violencia política” que condenaría a las personas que “convoquen a acciones violentas y que generen caos y zozobra en la población” a penas de hasta 25 años de prisión, y llamó a realizar un “juicio histórico” de opositores a quienes acusó de “traición a la patria” por haber presuntamente apoyado las sanciones internacionales contra el régimen.

Represión del disenso

Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, han reprimido brutalmente manifestaciones masivas contra el gobierno, desde que las personas salieron a las calles a protestar a principios de abril. Han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia, irrumpido en las viviendas de presuntos opositores y atacado zonas residenciales enteras, edificios y clínicas. Miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados partidarios del gobierno han irrumpido en zonas residenciales luego de protestas, destruido puertas y automóviles, y robado, golpeado y detenido a residentes. El 5 de julio, grupos armados partidarios del gobierno atacaron el edificio de la Asamblea Nacional e hirieron a legisladores, actuando en colaboración con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

Según el Ministerio Público, más de 120 personas han muerto durante incidentes relacionados con las protestas. A fines de julio, antes de que la Fiscal General Ortega Díaz fuera destituida, la fiscalía estaba investigando violaciones de derechos fundamentales en más de la mitad de las casi 2.000 investigaciones de lesiones ocurridas durante las protestas. Según estadísticas extraoficiales, el número de víctimas fatales y heridos sería mucho mayor.

Aproximadamente 5.300 personas han sido detenidas en el contexto de manifestaciones, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente, según el Foro Penal Venezolano, una red local de abogados penalistas que trabajan ad honórem. Cerca de 1.000 siguen encarceladas. Human Rights Watch ha documentado señalamientos de graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituirían tortura, como violentas golpizas, descargas eléctricas y obligar a detenidos a ingerir excrementos. Más de 700 civiles han sido juzgados por tribunales militares, lo cual constituye una violación del derecho venezolano y el derecho internacional.

El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Hay más de 640 presos políticos en Venezuela, según el Foro Penal Venezolano. En las últimas semanas, el Tribunal Supremo ha condenado arbitrariamente a cinco alcaldes, en procedimientos sumarios que violan las garantías de debido proceso, a 15 meses de prisión y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al menos nueve más están alcanzados por una medida cautelar del Tribunal Supremo que podría dar lugar a que se les impongan sanciones a través de ese mismo procedimiento.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe a fines de agosto, en el cual concluyó que se habían cometido violaciones de derechos humanos y abusos extendidos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno en Venezuela, que indica la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. El informe señala que el “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”. También manifestó que algunas detenciones podrían haber constituido desapariciones forzadas, en los casos en que las autoridades se negaron a reconocer, por un período inicial, el destino o el paradero de los detenidos. A su vez, el informe concluyó que más de la mitad de las muertes ocurridas en el contexto de manifestaciones habían sido causadas por agentes de seguridad o colectivos, y que cuatro personas murieron después de ataques perpetrados por grupos contrarios al gobierno. El gobierno sostiene que nueve agentes de seguridad perdieron la vida[4].

La crisis humanitaria

Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercena gravemente su derecho a la salud y la alimentación[5]. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30% y los casos de malaria un 76 %[6]. Algunos días después, la ministra fue despedida. Los casos de desnutrición aguda global de niños menores de 5 años aumentaron del 8,9 % en el último trimestre de 2016 al 10,2 % en los dos primeros meses de 2017, un dato que sitúa a Venezuela por encima del límite de lo que, a criterio de la Organización Mundial de la Salud, constituye una crisis, según Cáritas Venezuela[7].

El gobierno venezolano sigue negado que haya una crisis humanitaria[8]. Por ende, la ayuda internacional humanitaria que podría estar disponible inmediatamente y que mitigaría el sufrimiento de los muchísimos venezolanos que tienen dificultades para alimentar adecuadamente a sus familias y acceder a la atención de la salud más básica no está llegando al pueblo venezolano.

Medidas que deberían adoptarse

Con el fin de abordar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, Human Rights Watch insta a los gobiernos a nivel global y a los organismos internacionales a enviar un mensaje contundente al gobierno venezolano de que estas violaciones claras del derecho internacional y la persistencia del avasallamiento de los derechos fundamentales y las instituciones democráticas tendrán consecuencias, y que los responsables de graves abusos deberán necesariamente ser llevados ante la justicia.

En conclusión, la instamos a incluir a Venezuela en el temario del próximo Consejo de Asuntos Exteriores y facilitar la adopción de un plan colectivo de políticas de la Unión Europea que incrementen la presión internacional —que es urgentemente necesaria— para que el gobierno de Maduro ponga fin a la represión, libere a todos los presos políticos, fije una fecha para la celebración de elecciones libres y justas con supervisión independiente adecuada, restablezca la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional y permita en forma inmediata la llegada de suficiente asistencia humanitaria internacional al país. La UE debería dejar en claro que está preparada para lo siguiente:

• Adoptar medidas punitivas específicas dirigidas contra funcionarios venezolanos que se consideren responsables de la persistencia de violaciones aberrantes de derechos humanos, incluido el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, el ministro de Defensa (de quien depende el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana), el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia (de quien depende el jefe de la Policía Nacional Bolivariana), el titular del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el fiscal general militar[9].
• Ofrecer al gobierno venezolano asistencia humanitaria que podría contribuir a mitigar la severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos. Además de apoyar el trabajo de organizaciones no gubernamentales que reciben donaciones y distribuyen alimentos y medicamentos en el país —y que solo pueden brindar asistencia limitada y temporaria a los venezolanos cuyos derechos a la salud y la alimentación están siendo cercenados—, la UE debería ofrecer asistencia humanitaria adicional a instituciones estatales destinada específicamente a servicios sociales y de atención de la salud que beneficien a personas que necesitan ayuda y asistencia.
• Manifestar profunda preocupación por el rápido deterioro de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, a través de Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores y declaraciones de la UE, que sean contundentes, estén basadas en principios de derechos humanos, y sean emitidas ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.

No dude en comunicarse con nosotros si necesita más información sobre Venezuela. Aprovechamos la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,