(Nairobi) – Grupos armados en la República Centroafricana han ocupado, saqueado y causado daños a edificios escolares, impidiendo que los niños obtengan una educación, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

Combatientes de la UPC delante de una guardería en Ngadja, en la provincia de Ouaka. Los soldados han utilizado este edificio como base militar desde octubre de 2014.

© 2017 Edouard Dropsy for Human Rights Watch

El informe de 31 páginas, “No Class: When Armed Groups Use Schools in the Central African Republic,” (“Sin clase: cuando los grupos armados utilizan las escuelas en la República Centroafricana”), documenta cómo los grupos armados e incluso los soldados de la misión de paz de Naciones Unidas, conocida como MINUSCA, han empleado centros educativos como bases o cuarteles, o han basado sus fuerzas cerca de los recintos escolares. El gobierno y la misión de mantenimiento de la paz deberían aumentar la protección de los estudiantes y las escuelas en las zonas del país afectadas por el conflicto armado, recomendó Human Rights Watch.

“Los niños han perdido años de escolaridad en muchas partes de la República Centroafricana debido a que los grupos armados no han tratado las escuelas como lugares de aprendizaje y refugio para los niños”, dijo Lewis Mudge, investigador sobre África de Human Rights Watch y coautor del informe. “El gobierno y la ONU pueden hacer más para garantizar que los combatientes se mantengan alejados de las aulas y que los niños puedan ir a la escuela de manera segura”.

El informe se publica cinco días antes de la celebración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, organizada por el gobierno argentino en Buenos Aires. La conferencia pondrá de relieve el problema global de los ataques contra estudiantes, profesores y escuelas, así como la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso político internacional respaldado por la República Centroafricana y otros 59 países.

Human Rights Watch entrevistó a más de 40 personas para el informe, incluyendo niños en edad escolar, padres, profesores y comandantes de grupos armados en las provincias de Lobaye, Nana-Mambéré, Nana-Grébizi, Ouham-Pendé, Ouham y Ouaka.

“No es normal que un niño pierda tanto tiempo; esto afecta mi futuro”, dijo un joven de 18 años en la provincia de Ouaka, que había perdido cuatro años de escolaridad porque los combatientes de la alianza rebelde Seleka, una de las partes del conflicto que azota el país, ocuparon su escuela. “Quería ser médico, pero eso es imposible si no vas a la escuela”.

La República Centroafricana está en crisis desde finales de 2012, cuando los rebeldes Seleka, en su mayoría musulmanes, iniciaron una campaña militar contra el gobierno. La alianza Seleka tomó la capital, Bangui, en marzo de 2013, en un período marcado por abusos generalizados de derechos humanos. A mediados de 2013, las milicias cristiana y animista anti-balaka se unieron para luchar contra la alianza Seleka. Los anti-balaka también han cometido abusos generalizados, especialmente en las partes occidentales del país.

La violencia de grupos armados y los ataques contra civiles han aumentado significativamente desde octubre de 2016, especialmente en el centro del país. La lucha entre dos facciones Seleka en las provincias de Ouaka y Haute-Kotto ha provocado un aumento de los ataques contra civiles y el desplazamiento de decenas de miles de personas.

Los Seleka son responsables de ocho de los casos documentados en el informe, pero los combatientes anti-balaka también han ocupado y causado daños a escuelas. En dos casos, las fuerzas de paz de la ONU utilizaron una escuela como base, en violación de las regulaciones de la ONU, pero las abandonaron después de que Human Rights Watch informara a funcionarios de la ONU.

El uso de escuelas por parte de las fuerzas armadas deteriora, perjudica y destruye la infraestructura educativa del país, ya de por sí insuficiente y de mala calidad. Los combatientes que ocupan escuelas a menudo queman muebles y libros como combustible para cocinar. En un caso documentado por Human Rights Watch, un combatiente anti-balaka golpeó a un maestro en la cabeza con un cuchillo cuando el maestro intentó impedir que quemara un pupitre.

Incluso cuando los combatientes han abandonado una escuela, su proximidad a los recintos escolares puede atemorizar a los estudiantes y maestros y hacer que se mantengan lejos. “Los Seleka están justo al lado de la escuela así que los padres están muy asustados para dejar que sus hijos vengan”, dijo un profesor de la provincia de Nana-Grébizi. “Los Seleka creen que es normal instalarse en las escuelas”.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estimó en noviembre de 2016 que 2.336 escuelas en todo el país estaban operando normalmente pero que al menos 461 no lo estaban. Las razones principales por las cuales las escuelas están cerradas son la inseguridad, la falta de profesores, el desplazamiento causado por los combates, la destrucción de la propiedad escolar y la ocupación de las escuelas por parte de grupos armados.

La República Centroafricana firmó la Declaración sobre Escuelas Seguras en junio de 2015, comprometiéndose a proteger a las escuelas del ataque y el uso militar. Este importante paso impulsó a la MINUSCA a comenzar a desalojar las escuelas que estaban ocupadas por milicias. La misión de la ONU logró importantes avances en 2016, pero se vio socavada cuando las propias fuerzas de mantenimiento de la paz usaron las escuelas como bases y cuarteles militares.

“Al respaldar la Declaración sobre Escuelas Seguras, el gobierno puso en evidencia el valor que otorga a la educación para el desarrollo y la estabilidad del país”, dijo Mudge. “Los grupos armados y las fuerzas de paz de la ONU deberían respetar el llamado de la declaración a proteger las escuelas y ayudar a los niños a obtener la educación que quieren y merecen”.