(Kabul) – Las muertes de civiles por atentados insurgentes en Afganistán han aumentado drásticamente durante los últimos 15 meses, muchas de ellas consecuencia del incumplimiento de las leyes de la guerra por parte de los insurgentes, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 116 páginas, “The Human Cost: The Consequences of Insurgent Attacks in Afghanistan” (El costo humano: Las consecuencias de los atentados insurgentes en Afganistán), describe como se produjo una intensa escalada de los atentados con bomba y otros ataques de los grupos insurgentes afganos, principalmente las fuerzas talibanes y Hezb-e Islami, en 2006 y principios de 2007. El informe está basado en docenas de entrevistas con víctimas civiles y sus familiares, así como una extensa revisión de los documentos y registros disponibles.

“Los atentados suicidas y otros ataques insurgentes han aumentando drásticamente desde 2005, con la muerte el año pasado de casi 700 civiles a manos de los talibanes y otros grupos similares”, señaló Joanne Mariner, directora del programa sobre terrorismo y contraterrorismo en Human Rights Watch. “Los insurgentes están cometiendo cada vez más crímenes de guerra, con frecuencia dirigidos directamente contra civiles. Incluso cuando su objetivo es militar, los atentados insurgentes suelen ser tan indiscriminados que los civiles afganos acaban siendo las principales víctimas”, agregó.

El informe documenta como las fuerzas insurgentes han violado las leyes de la guerra dirigiendo directamente sus ataques de manera reiterada contra objetivos civiles, y como incluso los ataques dirigidos contra las fuerzas armadas afganas e internacionales, se han lanzado frecuentemente con desprecio por las vidas civiles.

Human Rights Watch ha informado previamente sobre numerosos casos en los que el gobierno afgano y las fuerzas internacionales en Afganistán realizaron ataques aparentemente indiscriminados, en violación de las leyes de la guerra.

Este informe explica que el 2006 fue el año con mayor número de víctimas fatales civiles en Afganistán desde el 2001. En total, al menos 669 civiles afganos fueron asesinados en al menos 350 ataques armados, la mayoría de los cuales parecían directamente dirigidos contra personas civiles u objetivos civiles. Otros 52 civiles resultaron muertos en atentados insurgentes durante los primeros dos meses del 2007.

Los talibanes están dirigiendo sus ataques cada vez más contra ciertos grupos de civiles, entre ellos trabajadores de ayuda humanitaria, periodistas, médicos, líderes religiosos, y funcionarios civiles del gobierno, a los que acusa de espías o colaboradores. En 2006, al menos 177 civiles fueron asesinados, y las emboscadas y atentados han continuado en 2007. Un ejemplo reciente y estremecedor fue la ejecución sumaria del periodista afgano Ajmal Naqshbandi y su chofer, Sabed Agha, en violación de las leyes de la guerra.

“Los asesinatos por parte de los talibanes del periodista afgano Ajmal Naqshbandi y el chofer Sayed Agha constituyen crímenes de guerra”, señaló Mariner.

El informe contiene numerosos relatos de víctimas civiles afganas y sus familiares, que hablan de los atentados insurgentes y sus consecuencias. Por ejemplo, Sherzad (el nombre es un alias) de 9 años de edad, que había resultado gravemente herida en un atentado suicida en la capital, Kabul, en marzo del 2006, contó a Human Rights Watch como la metralla le había desgarrado el estómago y sacado los intestinos: “A veces sueño con ese día – tengo pesadillas. Pensé que no iba a sobrevivir. Empecé a rezar el kalimah [la oración de los mártires] cuando me hirieron ese día, porque pensé que iba a morir”.

El informe describe como los insurgentes llevan a cabo habitualmente atentados con bombas suicidas contra objetivos militares en áreas concurridas y muy pobladas, asesinando a combatientes y civiles sin distinción o provocando daños a civiles desproporcionados a la ventaja militar prevista. Muchos afganos dijeron a Human Rights Watch que no podían entender por qué las fuerzas insurgentes decidían realizar ataques en áreas civiles.

Un hombre, que terminó con quemaduras a causa de un atentado con bomba en julio de 2006 cerca del Ministerio de Justicia en Kabul, dijo a Human Rights Watch: “No vi a nadie de la ISAF [las fuerzas internacionales] ese día cerca del ministerio, sólo vi a mi gente, a afganos. ¿Cuál era el objetivo, la gente?”

El informe documenta como los atentados insurgentes están afectando cada vez más a la población civil fuera del sur y el sureste de Afganistán, bastión tradicional de los talibanes. En 2006, casi una tercera parte de los atentados mortales con bomba registrados que causaron importantes bajas civiles, tuvieron lugar en otras zonas, entre ellas Kabul, la ciudad norteña de Mazar-e Sharif y la ciudad occidental de Herat.

La cifra de atentados con bomba en 2006 fue más del doble que en 2005. Human Rights Watch contó al menos 200 atentados con bomba en 2006, que se saldaron con la muerte de cerca de 500 civiles. Muchos fueron ilegales de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Los insurgentes dirigieron intencionadamente sus ataques contra objetivos civiles que no tenían ninguna función militar, entre ellos escuelas, autobuses, bazares; llevaron a cabo numerosos atentados con bomba que mataron a combatientes y civiles sin distinción o causaron bajas civiles excesivas en relación con la ventaja militar prevista; y emplearon ataques cuya finalidad principal pareció ser aterrorizar a la población civil. Todos estos actos son ilegales de acuerdo con las leyes de la guerra.

Los atentados civiles de los insurgentes han sido especialmente fatales para los civiles. En 2006, hubo al menos 136 atentados suicidas en Afganistán, seis veces más que en 2005. Al menos 115 atentados fueron dirigidos contra objetivos militares, y sin embargo, la mayoría de ellos mataron a más civiles que combatientes: aproximadamente otra veintena de atentados estaban intencionalmente dirigidos contra civiles. Los atentados suicidas cometidos por insurgentes en 2006 acabaron con la vida de al menos 272 civiles afganos y 37 soldados de las fuerzas gubernamentales o internacionales: los atentados suicidas mataron ocho veces más civiles que combatientes.

Aunque los atentados suicidas no son inherentemente ilegales de acuerdo con las leyes de la guerra, los cometidos en Afganistán sí lo fueron con frecuencia. Human Rights Watch concluyó que, con frecuencia, los suicidas responsables de los ataques no apuntaron contra objetivos militares, y detonaron los explosivos de manera que podían preverse bajas civiles indiscriminadas o excesivas. Es más, los atacantes casi siempre se hicieron pasar por civiles, violando las prohibiciones legales de la “perfidia” destinadas a hacer respetar la distinción entre civiles y combatientes durante la guerra. Los ataques pérfidos aumentan el peligro que corren los civiles. Las fuerzas internacionales y afganas han disparado por error contra numerosos civiles afganos a los que consideraron equivocadamente atacantes suicidas.

Este nuevo informe también explica como se ha duplicado la cifra de atentados contra maestros y escuelas afganas, especialmente las escuelas para niñas, que ya era elevada en 2005. Los ataques continuados han obligado a dejar las clases a cientos de miles de estudiantes. Los talibán y otras fuerzas insurgentes atacan las escuelas por motivos ideológicos, alegando que son contrarias al Islam, o por ser con frecuencia los únicos símbolos del gobierno en las áreas rurales.

Human Rights Watch señaló que las operaciones militares del gobierno afgano y las fuerzas internacionales también han causado numerosas bajas civiles. Al menos 230 civiles resultaron muertos durante operaciones de la coalición o la OTAN en 2006, algunas de las cuales parecen haber violado las leyes de la guerra. No hay evidencia de que las fuerzas de la coalición hayan dirigido intencionadamente sus ataques contra civiles, pero en una seria de casos, las fuerzas internacionales han realizado ataques indiscriminados o no han tomado las precauciones adecuadas para evitar daños a civiles. Human Rights Watch ha informado de varios de estos casos.

Human Rights Watch dijo hoy que la inseguridad constante y el conflicto armado en Afganistán han contribuido a los niveles, ya de por si bajos, de apoyo al gobierno y al desarrollo, y a los altos niveles de desplazamiento continuado. Cientos de miles de afganos se han desplazado desde las provincias del sur y sureste del país; y millones de ellos siguen refugiados en Irán y Pakistán, resistiéndose a regresar a Afganistán, especialmente a las áreas rurales, debido a la falta de seguridad y asistencia al desarrollo.

“Muchos afganos ya están luchando por sobrevivir”, señaló Mariner. “Los crecientes atentados insurgentes contra civiles, especialmente funcionarios gubernamentales y trabajadores humanitarios, están empeorando la situación”, agregó.

Human Rights Watch apeló a los talibán, Hezb-e Islami y a las organizaciones asociadas para que cesen todo ataque intencional contra civiles y objetivos civiles, y eviten todo ataque que no haga distinción entre civiles y combatientes o cause un daño desproporcionado a civiles. Human Rights Watch también instó a los insurgentes a que se abstengan de utilizar ataques pérfidos y cesen todos los actos destinados a sembrar el terror entre la población civil.

Human Rights Watch instó también al gobierno de Pakistán a que adopte medidas más efectivas contra las fuerzas insurgentes instaladas al otro lado de la frontera, que utilizan el territorio pakistaní para preparar y planear ataques que violan las leyes de la guerra.

Finalmente, Human Rights Watch apeló a las fuerzas afganas e internacionales para que desarrollen mejores procedimientos de enfrentamiento con el fin de minimizar las bajas civiles durante las hostilidades, por ejemplo, ubicando las instalaciones militares a mayor distancia de las áreas civiles, evitando el envío de convoyes a través de áreas concurridas siempre que sea posible y mejorando la respuesta de las fuerzas a los ataques insurgentes, reales o percibidos, para evitar atacar equivocadamente a civiles.