En junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó, en una impresionante exhibición del sistema estadounidense de equilibrio de poderes, que la Convención de Ginebra debía aplicarse a los prisioneros encarcelados en Guantánamo, y que las «comisiones militares» creadas por la Administración Bush para procesar a algunos detenidos no cumplían los criterios de la Convención. El fallo del tribunal controlado por los republicanos, aclamado como prueba de la resistencia de la democracia de EEUU, se produjo a raíz de la demanda presentada por uno de los prisioneros de Guantánamo.
La semana pasada, el presidente Bush halló la solución al fastidioso problema del Estado de Derecho: consiguió que el Congreso eliminara el derecho de los detenidos a presentar el tipo de recurso que dio lugar a la decisión del Tribunal Supremo. El proyecto de ley aprobado por el Congreso impedirá a los presuntos «combatientes enemigos» presentar lo que se conoce como «procedimiento de habeas corpus», que les permite poner en duda la legalidad de su encarcelamiento. En 2004, el Tribunal Supremo rechazó las pretensiones de la Administración Bush de que los detenidos de Guantánamo carecían de este derecho.
La nueva legislación también amplía la definición del término «combatientes enemigos». Ahora el presidente no sólo dispone de autorización para capturar y detener a terroristas que han luchado contra Estados Unidos «durante un conflicto armado», sino que también puede detener a cualquier persona que «apoye con determinación y materialmente actos hostiles contra EEUU». Esta medida concede al presidente un poder enorme incluso sobre ciudadanos y residentes legales de EEUU, que ahora pueden ser declarados combatientes enemigos si en alguna ocasión proporcionan alojamiento o entregan un teléfono móvil a un soldado talibán por simpatía hacia su causa. Tal como ha dicho un analista: «Ahora, no sólo los soldados sino también sus mamás pueden permanecer detenidos indefinidamente en Guantánamo».
Esta nueva ley también prohíbe que se invoque la Convención de Ginebra en cualquier demanda contra el Gobierno de EEUU y otorga al presidente «la autoridad para que EEUU interprete el significado y la aplicación de la Convención de Ginebra». También ofrece una definición inaceptablemente limitada de la tortura, que en la práctica es una repetición de los «memorandos de tortura» redactados por la Administración tras el 11-S para permitir cualquier trato siempre que no provocara «fallos orgánicos».
No es un secreto que a la Administración Bush le ha contrariado profundamente el fallo del Tribunal Supremo que reconoce los principios legales fundamentales que protegen a los detenidos contra los malos tratos, pero es como si no hubiese aprendido nada desde el 11-S de las protestas contra la prisión de Abu Ghraib, las detenciones en Guantánamo y las cárceles secretas.
Bush ha justificado este mes el uso de «métodos de interrogatorio alternativos», alegando que «han proporcionado información que le han salvado la vida a muchos inocentes». Pero aunque fuera cierto (y no hay manera de comprobar que lo sea), también está claro que la humillación y los malos tratos sistemáticos a los que EEUU ha sometido a los prisioneros musulmanes ha sido una ayuda, en lugar de un revés, para la yihad y, por tanto, han aumentado la vulnerabilidad de EEUU y del resto del mundo ante el terrorismo.
Las conclusiones del Estudio Nacional de Inteligencia de 2006, filtrado esta semana, señalan que el primer factor subyacente «que aviva el movimiento yihadista» lo constituyen «agravios muy arraigados, como la corrupción, la injusticia y el miedo al dominio occidental, que producen rabia, humillación y sensación de impotencia». Las acciones de EEUU también representan un desafío directo a la aplicación y el cumplimiento de los Derechos Humanos en todo el mundo. Los responsables de cometer atrocidades en el mundo van a señalar al tratamiento otorgado por EEUU a sus prisioneros para desviar las críticas a su conducta. Más inquietante resulta la idea de que EEUU se ha convertido en el país que considera aceptable la tortura.
Este pasado fin de semana se cumplió el 60º aniversario de los juicios de Nuremberg. Aquel proceso fue un triunfo para EEUU, que insistió en que uno de los principales objetivos del tribunal era crear principios del Derecho Internacional vinculantes para todas las naciones. Ahora EEUU intenta eximirse de esas mismas leyes. Es responsabilidad de los gobiernos europeos comunicarle a sus socios que, en nombre de la Humanidad, de la lucha contra el terrorismo y de las leyes, debe regresar a la tradición norteamericana el deber de dispensar a los detenidos un trato humano.
Reed Broody, abogado de Human Rights Watch, es autor de tres informes sobre los malos tratos a los prisioneros de EEUU como parte de su guerra contra el terror
