Si está leyendo esto, no es probable que usted se encuentre entre los 2,5 millones de personas que saldrán a buscar un lugar al aire libre para defecar. Ni tampoco que sea uno de los cientos de millones de personas, la mayoría mujeres y niños, que recorren grandes distancias, o esperan en largas colas, para recoger uno o dos cubos de agua; agua que posiblemente ni siquiera sea segura para beber. El sábado, en el Día Mundial del Agua, para cuando se ponga el sol, más de 1.800 niños habrán muerto de diarrea prevenible y tratable, en gran parte vinculada a la falta de agua potable y las deficientes condiciones sanitarias.
En 2010, 121 países reconocieron el papel fundamental que el agua y el saneamiento juegan en las vidas de las personas, y votaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el agua y el saneamiento como un derecho humano explícito. Pero a pesar de este importante paso, la situación en muchos países sigue siendo muy grave. En Zimbabue, Human Rights Watch documentó cómo la gente bebe agua sucia de pozos sin protección y poco profundos, espera en la cola durante horas en pozos contaminados, defeca abiertamente en entornos urbanos y vive en barrios rodeados por el flujo de aguas residuales sin tratar. Aunque el gobierno de Zimbabue reconoce el derecho al agua potable tanto a nivel internacional como en su propia Constitución, aún persisten políticas peligrosas, como cortar el acceso de la población al agua municipal por falta de pago.
En Bangladesh, Human Rights Watch documentó los efectos que tienen sobre la salud las muchas décadas de vertidos no tratados provenientes de las curtidurías no reguladas que operan en el corazón de la capital del país, Dhaka. Si bien Bangladesh votó a favor de reconocer el derecho al agua y el saneamiento en la Asamblea General, la Corte Suprema del país ya había declarado tóxica la contaminación de las curtidurías y ordenado al gobierno y las asociaciones de curtidurías a reubicar las plantas fuera de la ciudad y a tratar sus residuos industriales. Aunque la Corte Suprema emitió la orden hace más de una década, las curtidurías urbanas están todavía en pleno funcionamiento, vertiendo toxinas a la fuente de agua de la comunidad local.
Cuando los gobiernos no son capaces de cumplir con su responsabilidad de proveer agua y saneamiento, el sufrimiento recae de manera desproporcionada sobre las mujeres y las niñas. Desde niñas que no pueden asistir a la escuela porque están recogiendo agua, a mujeres que dan a luz en condiciones poco higiénicas o se bañan y hacen sus necesidades en espacios públicos abiertos, la falta de acceso al agua perjudica directamente su salud y su educación y aumenta el riesgo de violencia y muerte.
