El acuerdo de paz celebrado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno puso fin a 52 años de conflicto armado. La violencia relacionada con el conflicto armado disminuyó significativamente al principo, pero luego adoptó nuevas formas y persisten graves abusos. La violencia asociada con el conflicto ha provocado el desplazamiento forzado de más de 8,2 millones de colombianos desde 1985.
En 2020, la población civil en varias regiones del país sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo. Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes para protegerlos.
Hasta octubre, el gobierno había confirmado más de 860.000 casos de Covid-19 y 26.000 muertes por esta enfermedad. En marzo, el gobierno estableció el confinamiento en todo el país, que duró hasta septiembre. En marzo, el gobierno dispuso el cierre de las escuelas, una medida que afectó a cerca de 10 millones de estudiantes. Si bien las autoridades adoptaron algunas medidas para asegurar la enseñanza en línea, muchos estudiantes no han podido acceder a ella. En septiembre comenzó la reapertura de algunas escuelas.
Entre los graves problemas de derechos humanos que persisten en Colombia se incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos y condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas.
Guerrillas y disidencias de las FARC
El junio de 2017, la misión de las Naciones Unidas en Colombia verificó que los miembros de las FARC que aceptaron el acuerdo de paz con el gobierno habían entregado sus armas a la misión. La organización guerrillera desmovilizada anunció posteriormente que estaba formando un partido político.
Sin embargo, una minoría de guerrilleros rechazaron los términos del acuerdo de paz, se negaron a entregar sus armas y siguen cometiendo abusos. Guerrilleros del ex Bloque Oriental, que nunca se desmovilizó, continúan operando en varias partes del país bajo el liderazgo de Miguel Botache Santillana, conocido como Gentil Duarte.
Otros guerrilleros de las FARC se desarmaron en un primer momento, pero luego crearon o integraron nuevos grupos, en parte como reacción a las deficiencias en los programas de reincorporación y a los ataques a excombatientes. Hasta agosto de 2020, más de 300 excombatientes de las FARC habían sido asesinados.
Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, ex comandante segundo y jefe negociador de las FARC en los diálogo de paz, anunció en agosto de 2019 que retomaba las armas. Él y otros excomandantes de las FARC formaron la Segunda Marquetalia, un grupo que lleva el nombre de una zona donde, en la década de 1960, se formaron las FARC.
En el departamento de Cauca, disidencias de las FARC han cometido graves abusos, como homicidios, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También impusieron sus propias medidas para frenar la propagación del Covid-19, incluidos confinamientos, y amenazaron, atacaron y mataron a algunas personas, al parecer por no cumplir con las medidas.
En 2020, el ELN siguió cometiendo crímenes de guerra y otros graves abusos contra civiles, como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento infantil.
En el departamento de Chocó, en la costa occidental del país, continuaron los enfrentamientos entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), una organización sucesora del paramilitarismo. El temor a las minas terrestres, las amenazas de grupos armados y los peligros del fuego cruzado habían limitado, hasta agosto, la posibilidad de casi 4.000 personas en Chocó de movilizarse dentro de sus comunidades, una situación que se conoce como “confinamiento”. En comunidades que ya estaban en la pobreza, el confinamiento a menudo limita incluso más el acceso a los alimentos.
Los paramilitares y sus sucesores
Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves falencias, y durante el cual numerosos miembros permanecieron activos y simplemente se reorganizaron conformando nuevos grupos. Estos grupos sucesores, en especial las AGC, siguen cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario y abusos graves como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales.
La implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que ofrece una reducción de las penas a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes, ha avanzado lentamente. De los más de 30.000 paramilitares que se desmovilizaron oficialmente, 4.000 han intentado obtener penas menos severas a cambio de una confesión. Hasta octubre de 2020, habían sido condenados 650.
Al momento de preparación de este informe, Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se encontraba procesado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir en relación con su presunto rol en el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” en la década de 1990.
En agosto, la Corte Suprema de Justicia citó al expresidente Uribe a declarar sobre su presunto rol en masacres ocurridas cuando era gobernador del departamento de Antioquía y en el homicidio del abogado de derechos humanos Jesús María Valle, acontecido en 1998.
En marzo, Salvatore Mancuso, un importante exjefe paramilitar que fue extraditado a EE. UU. en 2008, completó su condena por narcotráfico en ese país. En caso de ser enviado de regreso a Colombia, Mancuso podría ayudar a develar la verdad sobre cientos de crímenes. Pero Mancuso, que tiene nacionalidad colombiana e italiana, pidió ser enviado a Italia. Después de que las autoridades colombianas hicieran varios intentos poco satisfactorios para conseguir su regreso, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. finalmente ordenó su deportación a Colombia en agosto. Mancuso ha solicitado asilo en EE. UU. Hasta octubre, su deportación continuaba pendiente.
Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública
Entre 2002 y 2008, miembros de brigadas del Ejército en toda Colombia ejecutaron de forma habitual a civiles, en lo que ahora se conoce como “falsos positivos”. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en el combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas —como ofertas de empleo—, para luego dispararles y matarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. El número de denuncias de ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente desde 2009, si bien sigue habiendo información creíble sobre algunos casos nuevos.
Hasta septiembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación había iniciado más de 2.000 investigaciones sobre presuntas ejecuciones ilegales perpetradas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, y había conseguido más de 900 condenas contra más de 1.600 soldados de los escalafones bajos y medios (esta estadística incluye condenas a las mismas personas en distintos casos). Más de 250 miembros de las fuerzas armadas habían declarado por su rol en falsos positivos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo de justicia transicional creado por el acuerdo de paz con las FARC.
No obstante, en general las autoridades no han procesado a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos y, en cambio, han concedido ascensos a muchos de ellos. Hasta septiembre de 2020, se habían producido avances muy limitados en las causas contra, al menos, 29 generales del Ejército investigados por falsos positivos.
En 2019, el periódico New York Times, la revista Semana y Human Rights Watch publicaron documentos que mostraban que, ese año, el Ejército restableció políticas militares que se asemejan a las que dieron lugar a los “falsos positivos”. En mayo de 2019, el presidente Iván Duque creó una comisión para revisar políticas del Ejército con el fin de asegurar que respetaran el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Se pidió a la comisión que presentara un informe final antes de noviembre de 2019, pero hasta octubre de 2020 la comisión no había dado a conocer sus conclusiones.
En noviembre de 2019, la Policía Nacional de Colombia cometió múltiples abusos contra manifestantes que salieron a las calles a protestar por cuestiones que van desde propuestas de reforma tributaria hasta el asesinato de defensores de derechos humanos. En varios casos, la policía llevó a cabo detenciones arbitrarias y e incurrió en uso excesivo de la fuerza, que incluyó golpizas.
En diciembre de 2019, la revista Semana publicó evidencias de que, ese año, soldados del Ejército habían llevado a cabo operaciones de vigilancia ilegal contra periodistas, defensores de derechos humanos y algunos funcionarios públicos.
El 21 de marzo de 2020, 24 internos murieron y 76 resultaron heridos cuando policías reprimieron los disturbios en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Hasta septiembre, no se había imputado a nadie en relación con las lesiones y muertes.
Al menos seis civiles murieron entre marzo y junio durante operativos policiales para erradicar los cultivos de coca —la materia prima con la que se elabora la cocaína— en varias partes del país, según informaron los medios de comunicación y organizaciones locales de derechos humanos.
En septiembre, el abogado Javier Ordoñez murió a manos de policías que le aplicaron reiteradas descargas con una pistola táser. La muerte movilizó a cientos de colombianos a salir a las calles y realizar manifestaciones mayormente pacíficas. La policía respondió con un uso de la fuerza que en muchos casos habría sido excesivo, y estos hechos dejaron 13 personas muertas y cientos de heridos.
También en septiembre, la Corte Suprema dispuso que el gobierno debía adoptar medidas para evitar los abusos policiales durante las protestas, como por ejemplo reforzar la supervisión de los agentes, revisar los protocolos sobre uso de la fuerza y suspender el uso de escopetas calibre 12.
Violencia contra activistas comunitarios
Activistas indígenas, afrocolombianos y de otras comunidades siguen siendo blanco de amenazas y ataques constantes. Hasta octubre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) había documentado el asesinato de 49 defensores de derechos humanos en 2020 y se encontraba verificando otros 50 casos.
El 8 de junio, fue asesinado el líder comunitario Edison León Pérez, de Putumayo. Los responsables serían miembros de La Mafia, un grupo armado de la zona. Días antes, León López había enviado una carta a las autoridades de Putumayo en la cual denunció que el grupo estaba obligando a la población a organizar retenes para interrogar a personas que ingresaban en la zona e intentar detectar síntomas de Covid-19.
Hasta septiembre, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 397 casos de homicidios de defensores de derechos humanos cometidos desde 2016 y había obtenido condenas en 61 casos. Las autoridades han logrado avances mucho más limitados en el procesamiento de los autores intelectuales (o determinadores) de homicidios de defensores de derechos humanos.
La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas donde son comunes las actividades económicas ilegales, incluyendo la producción y el tráfico de drogas. Entre estas zonas se incluyen los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en el sur del país; la región de Catatumbo, en la frontera con Venezuela; y la región de Bajo Cauca.
La Unidad Nacional de Protección ha otorgado medidas de protección individuales a cientos de defensores de derechos humanos que han denunciado amenazas. Estas medidas incluyen teléfonos celulares, chalecos antibalas y escoltas. Pero muchos defensores asesinados no habían denunciado amenazas ni solicitado protección.
Los programas de protección colectivos creados en 2018 para comunidades y organizaciones de derechos en riesgo no se habían implementado al momento de redacción de este documento, y un plan de acción presentado en noviembre de 2018 para proteger a líderes comunitarios no había conseguido resultados visibles.
Independencia judicial
En agosto, la Corte Suprema dispuso la prisión preventiva del expresidente y senador Álvaro Uribe, mentor del actual presidente Duque y líder del partido de gobierno, Centro Democrático. Uribe fue detenido como parte de una investigación para determinar si ofreció beneficios a exparamilitares para que cambiaran sus declaraciones en relación con su presunto rol en el establecimiento de grupos paramilitares.
En reacción a la decisión de la corte, el presidente Duque y otros líderes del Centro Democrático hicieron declaraciones que parecían estar orientadas a desacreditar o intimidar a la corte y socavar la legitimidad de la decisión. Propusieron reformar completamente el sistema judicial y unificar las altas cortes en un único tribunal, una medida que podría socavar gravemente la independencia judicial en el país.
A fines de agosto, después de que Uribe renunció a su curul en el Senado, la Corte Suprema, que adelanta las investigaciones que involucran a legisladores, se declaró incompetente en el caso y remitió el proceso a la Fiscalía General de la Nación. En octubre, la Corte Suprema resolvió que la renuncia de Uribe al Senado implicaba que debía ser investigado conforme a un procedimiento diferente. El 10 de octubre, un juez decidió que Uribe no podía estar detenido conforme al nuevo procedimiento y dispuso su liberación. La investigación se encontraba en curso a la fecha de redacción de este informe.
Negociaciones de paz y rendición de cuentas
El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC estableció la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz.
A la fecha de preparación de este documento, los magistrados de la Jurisdicción Especial había priorizado siete casos: secuestros cometidos por las FARC; falsos positivos; abusos del Ejército y de las FARC contra personas afrocolombianas e indígenas en tres municipios del departamento de Nariño; abusos perpetrados por las FARC y el Ejército en la región de Urabá; abusos cometidos por las FARC y el Ejército en la zona norte del departamento de Cauca; abusos gubernamentales contra miembros del partido político Unión Patriótica, creado por las FARC en la década de 1980; y reclutamiento y uso de niños y niñas por las FARC.
En julio, la Jurisdicción Especial concluyó que combatientes desmovilizados de las FARC estaban enfrentando una “grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales” y ordenó a organismos del gobierno que adoptaran medidas para protegerlos.
En agosto, la Jurisdicción Especial comenzó a tomar declaraciones a excomandantes de las FARC sobre el reclutamiento y el uso de niños y niñas, una práctica generalizada que los guerrilleros a menudo han intentado ocultar.
Durante 2020, la Jurisdicción Especial dictó medidas cautelares para proteger varios cementerios donde se estima que se encuentran los restos de personas que desaparecieron durante las décadas del conflicto armado.
Desplazamiento interno y restitución de tierras
Desde 1985, la violencia relacionada con el conflicto ha desplazado a más de 8,2 millones de colombianos, en un país con una población total de 49 millones, según estadísticas gubernamentales. En 2019, más de 75.000 personas fueron desplazadas.
La implementación de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas de 2011 sigue siendo lenta. La ley se promulgó para restituir millones de hectáreas que fueron abandonadas por colombianos o robadas a estos durante el conflicto armado. Hasta agosto, la justicia había dictado sentencias en apenas 11.300 de las más de 125.000 solicitudes recibidas.
La pandemia de Covid-19 y las restricciones que trajo aparejadas han obstaculizado la labor de los organismos humanitarios que ayudan a las personas desplazadas en Colombia.
Migración desde Venezuela
Colombia ha recibido hasta el momento la mayor cantidad de exiliados venezolanos que huyen de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. Hasta junio de 2020, más de 1,7 millones de venezolanos vivían en Colombia.
En julio de 2017, el gobierno colombiano creó un permiso especial que habilita a regularizar su condición y a recibir permisos de trabajo y acceso a servicios públicos básicos a los venezolanos que ingresen al país legalmente, pero que superen el período de permanencia permitido por sus visas. Hasta agosto de 2020, habían obtenido este permiso más de 600.000 venezolanos.
En noviembre de 2019, las autoridades colombianas expulsaron a 60 venezolanos acusados de comprometer el orden público y la seguridad nacional en el contexto de protestas que se desarrollaron en todo el país. Algunas expulsiones parecen haber sido arbitrarias.
Entre marzo y agosto, mientras la pandemia de Covid-19 se propagaba rápidamente, más de 100.000 venezolanos retornaron a su país.
Género, sexualidad y violencia de género
La violencia de género, incluso perpetrada por grupos armados, es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención o acceso a la justicia luego de hechos de violencia. Los responsables de violentos delitos de género rara vez responden ante la justicia.
En el municipio de Tumaco, donde hay altísimos índices de violencia sexual, incluso perpetrada por grupos armados, las mujeres enfrentan una multiplicidad de obstáculos para obtener protección y justicia.
En septiembre de 2019, un grupo de soldados habría secuestrado y violado a una niña de 15 años del pueblo indígena Nukak Makú en Guaviare. En julio de 2020, el mayor general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, manifestó que las autoridades estaban investigando a 118 soldados por presuntos casos de abuso sexual desde 2016.
En Colombia el aborto únicamente es legal cuando la vida o la salud de la persona embarazada están en riesgo, el embarazo es resultado de violación o el feto presenta complicaciones incompatibles con la vida extrauterina. Pero las mujeres y las niñas que solicitan abortos legales enfrentan muchos obstáculos.
A pesar de que en Colombia existen sólidas protecciones legales a la orientación sexual y la identidad de género, la Defensoría del Pueblo ha expresado preocupación por los altos niveles de violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.
En respuesta a la pandemia de Covid-19, el 8 de abril de 2020, el gobierno de Bogotá estableció una cuarentena por géneros. A pesar de que el decreto incluía disposiciones que tenían en cuenta a las personas transgénero, hubo denuncias de casos de abusos policiales contra personas transgénero y no binarias. Bogotá puso fin a la cuarentena por géneros el 11 de mayo.
El gobierno de Cartagena también implementó una cuarentena por géneros el 13 de abril y la concluyó el 11 de mayo.
Derechos indígenas
Las poblaciones indígenas de Colombia están afectadas por niveles desproporcionados de pobreza que obstaculizan la posibilidad de que gocen plenamente de sus derechos sociales y económicos. En 2019, al menos 64 niños y niñas de menos de cinco años —en su mayoría de las comunidades indígenas wayuus— murieron en el departamento de La Guajira por causas vinculadas con desnutrición y acceso limitado al agua potable segura. Las acciones insuficientes del gobierno y el confinamiento por el Covid-19 han exacerbado la crisis de desnutrición de los wayuus.
Derechos de las personas con discapacidad
Colombia adoptó la Ley 1996 de 2019, que reconoce la plena capacidad legal de las personas con discapacidades. La capacidad legal se ha considerado un derecho mínimo porque es fundamental para el disfrute de los demás derechos, como el derecho a contraer matrimonio, tener una familia, realizar transacciones financieras y ejercer derechos políticos. En 2019, una clínica jurídica y un ciudadano particular impugnaron la constitucionalidad de la Ley 1996. Se encontraba pendiente una decisión de la Corte Constitucional cuando se preparó este documento.
Actores internacionales clave
Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia y aprobó asistencia financiera por USD 448 millones para Colombia para el año fiscal 2020. A pesar de que parte de la ayuda militar proveniente de Estados Unidos está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha exigido rigurosamente su cumplimiento.
En julio, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un proyecto de ley que requiere que el secretario de Estado de los Estados Unidos elabore un informe que analice la vigilancia ilegal en la cual participaron las fuerzas de seguridad colombianas desde 2002, posiblemente con asistencia de EE. UU. El proyecto también limitará el uso de fondos estadounidenses para la fumigación aérea de cultivos de coca. Hasta septiembre, el proyecto aún no se había convertido en ley.
En agosto, el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados indicó que estaba siguiendo “de cerca” la situación en Colombia, y observó que la independencia judicial y la separación de poderes requerían que se respetara la decisión de la Corte Suprema que dispuso el arresto domiciliario de Uribe.
En julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la destitución por parte de Colombia en 2013 del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro violó sus derechos políticos. La corte ordenó que Colombia modificara la legislación que rige los procedimientos disciplinarios contra funcionarios electos.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúa realizando un seguimiento de las investigaciones en Colombia sobre crímenes que estarían comprendidos dentro de la competencia de la corte.
En 2016, a pedido del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, el Consejo de Seguridad de la ONU creó una misión en Colombia para dar seguimiento al acuerdo de paz con las FARC y verificar su implementación. En septiembre de 2020, y a pedido del gobierno colombiano, el Consejo de Seguridad extendió un año más el mandato de la misión. Pero al momento de redacción de este informe el gobierno aún debía pedir al consejo que amplíe el mandato de la misión para que incluya la verificación de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz, una de las tareas de la misión conforme al acuerdo de paz.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sigue teniendo un rol clave en la defensa y la promoción de los derechos humanos en Colombia.
En agosto, las oficinas de la ONU en Colombia expresaron preocupación por los asesinatos de excombatientes de las FARC y defensores de derechos humanos, así como por el reciente aumento de las masacres.
El gobierno colombiano sigue colaborando con iniciativas para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela y ha liderado esfuerzos del Grupo de Lima, una coalición de gobiernos de la región que da seguimiento a la crisis en ese país.