(Washington, DC) – Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela han derivado en denuncias generalizadas de abusos, señalaron el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y Human Rights Watch en un informe conjunto difundido hoy. Los señalamientos incluyeron casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos.

Militares venezolanos detienen a hombres que supuestamente tendrían vínculos con un grupo paramilitar durante una redada de la OLP en el estado de Táchira, Venezuela.

© 2015 Carlos Eduardo Ramirez/Reuters

El informe de 43 páginas, “Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela,” analiza señalamientos de abusos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en distintos lugares del país desde julio de 2015, en el marco de la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), que se anunció como una iniciativa para combatir a bandas criminales. Un denominador común de todos estos casos, así como de otros abusos gubernamentales documentados por PROVEA y Human Rights Watch durante la última década, ha sido el grado en que las víctimas – o sus familiares – han sentido que no tienen dónde acudir para obtener resarcimiento o para que se protejan sus derechos fundamentales.

“Los venezolanos enfrentan uno de los índices de homicidios más altos del hemisferio y necesitan ser protegidos eficazmente y con urgencia ante delitos violentos”, observó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, en múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos – incluyendo asesinatos – nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección”.

En múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos – incluyendo asesinatos – nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección.

José Miguel Vivanco

Director para las Américas

Las organizaciones expondrán sus hallazgos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante una audiencia pública que tendrá lugar el 4 de abril de 2016 y en la cual se ha invitado a participar a representantes del gobierno venezolano.

PROVEA y Human Rights Watch entrevistaron a, o analizaron declaraciones escritas de, decenas de residentes de Caracas y de cinco estados (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia) que afirmaron haber sido víctimas de abusos durante redadas de la OLP o haber presenciado abusos sufridos por otras personas. En otros dos estados, Mérida y Táchira, entrevistamos a defensores de derechos humanos que habían documentado señalamientos de abusos, y consultamos información publicada por organizaciones internacionales que habían realizado investigaciones en la frontera con Colombia. También examinamos fuentes oficiales, incluidos documentos judiciales y declaraciones de autoridades, así como fotografías y videos.

En febrero de 2016, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz indicó que 245 personas murieron en el marco de ejecución de la OLP en 2015, en casos en que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”. Decenas más han sido asesinadas desde comienzos de 2016, según ha trascendido en los medios de comunicación. En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno han afirmado que estas muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados. No obstante, Poder sin Límites expone 20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento, incluidos varios casos en los cuales las víctimas fueron vistas con vida por última vez mientras estaban bajo custodia policial.

En un caso, ocurrido el 17 de agosto, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) asesinaron a Ángel Joel Torrealba, de 16 años, mientras estaba acostado en su propia cama, según contó la madre de la víctima, que presenció el asesinato. Los agentes habrían luego golpeado a sus padres y su hermana, y obligado a toda la familia a salir de la vivienda. La madre contó que los agentes efectuaron después algunos disparos adicionales dentro de la vivienda, y que afirmaron que el joven había muerto en un enfrentamiento armado. Fuentes oficiales reconocieron que una persona había sido “abatida” ese día durante una redada en Margarita, donde vive la familia, pero indicaron que la víctima se había “enfrentado” con las fuerzas de seguridad.

Aunque el gobierno no ha divulgado cifras totales sobre la cantidad de miembros de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos durante redadas de la OLP, PROVEA y Human Rights Watch, tras consultar documentos oficiales y distintas fuentes en medios de comunicación sobre los operativos, identificaron 3 casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales agentes habrían resultado heridos. La enorme disparidad en la cantidad de víctimas fatales resta credibilidad a la afirmación del gobierno de que las muertes se produjeron en situaciones en que delincuentes enfrentaron de manera violenta a la policía, sostuvieron las organizaciones.

Agentes de seguridad también habrían realizado detenciones masivas e indiscriminadas, según dijeron residentes a PROVEA y Human Rights Watch. Según fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad detuvieron temporariamente a más de 14.000 personas durante operativos entre julio y enero, con la intención de “verificar” si eran buscadas por su participación en delitos, pero menos de 100 de ellas fueron finalmente acusadas por algún delito. Más de 1.700 ciudadanos colombianos fueron deportados, conforme informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Cientos de colombianos deportados habían pedido asilo o eran personas a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados, y al menos 22.000 más se habrían ido del país por temor a sufrir abusos o ser deportados.

Diversos testigos señalaron que, en algunos casos durante las redadas, agentes de seguridad propinaron golpizas o cometieron otros abusos contra detenidos. Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles, teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, mientras realizaban allanamientos de viviendas o detenían a sus residentes, según manifestaron testigos.

En otras redadas, conforme indicaron distintos residentes, agentes gubernamentales desalojaron arbitrariamente a miles de personas de complejos de vivienda financiadas por el gobierno o de domicilios privados, y destruyeron cientos de casas con topadoras. En imágenes satelitales obtenidas por Human Rights Watch se pudo confirmar que se destruyeron cientos de viviendas en comunidades en dos estados donde agentes de seguridad habrían llevado a cabo desalojos masivos. Varios residentes indicaron que no recibieron ninguna notificación previa ni tuvieron oportunidad de oponerse a la decisión del gobierno de desalojarlos.

Imágenes satelitales previas a la demolición de la comunidad Brisas del Hipódromo en el estado Carabobo, marzo de 2015 / Imágenes satelitales posteriores a la demolición de la comunidad Brisas del Hipódromo en el estado Carabobo, febrero de 2016.

Before: © CNES 2016 / Distribution Airbus DS After: © CNES 2016 / Distribution Airbus DS
No se ha puesto a disposición del público información acerca del estado de las investigaciones oficiales sobre los señalamientos de abusos ocurridos durante las redadas de la OLP. Representantes del Ministerio Público manifestaron a PROVEA que 25 agentes de seguridad están siendo investigados, pero no proporcionaron nombres ni datos concretos. El Ministerio Público no ha respondido a una carta enviada en febrero por Human Rights Watch, en la cual se solicitó información detallada sobre el estado de las investigaciones sobre presuntos abusos cometidos en la OLP.

El gobierno de Venezuela debería garantizar que todos los operativos de seguridad se lleven a cabo respetando sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos, incluido el requisito de abstenerse del uso ilegítimo de la fuerza durante operativos de seguridad pública, indicaron PROVEA y Human Rights Watch. Para abordar seriamente los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, es crucial que el gobierno lleve ante la justicia a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos. Para que ello sea realista, las autoridades venezolanas deberían adoptar medidas urgentes para restablecer la independencia judicial.

“Durante más de una década, el gobierno venezolano ha ejercido sobre sus críticos y opositores un poder prácticamente sin límites, y ha realizado acciones como encarcelar a políticos, crear listas negras de sindicalistas, censurar y clausurar medios de comunicación, perseguir a defensores de derechos humanos y reprimir manifestaciones pacíficas”, indicó Rafael Uzcátegui, director ejecutivo de PROVEA. “Las redadas en el marco de la OLP dejaron en evidencia hasta qué punto los venezolanos de todos los signos políticos, incluidas personas en comunidades donde el gobierno ha gozado de amplio apoyo, se encuentran indefensos ante abusos gubernamentales”, agregó Uzcátegui.