¿Qué tienen en común una ley de propiedad intelectual estadounidense, una firma española y la libertad de expresión en Ecuador? Más de lo que uno podría imaginar.
En el último año, varios ecuatorianos han visto cómo misteriosamente desaparecieron contenidos de sus propios perfiles en Facebook, canales de vídeo en YouTube o cuentas de Twitter. Los contenidos que se esfumaron tratan sobre una amplia gama de temas. Sin embargo, tienen un sólo elemento en común: critican, ridiculizan o dejan en evidencia al Gobierno ecuatoriano.
Por ejemplo, en septiembre, inmediatamente después de que la Policía Nacional reprimiera violentamente a manifestantes en Quito, Facebook eliminó de la cuenta personal de un ciudadano ecuatoriano un enlace a un vídeo con imágenes compiladas de abusos policiales presuntamente cometidos durante las protestas. El vídeo contenía imágenes y grabaciones de audio del presidente Rafael Correa, extraídas de su programa semanal en el canal público de televisión, en las cuales felicitaba a la policía por su actuación.
En abril, la cuenta de Twitter de Diana Amores, una traductora que habitualmente comparte tuits de contenido humorístico con sus más de 4.000 seguidores, fue suspendida luego de que en varias oportunidades Twitter eliminara imágenes que ella había difundido, incluidas caricaturas. Por ejemplo, Amores había subido una imagen donde se veía a los personajes de Los Simpson acostados en el suelo y, en un segundo plano, un televisor que transmitía el logotipo del programa semanal de Correa. La imagen estaba acompañada por un tuit en el cual Amores hacía alusión en tono irónico al efecto nocivo del programa.
En octubre de 2013, el cineasta Pocho Álvarez advirtió que su vídeo Acoso a Íntag —un documental de nueve minutos sobre la persecución de una comunidad indígena que se resistía a las actividades de minería en la región— había sido dado de baja de su cuenta en YouTube. El vídeo contenía menos de 20 segundos de imágenes con la voz de Correa, durante los cuales se repetía la frase “Veamos quiénes son los que están causando estos problemas”, sugiriendo que comunidades locales serían responsables de obstaculizar el desarrollo en la zona.
Detrás de estos y otros casos, hay una firma en España que le ha pedido a Facebook, Twitter y YouTube que removieran los vídeos o las imágenes, alegando que violaban la legislación estadounidense sobre propiedad intelectual. Si bien autoridades del gobierno ecuatoriano se han distanciado de estos hechos, las solicitudes para remover los contenidos indican que la firma española representaba a actores estatales ecuatorianos, incluidos el canal público de televisión, el partido político gobernante y un ministerio.
¿Cómo puede ocurrir una cosa así? En 1998, el Congreso de Estados Unidos promulgó la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) con el propósito de combatir las violaciones de estos derechos en Internet. La ley otorga a los titulares de derechos un sistema expedito de “notificación y eliminación del contenido” que les permite solicitar a proveedores de servicios en línea, tales como buscadores o redes sociales en Internet, que eliminen contenidos o enlaces argumentando que violan derechos de propiedad intelectual; sin necesidad de una orden o control judicial. Mientras cumplan con estas solicitudes, las compañías de Internet estarán blindadas frente a cualquier reclamo por su responsabilidad legal por el contenido que publiquen sus usuarios.
En la práctica, ante un reclamo de este tipo, las compañías retiran de inmediato el contenido impugnado. Sin embargo, los usuarios pueden apelar esta censura, y a menudo lo hacen, invocando el principio de “uso justo” (fair use), una excepción contemplada por el derecho estadounidense que permite reproducir materiales sujetos a propiedad intelectual para determinados fines, como el comentario crítico, parodias, docencia e investigación. En los casos en que ecuatorianos apelaron la remoción de contenidos, estos en general fueron restablecidos, pero el proceso puede resultar demasiado engorroso para aquellos ciudadanos de a pie que simplemente desean que se conozcan sus opiniones.
En el sistema de la DMCA, el proceso de restablecimiento de contenidos llega a demorar hasta dos semanas, un plazo que podría ser decisivo para defensores o periodistas que informan sobre elecciones o acontecimientos que evolucionan constantemente. Por ello, la remoción abusiva de contenidos por supuestas violaciones de propiedad intelectual puede convertirse en una poderosa herramienta de censura en Internet.
Ante el deplorable récord de Ecuador en materia de libertad de expresión, este abuso no llama la atención. De hecho, el presidente Correa elogió el rol de la Policía Nacional luego de que empleara fuerza excesiva y detuviera arbitrariamente a manifestantes opositores, adoptó una de las leyes de comunicación más restrictivas de la región, utilizó normas penales sobre difamación, inició demandas multimillonarias contra críticos, y lideró una campaña internacional para desacreditar a la Relatoría Especial de la OEA para la libertad de expresión, que había cuestionado fuertemente a su gobierno.
Y ahora, el Gobierno encontró una nueva herramienta para acallar la libertad de expresión en el país. En un momento en el cual los periódicos, las estaciones de radio y los canales de televisión ecuatorianos enfrentan cada vez más dificultades para publicar libremente información crítica, los ciudadanos recurren a Internet, el último espacio que les queda para obtener, difundir y compartir informaciones y opiniones. Pareciera que, si fuera por las autoridades, no debería quedarles ni siquiera eso.
José Miguel Vivanco es director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch y Eduardo Bertoni es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y exrelator para la libertad de expresión de la OEA.
