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Ecuador

Eventos de 2020

Estudiantes de la Universidad Central protestan contra recortes al presupuesto educativo propuestos por el presidente Lenín Moreno para aliviar la presión económica generada por la pandemia de Covid-19, en Quito, Ecuador, el lunes 11 de mayo de 2020.

© AP Photo/Dolores Ochoa

Desde que asumió la presidencia en 2017, Lenín Moreno ha implementado políticas orientadas a reparar el daño causado a las instituciones democráticas durante la década que Rafael Correa ocupó la presidencia. Las reformas han restablecido la independencia de instituciones clave, aunque aún subsisten desafíos en cuanto a su implementación.

Ecuador ha resultado muy golpeado por el Covid-19. El 16 de marzo de 2020, el gobierno declaró un estado de emergencia, que incluyó restricciones a la circulación, a las reuniones sociales y a los viajes. Se prorrogó hasta el 14 de septiembre, tras lo cual la Corte Constitucional exigió un regreso a un “régimen ordinario”. Los datos de salud pública sugieren que, probablemente, la cantidad de muertes asociadas con el Covid sea mucho mayor que la que indican las cifras oficiales. La pandemia ha agravado las dificultades económicas existentes; en consecuencia, muchas personas están en riesgo de caer en la pobreza.

Ecuador aún enfrenta importantes desafíos en materia de derechos humanos, por ejemplo, con respecto a la independencia judicial, al uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y a la protección del derecho a la privacidad y los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y los niños y niñas, las personas LGBT y los refugiados.

Independencia judicial

Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. Durante el gobierno de Correa, altos funcionarios y miembros del Consejo de la Judicatura interfirieron en casos en los cuales tenía interés el gobierno, así como en el nombramiento y la destitución de jueces.

Durante la presidencia de Moreno, se le encargó alConsejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) que evaluara el desempeño de instituciones y autoridades clave, entre ellos, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Fiscalía.

Sin embargo, los problemas continuaron; por ejemplo, hubo un proceso defectuoso del Consejo de la Judicatura para seleccionar, evaluar y nombrar magistrados temporales en la Corte Nacional de Justicia; acusaciones de presión indebida por parte de funcionarios estatales sobre los tribunales, y señalamientos de faltas al debido proceso en casos de alto perfil por corrupción.

El 17 de marzo de 2020, el Consejo de la Judicatura respondió a la pandemia de Covid-19 cerrando la mayoría de sus dependencias, salvo aquellas que se ocupan de cuestiones de “flagrancia” en asuntos penales, violencia doméstica, infracciones de tránsito y delincuencia juvenil. El consejo adoptó algunas medidas, como la realización de audiencias virtuales, luego de que la Corte Constitucional le ordenara garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, todavía hay dificultades para asegurar tal acceso.

El 23 de agosto de 2020, la Corte Constitucional dio un paso para desarticular el marco legal que permitía interferir en el poder judicial al determinar que el Consejo de la Judicatura —al que se había facultado, en general, para suspender o remover a funcionarios judiciales— no puede sancionar a un juez, fiscal o defensor público sin una decisión judicial previa que establezca que los funcionarios judiciales efectivamente actuaron con “dolo, manifiesta negligencia” o que cometieron un “error inexcusable”.

Uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad

Durante las protestas del 3 de octubre de 2019, policías de Ecuador hicieron un uso indiscriminado de la fuerza, por ejemplo, lanzando gases lacrimógenos que causaron lesiones oculares a manifestantes y provocaron asfixia. De las 11 personas que fallecieron en el contexto de las protestas, al menos 4 parecen haber muerto por acción de las fuerzas de seguridad. También hubo manifestantes que cometieron delitos graves contra policías y que vandalizaron propiedad pública y privada. A la fecha de elaboración de este informe, las investigaciones pertinentes estaban en curso.

El 14 de mayo de 2020, miembros de la policía de Guayaquil utilizaron fuerza excesiva y golpearon e hirieron a manifestantes pacíficos que protestaban por la forma en que el Gobierno estaba manejando la pandemia de Covid-19.

El 29 de mayo de 2020, el Ministerio de Defensa adoptó una resolución que concedió a las fuerzas militares amplias facultades para el uso de la fuerza letal y para participar en operativos de seguridad durante manifestaciones y reuniones. La Corte Constitucional celebró una audiencia pública con respecto a esa medida el 3 de agosto y, al momento de la redacción de este informe, estudiaba su constitucionalidad.

Condiciones en centros de detención

La sobrepoblación y otras condiciones deficientes, la violencia y la atención de la salud inadecuada son problemas que afectan a las cárceles desde hace tiempo. Los medios de comunicación han informado que las cárceles no cuentan con personal suficiente, ya que hay solo 1.447 guardias para 53 centros de detención que albergan a 37.500 detenidos. El brote de Covid-19 agravó los problemas, al infectarse personas detenidas en pabellones sobrepoblados. Algunos de estos internos habrían muerto. El 26 de junio de 2020, el presidente Moreno decretó que los presos que pertenecieran a determinados grupos de riesgo podían cumplir su condena en arresto domiciliario. Hasta esa fecha, 971 presos habían dejado la cárcel y la mayoría se encontraba en arresto domiciliario o libertad condicional.

El 3 de agosto de 2020 se produjo un motín en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil y, según informes oficiales, la respuesta de las autoridades dejó como saldo al menos 11 presos muertos. Días después, en ese mismo establecimiento un testigo clave en un caso de corrupción fue asesinado, y dos detenidos fallecieron en una prisión de Cotopaxi. El presidente Moreno declaró un estado de emergencia en todas las cárceles del país y envió al Ejército a participar en operativos de seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.

Derecho a la privacidad

Para monitorear el cumplimiento de las medidas de cuarentena adoptadas en relación con el Covid-19, identificar a quienes puedan haber entrado en contacto con una persona infectada e identificar reuniones en las que puedan haber participado muchas personas, el gobierno ecuatoriano puso en marcha una serie de iniciativas que utilizaban datos de localización móviles y otros datos personales. Las iniciativas, entre las que se incluía el seguimiento satelital de quienes se sospechaba tenían Covid-19, el desarrollo de una aplicación para informar de manera voluntaria la enfermedad y una base de datos para analizar información proveniente de varias fuentes, no solo recababan datos, sino además permitían combinarlos, procesarlos y circularlos, y podrían ocasionar el uso indebido de datos y violaciones a la privacidad.

En septiembre de 2019, el presidente Moreno, como respuesta a una divulgación masiva de datos personales de los ciudadanos, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre protección de datos. A la fecha de preparación de este informe, aún no se había adoptado.

Libertad de expresión

En 2018, los legisladores reformaron una ley de comunicaciones de 2013 y eliminaron la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), un organismo regulatorio que se había usado para hostigar y sancionar a medios de comunicación independientes. Sin embargo, la ley reformada aún tiene algunas disposiciones problemáticas; por ejemplo, considera la "comunicación" como un "servicio público" y establece el derecho irrestricto a que se publique una corrección y a que se brinde una oportunidad de réplica.

Derechos de pueblos indígenas

La Constitución reconoce a los pueblos indígenas el derecho colectivo a “consulta previa, libre e informada” con respecto a los recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y a proyectos que puedan afectarles ambiental o culturalmente. En julio de 2020, la Corte Constitucional se pronunció a favor de comunidades indígenas en la región de la Amazonía, que habían reclamado que se denominó a una zona de su territorio como bosque protegido sin haberles consultado previamente, y por la militarización de sus comunidades.

Los medios informaron que se produjo un aumento en los casos de Covid-19 en la región amazónica, pero los datos oficiales no incluyen información específica sobre efectos en los grupos étnicos y en las comunidades indígenas. El 18 de junio de 2020, una jueza ordenó al Ministerio de Salud que enviara personal y equipos médicos para responder a un brote que se había producido en las comunidades indígenas Waorani.

Derechos de mujeres, niños y niñas

Una encuesta gubernamental de 2019 reveló que existían índices elevados de violencia de género y que un 65 % de las mujeres habían sufrido ese tipo de violencia en algún momento de su vida. El número de emergencia 911 informó que se habían recibido 38.288 llamadas relacionadas con violencia ejercida contra mujeres entre el 12 de marzo y el 20 de julio de 2020, con un promedio de 290 llamadas por día. Entre enero y el 4 de octubre de 2020, Ecuador informó 81 femicidios, que el Código Penal define como el homicidio de una mujer en razón de su género.

En diciembre de 2019, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer manifestó su preocupación por los elevados índices de violaciones y violencia sexual contra niñas y adolescentes en contextos educativos y en el hogar. Entre 2014 y mayo de 2020, el Ministerio de Educación de Ecuador recibió 3.607 quejas sobre violencia sexual en las instituciones educativas, que afectaban a 4.221 estudiantes de preescolar,escuela primaria y secundaria.

El derecho a acceder a un aborto se limita a casos en que el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la persona embarazada, o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una persona con “discapacidad mental” . Las personas embarazadas enfrentan muchos obstáculos para acceder al aborto legal y a la atención posterior al aborto, incluidos procesos penales, estigmatización y maltrato. La Asamblea Nacional rechazó en 2019 una propuesta de despenalización del aborto en todos los casos de violación o de malformación fetal grave. La pena máxima de prisión para los casos de aborto ilegal es de dos años.

El 25 de agosto de 2020, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de Código de la Salud, que prohibía demorar la atención de la salud por cualquier motivo, incluida la objeción de conciencia por parte de los trabajadores de salud, y reiteraba la obligación de los profesionales sanitarios de respetar la confidencialidad médica, incluso en los casos de emergencias obstétricas. El 25 de septiembre de 2020, el presidente Moreno anunció su veto total al código.

Derechos de las personas con discapacidad

En la legislación civil persiste un modelo de sustitución en la toma de decisiones que no reconoce la plena capacidad legal de las personas con discapacidad. El proyecto de Código de la Salud que el presidente Moreno vetó habría reforzado y ampliado las restricciones para que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad legal en la toma de decisiones de salud.

Orientación sexual, identidad de género y características sexuales

En junio de 2019, la Corte Constitucional se pronunció a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, declaró que la legislación nacional sobre el matrimonio era inconstitucional, invocando disposiciones constitucionales y del derecho internacional contra la discriminación. Al mes siguiente, el Registro Civil inscribió el primer matrimonio entre personas del mismo sexo.

El proyecto de Código de la Salud que el presidente Moreno vetó habría reforzado la prohibición establecida en el código penal respecto a la terapia de conversión, y sancionado penalmente todo intento de modificar la identidad de género u orientación sexual de una persona. También hubiera protegido a los menores intersexuales al prohibir que se les realizaran procedimientos médicos que violaran la integridad personal de quienes aún no han alcanzado la pubertad.

Refugiados

En agosto de 2019, el gobierno comenzó a registrar a los venezolanos en Ecuador y a emitir visas humanitarias para regularizar su situación. La fecha límite de marzo de 2020 para que los venezolanos que ya se encontraban en Ecuador regularizaran su situación se prorrogó hasta el 13 de agosto debido a la pandemia. El gobierno otorgó 38.246 visas humanitarias durante esos 12 meses.

Hasta agosto de 2020, 362.862 migrantes y refugiados venezolanos vivían en Ecuador. La pandemia ha precipitado la partida de Ecuador de muchos venezolanos que regresan a su país porque en Ecuador no tienen acceso a alimentación y empleo y, a menudo, no pueden pagar una renta. Sigue habiendo graves hechos de xenofobia contra venezolanos.

Juicios por abusos del pasado

En 2010, una comisión de la verdad creada por el gobierno de Correa para investigar abusos gubernamentales ocurridos entre 1984 y 2008 documentó graves violaciones de derechos humanos contra 456 víctimas. Hasta la fecha, en solamente dos casos se dictó sentencia definitiva. Otros casos parecen no haber tenido avances.

Actores internacionales clave

El presidente Moreno se ha mostrado interesado en reconstruir los vínculos con mecanismos de protección de los derechos humanos. En septiembre de 2019, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud visitó Ecuador, seguido de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de otra de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En noviembre de 2019, Ecuador recibió la visita de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer.

Los relatores de la ONU emitieron sus informes finales en mayo de 2020, luego de sus visitas, y en ellos exhortaron a mejorar los esfuerzos por abordar la violencia de género y los embarazos infantiles y adolescentes.

En noviembre de 2019 y enero de 2020, la OACNUDH y la CIDH informaron, respectivamente, que durante las protestas de octubre de 2019 se produjeron saqueos y actos vandálicos, pero concluyeron que miembros de las fuerzas de seguridad habían usado excesivamente la fuerza e instaron a que se llevaran a cabo investigaciones independientes e imparciales. El gobierno objetó el informe de la CIDH por considerarlo parcial y sesgado, pero dijo que implementaría aquellas recomendaciones que fueran  “factibles”.

En marzo de 2020, la CIDH celebró una audiencia pública relativa al caso de 53 legisladores que alegan que fueron removidos de manera arbitraria de sus bancas en el Congreso durante la administración de Correa, luego de que se opusieron al intento del gobierno de redactar una nueva constitución en 2007. Los legisladores, que fueron suspendidos por un año, sostuvieron que se habían violado sus derechos políticos. A la fecha de la redacción de este informe, se encontraba pendiente una decisión.

En su primer caso en la historia sobre violencia sexual dentro de instituciones educativas —el caso Guzmán Albarracín—, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.) decidió el 24 de junio de 2020 que Ecuador no había cumplido con su obligación de proteger a los niños y niñas de la violencia sexual, en especial, la violencia ejercida por funcionarios públicos en instituciones estatales. El presidente Moreno se comprometió a cumplir con la decisión de la Corte I.D.H. y a erradicar la violencia sexual de los establecimientos educativos de Ecuador.

El 25 y 26 de noviembre de 2019, la Corte I.D.H. celebró una audiencia pública sobre la desaparición de un paciente de un hospital psiquiátrico público de Quito. Se encontraba pendiente una decisión a la fecha de preparación de este documento.

Ecuador respaldó el Llamamiento de la Organización Mundial de la Salud a la Acción Solidaria para la Mancomunidad en el Acceso a Tecnologías contra el Covid-19, una iniciativa para “lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra el COVID-19 mediante la mancomunación de conocimientos, propiedad intelectual y datos”.