(Londres, 16 de noviembre de 2012) – La trágica muerte de una mujer a quien se negó la posibilidad de un aborto legal en Irlanda debería impulsar al gobierno de ese país a cumplir con su obligación internacional de derechos humanos de asegurar abortos seguros y legales, indicó hoy Human Rights Watch. Savita Halappanavar, de 31 años, estaba embarazada de 17 semanas y murió por septicemia el 28 de octubre de 2012 en un hospital de Galway al sufrir un aborto espontáneo luego de que se le negara una intervención legal.
Al permitir que las mujeres que tienen derecho a un aborto legal puedan someterse a esta práctica, Irlanda conseguiría cumplir con el compromiso —que asumió poco tiempo atrás al postularse exitosamente para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas— de fortalecer los derechos humanos en su territorio, señaló Human Rights Watch.
“El gobierno irlandés sabe exactamente qué debe hacer para que Irlanda cumpla sus obligaciones de derechos humanos en lo que respecta al acceso al aborto, pero ha optado por eludir esa responsabilidad”, expresó Aisling Reidy, asesora legal sénior de Human Rights Watch. “La dramática pérdida humana que ha sufrido esta familia en particular ha puesto en evidencia este problema y podría ayudar a poner fin a una situación inaceptable, nociva y a veces incluso fatal”.
El 21 de octubre, Halappanavar acudió al Hospital Universitario de Galway con dolores asociados con la pérdida de su embarazo y pidió que se le practicara un aborto, pero este le fue negado. Perdió el embarazo espontáneamente y, varios días después, falleció por septicemia. Actualmente se están llevando a cabo tres investigaciones sobre la muerte de Halappanaver, a cargo del Servicio de Salud (Health Service Executive, HSE), el departamento forense y el propio hospital. En Irlanda el aborto es ilegal en casi todas las circunstancias, excepto cuando está en riesgo la vida de la mujer, y los pacientes y proveedores de servicios que intervengan en abortos pueden ser penados incluso con la prisión perpetua.
En 1992, la Corte Suprema de Irlanda determinó que cuando estuviera en peligro su vida, las mujeres o jóvenes podrían obtener legalmente un aborto en Irlanda, pero los gobiernos posteriores no han adoptado las medidas legislativas necesarias para permitir que se practiquen abortos a las mujeres que reúnan las condiciones para esa práctica. En diciembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó en el caso ABC v Irlanda que, cuando el embarazo suponga un riesgo para su vida, la imposibilidad de que estas mujeres y jóvenes puedan someterse a abortos constituye una violación de la obligación de Irlanda conforme al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
El informe publicado en 2010 por Human Rights Watch, “A State of Isolation” (Estado de aislamiento), muestra cómo las políticas actuales sobre aborto vulneran las obligaciones internacionales de Irlanda en materia de derechos humanos. Ninguno de los obstetras o médicos entrevistados para el informe pudo citar siquiera un caso en que se hubiera practicado un aborto lícito en Irlanda. A causa de la negativa de los sucesivos gobiernos a brindar pautas adecuadas que aseguren el acceso al aborto, incluso en las circunstancias limitadas que contempla el derecho irlandés, las mujeres que viven en Irlanda tienen que viajar para acceder a procedimientos médicos básicos. Varios proveedores de servicios dijeron a Human Rights Watch que una gran cantidad de mujeres no podían viajar y se veían obligadas a llevar a término su embarazo o someterse a abortos ilegales. Este grupo incluye a mujeres que no pueden permitirse viajar, algunas de ellas inmigrantes o que han pedido asilo, y a aquellas que están demasiado enfermas como para trasladarse.
“Una de las consecuencias de las restrictivas leyes sobre aborto de Irlanda es que las mujeres que tienen embarazos en situación de crisis o están expuestas a graves riesgos para su salud podrían ver negado totalmente el acceso a atención de la salud, información veraz y asesoramiento objetivo y completo sobre sus opciones médicas”, dijo Reidy. “El aborto es un tema sensible en Irlanda al igual que en cualquier otro sitio. Y si bien se trata de un debate difícil, esto no sirve de excusa para que el gobierno mantenga una situación abusiva que vulnera derechos fundamentales de la mujer”.
En enero, el gobierno irlandés conformó un Panel de Expertos que se encargaría de “dilucidar” las implicancias del caso ABC “para la prestación de servicios de atención de la salud a mujeres embarazadas en Irlanda, y recomendar una serie de opciones sobre cómo implementar la sentencia”. El 13 de noviembre, el primer ministro irlandés Taoiseach Enda Kenny informó al Dail (el parlamento) que el ministro de salud James O’Reilly había recibido recientemente el informe del Panel de Expertos, pero no indicó un plazo dentro del cual lo presentaría al gabinete de ministros.
El mismo día que el Ministro de Salud recibió el informe del Panel de Expertos, Irlanda fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante la campaña para conseguir un asiento en el Consejo, Irlanda expresó su compromiso con la plena promoción de los derechos humanos en sus políticas internas y con el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos en el país. El gobierno irlandés enunció los principales tratados internacionales de derechos humanos en los cuales es parte el país, incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), y expresó su “determinación de conseguir el pleno respeto de los derechos humanos en la práctica”. No obstante, en la última década varios gobiernos de Irlanda han ignorado los múltiples pedidos de organismos de derechos humanos de la ONU para que se abordara el derecho al aborto entre los derechos a la salud de la mujer.
En julio de 2005, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que supervisa el cumplimiento de la CEDAW, reiteró su “preocupación por las consecuencias de las restrictivas leyes sobre aborto [en Irlanda]”. En 2008, reiterando la advertencia manifestada por primera vez en 2000, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, a cargo de controlar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es parte Irlanda, expresó que lamentaba que el país no consiguiera avances para asegurar que las mujeres no fueran obligadas a llevar a término embarazos no deseados. Exhortó al gobierno a “adoptar medidas que ayuden a las mujeres a evitar embarazos no deseados, y así no se vean obligadas a recurrir a abortos ilegales o en condiciones inseguras que podrían poner en riesgo su vida... o a someterse a abortos en el extranjero”.
En 2011, el Comité de la ONU contra la Tortura señaló que “el riesgo que corren esas mujeres y sus médicos de ser procesados penalmente y encarcelados” podría implicar una violación de la Convención contra la Tortura. El Comité manifestó además su preocupación de que “a pesar de la jurisprudencia existente por la que se autoriza el aborto, no exista legislación al respecto y que ello pueda tener graves consecuencias en ciertos casos, especialmente cuando se trata de menores, mujeres migrantes y mujeres que viven en condiciones de pobreza”. Por consiguiente, instó a Irlanda a sancionar leyes que establezcan claramente los procedimientos para acceder a abortos, de conformidad con la Convención.
“Para conseguir un lugar en el Consejo de Derechos Humanos, el propio gobierno irlandés se comprometió a promover plenamente los derechos humanos en su país”, indicó Reidy. “La primera determinación de Irlanda como nuevo miembro del Consejo debería ser resolver este problema urgente que afecta los derechos humanos de la mujer y que, lamentablemente, no fue abordado por gobiernos anteriores y ha tenido consecuencias fatales”.
