(Nueva York) – El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería adoptar medidas para prevenir y abordar la violencia sexual en los conflictos armados, lo que incluye promover una mayor participación femenina en acciones de consolidación de la paz, indicó hoy Human Rights Watch. El 13 de abril de 2015, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon emitió un informe sobre hechos de violencia sexual relacionados con conflictos que se produjeron en 19 países durante 2014, en el cual se describen dificultades generadas como resultado de supervisión deficiente, servicios de asistencia limitados y falta de rendición de cuentas.
En el informe, el Secretario General instó al Consejo de Seguridad a integrar el seguimiento de la violencia sexual en el monitoreo y las visitas a países afectados por conflictos, así como a adoptar acciones y medidas preventivas para asegurar que haya rendición de cuentas, incluidas sanciones y remisiones a la Corte Penal Internacional. El informe recomienda que los gobiernos apoyen y protejan a las voces independientes, incluidas organizaciones de mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos, y que mejoren la provisión de servicios integrales de salud, económicos, legales y de reinserción.
“En conflictos en todo el mundo, ejércitos y grupos armados apelan a la violencia sexual como una táctica de guerra con secuelas devastadoras”, señaló Nisha Varia, directora de incidencia en derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El Consejo de Seguridad de la ONU no debería eludir sus responsabilidades frente a las víctimas de estos hechos y debería adoptar medidas decisivas para ayudarlas y para castigar a los responsables de violencia sexual”.
El informe prepara el terreno para el debate que llevará a cabo más adelante durante abril el Consejo de Seguridad sobre la violencia sexual en los conflictos, e incluye un análisis específico del combate al extremismo violento. El documento asevera que la violencia sexual relacionada con conflictos es un elemento central de la ideología y la actuación de organizaciones extremistas como Boko Haram y Estado Islámico (conocido también como ISIS), y recomienda dar mayor prioridad a esta amenaza. El informe destaca la importancia de que los gobiernos consulten a mujeres en sus acciones destinadas a contrarrestar el extremismo violento y aseguren que estos esfuerzos “respeten derechos humanos fundamentales”.
Human Rights Watch ha documentado evidencias de que en Nigeria Boko Haram secuestró y violó sexualmente a mujeres y jóvenes, y las obligó a contraer matrimonio, y de que una vez que las mujeres escaparon, el gobierno nigeriano brindó medidas inadecuadas de protección y asistencia. En el Kurdistán iraquí, Human Rights Watch entrevistó a mujeres y jóvenes que habían escapado tras haber sido raptadas por ISIS y que describieron cómo esta organización extremista utilizaba de manera sistemática la violencia sexual, incluido el matrimonio forzado y la esclavitud sexual, contra mujeres y jóvenes yazidíes.
El acceso gravemente inadecuado a servicios para víctimas y vías de reparación es un problema que se observa tanto en los países en conflicto como en aquellos que han dejado atrás conflictos y que son analizados en el informe del Secretario General. Los marcos jurídicos nacionales y las normas sociales pueden exacerbar estos problemas, como sucede por ejemplo en Afganistán, donde las víctimas de violencia sexual pueden ser juzgadas penalmente por “delitos contra la moral” y podrían perder la vida como resultado de las llamadas ejecuciones de honor.
“Los gobiernos han asumido compromisos concretos con quienes han sobrevivido a hechos de violencia sexual durante conflictos, pero no los están cumpliendo debidamente”, observó Varia. “Los gobiernos deberían mejorar el acceso a la totalidad de servicios de salud reproductiva y psicosociales, así como a opciones de resarcimiento y reparación en la justicia”.
Un problema persistente es que muchos casos de violencia sexual ocurridos durante conflictos no se denuncian, entre otros motivos, debido al estigma asociado con estos hechos, la falta de acceso por parte de veedores, la insuficiencia de medios de denuncia seguros y la respuesta poco enérgica de los gobiernos, señaló Human Rights Watch. El informe del Secretario General hace alusión a 117 incidentes de violencia sexual en Sudán que afectaron a 206 víctimas en 2014. No obstante, las investigaciones de Human Rights Watch indican que las cifras serían considerablemente mayores y que muchos casos no están siendo registrados o reconocidos oficialmente por la ONU. Entre estos se incluyen los ataques perpetrados por miembros del Ejército sudanés en Tabit, durante los cuales al menos 221 mujeres y niñas fueron violadas sexualmente, conforme se documentó en un informe reciente de Human Rights Watch. El gobierno sudanés ha puesto freno a una investigación creíble y al acceso por parte de víctimas a servicios, y pese a ello el Consejo de Seguridad no ha adoptado medidas en respuesta.
El informe tampoco aborda en forma suficiente la explotación y los abusos sexuales por parte de miembros de fuerzas de paz, indicó Human Rights Watch. Por ejemplo, el informe describe hechos extendidos de violencia sexual y denuncias de matrimonio forzado en Somalia, y alude a casos en los cuales han estado implicados miembros del Ejército nacional, milicias aliadas, policías e integrantes del grupo armado Al Shabab. No obstante, el informe no enumera ni formula recomendaciones con respecto a soldados de la Unión Africana que, según comprobó Human Rights Watch, cometieron actos de explotación y abuso sexual. La Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos debería abordar este tema y los casos de explotación sexual por miembros de fuerzas de paz en general.
El informe otorga visibilidad a la violencia sexual contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero e intersexuales (LGBTI), incluso en Irak y en Siria. Los proveedores de asistencia humanitaria y los gobiernos deberían adoptar medidas más contundentes de protección, incluso en contextos de desplazamiento y reasentamiento, aseveró Human Rights Watch.
Los altos niveles de impunidad de actos de violencia sexual en Nepal y Sri Lanka ocurridos a lo largo de sus prolongados conflictos internos demuestran el impacto duradero que puede tener la violencia sexual vinculada con conflictos, la necesidad de que se lleven a cabo investigaciones creíbles de denuncias sobre casos de violencia y la importancia de que se brinde reparación a las víctimas.
El informe hizo hincapié en la necesidad de que haya una participación genuina de las mujeres en todas las iniciativas de consolidación de la paz, incluso en procesos de solución de conflictos. Si bien han transcurrido 15 años desde que el Consejo de Seguridad reconoció a las mujeres, la paz y la seguridad como centrales para su trabajo, en numerosos países las mujeres permanecen mayormente marginadas, por ejemplo, de la planificación de campamentos para refugiados y de los equipos de negociación.
Los países donde actualmente se desarrollan conflictos y que fueron analizados en el informe incluyen a Afganistán, la República Centroafricana, Colombia, la República Democrática del Congo, Irak, Libia, Mali, Birmania, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Entre los países que han dejado atrás conflictos se incluyen Bosnia-Herzegovina, Costa de Marfil, Liberia, Nepal y Sri Lanka.
“Las iniciativas de prevención, las medidas de protección y la provisión de servicios no reportarán resultados exitosos a menos que se diseñen en consulta con las personas a quienes pretenden ayudar”, explicó Varia. “La participación y el liderazgo de mujeres en la programación y la planificación son condiciones esenciales”.
