Durante su visita a Colombia esta semana, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos Condoleezza Rice debería insistir sobre la necesidad de que el gobierno colombiano demuestre resultados significativos en torno a graves problemas de derechos humanos que han dejado en suspenso la aprobación de un acuerdo de libre comercio entre los dos paises, señaló hoy Human Rights Watch.
Se espera que Rice visite Colombia el 24 y 25 de enero como parte de una campaña para promover la ratificación de un acuerdo de libre comercio que fue suscrito entre el gobierno de Bush y su par colombiano. Los líderes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos han postergado la ratificación de dicho acuerdo hasta que Colombia muestre resultados concretos y sostenidos en la reducción de la impunidad en casos de violencia contra sindicalistas y en el desmantelamiento de los grupos paramilitares que son responsables de gran parte de la violencia anti-sindical.
“En lugar de pedirle al Congreso de Estados Unidos que haga caso omiso de los antecedentes deplorables de Colombia en derechos humanos, Rice debería usar el acuerdo de libre comercio como un incentivo para lograr que el gobierno colombiano adopte medidas efectivas contra la impunidad y para acabar con el poder de los grupos paramilitares,” señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch.
Colombia presenta los peores antecedentes de violencia contra sindicalistas en todo el mundo. Según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), una prestigiosa organización dedicada a estudiar los derechos laborales en Colombia, han sido más de 2.500 los homicidios cometidos desde 1985 y casi 3.500 las amenazas contra sindicalistas desde 1991. Si bien la cantidad de homicidios por año ha variado, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la ENS ha documentado más de 400 homicidios y más de 1.300 amenazas contra sindicalistas.
Un factor importante que contribuye a la violencia es la continua falta de resultados por parte de las autoridades colombianas en el juzgamiento de los autores y en la desarticulación de las mafias paramilitares que han perseguido a sindicalistas en forma deliberada. Menos del 3% de homicidios de sindicalistas han sido esclarecidos. El año pasado, la Fiscalía General de la Nación creó una subunidad especializada con el propósito de reabrir algunos de estos casos. Sin embargo, aún es muy pronto para evaluar si este equipo logrará producir resultados concretos.
Mientras tanto, el gobierno de Uribe se encuentra envuelto en un escándalo de dimensiones cada vez mayores a causa de los vínculos de grupos paramilitares con importantes funcionarios de su gobierno y más de 40 legisladores pertenecientes a la coalición de Uribe. En vez de apoyar inequívocamente las investigaciones de estos casos, Uribe ha dirigido ataques personales en repetidas oportunidades contra jueces y periodistas que están intentando llegar al fondo de estos graves casos.
El gobierno colombiano sostiene que, gracias a un programa de desmovilización que ha implementado, ya no existen grupos paramilitares en Colombia. Sin embargo, la Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a cargo de verificar las desmovilizaciones ha identificado 22 grupos ilegales armados, en muchos casos integrados por paramilitares, que reclutan a nuevos integrantes y están participando en actividades como tráfico de drogas, extorsión, homicidios selectivos y desplazamiento forzado de civiles.
Human Rights Watch ha recibido denuncias graves de actividad paramilitar en Medellín, una de las ciudades que la Secretaria de Estado ha incluido en su agenda de visitas programadas. Hace poco, un representante de la OEA que monitorea la desmovilización de los grupos paramilitares en esta ciudad recibió una grave amenaza de muerte.
Los principales jefes paramilitares, varios de los cuales tienen procesos en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, aún no han entregado las inmensas fortunas acumuladas durante décadas en las que se han dedicado al tráfico de drogas, el crimen organizado y la apropiación forzada de tierras. Tampoco han entregado información significativa que asegure una desarticulación total de sus estructuras mafiosas.
Human Rights Watch señaló que si bien no se opone a los acuerdos de libre comercio per se, considera que todo acuerdo de libre comercio debe celebrarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores. Es imposible para los trabajadores ejercer plenamente sus derechos si esto supone, como sucede en Colombia, poner en riesgo sus vidas.
Asímismo, el acuerdo de libre comercio representa una oportunidad única para que el gobierno de los Estados Unidos inste a las autoridades Colombianas a abordar en forma seria el problema del poder de los grupos paramilitares y la impunidad por la violencia contra sindicalistas. Human Rights Watch se opone a la ratificación del acuerdo de libre comercio pendiente ante el Congreso de los Estados Unidos hasta que Colombia muestre resultados concretos, sustanciales y sostenidos en torno a estos temas.
Human Rights Watch destacó que, al acelerar la ratificación del tratado de libre comercio con Colombia, sin tomar en cuenta sus problemas de derechos humanos, el gobierno de Bush se expone a dañar aún más su credibilidad en una región que ya cuestiona el compromiso de los Estados Unidos con los derechos humanos.
“Si el gobierno de Bush continúa ignorando la grave situación de derechos humanos en Colombia, terminará confirmando la percepción reinante en América Latina de que Estados Unidos aplica un doble estándar en esta materia,” afirmó Vivanco.
