El crimen organizado continúa afectando a la sociedad hondureña y obliga a muchas personas a abandonar el país. Los grupos más vulnerables a la violencia son los periodistas, ambientalistas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), y discapacitados. El gobierno utiliza a militares para tareas de seguridad pública.
Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz. En junio de 2020, entró en vigencia un nuevo código penal, que contiene disposiciones que parecían estar orientadas a reducir las penas por corrupción y otros delitos a políticos vinculados al crimen organizado. El nuevo código también prevé alternativas a la detención para delitos menores, incluidas penas de prisión de cumplimiento parcial y penas que permiten la libertad condicional.
En Honduras, la mayoría de las violaciones de derechos humanos, los delitos violentos y los hechos de corrupción quedan impunes, incluso a pesar de que la población carcelaria se ha multiplicado.
Las fuerzas de seguridad cometieron abusos al supervisar el cumplimiento de las medidas de confinamiento por el Covid-19 en todo el país, que el presidente Juan Orlando Hernández impuso en marzo. Una auditoría de las compras gubernamentales para combatir el Covid-19 reveló la desaparición de insumos de varios millones de dólares. En las cárceles se produjeron importantes brotes de Covid-19.
Maras
La violencia que emplean las maras es un problema generalizado en las áreas urbanas y sus alrededores. Las estimaciones sobre la cantidad de miembros activos de pandillas oscilan entre 5.000 y 40.000.
Las maras ejercen el control territorial de vecindarios y extorsionan a residentes en todo el país. Reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a abuso sexual a mujeres, niñas y personas LGBT. Las maras son responsables de la muerte, desaparición, violación sexual o desplazamiento de quienes les muestran resistencia.
Se considera que las maras, especialmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla Callejera 18 (Barrio 18), son los mayores responsables del elevado índice de homicidios de Honduras. Asimismo, participan en actos de extorsión y tráfico de drogas.
Históricamente, los gobiernos han respondido con estrategias de seguridad de “mano dura” para combatir el crimen organizado, principalmente mediante la sancionan de leyes severas y el aumento de la presencia policial y las detenciones masivas. En 2018, el gobierno creó la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, integrada por policías, militares y funcionarios del Ministerio Público.
Los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluida la presunta complicidad con organizaciones delictivas, junto con la debilidad de las instituciones del estado, han contribuido a que la violencia de las maras sea un problema persistente.
Abusos policiales
El uso excesivo de la fuerza por parte de policías y de militares en operativos de seguridad pública continuaron en 2020.
Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron varios casos den los cuales la policía actuó de manera abusiva para hacer cumplir con las medidas del confinamiento por el Covid-19. En abril, agentes de la Policía Militar del Orden Público (P. M. O. P.) golpearon ferozmente a tres hermanos y dispararon a dos de ellos —uno murió durante el hecho— por haber violado el toque de queda en El Paraíso para vender pan.
En junio, policías detuvieron y golpearon a conductores de autobuses que presuntamente habían protestado por no poder trabajar debido a las restricciones impuestas por el confinamiento.
Poder judicial
La justicia en general no investiga y juzga a los responsables de homicidios para que rindan cuentas por sus acciones.
Los jueces continúan siendo blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento, por parte del poder ejecutivo, incluidos algunos particulares vinculados con el gobierno y la delincuencia organizada. Fiscales y denunciantes han recibido amenazas de muerte. Según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019, la Corte Suprema, en particular su presidente, ejerce control excesivo sobre la designación y remoción de jueces, y la inestabilidad de la carrera profesional limita su independencia.
En enero de 2020, el gobierno hondureño cerró la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Establecida en 2016 por el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA), la MACCIH contribuyó al juzgamiento de 133 personas, incluidos legisladores y altos funcionarios, 14 de los cuales enfrentaron procesos penales.
Libertad de expresión, asociación y reunión
En marzo de 2020, el gobierno declaró el estado de emergencia en respuesta a la pandemia, impuso medidas de confinamiento y restringió la circulación y la libertad de expresión. Tras críticas en el plano doméstico e internacional, el gobierno dio marcha atrás y, una semana después, restableció las garantías constitucionales de libertad de expresión.
Individuos particulares y agentes del Estado continúan amenazando y atacando a periodistas, según informan organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Al menos 86 periodistas fueron asesinados entre 2001 y julio de 2020, según informó el Colegio de Periodistas de Honduras. El 92 % de estos asesinatos permanecen impunes.
En julio, la policía detuvo a dos hombres en relación con los asesinatos del periodista de 45TV Germán Vallecillo Jr. y su camarógrafo, Jorge Posas, ocurridos en La Ceiba en 2020. Las investigaciones estaban en curso a la fecha de redacción de este informe. En septiembre, dos hombres dispararon y mataron al periodista Luis Alonzo Almendares en Comayagua. Desde 2017, Almendares había recibido amenazas de muerte en reiteradas oportunidades en relación con su actividad periodística.
El nuevo código penal despenalizó la difamación, pero conserva otros “delitos contra el honor” —entre ellos, los de calumnias e injurias— que se han utilizado en el pasado para perseguir penalmente a periodistas. El código también incluye disposiciones formuladas de manera imprecisa que podrían criminalizar el ejercicio de los derechos de reunión y de protesta. A su vez, define de manera el delito de “asociación terrorista”, que podría utilizarse para penalizar de manera desproporcionada comportamientos que están muy lejos de lo que la mayoría de los observadores razonables considerarían terrorismo.
El director de Radio Globo, David Romero, condenado por difamación en 2016, murió en la cárcel por Covid-19 en julio. La Corte Suprema había confirmado la condena a 10 años de prisión de Romero en enero de 2020.
Ataques contra abogados, defensores de derechos humanos y ambientalistas
El relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos se refirió a honduras como “uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos”. Diversos activistas sostienen que el Sistema Nacional de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, creado en 2015 por el gobierno, no aplica criterios uniformes y es ineficaz.
Marvin Damián Castro Molina, quien formaba parte de la Coordinación del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida y se enfrentó a proyectos hidroeléctricos, mineros y de agroindustria, fue secuestrado y encontrado muerto en Choluteca en julio de 2020. El gobierno le había otorgado medidas de protección en enero de 2019.
En abril de 2020, Iris Argentina Álvarez de la cooperativa campesina Cerro Escondido, que trabajaba por la recuperación de tierras que actualmente son propiedad de una empresa azucarera, fue asesinada durante un desalojo violento y aparentemente ilegal en Choluteca, en el que otras tres personas resultaron heridas. Al parecer la policía se encontraba en el área cuando fuerzas de seguridad privada comenzaron a disparar contra varias familias, pero no actuaron para ayudarlas, según informaron testigos a la prensa. Dos guardias de seguridad privada han sido acusados en relación con el hecho.
En julio de 2020, hombres armados vestidos con uniformes policiales secuestraron a cinco hombres de la comunidad indígena Garífuna en Triunfo de la Cruz, donde las comunidades reclaman tierras ancestrales que están en manos de narcotraficantes y desarrolladores inmobiliarios. A la fecha de preparación de este informe, se desconocía el paradero de los hombres.
Después de una serie de irregularidades y demoras, en septiembre de 2020 comenzó el juicio de David Castillo, uno de los hombres acusados de planificar el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en 2016. En octubre, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del cual Cáceres era presidenta, se quejó por las constantes demoras y la falta de transparencia en el caso.
Orientación sexual e identidad de género
Las personas LGBT en Honduras suelen ser blanco de violencia y discriminación, según investigaciones de Human Rights Watch. Enfrentan violencia de integrantes de pandillas, agentes de la policía nacional civil y la policía militar, de las personas en general y de sus propias familias, así como extorsión de pandillas y discriminación en las escuelas y en el lugar de trabajo.
La violencia contra las personas LGBT obliga a muchas de ellas a irse de sus hogares, y huyen a otras partes del país o abandonan Honduras para pedir asilo. Si bien existe una ley que impone penas más severas para los delitos motivados por perjuicios vinculados, entre otros, con la orientación sexual y la identidad de género, el Ministerio Público le indicó a Human Rights Watch en septiembre de 2020 que nunca se ha condenado a nadie al amparo de esa ley.
En noviembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió en el caso de Vicky Hernández, una mujer trans que habría sido víctima de ejecución extrajudicial en 2009. En diciembre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que Honduras era responsable por no llevar adelante una investigación de la muerte de Hernández. Presentó el caso ante la corte en abril de 2019 debido al incumplimiento, por parte de Honduras, de las recomendaciones de la comisión, que incluían establecer políticas integrales para efectuar un diagnóstico y prevenir la violencia contra las personas LGBT y diseñar programas de capacitación para los cuerpos de seguridad del Estado en materia de violencia contra las personas LGBT.
En 2019, entró en vigencia una ley que prohíbe que las parejas del mismo sexo adopten hijos.
Derechos sexuales y reproductivos y violencia contra la mujer
Numerosas mujeres de Honduras enfrentan altos niveles de violencia de género. El país tiene el segundo índice más alto de femicidios —definido como el homicidio de una mujer por un hombre debido a su género— de América Latina, según lo informado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En 2013, Honduras reformó el código penal para reconocer el femicidio como un delito.
En promedio, una mujer es asesinada cada 23 horas, según surge de un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En 2018, el último año sobre el cual hay estadísticas disponibles, el 60 % de los autores de hechos de violencia eran las parejas de las víctimas.
El aborto en Honduras es ilegal sin excepción. Las mujeres y niñas que interrumpen embarazos se enfrentan a penas de prisión de hasta seis años. La ley penaliza además a los proveedores de servicios de abortos.
El gobierno también prohíbe la anticoncepción de emergencia, conocida como la “pastilla del día después”, que puede evitar el embarazo luego de una violación, tras mantener relaciones sexuales sin protección o cuando falla un método anticonceptivo.
Derechos de niños y niñas
El gobierno no protege de manera integral los derechos de los niños y las niñas, incluidos los adolescentes. Tampoco garantiza que tengan acceso a servicios básicos, como educación y atención de la salud, según informó la CIDH en 2019. A pesar de los recientes avances en materia de educación, cerca de un tercio de los niños y niñas de entre 3 y 17 años no asistieron a la escuela en 2018, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística.
La pandemia de Covid-19 ha limitado aún más el acceso a la educación para muchos niños y niñas. Las escuelas se cerraron a partir de marzo debido a la pandemia de Covid-19. Las clases se transmitieron por televisión, radio y en línea; en algunos casos las tareas se enviaban por WhatsApp. Apenas el 18 % de los hondureños tienen acceso a Internet en sus casas y una cuarta parte de los hogares en zonas rurales no tienen electricidad. La mayoría de las personas que pueden acceder a Internet lo hacen por medio de sus teléfonos. Un estudio publicado en abril informó que casi la mitad de los docentes en áreas rurales no habían podido ponerse en contacto con la mayoría de sus estudiantes.
Una cuarta parte de las mujeres y niñas quedan embarazadas antes de cumplir 18 años, la segunda tasa más alta de América Latina. La mitad de los embarazos de menores de edad son resultado de una violación.
Entre 2005 y 2019, el 34 % de las mujeres que tenían entre 20 y 24 años se habían casado cuando tenían entre 15 y 19 años, conforme se indicó en un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas en 2020.
Según estimaciones de UNICEF, de los 25.000 miembros de maras que había en 2012, casi una quinta parte eran niños y niñas. Desde 2012, la policía hondureña implementa un programa patrocinado por el Departamento de Estado de los EE. UU. denominado programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas (Gang Resistance Education and Training, GREAT) que intenta desalentar la delincuencia juvenil y el reclutamiento por parte de pandillas. Son pocos los datos disponibles que permiten establecer la eficacia del programa en Honduras.
Personas con discapacidad
Los edificios públicos, el transporte, y los servicios de información y comunicación disponibles para el público no ofrecen accesibilidad completa para las personas con discapacidad. Algunas de estas personas son privadas de su capacidad legal y confinadas en diferentes centros, incluidos hospitales psiquiátricos. A menudo, las personas con discapacidad son víctimas de amenazas y extorsión por parte de pandillas delictivas.
Condiciones en centros de detención
La población carcelaria de Honduras se ha duplicado durante la última década, en parte debido a una reforma de 2013 que extendió considerablemente el uso de la prisión preventiva obligatoria. Hasta agosto de 2020, más de 21.000 personas se encontraban detenidas en centros de detención con capacidad para poco menos de 11.000. Más de la mitad de los hombres detenidos y las dos terceras partes de las mujeres detenidas se encontraban en prisión preventiva.
El hacinamiento, la alimentación inadecuada, la salubridad deficiente, las golpizas, la violencia de pandillas y los asesinatos de detenidos son endémicos en las prisiones hondureñas.
Tras una ola de violencia de pandillas desatada en 2019 durante la cual murieron 37 detenidos, el presidente Hernández declaró el estado de emergencia y otorgó el control de los establecimientos penitenciarios a las Fuerzas Armadas. Entre diciembre de 2019, cuando las Fuerzas Armadas asumieron el control de las cárceles, y septiembre de 2020, 54 personas murieron en ocho incidentes ocurridos en cárceles, según informan la CIDH y la Oficina del ACNUDH.
Para reducir el hacinamiento en respuesta a la pandemia, en junio la legislatura aprobó alternativas a la prisión preventiva y los jueces liberaron a más de 1.600 personas. Hasta agosto, las cárceles habían informado 1.700 casos confirmados de Covid-19 y 38 fallecimientos por esta enfermedad. En septiembre, la Oficina del ACNUDH y la CIDH expresaron preocupación por la propagación continua del virus en las cárceles.
El nuevo código penal que entró vigencia en junio de 2020 incluye nuevas sanciones alternativas a la detención para algunos delitos menores que podrían contribuir a reducir la población carcelaria.
Migrantes, refugiados y desplazados internos
Todos los años, más de 100.000 hondureños se desplazan dentro del país, migran, solicitan protección en el extranjero o son deportados nuevamente a Honduras. Los grupos que tienen más probabilidades de convertirse en desplazados internos o abandonar el país son los niños y niñas sometidos al reclutamiento forzado por parte de pandillas, profesionales y propietarios de negocios que enfrentan extorsión, sobrevivientes de hechos de violencia doméstica y personas LGBT y miembros de minorías étnicas que son víctimas de violencia y discriminación.
Alrededor de 191.000 personas debieron desplazarse dentro del país entre 2004 y 2018, según informó el gobierno de Honduras, y más de 75.000 hondureños solicitaron asilo en el extranjero en 2017. El gobierno ha instalado retenes, movilizado a las fuerzas de seguridad y utilizado la violencia para evitar que las personas abandonen el país.
Casi 110.000 hondureños fueron enviados de regreso en 2019, la mayoría desde México. Desde 2017, el gobierno ha operado centros para ayudar a los migrantes retornados. La ayuda se centra principalmente en la reinserción en el mercado laboral, más que en la asistencia para las personas que huyeron en busca de protección internacional.
Actores internacionales clave
Honduras y Estados Unidos firmaron un “acuerdo de cooperación en materia de asilo” en 2019, por el cual Honduras aceptó recibir a solicitantes de asilo no hondureños transferidos por Estados Unidos. Hasta septiembre de 2020, EE. UU. todavía no había empezado a deportar a ciudadanos de terceros países a Honduras conforme al acuerdo.
La CIDH expresó su preocupación en 2019 respecto de los “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas” de violaciones de derechos humanos. En febrero de 2020, instó a El Salvador, Guatemala, Honduras y México a proteger los derechos de migrantes y refugiados a abandonar su país de origen, y observó que las solicitudes de asilo de América Central y México aumentaron 50 veces entre 2012 y 2018. También en febrero, el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión instó a Honduras a despenalizar la difamación y a investigar adecuadamente los asesinatos de periodistas.
En enero de 2020, la Oficina del ACNUDH presentó un informe en el cual indicó que las fuerzas armadas y la policía militar habían utilizado la fuerza excesiva —incluso letal— para responder a las protestas generadas tras las elecciones de 2017. También documentó el maltrato generalizado de personas detenidas y arrestadas durante las protestas. En abril, esa institución expresó su consternación por las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado en la supervisión del cumplimiento de las restricciones impuestas por el gobierno en relación con el Covid-19.
En junio, la Oficina del ACNUDH y la CIDH expresaron en forma conjunta que el nuevo Código Penal limita desproporcionadamente las libertades de expresión, prensa y reunión y no penaliza la tortura cometida por terceros que actúan en representación de agentes del Estado.
Honduras ha respaldado el Llamamiento de la Organización Mundial de la Salud a la Acción Solidaria para la Mancomunidad en el Acceso a Tecnologías contra la Covid-19, una iniciativa para “lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra la COVID-19 mediante la mancomunación de conocimientos, propiedad intelectual y datos”