En Argentina existen problemas de derechos humanos históricos, como el abuso policial, las condiciones de detención deficientes y la violencia contra las mujeres. Persisten serias restricciones al aborto y dificultades en el acceso a servicios de salud reproductiva. Asimismo, resulta preocupante la impunidad por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, ocurrido en 1994, y las demoras en la designación de jueces permanentes.
En diciembre de 2019, Alberto Fernández asumió como presidente. En marzo, prometió enviar al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto. La presentación del proyecto fue demorada debido a la pandemia de Covid-19 y, hasta octubre de este año no se había presentado.
Argentina registraba 1.130.000 casos confirmados de Covid-19 y más de 30.000 fallecimientos por esta enfermedad a octubre de 2020. Para hacer frente a la pandemia, el gobierno impuso un confinamiento obligatorio en todo el país en marzo. Aunque varias provincias fueron levantando gradualmente las restricciones, al momento de preparación de este informe, en el área metropolitana de Buenos Aires se mantenía un confinamiento parcial.
Argentina continúa logrando avances significativos en la protección de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT), y en el juzgamiento de abusos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), si bien hubo demoras en algunas de las causas.
Juicios por abusos del pasado
A comienzos de la década de 2000, la Corte Suprema de Justicia y la justicia federal declararon la nulidad de las leyes de amnistía y los indultos concedidos a exmilitares implicados en los delitos cometidos durante la dictadura (1976-1983). El Ministerio Público informó que se registraban 3.329 personas investigadas por delitos de lesa humanidad, 997 condenadas y 162 absueltas en estas causas, hasta septiembre de 2019. De 597 investigaciones de crímenes de lesa humanidad, los jueces se habían expedido en 246.
Hasta agosto de 2020, se habían identificado a 130 personas apropiadas ilegalmente de sus padres durante la infancia en la dictadura; muchas se reencontraron con sus familias, según indica la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo.
Debido a la gran cantidad de víctimas, presuntos implicados y causas de delitos cometidos durante la dictadura, los jueces y fiscales enfrentan el desafío de llevar ante la justicia a los responsables con recursos limitados.
El derecho argentino habilita a los jueces a permitir que los mayores de 70 cumplan la pena en arresto domiciliario. El Ministerio Público informó que 659 personas en prisión preventiva o condenadas cumplían prisión domiciliaria por presuntos delitos cometidos durante la dictadura en septiembre de 2020. Entre ellas, 37 habían sido trasladadas debido a la pandemia de Covid-19.
Condiciones en centros de detención y abusos por miembros de las fuerzas de seguridad
Un informe emitido en 2018 por las Naciones Unidas concluyó que el hacinamiento en cárceles era tan grave que algunas personas con prisión preventiva se encontraban detenidas en comisarías. Según el informe, en algunos casos, guardias penitenciarios han trasladado a detenidos “desobedientes” a celdas de aislamiento sin observar los procedimientos disciplinarios establecidos. Miembros de las fuerzas de seguridad han detenido a niños y los han sometido a abusos.
La Procuración Penitenciaria de la Nación informó que hubo 421 presuntos casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2019, y 87 casos entre enero y junio de 2020. Entre enero y septiembre de 2020, el Ministerio Público reportó nueve muertes violentas de personas detenidas en prisiones federales.
Según estadísticas oficiales, más de la mitad de los 11.570 detenidos en cárceles federales no han sido condenados por un delito sino que están a la espera de un juicio.
Entre marzo y abril, la justicia federal decidió conceder el arresto domiciliario a 320 detenidos en cárceles federales a fin de reducir la sobrepoblación carcelaria y evitar la propagación del Covid-19. En ese mismo período, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires ordenó el arresto domiciliario de 800 personas que se encontraban en las cárceles provinciales. En septiembre, el Sistema Penitenciario Nacional informó que 13 detenidos habían fallecido por Covid-19 en cárceles federales.
Las fuerzas de seguridad recurren en ocasiones a un uso excesivo de la fuerza. En diciembre de 2019, el Ministerio de Seguridad de la Nación revocó una resolución que concedía excesiva discrecionalidad a los agentes federales en el uso de armas de fuego.
Entre el comienzo del confinamiento en todo el país en marzo, y agosto, la Secretaría de Derechos Humanos recibió 531 denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que aplicaron medidas para controlar el cumplimiento de la cuarentena, incluyendo 25 casos de muertes.
En agosto, Facundo Astudillo Castro, de 22 años, fue encontrado muerto en la provincia de Buenos Aires. Castro estuvo desaparecido desde abril, luego de que agentes policiales lo habrían interceptado por violar el confinamiento. En julio, la prensa publicó una foto de Castro, esposado y parado junto a un móvil policial antes de su desaparición. El 3 de septiembre, los medios informaron que la policía había encontrado dentro de un móvil policial pruebas que podrían pertenecer a Castro. En octubre, una autopsia reveló que Castro había muerto por “ahogamiento”, al parecer sin la intervención de terceros, perolos fiscales continuaron investigando la causa por “desaparición forzada seguida de muerte”.
Libertad de expresión
En junio, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia presentó pruebas ante un tribunal federal de que el organismo habría reunido información de inteligencia de más de 400 periodistas locales e internacionales que deseaban acreditarse para cubrir cumbres internacionales en 2017 y 2018. Los periodistas habrían sido clasificados por “ideología y perfil político”, y a quienes no cumplían con los “criterios políticos” no se les habría permitido acceder a los eventos, según los medios de comunicación. Al momento de la elaboración de este informe, un tribunal investigaba el papel que había desempeñado el exdirector y la exsubdirectora del organismo de inteligencia en estas supuestas actividades.
En 2015, el expresidente Mauricio Macri dictó decretos “temporales” para modificar una ley de regulación de los medios de comunicación que se había adoptado durante el gobierno anterior. Pese al compromiso de Macri de adoptar una nueva ley de medios, no se presentó un proyecto de ley ante el Congreso durante su gobierno. A septiembre de 2020, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el organismo a cargo de regular las comunicaciones aún dependía del Poder Ejecutivo, lo cual debilita su capacidad de actuar con independencia de los intereses del gobierno.
En mayo y agosto, el gobierno emitió decretos para congelar los precios de servicios de telefonía móvil, y fija, internet y televisión paga hasta fines de 2020. Asimismo, se exigió la aprobación del ENACOM para aumentar las tarifas en 2021 y se declaró a esos servicios como “servicios públicos esenciales y estratégicos”. El decreto sostenía que esta medida era necesaria para proteger el acceso de los ciudadanos a la información, la libertad de expresión y el acceso de niños y niñas a la educación durante la pandemia.
A través de una ley de 2016 se creó una agencia nacional para garantizar el acceso a la información oficial y proteger los datos personales. Desde 2017 hasta julio de 2020, se habían presentado 11.750 pedidos de información por parte de particulares. Según datos oficiales, las autoridades contestaron la mayor parte de esos pedidos en el término de un mes que es el plazo legal. Sin embargo, hasta septiembre de 2020 hubo 778 apelaciones, en la mayoría de los casos después de que las autoridades no respondieron a las solicitudes originales dentro del plazo establecido.
En algunas provincias y municipios no hay leyes sobre libertad de información, lo cual se traduce en una menor transparencia.
Independencia judicial
En julio de 2020, el gobierno envío un proyecto de ley de reforma del sistema judicial. Asimismo, Fernández creó un “consejo consultivo” para proponer reformas al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema, incluida la posibilidad de aumentar el número de jueces del máximo tribunal. De los 11 expertos que componen el consejo, algunos tienen vínculos con funcionarios del gobierno que están siendo investigados, incluyendo al abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que enfrenta distintas acusaciones de corrupción pero que goza inmunidad debido a su cargo. Al momento de la elaboración de este informe, los expertos no habían presentado una propuesta de reforma.
La reforma incluye la creación de decenas de nuevos juzgados penales que serían ocupados por jueces subrogantes hasta tanto se nombre a los definitivos, un proceso que suele demorar años. A septiembre de 2020, el proyecto de ley había sido aprobado en el Senado y se encontraba pendiente en la Cámara de Diputados.
Durante años, y debido al retardo en la designación de jueces permanentes se han realizado nombramientos provisorios de jueces que no gozan de la garantía de inamovilidad en sus cargos. En una sentencia de 2015 la Corte Suprema dictaminó que esta situación atenta contra la independencia judicial. A agosto de 2020, había 291 puestos judiciales vacantes.
En septiembre de 2020, la mayoría oficialista en el Senado trasladó a tres jueces federales que habían estado investigando casos relacionados con la vicepresidenta Fernández de Kirchner a los puestos que ocupaban previamente, en los cuales ya no estarían a cargo de esas causas. El gobierno sostuvo que, en 2018, el expresidente Macri había trasladado de manera irregular a estos jueces a esos puestos. En septiembre, la Corte Suprema suspendió la decisión del Senado de volver a trasladarlos, mientras analiza la constitucionalidad de la medida. A octubre la causa seguía en trámite.
Impunidad por el atentado a la AMIA
A 26 años del hecho, aún no hay condenados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires ocurrido en 1994, presuntamente atribuible a actores iraníes, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas.
En enero de 2015, días después de haber acusado a la entonces presidenta Cristina Fernández de haber encubierto el papel de Irán en el ataque, Alberto Nisman, el fiscal a cargo de investigar el atentado, fue hallado muerto en su vivienda con una herida de bala en la cabeza y una pistola a su lado. En junio de 2018, un tribunal de apelación determinó que la muerte de Nisman habría sido un homicidio. Hasta septiembre de 2020, ninguna persona había sido condenada por el homicidio de Nisman.
En marzo de 2018, un tribunal de apelaciones ratificó una decisión que disponía la prisión preventiva de la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su supuesta participación en una conspiración con funcionarios iraníes para frustrar la investigación del atentado durante su presidencia. Dicha orden no se ha hecho efectivo debido a que, en ese entonces, gozaba de inmunidad parlamentaria como senadora y en la actualidad como vicepresidenta. En diciembre de 2019, un tribunal federal revocó la orden de prisión preventiva.
En febrero de 2019, un tribunal absolvió al expresidente Carlos Menem por presunto entorpecimiento de la investigación inicial del atentado, pero condenó a un exjefe de inteligencia y a un juez. En septiembre de 2020, un fiscal federal apeló la absolución de Menem.
Derechos indígenas
Los pueblos indígenas enfrentan obstáculos en el acceso a justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos. Argentina no ha cumplido con las leyes que garantizan el derecho de los pueblos indígenas —también consagrado en el derecho internacional y regional— al consentimiento libre, previo e informado ante decisiones gubernamentales y empresariales que podrían afectar sus derechos. Continúa posponiéndose el debate acerca de una ley nacional sobre la propiedad comunitaria indígena de tierras tradicionales, que se encuentran protegidas por la Constitución Nacional.
En noviembre de 2017, el Congreso aprobó una ley que extiende el plazo para realizar un relevamiento de territorios indígenas hasta 2021. El relevamiento se encuentra en curso, aunque avanza lentamente.
En abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia paradigmática en la que reconoció los derechos de 132 comunidades indígenas de la provincia de Salta a un medioambiente sano, a la tierra, al agua y a la identidad cultural, y ordenó a que la Argentina cediera 4.000 kilómetros cuadrados de tierras a las comunidades.
Derechos de niños y niñas
Durante años, el Ministerio de Justicia ha publicado en línea los datos personales de niños y niñas con órdenes de detención, una práctica que viola las obligaciones jurídicas internacionales de respetar la privacidad de los niños sujetos a procesos penales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires carga las imágenes e identidad de esos niños en un sistema de reconocimiento facial que se utiliza en las estaciones de subte de la ciudad a pesar de que la base de datos nacional contiene importantes errores y que esta tecnología genera riesgos más altos de falsas coincidencias para niños.
En octubre, en respuesta a una carta de Human Rights Watch, el Ministerio de Justicia bloqueó el acceso a la base de datos nacional pública, y manifestó que iniciarían un proceso para “auditarla”.
Derechos de mujeres y niñas
En Argentina el aborto es ilegal, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la persona embarazada se encuentra en riesgo. Pero incluso en esos casos, las personas gestantes enfrentan obstáculos para acceder al aborto legal y en algunas oportunidades son procesadas penalmente si solicitan abortos.
En 2018 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para despenalizar el aborto por completo durante las primeras 14 semanas de embarazo y, luego de ese período, permitir la interrupción del embarazo en las causales permitidas en la legislación vigente. No obstante, el proyecto fue luego rechazado en el Senado.
A pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, persisten casos de asesinatos de mujeres que quedan impunes. En 2019, el Registro Nacional de Femicidios, administrado por la Corte Suprema, informó 268 femicidios (asesinatos de mujeres debido a su género), pero apenas 7 condenas.
Durante el confinamiento debido a la pandemia, las denuncias de violencia de género a una línea de asistencia gubernamental aumentaron un 24 % entre abril y junio en comparación con el mismo período del año anterior, informó el gobierno en agosto de 2020.
Orientación sexual e identidad de género
En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Civil extiende esta posibilidad a parejas del mismo sexo y les concede las mismas garantías del matrimonio reconocidas a las parejas heterosexuales. Desde 2010, más de 20.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en todo el país.
En 2012, se sancionó en la Argentina una Ley de Identidad de Género que respeta la autopercepción de género. En virtud de esa ley, cualquier persona puede cambiar su género y su nombre en su documento de identidad y partida de nacimiento mediante un sencillo procedimiento administrativo.
En septiembre de 2020, el presidente Fernández dictó un decreto en el que establecía que al menos el 1 % de los empleados del gobierno federal deberían ser personas transgéneros.
Actores internacionales clave y política exterior
En febrero de 2020, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares expresó su preocupación por un decreto de 2017 que contempla, entre otras cosas, un proceso de expulsión sumaria de extranjeros que es incompatible con normas internacionales.
En agosto de 2020, Argentina señaló que la decisión del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de no renovar el mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vulneraba la “legitimidad y efectividad” del sistema regional de derechos humanos.
Argentina aún es miembro del Grupo de Lima, una coalición de gobiernos que da seguimiento a la precaria situación de los derechos humanos en Venezuela y que ha exhortado a liberar a los presos políticos, pero el gobierno no suscribió a las declaraciones del grupo en 2020. En agosto, Argentina se unió al Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, una coalición de gobiernos europeos y latinoamericanos que promueve una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana.
Desde 2014, el número de ciudadanos venezolanos que busca residir en Argentina se incrementa de manera constante, y en julio de 2020 ascendía a más de 207.000 personas. Argentina ha facilitado en gran medida la estadía legal de los venezolanos en el país.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina ha apoyado que la ONU examinara violaciones de derechos en Bielorrusia, Siria, Irán y Nicaragua. En octubre, Argentina votó a favor de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que condenaba las violaciones de derechos humanos en Venezuela, extendía el mandato de una misión de la ONU para monitorear la crisis y requería a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que continuara informando periódicamente sobre la situación de los derechos humanos en ese país, a pesar de declaraciones previas del embajador Argentino ante la OEA criticando el informe de la ONU.
Sección independiente sobre el Covid-19
En marzo, el gobierno impuso un confinamiento obligatorio en todo el país. Aunque varias provincias fueron levantando gradualmente las restricciones, al momento de preparación de este informe, en el área metropolitana de Buenos Aires se mantenía el confinamiento parcial. A octubre, en Argentina había 1.130.000 casos confirmados de Covid-19, y más de 30.000 fallecimientos por esta enfermedad.
Las escuelas cerraron en marzo en la Argentina, lo que afectó a 11 millones de estudiantes. El gobierno implementó diversas medidas, entre ellas, el aprendizaje en línea y manuales impresos, y entregó 135.000 computadoras portátiles y tabletas. A pesar de eso, miles de estudiantes, en su mayoría, de sectores de bajos recursos, recibieron poca o ninguna educación. A octubre las escuelas permanecían cerradas.
La pandemia de Covid-19 y el confinamiento profundizaron la crisis económica que ya atravesaba el país, lo cual aumentó significativamente la cantidad de personas en situación de pobreza y desempleo.
Entre marzo y abril, los tribunales federales trasladaron a arresto domiciliario a 320 detenidos en cárceles federales a fin de reducir la sobrepoblación carcelaria y evitar la propagación del virus. En ese mismo período, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires ordenó el arresto domiciliario de 800 detenidos que estaban en cárceles provinciales. En septiembre, el Sistema Penitenciario Nacional informó que 13 detenidos habían fallecido por Covid-19 en cárceles federales.
Entre el comienzo del confinamiento en todo el país en marzo, y agosto, la Secretaría de Derechos Humanos recibió 531 denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que aplicaron medidas para controlar el cumplimiento de la cuarentena, incluyendo 25 casos de muertes.
Argentina respaldó el Llamamiento de la Organización Mundial de la Salud a la Acción Solidaria para el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19, una iniciativa para “lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra la COVID-19 mediante la mancomunación de conocimientos, propiedad intelectual y datos”.