El rápido ritmo de las obras para la construcción de un nuevo complejo de viviendas en una de las circunvalaciones de la ciudad de Chiang Mai depende de la disponibilidad inmediata de mano de obra barata de trabajadores de la etnia shan provenientes de Birmania.

© 2007 John Hulme

(Berlín) – El 1 de mayo de 2014, los gobiernos europeos deberían celebrar el Día del Trabajo expresando un compromiso de adoptar normas jurídicamente vinculantes para prevenir el trabajo forzado, y proteger y resarcir a las víctimas, señaló hoy Human Rights Watch. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 20,9 millones de mujeres, hombres y niños en todo el mundo están en situación de trabajo forzado.

La OIT estima que existen 880.000 víctimas de trabajo forzado en la Unión Europea, y otros 1,6 millones de víctimas en países del centro y sudeste de Europa y en la Comunidad de Estados Independientes.

“Millones de personas en todo el mundo continúan atrapadas en condiciones aberrantes de explotación a través del trabajo forzado, una situación que causa profunda consternación”, observó Nisha Varia, investigadora sénior de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch.“Los miembros de la OIT deberían exigir enérgicamente que los gobiernos adopten estándares rigurosos y efectivos y, en función de sus prácticas positivas en este sentido, los países europeos deberían liderar la iniciativa”.

El Convenio 29 sobre Trabajo Forzoso de la OIT, adoptado en 1930, es uno de los tratados más importantes en materia de derecho laboral internacional. Si bien ha sido ratificado por 177 países, muchas de sus disposiciones están desactualizadas. Gobiernos, sindicatos y asociaciones de empleadores se reunirán en junio en Ginebra para negociar normas complementarias que aborden de manera más adecuada las modalidades contemporáneas de abuso. Los nuevos estándares deberían ser jurídicamente vinculantes, señaló Human Rights Watch.

Los miembros de la OIT votarán para determinar si estos nuevos estándares complementarios deberían conformar un protocolo vinculante que los países puedan ratificar, o una recomendación no vinculante. Según surge de sus indicaciones preliminares, la postura de los gobiernos, incluso de países de Europa, estaría dividida. Entre los países a favor de adoptar estándares jurídicamente vinculantes se incluyen Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Grecia, México, Rusia y Sudáfrica. Algunos de los gobiernos que prefieren una recomendación sin carácter vinculante son Argentina, Australia, España, Filipinas, India, Indonesia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Qatar y Suecia.

“Formular un compromiso sobre medidas básicas de prevención y protección destinadas a eliminar el trabajo forzado no debería ser optativo”, aseveró Varia. “Resulta alarmante que pese los estándares que aplican a nivel interno y el compromiso público expresado de combatir el trabajo forzado, algunos países como España, Noruega, Suecia y los Países Bajos se muestren renuentes a avalar garantías rigurosas a nivel mundial”.

Europa cuenta con diversos estándares regionales contra el trabajo forzado y la trata de personas consagrados en documentos como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata de 2005 y la Directiva de la UE de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos.

La actualización de los estándares globales sobre trabajo forzado complementaría las acciones de lucha contra la trata de personas, dado que ambos fenómenos tienen numerosos puntos de contacto. Sin embargo, en muchos países a nivel global las medidas contra la trata de personas han estado orientadas a la trata con fines de explotación sexual, y prácticamente no se han ocupado de identificar y proteger a víctimas de explotación laboral. De las más de 18 millones de personas que se encuentran en condiciones de trabajo forzado en la economía privada, la OIT estima que 4,5 millones son víctimas de explotación sexual, y 14,2 millones sufren explotación laboral.

En un informe difundido en marzo, Human Rights Watch documentó evidencias de que trabajadores domésticos migrantes que acompañan a sus empleadores al Reino Unido sufren graves abusos, incluido el trabajo forzado.

Andrea N., una trabajadora del hogar originaria de Filipinas, se trasladó a Londres junto con su empleador, un diplomático de un país del Golfo Pérsico, y la familia de este. Andrea N. cuidaba a los hijos y realizaba tareas de cocina y limpieza siete días a la semana, sin ningún día de descanso. Comenzaba su jornada a las 6 a.m. y trabajaba todas las noches hasta las 10 u 11 p.m. “Antes de venir aquí, el contrato decía que mi salario sería de £ 1.000 [por mes], pero me pagaban £ 200”, señaló. “Me mantenían encerrada en la casa en Londres y, cuando salíamos, a veces no me daban alimentos”.

Durante la última década, Human Rights Watch publicó 49 informes sobre trabajo forzado que analizaron abusos como obligar a niños a mendigar; la explotación de trabajadores del hogar, la construcción, la agricultura y la minería; el trabajo forzado en cárceles y centros de detención destinados a drogodependientes; y el servicio militar por tiempo indefinido. Las víctimas a menudo trabajan extensas jornadas en condiciones riesgosas a cambio de una remuneración ínfima o nula, sufren abusos psicológicos, físicos o sexuales, y no tienen libertad para salir debido a confinamiento, servidumbre por deudas, amenazas de represalias u otros castigos.

Estos abusos en general se mantienen alejados de la mirada pública y tienen un alto costo económico para las víctimas y la sociedad. La OIT estima que la remuneración no percibida por las personas en situación de trabajo forzado asciende a US$ 21.000 millones cada año, y que quienes se benefician con el trabajo forzado perciben ganancias ilegales por US$ 44.000 millones. Los países, por su parte, pierden miles de millones de dólares en impuestos y aportes al sistema de seguridad social.

Ejemplos de trabajo forzado extraídos de informes de Human Rights Watch
En Senegal, al menos 50.000 niños que asisten a escuelas coránicas con régimen de internado se encuentran en condiciones de trabajo forzado. Son obligados a mendigar y a conseguir cuotas mínimas diarias de comida y dinero que deben entregar a sus maestros. Ibrahima T., un joven de 13 años, dijo a Human Rights Watch:

Cada vez que no lograba conseguir la cuota mínima para las 10 a.m., uno de los talibés [maestros asistentes] me llevaba a una sala y me encadenaba los tobillos. Luego me golpeaba con un cable eléctrico o bandas de goma, tantas veces que perdía la cuenta... Aplicaban el mismo castigo si llegaba tarde. Si regresaba después de las 10 a.m., incluso tras haber conseguido la cuota diaria, me encadenaban hasta la noche y me golpeaban.

En Vietnam, centros de detención de drogodependientes gestionados por el gobierno, que tienen la misión de “brindar tratamiento” y “rehabilitar” a personas que consumen drogas, son en realidad poco más que campos de trabajo forzado, donde las personas allí internadas trabajan seis días por semana procesando nueces, cosiendo prendas o fabricando otros artículos. Vu Ban tenía menos de 30 años cuando ingresó al Centro N.° 2 (en la provincia de Lam Dong) para permanecer detenido cinco años. Dijo a Human Rights Watch: “Debía procesar como mínimo 30 kilos [de nueces] por día, y tenía que trabajar hasta terminar. Si te negabas a trabajar eras enviado a la sala de castigos, y luego de un mes [allí] aceptabas trabajar nuevamente”.

En Qatar, Raju S., un trabajador de 20 años de Nepal, dijo que un reclutador de empleo le prometió un trabajo en una oficina por el cual percibiría un salario de 1.200 riyales (US$ 329) por mes. Contó que pagó a esta persona una comisión de 130.000 rupias nepalíes (US$ 1.781). Al llegar, su empleador hizo en cambio que trabajara en la construcción y le pagaba 600 riyales (US$ 165) por mes. Cuando intentó negarse a las condiciones, su empleador le exigió 1.000 riyales más (US$ 275) para rescindir el contrato. Raju S. dijo que debió quedarse para pagar las deudas que había contraído.