Reclusos en la prisión de Bentiu, el estado de Unity, se encuentran sentados en el patio. En noviembre de 2011, los hombres constituían el 93 por ciento de la población carcelaria y el 30 por ciento de los internos se encontraba en prisión preventiva, en espera de la finalización de investigaciones policiales o juicios.

© 2010 Pete Muller

(Juba) – Los procesos deficientes, las detenciones ilegales y las duras condiciones en las prisiones de Sudán Meridional demuestran la necesidad urgente de mejorar el sistema de justicia en ciernes de esta nueva nación, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy.

El informe de 105 páginas, “Prison Is Not for Me: Arbitrary Detention in South Sudan” (“La prisión no es para mí: Detención arbitraria en Sudán Meridional”), documenta violaciones de los derechos al debido proceso, prácticas sistemáticas de privación injustificada de la libertad y las condiciones carcelarias duras e inaceptables en las que viven los detenidos. La investigación se realizó durante un período de diez meses anterior y posterior a la independencia de Sudán Meridional, el 9 de julio de 2011.

“La experiencia de los detenidos en Sudán Meridional revela graves deficiencias en el nuevo sistema de justicia”, dijo Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “Sudán Meridional es un país nuevo y necesita desesperadamente un sistema de justicia eficaz que respete los derechos humanos y la dignidad. Se trata de un elemento fundamental para el establecimiento del Estado de derecho y la rendición de cuentas”.

La investigación se llevó a cabo en 12 de las 79 prisiones del país, en áreas con las poblaciones carcelarias más numerosas. Human Rights Watch entrevistó a más de 250 presos y a una serie de funcionarios de justicia, oficiales correccionales, policías, fiscales y autoridades tradicionales.

Los investigadores documentaron una letanía de preocupaciones en materia de derechos humanos en todo el sistema de justicia penal.

Una tercera parte de los aproximadamente 6,000 presos que conforman la población carcelaria  de Sudán Meridional no han sido condenados por ningún delito y en algunos casos ni siquiera han sido acusados de ningún crimen. Sin embargo, han sido detenidos, en ocasiones durante largos períodos, a la espera de que la policía, los fiscales y los jueces procesen sus casos.

La gran mayoría de los detenidos no tienen representación legal, porque no pueden costearse un abogado y Sudán Meridional no cuenta con un sistema de asistencia legal operativo. Human Rights Watch observó que los jueces dictan largas condenas o llegan incluso a sentenciar a muerte a personas que, al carecer de asistencia legal, no pueden entender la naturaleza de los cargos contra ellas ni citar a declarar o preparar a testigos para su defensa.

La frustración y la confusión con respecto al sistema de justicia penal son habituales entre los presos. Un recluso acusado de asesinato dijo a Human Rights Watch: “Llevo cinco años aquí […] y no he visto a un juez. El tribunal no ha iniciado el proceso del caso. El fiscal general no sabe de leyes. La policía no sabe de leyes”.

El sistema jurídico plural de Sudán Meridional, en el que los tribunales formales coexisten con juzgados tradicionales presididos por jefes, plantea preocupaciones en relación con la garantía de los derechos al debido proceso. Los investigadores de Human Rights Watch se reunieron con numerosas personas enviadas a prisión por jefes tradicionales que carecían de formación jurídica formal, por delitos que no están contemplados en el código penal de Sudán Meridional. Human Rights Watch observó que, aunque en ciertos aspectos estos tribunales son más accesibles y eficientes que los tribunales formales, la jurisdicción penal y la autoridad para dictar sentencias de estos tribunales no son suficientemente claras.

Muchos reclusos entrevistados por Human Rights Watch estaban encarcelados por infracciones maritales o sexuales, como adulterio o fugarse con su pareja deseada —delitos contemplados en las leyes tanto positivas como consuetudinarias que violan los derechos internacionalmente protegidos a la privacidad y a casarse por libre elección. Otros habían sido detenidos durante períodos indeterminados porque no podían pagar sus deudas, multas dictadas por un tribunal u órdenes de indemnización, que suelen definirse en una cantidad de ganado. No tenían idea de cuándo iban a ponerlos en libertad.

Human Rights Watch observó que algunos de los presos no han sido acusados, y mucho menos juzgados, de ningún delito, y algunos fueron detenidos en representación de otros para forzar la comparecencia de un familiar o amigo. Alrededor de 90 personas estaban encarceladas simplemente porque parecían tener alguna discapacidad mental. La población de Sudán Meridional ha sufrido décadas de trauma a causa de la guerra, pero el país no cuenta con centros de salud mental. Con frecuencia, se envía a prisión  a las personas que dan muestras de discapacidad mental, en ausencia de un centro de salud donde pudieran recibir la atención adecuada.

“Muchos de los presos de Sudán Meridional fueron encarcelados después de que los arrestaran y enjuiciaran de manera deficiente, los detuvieran sin ninguna justificación legal sólida o condenaran por conductas que simplemente no deberían penalizarse, ya que hacerlo constituye una violación de los derechos y las libertades fundamentales”, dijo Bekele. “Dichas detenciones son arbitrarias —y por lo tanto ilegales— en virtud del derecho internacional y violan con frecuencia la propia Constitución y las leyes de Sudán Meridional”.

Las terribles condiciones en las prisiones de Sudán Meridional agravan las injusticias relacionadas con la manera y las razones por las que se encarcela a personas. La infraestructura carcelaria es rudimentaria y, en algunos casos, está deteriorada o en ruinas. Las celdas son insalubres, están muy hacinadas y carecen de suficiente ventilación.

Los reclusos no reciben suficientes alimentos y, en algunas prisiones, también hay carencia de agua. Human Rights Watch observó que los presos están expuestos a enfermedades e infecciones, pero, cuando caen enfermos, es raro que reciban una atención adecuada, a menos que se paguen ellos mismos los medicamentos. Tan solo en 2011, diez reclusos murieron en la prisión de Aweil y al menos cinco murieron en la prisión de Bentiu, la mayoría a causa de enfermedades curables.

Los reclusos señalaron que los funcionarios de prisiones les golpean habitualmente con palos, bastones o látigos por cometer infracciones disciplinarias. Algunos reclusos están encadenados permanentemente con pesados grilletes, lo que viola las normas nacionales e internacionales sobre el uso de restricciones, y también constituye una pena cruel, inhumana y degradante prohibida por la ley.

En todas las prisiones que Human Rights Watch visitó, los niños están detenidos junto con los adultos y no cuentan con programas de rehabilitación ni suficientes oportunidades educativas, como requiere la Ley de la Infancia de Sudán Meridional.

Aunque mucha de la atención de los donantes internacionales se ha concentrado en la construcción de prisiones, los donantes deberían ocuparse también de la mejora de las condiciones y de asegurar que las prisiones cumplen normas mínimas. También será necesario el apoyo de los donantes para ayudar a cubrir las necesidades de alimentos y medicamentos para emergencias, especialmente en vista de los recientes recortes presupuestarios para todas las instituciones gubernamentales, tras la decisión de febrero de detener la producción y la exportación de petróleo en Sudán Meridional.

Los ministerios de Justicia e Interior y el Poder Judicial, con apoyo de agencias y donantes internacionales, deberían dar prioridad urgente al examen de los expedientes de todos los presos, señaló Human Rights Watch. Deben identificar los casos en los que no existe una justificación legal para continuar la detención y poner en libertad a todos los presos, menos aquellos cuya detención esté estrictamente justificada. Según Human Rights Watch, los exámenes de casos y el aumento de la coordinación dentro del sector judicial contribuirían a eliminar la detención arbitraria, lo que ayudaría a reducir el número de presos y no requeriría un gasto sustancial.

Además, Sudán Meridional debe garantizar que dispone de suficiente formación sobre el debido proceso y el juicio justo para la policía, los fiscales y los jueces. Los programas de formación existentes carecen de suficiente alcance y profundidad, y no abordan algunos de los problemas identificados por Human Rights Watch. El Gobierno también tiene que establecer un sistema de asistencia legal eficaz, que también requerirá apoyo de los donantes, señaló Human Rights Watch.

Es necesario adoptar reformas legales y políticas de amplio alcance para limitar los períodos de detención preventiva, aclarar la jurisdicción penal de los tribunales tradicionales y poner fin al encarcelamiento por adulterio o impago de deudas. Las autoridades también deben poner fin inmediatamente al encarcelamiento arbitrario de personas porque dan muestras de discapacidad mental, y debe encontrar una manera de asegurar el acceso de estas personas a la atención sanitaria.

“Las personas que cometen delitos deben ser castigadas de acuerdo con la ley”, dijo Bekele. “Pero privar a alguien de su libertad es una de las sanciones más fuertes que puede imponer un Gobierno. Solo debería ocurrir tras un debido proceso y en cumplimiento de las leyes de Sudán Meridional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.