Venezuela atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, con millones de personas que no tienen acceso a una atención de la salud básica ni a una nutrición adecuada. El acceso limitado al agua segura en los hogares y centros de salud ha contribuido a la propagación del Covid-19.
En septiembre, una misión de determinación de los hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas determinó que autoridades del más alto nivel cometieron flagrantes abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por períodos breves y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. Se han valido del estado de excepción impuesto en respuesta al Covid-19 como pretexto para arremeter contra opositores e incrementar su control sobre la población.
Venezuela ha estado en una situación de impasse político desde que Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, declaró que asumía como presidente interino de Venezuela en enero de 2019. Maduro continuó controlando todas las instituciones del país, excepto el poder legislativo. En julio, como medida previa a elecciones parlamentarias programadas para diciembre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia dispuso que partidarios del gobierno de Maduro intervinieran tres importantes partidos políticos de oposición y nombró a oficialistas para dirigir el Concejo Nacional Electoral (CNE). Los partidarios de Maduro ganaron dos tercios de los escaños en la Asamblea Nacional en elecciones celebradas el 6 de diciembre, las cuales fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos de oposición y en las que participó menos de un tercio de los electores registrados. Muchos gobiernos de la región y Europa sostuvieron que las elecciones no habían cumplido con las mínimas garrantías para un proceso libre e imparcial.
El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la escasez de alimentos, medicamentos e insumos médicos representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. La dificultad para obtener estatus legal en otros países y las dificultades económicas causadas por las medidas para contener la propagación del Covid-19 han provocado que cerca de 130.000 personas regresen al país desde marzo de 2020. Muchos retornados sufren abusos al llegar.
Preocupaciones persistentes incluyen brutalidad policial, condiciones precarias de detención, impunidad ante violaciones de derechos humanos, falta de independencia judicial y hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
La crisis de refugiados
Se calcula que alrededor de 5,5 millones de una población total estimada en 32 millones de venezolanos ha huido del país desde 2014, según datos de octubre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiaos (ACNUR). Muchos venezolanos en el exterior no están contabilizados en estadísticas oficiales. Las causas del éxodo incluyen las crisis de índole política, económica, humanitaria y de derechos humanos.
Muchos venezolanos en el exterior siguen estando en una situación migratoria irregular, lo cual dificulta significativamente su posibilidad de obtener permisos de trabajo, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a servicios de salud, además de exponerlos a explotación y abusos.
Las medidas de confinamiento impuestas por diferentes gobiernos para contrarrestar la propagación del Covid-19 han provocado que muchos migrantes pierdan sus trabajos en el sector informal. Alrededor de 130.000 han emprendido el arduo trayecto de vuelta a Venezuela, muchos de ellos a pie. En Venezuela, los retornados han sido retenidos —a menudo por semanas— en centros de cuarentena en condiciones insalubres y de hacinamiento, que probablemente contribuyen a la propagación del Covid-19. Las autoridades y grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos” en Venezuela, han amenazado, hostigado verbalmente y maltratado a los retornados.
Persecución, detención y tortura de opositores políticos
El gobierno ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al 30 de septiembre, había 348 presos políticos en cárceles o sedes de los servicios de inteligencia, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan pro bono.
En agosto, Maduro anunció el indulto de 110 presos políticos, pero menos de la mitad habían sido encarcelados por motivos políticos, según informó el Foro Penal, y a algunos ni siquiera se les había imputado cargos. Muchos otros siguen detenidos arbitrariamente o enfrentan arrestos y procesamientos arbitrarios. Algunos han tenido que exiliarse; como el líder opositor Leopoldo López, que huyó del país en octubre. López había sido condenado a 13 años de cárcel por cargos infundados de incitación a la violencia durante una manifestación contra el gobierno en 2014, y pasó años en una prisión militar y bajo arresto domiciliario.
Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia han detenido y torturado a militares acusados de conspirar contra el gobierno. Las autoridades han torturado a varios detenidos para obtener información sobre supuestas conspiraciones. A fin de determinar el paradero de algunos sospechosos, las autoridades han detenido y torturado a sus familiares.
En varias acciones represivas desde 2014, las fuerzas de seguridad y los colectivos han cometido ataques durante manifestaciones. Agentes de las fuerzas de seguridad dispararon municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, golpearon brutalmente a individuos que no mostraban resistencia y allanaron violentamente edificios de departamentos.
De más de 15.500 personas detenidas arbitrariamente desde 2014 —incluyendo manifestantes, transeúntes durante protestas y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente—, cerca de 9.255 estaban en libertad condicional en septiembre de 2020 pero seguían sujetas a procesos penales. En total, 870 habían sido procesadas en tribunales militares.
El gobierno ha usado el estado de excepción en respuesta al Covid-19 como pretexto para arremeter contra opositores, deteniendo y procesando de manera arbitraria a decenas de opositores políticos, incluyendo diputados, periodistas, trabajadores sanitarios que han criticado su gestión de la pandemia y abogados que brindan asistencia legal a manifestantes que protestan la falta de acceso a agua, combustible o medicamentos.
En julio, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó sobre 16 presuntos casos de tortura y maltrato ocurridos entre junio de 2019 y mayo de 2020, señalando que el número real de casos podría ser “significativamente más elevado”. Los casos incluyen golpizas violentas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en párpados y genitales, exposición a frío extremo y estar esposado por períodos prolongados. En algunos casos, doctores emitieron certificados médicos falsos o imprecisos que no constataban los signos de tortura.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
Entre 2016 y 2019, policías y agentes de seguridad mataron a más de 19.000 personas en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”. A partir del análisis de fuentes públicas, la ACNUDH concluyó que 2.000 personas habían sido asesinadas durante operaciones de seguridad entre enero y agosto de 2020. Muchas de estas muertes violentas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, señaló la ACNUDH.
Agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES), una fuerza de policía especializada, y otros actores han matado y torturado a residentes de zonas de bajos ingresos, sembrando el miedo y así ejerciendo control social sobre esos sectores. Previamente, las Operaciones de Liberación del Pueblo, redadas llevadas a cabo por fuerzas de seguridad en comunidades populares entre 2015 y 2017, llevaron a denuncias generalizadas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos y desalojos forzados.
Grupos armados
Las autoridades han dependido de los colectivos para dispersar protestas y reprimir a manifestantes.
Durante la pandemia, estos grupos también han ayudado a las autoridades a mantener control social y a atacar e intimidar a opositores políticos y periodistas, a veces con la intención de impedir que reportaran sobre el Covid-19. Según organizaciones locales, los colectivos han obligado a que se cumpla con las medidas de confinamiento en vecindarios con altos niveles de pobreza, golpeando y torturando a aquellos que supuestamente las incumplen.
La minería ilegal en el estado Bolívar es controlada por organizaciones criminales —llamadas “sindicatos” en Venezuela— que vigilan a los ciudadanos, establecen condiciones de trabajo abusivas y tratan brutalmente a quienes acusan de cometer robos y otros delitos, en algunos casos desmembrando y matándolos frente a otros. Los sindicatos actúan con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, su participación.
En Venezuela también operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional y algunas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la mayoría en estados fronterizos. En el estado Apure, estos grupos usan métodos brutales para imponer toques de queda; prohibiciones de cometer delitos como violación sexual, robo y homicidio; y normas que regulan las actividades cotidianas. Con el fin de controlar a la polación, cometen homicidios y violaciones sexuales, imponen medidas de trabajo forzado y reclutan a niños. Estos actos casi siempre quedan impunes, y los residentes señalan que agentes de las fuerzas de seguridad y autoridades locales a menudo actúan en connivencia con grupos armados.
Impunidad por abusos
Entre 2017 y el primer trimestre de 2020, el Ministerio Público informó haber iniciado 4.890 investigaciones sobre asesinatos ocurridos en el contexto de operaciones de seguridad, de los cuales 13 habían dado lugar a juicios y uno había resultado en una condena por homicidio al mes de marzo. Informó que 517 agentes del Estado habían sido imputados y 26 condenados por torturas o maltratos, mientras que 44 personas habían sido acusadas y 10 estaban detenidas a la espera de un juicio por violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2014, 2017 y 2019.
La mayoría de las violaciones de derechos humanos siguen impunes. En julio, la Oficina de la ACNUDH informó que los factores que contribuyen a esta impunidad generalizada incluyen la manipulación de la escena del crimen y la retención de información por parte de las fuerzas de seguridad; conflictos de interés; e intimidación, amenazas y represalias de agentes de esas fuerzas contra las víctimas y sus familiares.
Independencia judicial
Desde que el expresidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional tomaron control del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, el poder judicial dejó de actuar como una rama independiente del Estado. Magistrados del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han ratificado en reiteradas oportunidades prácticas y políticas abusivas.
La jueza María Lourdes Afiuni ha estado sujeta a un proceso penal arbitrario desde 2009, después de que cumplió con una recomendación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y le concedió libertad condicional a un crítico del gobierno. La jueza pasó un año presa y varios años más bajo arresto domiciliario con cargos en su contra. En julio de 2019, el Tribunal Supremo dispuso que ya no era necesario que se presentara periódicamente ante la justicia, pero aún no se le permitía salir del país, hablar con los medios ni usar redes sociales. En julio, agentes del SEBIN allanaron su vivienda en busca de pruebas contra su hija, que trabajaba con el líder opositor Juan Guaidó en Estados Unidos.
Emergencia humanitaria y Covid-19
El gobierno no ha publicado datos epidemiológicos desde 2017, cuando el Ministerio de Salud divulgó estadísticas mostrando que la mortalidad materna había aumentado 65 % y la mortalidad infantil 30 % en 2016. La ministra fue despedida pocos días después.
El sistema de salud venezolano ha colapsado, lo cual ha propiciado un resurgimiento de enfermedades infecciosas y prevenibles con vacunación. La escasez de medicamentos e insumos de salud, las interrupciones en el suministro de servicios básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios han reducido severamente la capacidad operativa.
El Programa Mundial de Alimentos calcula que uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y necesita asistencia. A partir de datos recabados antes de la pandemia, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2020 informó que 8 % de los niños y niñas menores de cinco años tenía desnutrición aguda y 30 % tenía desnutrición crónica o retraso en el crecimiento. En los sectores más vulnerables, 14,4 % de los niños y niñas menores de cinco años estaban desnutridos, según datos difundidos en julio por la organización no gubernamental Cáritas.
Muchas familias tienen dificultades para alimentar a sus hijos mayores, en parte debido al declive de programas de alimentación escolar. La asistencia escolar, que ya había disminuido por la emergencia humanitaria, se ha reducido aún más como resultado de las restricciones por el Covid-19. Las clases presenciales, que fueron suspendidas en marzo, no habían reiniciado cuando se preparó este informe.
Al 2 de noviembre, había 92.325 casos confirmados de Covid-19 en Venezuela y 801 muertes. Es probable que las cifras sean mucho más altas, considerando la disponibilidad limitada de pruebas de diagnóstico confiables, la falta de transparencia gubernamental y la persecución de profesionales sanitarios y periodistas que informan sobre la pandemia. Asimismo, es probable que el acceso limitado a agua en hogares y hospitales y el hacinamiento en prisiones y zonas de bajos ingresos contribuyan a una rápida propagación del virus. En la mayoría de los centros sanitarios hay una grave escasez de equipos básicos como guantes, mascarillas, alcohol en gel y jabón. La falta de equipos básicos para radiografías, análisis de laboratorio, camas de terapia intensiva y respiradores probablemente agudice la tasa de fallecimientos.
La pandemia de Covid-19 ha deteriorado aún más el acceso a los servicios de salud materna y de salud sexual y reproductiva, que ya era deficiente debido a la emergencia humanitaria. UNOCHA estima una escasez de 80 % en métodos anticonceptivos y señaló que 352 mujeres murieron durante el embarazo, el nacimiento o el período posparto durante 2019. Los establecimientos de salud materna han suspendido servicios pre y posnatales debido a la pandemia, y diversas ONGs indican que se ha negado atención oportuna a mujeres embarazadas que se sospechaba tenían Covid-19.
Asamblea Nacional y Asamblea Constituyente
A pesar de múltiples sentencias judiciales que invalidaron las decisiones de la Asamblea Nacional y de reiterados esfuerzos por limitar sus facultades, en 2020 la Asamblea Nacional seguía siendo la única institución en Venezuela que había sido elegida de forma democrática. La oposición obtuvo más de dos tercios de las bancas en 2015.
El gobierno llevó a cabo elecciones legislativas el 6 de diciembre. Una coalición de partidos políticos encabezada por Guaidó boicoteó los comicios en protesta ante la persecución de políticos opositores y la falta de garantías para un proceso libre e imparcial, incluyendo la usurpación de partidos opositores por el Tribunal Supremo de Justicia a mediados de 2020.
En 2017, Maduro hizo caso omiso del requisito constitucional que exige realizar un referéndum para reformar la constitución y decretó la creación de una “Asamblea Constituyente” con ese fin. Esta asamblea, integrada exclusivamente por oficialistas, en la práctica ha reemplazado a la Asamblea Nacional. Ha prorrogado su propio mandato hasta diciembre de 2020 y ha allanado la inmunidad parlamentaria de varios diputados opositores.
Libertad de expresión
Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido su facultad para regular los medios de comunicación de forma abusiva y ha cerrado medios críticos. El gobierno puede suspender sitios web bajo el impreciso supuesto de “incitación”, procesar penalmente expresiones “ofensivas” acerca de altos funcionarios públicos, revocar licencias a medios cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación” y ha bloqueado sitios web críticos del gobierno. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican a las autoridades, la autocensura por temor a represalias es un serio problema.
En 2017, la Asamblea Constituyente aprobó una Ley contra el Odio, cuyo contenido es sumamente impreciso, que prohíbe partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de hasta 20 años de prisión para quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio”. Durante el estado de excepción por el Covid-19, muchas personas que compartieron o publicaron información en redes sociales que cuestionaba a funcionarios o políticas de gobierno fueron acusadas de incitación al odio o a delinquir.
Defensores de derechos humanos
Las medidas gubernamentales orientadas a restringir el financiamiento internacional de las ONG —y las acusaciones infundadas de que los defensores de derechos atentan contra la democracia venezolana— generan un clima hostil que limita la capacidad de estas organizaciones de defender los derechos humanos.
En 2010, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que las personas u organizaciones que reciben financiamiento del exterior pueden ser juzgadas por traición a la patria. Ese año, la Asamblea Nacional prohibió la asistencia internacional a organizaciones que trabajan en la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos”.
El 3 de mayo, la ONG Provea exhortó a las autoridades a respetar los derechos de 13 personas detenidas durante un supuesto intento de invasión, incluyendo a dos exsoldados estadounidenses. Maduro acusó a Provea de recibir fondos de la CIA y de defender los derechos de “terroristas” y “mercenarios”.
Las autoridades han reprimido a abogados de derechos humanos que asisten a manifestantes. En marzo, la Guardia Nacional detuvo al abogado Henderson Maldonado durante una manifestación de pacientes con cáncer y enfermedades renales. Un agente lo golpeó en la cabeza y en la mano con una botella de agua congelada y le dijo que no merecía vivir. Tras imputarle los delitos de resistencia a la autoridad e instigación pública a la violencia, fue liberado con la condición de que se presentara ante la justicia cada 30 días.
Discriminación política
Existen señalamientos creíbles de ciudadanos y ONGs de que un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos básicos a precios controlados discrimina contra críticos del gobierno. Previamente, el gobierno despidió a funcionarios públicos que apoyaron referéndums que podrían haber puesto fin a las presidencias de Chávez y Maduro.
Condiciones en centros de detención
La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de los guardias han permitido que, en la práctica, sean pandillas las que controlen a los detenidos. La sobrepoblación penitenciaria se ve agravada por el uso excesivo de la prisión preventiva. Ha habido reportes de brotes de Covid-19 y muertes por motivos de salud en varias cárceles venezolanas.
En mayo, una sublevación en la cárcel Los Llanos del estado Portuguesa porque los guardias no estaban entregando los alimentos que llevaban las familias, de los cuales dependen los internos, dejó un saldo de 47 muertos y 75 heridos, según informó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.
Actores internacionales clave
En septiembre, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos —creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar señalamientos de atrocidades desde 2014— concluyó que había motivos razonables para creer que grupos armados partidarios del gobierno y autoridades de alto nivel, incluido Maduro, habían cometido violaciones que constituían crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas por motivos políticos y abusos contra manifestantes. La misión concluyó que el poder judicial contribuyó a las detenciones arbitrarias, la impunidad ante estos brutales abusos y la negación de justicia a las víctimas.
En octubre, tras la divulgación del informe, el consejo adoptó una nueva resolución por medio de la cual extendió por dos años el mandato de la misión. Asimismo, el consejo adoptó otra resolución que había presentado Irán para continuar la cooperación técnica de la Oficina de la ACNUDH en materia de derechos humanos con autoridades venezolanas durante la gestión de Maduro.
La Oficina de la ACNUDH continúa dándole seguimiento a la situación en Venezuela. Mantiene una presencia en el país y ha aportado actualizaciones orales al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020, en las cuales describe abusos persistentes como detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, así como la gravísima situación humanitaria. En julio, informó sobre la falta de independencia judicial en Venezuela y los abusos cometidos en el Arco Minero del Orinoco, cumpliendo con lo requerido por el consejo.
En 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda anunció un examen preliminar para analizar si, al menos desde 2017, se han producido delitos sujetos a la jurisdicción de la corte, incluyendo señalamientos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y detenciones de miles de personas, algunas de las cuales habrían sufrido graves abusos durante su detención. Seis países miembros de la CPI posteriormente solicitaron una investigación de la corte, y otros dos países han apoyado la remisión realizada por esos Estados. En febrero, el gobierno de Maduro pidió que la Fiscalía investigara posibles delitos de lesa humanidad causados por las “medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente” por el gobierno de EE. UU.
En 2020, representantes de los países latinoamericanos donde residen la mayoría de los venezolanos que han huido del país se reunieron en el marco del Proceso de Quito, creado en 2018 para elaborar una respuesta concertada al éxodo venezolano. En una reunión en octubre, los ministros de Relaciones Exteriores participantes se comprometieron a fortalecer la cooperación internacional para abordar la migración y la crisis humanitaria en Venezuela.
Varios gobiernos han impuesto sanciones individuales contra funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción. Estados Unidos ha sancionado a más de 150 y ha cancelado las visas a 1.000. En junio, la Unión Europea y Suiza aplicaron sanciones a 11 funcionarios por su participación en actos que atentaron contra la democracia y el Estado de derecho, elevando el total de venezolanos sancionados a 36. Algunos gobiernos latinoamericanos también prohibieron que funcionarios venezolanos entraran a sus países.
Además de adoptar sanciones individuales, la UE ha condenado de forma sistemática los abusos del gobierno venezolano y desempeñado un papel de liderazgo en el Grupo Internacional de Contacto, apoyando esfuerzos orientados a encontrar una solución política a la crisis venezolana y generar condiciones para elecciones confiables. En diciembre, concluyó que las elecciones a la Asamblea Nacional no habían resspetado los criterios internacionales mínimos para un proceso integrador, transparente y digno de crédito y se rehusó a reconocer sus resultados. En mayo, la UE y España organizaron la Conferencia Internacional de Donantes, que recaudó más de EUR 2.500 millones (USD 2.900 millones) para apoyar a refugiados y migrantes venezolanos en la región. El Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones sobre Venezuela relativas a la crisis política y humanitaria.
Desde 2017, Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas, que incluyen una prohibición a operar con nuevas acciones y bonos emitidos por el gobierno venezolano y la empresa petrolera estatal. A pesar de incluir una excepción humanitaria, estas sanciones podrían exacerbar la gravísima situación humanitaria que ya existe en Venezuela, debido tanto al riesgo de un cumplimiento más riguroso de lo necesario como a que las sanciones reducen los recursos disponibles para que el gobierno pueda abordar la crisis. No está claro en qué medida las sanciones efectivamente tienen este impacto, ni si el gobierno habría usado recursos adicionales para ayudar a la población.
De acuerdo al Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela de la ONU, aproximadamente 7 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria en 2020. El plan solicita USD 762,5 millones para asistir a 4,5 millones de los venezolanos más vulnerables, incluyendo USD 87,9 millones destinados a abordar el impacto sanitario y socioeconómico del Covid-19. Al 2 de noviembre, se habían recaudado más de USD 132 millones, y entre enero y mayo 2,1 millones de personas recibieron asistencia.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela regularmente vota para evitar el escrutinio de las violaciones de derechos humanos en lugares como Siria, Yemen, Myanmar, Bielorrusia, Burundi, Eritrea e Irán.
En 2013, entró en vigor la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dejando a ciudadanos y residentes sin la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no haya recursos locales disponibles para la reparación de abusos o los mismos sean inefectivos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dándole seguimiento a la situación en Venezuela, aplicando para ello la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, un instrumento que no está sujeto a ratificación por los Estados.